Cualquier duda se disipó. Las copias de los cuadernos del chofer Oscar Centeno son auténticas, según la conclusión de un peritaje de la Gendarmería Nacional. Esos cuadernos, precisos y minuciosos, se parecen a las meticulosas memorias de Adolfo Bioy Casares sobre su relación con Borges. La enorme diferencia es que Bioy Casares tomó nota de una larga amistad personal e intelectual, mientras Centeno se convirtió en el mejor biógrafo de la corrupción kirchnerista. Anotó con precisión el momento, el lugar y la cantidad de dinero (dólares) que un funcionario kirchnerista, Roberto Baratta, el segundo en los hechos del exministro Julio De Vido, recogió como sobornos fundamentalmente de la obra pública entre 2003 y 2015, pero no solo de la obra pública.

La duda la plantaron los propios acusados del kirchnerismo. Aunque no está acusado, Alberto Fernández hablaba despectivamente cuando era presidente de la Nación de “la causa de las fotocopias”, y Cristina Kirchner, ella sí acusada, llegó a pedir en los tribunales la nulidad de la causa porque, argumentaba, estaban respaldadas por “fotocopias”. Esas fotocopias son las que las Gendarmería acaba de señalar como auténticas copias de los cuadernos originales de Centeno. Discusión terminada.

El caso de los cuadernos fue una revelación del periodista Diego Cabot en en 2018 que provocó un inmenso revuelo en la política y, sobre todo, en el empresariado. Varios de los principales empresarios argentinos están entre los 74 imputados. El juicio oral y público que comenzará el 6 de noviembre próximo examinará más de 500 hechos de corrupción, que refieren en su mayoría al pago de sobornos. El paso del tiempo, siete años, tiende injustamente a disolver la magnitud de lo que sucedió entonces.

El curso posterior de la política indicó que desde los dos polos ideológicos de la grieta argentina descalificaron el trabajo periodístico en general y se olvidaron de las contribuciones que hizo −y hace− a la transparencia pública, como sucedió con el caso de los cuadernos de Centeno. También se dijo que algunas correcciones en los cuadernos descalificaban toda la investigación y la causa. Falacias. La Gendarmería aclaró que no está en condiciones de asegurar que esas correcciones no son de Centeno. Asunto concluido.

Otra leyenda urbana suele asegurar que los empresarios declararon como arrepentidos luego de ser extorsionados por el extinto juez Claudio Bonadio, porque este los amenazaba con la más dura de las cárceles comunes. Es una falacia que no resiste ninguna prueba. El trámite de los arrepentidos es largo y cargado de testigos. En este caso, el empresario arrepentido lo hizo ante el fiscal del caso, Carlos Stornelli, y siempre delante de un abogado defensor. Stornelli le enviaba luego al juez Bonadio el documento de la declaración del arrepentido; el magistrado debía aprobar la gestión del fiscal. Luego, y una vez consumada la aprobación, el juez citaba al empresario arrepentido, a su abogados defensores y al fiscal para que ratifiquen el contenido el testimonio original.

Bonadio comenzaba preguntándole al empresario si había actuado con total libertad y si contaba con la debida asistencia de un letrado. En esas reuniones nunca había menos de siete u ocho personas, porque estaban los secretarios letrados del juez, los ayudantes del magistrado y del fiscal y los escribientes, además del empresario en cuestión y su abogado defensor. Algunos empresarios cuentan con varios abogados que los asisten. El procedimiento se repitió con todos los hombres de negocios que aceptaron contar cómo y quién les reclamaba un soborno para hacer negocios relacionados con el Estado. ¿Cómo podría extorsionar el juez a poderosos personajes de la economía en semejante contexto? Imposible.

La verdad es que Bonadio y Stornelli llegaron a los empresarios cuando ya estaban al tanto de todo. Habían investigado el trabajo de Cabot y recibían un testimonio invalorable: el de Víctor Manzanares, una figura clave del caso de los cuadernos, porque fue el histórico contador de los Kirchner. Manzanares, un arrepentido consecuente, ya les había contado a los magistrados cómo la poderosa familia política le pedía crear empresas fantasmas, convertir abundantes cantidades de dinero en negro y acumular una fortuna que no podían explicar.

Manzanares le relató a Bonadio y Stornelli que varias veces lo alertó a Néstor Kirchner de que “los números no cerraban”. El contador, descendiente de una vieja familia de contables de Río Gallegos, dice ahora que se alejó de los Kirchner, que su “toxicidad me consumió” y que está ansioso por declarar en el juicio oral y público que comenzará en noviembre. “Manzanares ha hecho un acto de contrición fenomenal, porque puso las cosas blanco sobre negro”, destacó Stornelli. Ese juicio oral tiene a una fiscal también intachable, Fabiana León, y a tres jueces que son respetados en los tribunales: Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero. Con más de 600 testigos, se prevé que el juicio dure entre dos y tres años, por lo menos.

Los Kirchner confirmaron que llegaron al poder nacional no para cambiar las prácticas de la vieja política, sino para construir una fabulosa fortuna. La obra pública es una necesidad nacional, pero fue utilizada por la política para hacer políticos ricos en un país con grandes núcleos de pobreza. La vieja y mala reputación de Vialidad, uno de los principales organismos de construcción de obra pública, llegó al extremo de que el actual presidente, Javier Milei, decidió eliminarla.

El uso corrompido de Vialidad no empezó con los Kirchner, sino mucho antes. Sin embargo, economistas importantes subrayaron en los últimos días que su eliminación no era necesaria; lo que se necesitan, puntualizan, son nuevos mecanismos de control y reglamentos claros para la ejecución de las obras públicas por parte de Vialidad. La Cámara de Diputados ya rechazó el decretó que eliminó Vialidad, y es probable que ese tema se trate mañana en el Senado. Si la Cámara alta consigue rechazarlo también, la eliminación de Vialidad quedará sin efecto. Sea cual fuere el resultado, debe consignarse que el desprestigio de Vialidad y los manejos deshonestos de ese organismo precedieron a su eliminación.

La casta política tiene taras que se prolongan en el tiempo, y al mismo tiempo se perfeccionan. Una de ellas es la de las candidaturas testimoniales que comenzaron con las elecciones legislativas de 2009. En el principio estuvo el peronismo; ahora, también. Se trata de candidatos que dicen que ocuparán los cargos para los que se proponen, pero luego desisten de hacerlo. En rigor, nunca pensaron cumplir con su palabra ante el electorado. La diferencia de 2009 con lo que está pasando ahora, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es que hace 16 años los principales candidatos, el entonces gobernador Daniel Scioli y el también entonces intendente de Tigre, Sergio Massa, mintieron; ahora, una vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y más de una docena de intendentes se pavonean aceptando que no cumplirán con su promesa. El único candidato de 2009 que pareció testimonial pero no lo fue resultó Néstor Kirchner, que asumió su banca y la ocupó hasta que murió, un año después.

“El estado de derecho exige una sanción para la mentira a la sociedad, pero el problema es que la ley no prevé esas sanciones”, asegura una alta fuente judicial. Esto es: la picaresca de los políticos argentinos es tan prolífica que ninguna ley puede predecir todo lo que son capaces de hacer. Ante una presentación judicial en 2009, la Cámara Nacional Electoral, la máxima autoridad electoral del país, se pronunció en duros términos contra las candidaturas testimoniales, pero no pudo establecer ninguna sanción. En ese documento, la Cámara señaló, además, que tanto Scioli como Massa habían asegurado que asumirían sus cargos como diputados nacionales para los que se proponían. Mintieron. Los jueces Santiago Corcuera y el ya fallecido Rodolfo Munné, ambos de la Cámara Electoral, describieron las candidaturas testimoniales como “una inaceptable manipulación de las instituciones de la república” y “una grave lesión al proyecto de Nación al que todos deben tributar”. A su vez, el tercer juez de la Cámara Electoral, Alberto Dalla Vía, apuntó que las candidaturas testimoniales son prácticas que “este tribunal no admite ni tolera por resultar contrarias a la Constitución Nacional”. La novedad es que la indignación pública de 2009 no se registró ahora. Ni siquiera es motivo de debate entre los opositores a los candidatos testimoniales. “Nos hemos degradado, y no es una cuestión menor”, explica aquella fuente judicial.

Otra información no menor es la aparición entre las recientes candidaturas de exdeportistas (un exjugador de fútbol y un extenista se proponen como legisladores nacionales) y también de dos exvedettes y de una exmodelo que aspiran a llegar al Congreso nacional, la mayoría en nombre de La Libertad Avanza. Ser diputado o senador nacional requiere de la formación necesaria como para saber hacer una ley, y también para descifrar el contenido de proyectos de leyes a la luz de la Constitución y de la legislación vigente.

Los legisladores deben saber, al mismo tiempo, leer un presupuesto, la principal ley que el Congreso tiene que considerar cada año. Su misión es modificarlo, aprobarlo o rechazarlo. Aquellos candidatos con un pasado en el deporte o en el espectáculo deberán demostrar que están en condiciones de cumplir con los menesteres para los que se proponen ante la sociedad argentina. El problema no consiste en esos candidatos, sino en los renovados actos de la casta política, que revelan que no está dispuesta a abandonar su vieja rutina ni sus gastados vicios.