POLITICA
Los fiscales piden investigar a la novia de Lázaro Báez: sospechan que trató de vender sus bienes
Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, que consiguieron la condena de Cristina Kirchner y Lázaro Báez en la causa Vialidad, ahora buscan ejecutar sus bienes para recuperar casi 685.000 millones de pesos.
Pero sospechan que Báez trató de vender sus bienes para que no caigan en manos de la Justicia, por lo que le reclamaron al tribunal oral a cargo del caso que investigue el patrimonio de la novia del empresario, Claudia Noemí Insaurralde.
Los fiscales pidieron a los jueces Jorge Gorini, Gonzalo Giménez Uriburu y Andrés Basso que tomen “medidas extremas” para proteger los bienes de Báez y “resguardar la efectiva ejecución del decomiso firme ordenado en autos”.
Dijeron que ocurrió una “situación alarmante” en la cárcel de Río Gallegos, que sugiere un intento de Báez de eludir la confiscación de sus bienes, como informó en su edición del 29 de junio pasado.
El 24 de junio, Claudia Noemí Insaurralde se presentó en la cárcel de Río Gallegos (Unidad N° 15 del Servicio Penitenciario Federal) con la intención de visitarlo. Los penitenciarios advirtieron que Insaurralde “portaba cierta documentación referida a bienes de Báez, para que este firmara”.
Al registrar sus pertenencias, se detectó “la presencia de un escrito de poder otorgado por Báez a favor de Insaurralde, acompañado de varios documentos relacionados a propiedades pertenecientes al interno que nos ocupa, que, según sus dichos, necesitaba que el mismo los rubrique”.
Le impidieron el ingreso de los documentos y avisaron al tribunal. El abogado defensor de Báez dijo que no se pretendía desapoderar de los bienes sino que Insaurralde llevaba tan solo dos escritos de “designación de letrados defensores” y una copia de un poder general antiguo.
Sin embargo, para los fiscales, “las explicaciones inverosímiles del abogado defensor de Báez nada aportaron para echar luz sobre la brumosa y grave situación que advirtieron los funcionarios penitenciarios”. L
Los fiscales creen que Insaurralde llevaba un poder y documentos relacionados con propiedades de Báez con la intención de obtener su firma para venderlos.
Claudia Noemí Insaurralde es quien le maneja a Báez el alquiler de sus propiedades desde que se encuentra detenido y desde que se separó de su exmujer, Norma Gladys Calismonte.
Insaurralde tiene poco mas de 40 años, es madre de tres hijos, y vivía humildemente en Villa Vatteone, Florencio Varela.
La mujer milita en el peronismo. En el kirchnerismo trabajó en el Ministerio de Planificación Federal. Conoció a Báez en una de las visitas carcelarias a su tío, Atanasio Pérez Osuna, exintendente de Río Turbio que estaba preso por una de las causas ligadas al yacimiento carbonífero de esa ciudad.
Los fiscales vincularon la visita de Insaurralde con el poder a la “crítica situación judicial que atraviesa el condenado Báez, pues agotados todos los recursos judiciales posibles, deberá responder con su patrimonio para cubrir la orden de decomiso multimillonario establecida por sentencia firme”.
Ante la “grave alarma señalada”, presumieron que Báez “en el pasado, podría haber celebrado otros actos jurídicos susceptibles de entorpecer la orden de decomiso dispuesta en esta causa”, dijeron.
Por eso es que entienden que “los bienes sujetos a decomiso podrían estar en riesgo” y reclamaron medidas para “evitar que los imputados concretaran actos jurídicos que pudieran llegar a obstaculizar, dificultar o impedir el decomiso”.
Los fiscales pidieron que se actualicen las medidas cautelares sobre los bienes, y se mantengan anotadas todas las ya decretadas contra todos los condenados.
Solicitaron, asimismo, investigar los bienes de Claudia Insaurralde, enviando oficios a diversos organismos para “reconstruir —y, en su caso, cautelar— todos los bienes muebles e inmuebles que haya registrado Insaurralde desde 2016 hasta la actualidad”.
Las medidas surgen de la sospecha de que Insaurralde pudo haber operado como “prestanombre o testaferro” de Báez.
Los registros específicos a los que pidieron que se dirijan los oficios incluyen, entre otros, todos los Registros de la Propiedad Inmueble de todas las provincias, la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor, el Registro Nacional de Buques, el Registro Especial de Yates y el Registro Nacional de Aeronaves.
A su vez pidieron indagar en los colegios de escribanos de la ciudad de Buenos Aires y en varias provincias (Buenos Aires, Santa Cruz, Chubut y Mendoza) para que “circularicen a todos los notarios matriculados” para que informen sobre “todos los posibles actos notariales de contenido patrimonial celebrados desde 2016 hasta la fecha en los cuales se registre la intervención conjunta de Lázaro Antonio Báez y Claudia Noemí Insaurralde”.
Sospechando del poder que emitió Báez en mayo de 2020, entendieron que “se ha extinguido” por la “condena firme que pesa en su contra”.
Dijeron que el fallo implica que mientras dure la condena, ahora unificada en 15 años, no puede administrar los bienes y cesa el derecho de disponer de ellos “por actos entre vivos”.
Por lo tanto, “Claudia Noemí Insaurralde perdió el carácter de apoderada y ya no está habilitada para hacer valer las facultades que le confería ese instrumento, ni para realizar ningún acto jurídico en función de él”.
Por eso, pidieron que los jueces le exijan a la mujer que entregue el poder y “todos aquellos documentos y demás bienes que le correspondan a su exrepresentado Lázaro Antonio Báez” y que “se abstenga de realizar acto alguno en el carácter de apoderada que le confería el poder ya extinguido”.
Además, pidieron extender a todos los condenados las restricciones impuestas a Báez para otorgar actos jurídicos o realizar acciones con efectos legales sobre su patrimonio, incluyendo a Cristina Kirchner y al extitular de Vialidad Nelson Periotti.
Los fiscales subrayaron “la urgencia de estas medidas”, que buscan asegurar que el “avance que se logró en este proceso histórico” no se vea “opacado por un mensaje confuso, consistente en que, aun cuando se logra juzgar y condenar la gran corrupción, las personas condenadas y su familia concretan igualmente su objetivo inicial, al lograr el apoderamiento de los recursos públicos que les detrajeron a sus conciudadanos”.
En Infobae en vivo, la reforma penal juvenil fue abordada desde su eje más innovador: el sistema escalonado de sanciones, que busca transformar el modo en que la justicia responde a los delitos cometidos por adolescentes. “El sistema escalonado significa penas alternativas ante, por ejemplo, una situación de hurto. No es que el menor va a ser detenido ante todos los delitos”, describió Malena de los Ríos, y marcó así el corazón del cambio.
Durante el análisis con el equipo de Infobae al Regreso –Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz–, se detallaron los criterios y alcances del nuevo régimen. Aziz precisó: “Son pasibles de ser juzgados y penalizados los menores que cometen delitos cuya pena en el Código Penal supere los tres años de prisión”. De los Ríos amplió: “Servicios comunitarios, reparación del daño y monitoreo electrónico. O sea, sistema escalonado significa penas alternativas ante, por ejemplo, una situación de hurto”.
Cómo opera el sistema escalonado en la ley penal juvenil
El principal cambio de la reforma penal juvenil pasa por la gradualidad de las sanciones: la prisión queda reservada solo para los delitos graves, mientras que la mayoría de los casos accederán a penas alternativas. Aziz sintetizó: “Delito más grave, escalona pena más grave. Es como una escalera que sopesa el tamaño del delito versus la cantidad o el tipo de penalidad”. De los Ríos explicó: “Solamente para delitos graves, por ejemplo, homicidio, va a ser la detención la alternativa”. El nuevo régimen marca que la última instancia sea la prisión y que, en la práctica, los jóvenes cumplan sanciones como servicios comunitarios o reparación del daño.
La especialista remarcó: “Prisión solo para delitos graves, pena máxima hasta 15 años. El proyecto del oficialismo buscaba que sean veinte. Hubo consenso para bajar de 20 a 15 y sin contacto con adultos en institutos especializados”. Además, advirtió: “Hoy preguntás, hay realmente escasez… no tienen las herramientas para brindar monitoreo electrónico, pero van a tener que buscar la manera para también financiar ese tipo de herramientas”.
La reforma de la ley penal juvenil incorpora nuevas figuras y responsabilidades estatales para asegurar la efectividad del sistema escalonado. De los Ríos puntualizó: “Lo del supervisor especializado es una figura nueva. No solamente es el armado de la infraestructura, también los sueldos profesionales tienen que estar contemplados”.
Iglesias sumó: “Lo que yo tengo duda es que efectivamente estén estos lugares en las condiciones necesarias”. De los Ríos explicó: “La ley actual hoy, en función de los niños, lo que pasa es directamente el juzgado, el juez decide inmediatamente: la opción es vayan directamente con los padres. Acá el supervisor lo que ayudaría es que el chico esté dentro de un entorno donde pueda cumplimentar con estas penas alternativas”.
Imputabilidad, garantías y el seguimiento internacional
El proyecto de reforma penal juvenil mantiene la imputabilidad desde los 14 años, pero suma garantías procesales y defensa para los adolescentes. Aziz recordó: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso un ojo sobre la Argentina al decir: ‘Ojo, porque vos tenés un juez que no tiene la facultad de penalizar a un pibe de menos de dieciséis, pero sí lo puede meter en un instituto de menores, lo está privando de la libertad sin darle la posibilidad de ser juzgado y eventualmente condenado de manera justa’”. Según de los Ríos, “respecto a la imputabilidad, es a partir si sale de los catorce. Después, en eso no va a haber cambio”.
Aziz reforzó: “Abogado gratuito, asistencia social gratuita, acompañamiento a la familia gratuito. Hay como una especie de ley de victimario que al mismo tiempo, por la edad, es una víctima también de un montón de cosas que la sociedad le ha propinado. Darle la garantía desde el Estado de que se pueda defender aun luego siendo condenado”.
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Diputados,Reforme Penal Juvenil
POLITICA
Libertarios contra Villarruel en La Rioja: “Qué vergüenza y desilusión verla sonreír con los responsables del atraso y la decadencia”
La visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel a La Rioja para participar de la Fiesta Nacional de la Chaya −a la que Sergio Galleguillo, máximo referente del folklore provincial, había invitado públicamente a Javier Milei− generó molestia entre los dirigentes libertarios. La foto de Villarruel con el gobernador Ricardo Quintela alteró los ánimos y abonó la tensión entre ella y la Casa Rosada. El territorio riojano es el que ambicionan los libertarios con Martín Menem. Una concejal aliada de Patricia Bullrich calificó de “vergüenza” la foto con los peronistas locales.
Ya unos cinco días antes de la visita, desde la Gobernación riojana −enfrentada con Javier Milei desde antes que asumiera la presidencia− el ministro de Cultura y Turismo, Gustavo Luna, confirmó que le habían comunicado la posibilidad de la presencia y que estaban trabajando en una agenda para que Villarruel “pudiera conocer” la provincia.
Buena parte de la oposición riojana interpretó que la visita de Villarruel fue utilizada por el peronismo local como cortafuego ante la posibilidad de que el Presidente decidiera venir a la fiesta chayera, repitiendo lo que hizo en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. La invitación de Galleguillo era la que abría la puerta. La Vicepresidenta no tuvo ningún contacto con los libertarios locales.
Horas antes de la llegada de la Vicepresidenta, Quintela siguió criticando duramente la reforma laboral con media sanción del Senado y calificó de “absolutamente impropio” el vínculo de Nación con las provincias. Insistió en el reclamo de recursos: “No se distribuyen a través de programas, obras públicas ni políticas sociales, educativas, culturales o sanitarias. Las provincias hemos perdido muchísimo”. Y ratificó el reclamo riojano por la eliminación de fondos compensatorios por coparticipación.
La concejal de la capital riojana, Luciana de León, le dedicó una carta abierta a Villarruel. “¡Qué vergüenza y desilusión verla sonreír con los responsables del atraso y la decadencia en La Rioja! Miles de riojanos apostamos por un cambio a fondo en 2023, acompañando a Javier Milei y a usted como Presidente y Vice de la Nación porque estamos hartos de estos modelos populistas del interior profundo: trabajadores estatales por debajo de la línea de pobreza y en su mayor parte en negro, ausencia total de un proyecto de desarrollo económico más allá de la dádiva política, y dirigentes del oficialismo que multiplicaron su patrimonio de forma desorbitante siendo que la mayoria jamás trabajaron en el sector privado”.
El texto, publicado en las redes sociales de la concejal, señala también que en La Rioja “los organismos de control están cooptados por mayorías automáticas del oficialismo que encubren en lugar de denunciar las irregularidades que sufrimos todos los días”.
“Por eso duele verla legitimar con una foto a quienes representan exactamente lo contrario a la agenda del presidente Milei, y que respaldamos miles de riojanos. Duele porque quienes vivimos y trabajamos acá sabemos el esfuerzo que implica vivir en una provincia donde el mérito vale cada vez menos y el acomodo pesa cada vez más”.
Cierra con “también quiero que lo tenga claro: la desilusión no nos frena. Vamos a seguir dando pelea para que este sistema se termine y para que La Rioja vuelva a ser una tierra de oportunidades reales, donde nuestros hijos puedan quedarse, crecer y construir su futuro sin depender del poder político de turno. Estoy convencida de que otra Rioja es posible”.
El enfrentamiento de Quintela y Milei es histórico. Ya en los últimos tiempos el Presidente dejó de responderle al gobernador como sí lo hacía electo o apenas asumió, pero la tensión sigue.
visita,Gabriela Origlia,La Rioja,Ricardo Quintela,Martín Menem,Conforme a,La Rioja,,»Provincia montonera». Un cantante de folklore acusó a Victoria Villarruel de “negacionista” en su visita a La Rioja,,Tiene 22 años. Lo buscaban por un hackeo de $275 millones: lo atraparon en Palermo tras seguir el uso de la SUBE,,Temblor en Mendoza. Un sismo de 6,1 sacudió a Chile y varias provincias argentinas
POLITICA
El Gobierno denunció por actos de terrorismo a los responsables de la violencia afuera del Congreso
“Formula denuncia penal por los delitos de atentado al orden constitucional y a la vida democrática, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones graves y daños, todos agravados por haber sido realizados con el fin de provocar terror y sumir a los poderes públicos”, reza el texto presentado ante el juez federal de turno por el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva.
En la denuncia se pidió la investigación y detención inmediata de los responsables de los incidentes ocurridos frente al Congreso durante la manifestación contra la reforma laboral que este jueves a la madrugada obtuvo media sanción en el Senado.
Luego de que la ministra Monteoliva informara que identificaron a cuatro de los sospechosos que agredieron con objetos contundentes a agentes policiales, la denuncia planteada ante la Justicia Federal calificó lo sucedido como “atentado al orden constitucional” y posibles actos de terrorismo.
La denuncia fue presentada por Lisandro Manuel Franco, director de Normativa y Legislación del Ministerio de Seguridad Nacional. Así, se solicitó a la Justicia federal que actúe con urgencia ante lo que calificó como hechos “de inusitada gravedad” ocurridos en las inmediaciones del Congreso, mientras se realizaban sesiones extraordinarias.
Según el escrito, el objetivo del accionar habría sido provocar “un escenario de terror” entre los ciudadanos y obstaculizar el funcionamiento del Congreso. Y planteó que estas acciones no solo infringieron la paz pública, sino que también buscaban “inhibir en forma parcial o plena la actividad legislativa”.
El escrito afirma: “El accionar ilícito que denuncio tuvo por finalidad generar un escenario de terror en la ciudadanía argentina, atentar contra miembros, poderes y estructuras edilicias federales y locales, y con ello deponer o bien inhibir el funcionamiento del Congreso”.
Entre los pedidos al juez federal de turno, la cartera exige que “se inicie una exhaustiva investigación, se identifique a los responsables directos, a los partícipes y los eventuales instigadores” y “se oriente la pesquisa a efectos de determinar las estructuras por las que se orquestan estos atentados con rasgos terroristas”.
Se reclamó, además, la inmediata detención de los identificados. Esto ya lo habían pedido el secretario de Seguridad, Martin Ferlauto, como la propia ministra de Seguridad, luego de que se difundieran fotos e identidades de cuatro de los manifestantes involucrados y que fueron identificados.
“Se espera que la Policía Federal Argentina este viernes tenga los videos con los identificados que tenían las bombas molotov”, contaron fuentes del caso a este medio.
Cuántos detenidos quedan
La Policía de la Ciudad y la Policía Federal Argentina, en trabajo conjunto con Gendarmería Nacional, detuvieron ayer a 24 sospechosos tras los disturbios en el Congreso.
De la lista inicial de 20 detenidos, por parte de la Policía porteña, puestos a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la fiscal Malena Mercuriali, solo quedan detenidos cinco hombres.
Del mismo modo, según comunicó la Policía porteña, tres agentes resultaron heridos; uno de ellos sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y fue trasladado al Hospital Italiano.
Los otros dos fueron traumatismos en los miembros inferiores producto de los elementos arrojados por los manifestantes. El efectivo con traumatismo de cráneo recibió el golpe de una maceta arrojada desde un edificio en Solís y Alsina.
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