POLITICA
Los fiscales salieron a apoyar el procurador Casal en su reclamo de fondos al Gobierno para la reforma judicial
Los fiscales federales de todo el país salieron a dar un fuerte apoyo al procurador general interino Eduardo Casal en su reclamo de mayores fondos al gobierno nacional para poner en marcha el nuevo sistema procesal penal que les da mas poder en las investigaciones.
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) señaló que “acompaña los reclamos presupuestarios del Procurador General de la Nación, Dr. Eduardo Casal.
“Estamos en pleno conocimiento que el Ministerio Público Fiscal viene funcionando, hace años, con partidas desactualizadas y sobre todo con precariedad edilicia y con exiguas herramientas tecnológicas de investigación, situación que se agrava en el interior de nuestro país”, señaló el documento que lleva la firma del presidente Ricardo Toranzos, fiscal federal de Salta y Alberto Gentili, secretario.
“Exhortamos a las autoridades políticas a replantear sus posicionamientos en la determinación del presupuesto del Ministerio Público y del Poder Judicial, de modo tal que estas transcendentes transformaciones procesales que están llevando a cabo, no se vean frustradas por la incomprensión de las herramientas necesarias para el cumplimiento regular y efectivo de una función esencial del Estado”, dijeron.
Advirtieron los fiscales que “es inconcebible la independencia de la función judicial, y en particular del Ministerio Público Fiscal” si se mantiene “un presupuesto insuficiente para desarrollar de manera regular y eficaz las funciones encargadas legalmente”.
Dijeron que debieron darle intervención a la Procuración en la determinación de los recursos necesarios para el nuevo sistema acusatorio y “mucho más, en algún recorte o disminución de las asignaciones presupuestarias que ponga en riesgo el acceso a una respuesta rápida y de calidad de los reclamos de los justiciables”.
Los fiscales apoyan la extensión del sistema acusatorio a todo el país porque ayudará a mejorar el servicio de justicia, “que sea eficiente, transparente y ágil, supere los estándares del tratamientos de los casos de flagrancia; y disminuya los altos índices de impunidad en los delitos de corrupción”.
Dijeron los fiscales que su entusiasmo no debe confundirse con su renuncia al reclamo de recursos humanos y técnicos para poner en marcha el nuevo Código.
“La vorágine en la implementación en los últimos tiempos puso, aún más, de relieve la insuficiencia de las asignaciones económicas, exigiendo que las instituciones oficiales comprometidas (la Procuración General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Defensoría General de la Nación) coordinen, las acciones urgentes y mínimas, con medios que ya eran escasos, para asegurar su funcionamiento en más de nueve provincias”, señalaron.
Dijeron que celebran que Casal s reuniera con los fiscales de todas las instancias, federales y nacionales y en todas las jurisdicciones, en especial a aquellos que van a desarrollar la funciones de “fiscal del caso”, para mejorar el diseño de estas nuevas instituciones,
“exhortamos a las autoridades políticas a replantear sus posicionamientos en la determinación del presupuesto del Ministerio Público y del Poder Judicial, de modo tal que estas transcendentes transformaciones procesales que están llevando a cabo, no se vean frustradas por la incomprensión de las herramientas necesarias para el cumplimiento regular y efectivo de una función esencial del Estado”, dijeron.
El Gobierno puso en marcha en 11 provincias el sistema acusatorio, donde desaparece el expediente de papel, y todo se resuelve en audiencias donde el fiscal acusa, la defensa plantea sus argumentos, y el juez decide en el momento.
A partir del 11 de agosto arrancará en Comodoro Py 2002, pero hay quejas por la falta de recursos y de personal para realizar esta transformación.
POLITICA
Patricia Bullrich habló sobre el impacto del caso Adorni y pidió esperar la actuación de la Justicia
CÓRDOBA.- “Nos duele; imagínense, la familia de [Manuel] Adorni, pero, ¿cuál es el impacto en el Gobierno? El Gobierno va a seguir con este principio: nosotros no vamos a declarar culpable a nadie si no lo hace la Justicia”, afirmó la titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, cuando se le consultó por la situación judicial del jefe de Gabinete y el impacto del caso en la administración libertaria.
Bullrich habló con periodistas en esta ciudad, adonde vino a disertar al “Ciclo de Coyuntura”, de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Como viene haciendo hasta ahora, mantuvo distancia de la polémica que rodea a Adorni.
“Este Gobierno ha tenido siempre una posición y la vamos a mantener: no nos entrometemos con las cuestiones judiciales. Adorni ha decidido mantener una posición de silencio respecto al tema y dejarlo en manos de la Justicia”, añadió.
Bullrich planteó que la Justicia “está actuando y determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no”. “Nosotros tenemos confianza que las cosas van a salir bien, pero, en definitiva, hay un fiscal y hay un juez que son los que van a decidir”, resaltó.
De esa manera, evitó analizar el costo político que paga el Gobierno por el affaire Adorni, quien enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Durante la conferencia de prensa, se alineó con las declaraciones que hizo ayer Milei -primero en una conferencia de prensa y luego en un tuit- y admitió que la mejora económica no está llegando a todos los sectores. Después, en su disertación, afirmó “desde hoy no existen más planes sociales, solo de capacitación para la reinserción laboral”.
Y afirmó que ahora “la pelota está en la cancha” de los empresarios que deben generar empleo. En esa línea repasó los cambios que introdujo la ley de modernización laboral.
En un tramo de la charla con periodistas, consultada sobre los problemas que atraviesan los afiliados al PAMI, en plena tensión en el Gabinete por las deudas a las prestadoras, Bullrich sostuvo: “Hay una situación muy temporal, que tiene que ver con un tema de pagos que se van a regularizar, se están regularizando porque el ministro de Economía tiene muy en claro que se debe resolver el tema».
En ese contexto, la exministra de Seguridad indicó: “Fueron meses difíciles, porque nosotros bajamos muchos impuestos; hay también una situación respecto de los combustibles y muchos que han aumentado por si acaso los precios. Entonces, estamos con algunos pagos retrasados”.
Respecto a las dificultades que atravesó la economía durante el primer trimestre, Bullrich planteó que el panorama internacional cambió, pero resaltó que el Gobierno está “muy blindado frente a los choques externos”. “Mantener los fundamentos de nuestra política con superávit y controlando la inflación hace que sepamos que el rumbo no se puede torcer un milímetro, porque sería retroceder 100 años”, puntualizó.
Noticia en desarrollo
Gabriela Origlia,Conforme a
La Ley de Glaciares fue sancionada el pasado miércoles 8 de abril con 137 votos a favor y el acompañamiento de varios gobernadores de provincias mineras. Pocas horas después, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó un amparo y una medida cautelar ante la Justicia Federal de esa provincia para frenar la aplicación de la ley. Ziliotto argumentó que uno de los ríos pampeanos proviene de zonas glaciares y, según su presentación, la norma aprobada viola un artículo de la Constitución nacional y tratados internacionales.
La acción judicial se dirige ante el único juez federal de La Pampa, Juan José Baric, quien ocupa ese cargo desde 2018, año de su nombramiento bajo la gestión de Mauricio Macri.
Tanto la fiscal de Estado pampeana como el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y varias organizaciones no gubernamentales ambientalistas acompañaron la solicitud judicial. Según confirmaron desde el entorno del mandatario pampeano, la presentación se formalizó apenas 24 horas después de la sanción legislativa.
Los equipos técnicos de gobierno nacional, en paralelo, siguen con atención esta iniciativa judicial, dado que la Ley de Glaciares forma parte de una agenda central para la proyección de inversiones en el sector minero.
Detalles del amparo y postura del Gobierno
En Infobae en Vivo Al Mediodía, el periodista Federico Mayol indicó que “Ziliotto fue a la Justicia Federal de La Pampa con un amparo y una medida cautelar, señalando una supuesta inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la ley. Dice que la norma viola la Constitución y tratados internacionales”, explicó Mayol.
El juez federal Baric analiza la solicitud. Desde el Gobierno nacional siguen de cerca la definición judicial, ya que la ley sancionada otorga certezas para atraer inversión minera y fue acompañada por varios gobernadores de las provincias productoras. Actualmente, ningún otro mandatario no minero impulsó reclamos similares contra la norma.
Según Mayol, “para el Ejecutivo nacional este tema es trascendente por el monto y la proyección de inversiones mineras comprometidas. Una decisión contraria a la ley podría afectar la hoja de ruta para captar nuevos proyectos”.
Impacto sobre inversiones mineras y reacción social
El sector minero es uno de los principales motores del crecimiento económico. Durante el 2025 aportó “de manera considerable al desarrollo nacional”, apuntó Mayol. Entre los proyectos mineros aprobados y pendientes de aprobación, se encuentran iniciativas de empresas como Glencore y Vicuña, que en conjunto prevén una inversión cercana a USD 40.000 millones.
Mayol detalló que “hay seis proyectos ya aprobados y varios en proceso de aprobación que involucran, por ejemplo, a Glencore o Vicuña, sumando 18.000 millones de dólares en total. El impacto esperado alcanzará los 40.000 millones de dólares en inversiones si se implementan todas las iniciativas”.
El sector ambientalista manifestó su rechazo a la Ley de Glaciares. Organizaciones no gubernamentales presentaron sus objeciones tanto en audiencias públicas como en la presentación judicial de Ziliotto. La participación de ONG en la causa pampeana coloca el debate en el centro de la escena nacional.
Próximos pasos judiciales y agenda minera
La Justicia Federal de La Pampa debe decidir si hace lugar a la medida cautelar y al amparo impulsado por Ziliotto. Esta decisión podría suspender temporariamente la entrada en vigor de la ley o bien rechazar la pretensión de la provincia y las organizaciones ambientalistas.
Mayol adelantó: “Ahora el juez Baric tiene que definir si toma o no, si rechaza o no el amparo y la cautelar. Para el Gobierno, es clave el resultado porque en el mes próximo se realizará en San Juan la exposición minera nacional, a la que están invitados el presidente y el gabinete”.
La exposición en la provincia de San Juan contará con la participación del gobernador Marcelo Orrego y reunirá a referentes sectoriales, funcionarios nacionales y empresas. El resultado del pedido judicial presentado en La Pampa podría incidir en la dinámica y expectativas del evento minero.
Contexto de la Ley de Glaciares y antecedentes judiciales
La judicialización de leyes de impacto federal cuenta con antecedentes recientes. Mayol recordó: “Cuando se reformó la legislación laboral, la CGT presentó un amparo y un juez aceptó varios artículos. En la actualidad, el debate abierto sobre la Ley de Glaciares impone una nueva instancia de análisis judicial luego de su aprobación parlamentaria”.
Por ahora, la única presentación judicial vinculada a la Ley de Glaciares corresponde a la provincia de La Pampa. La actividad minera y la protección ambiental se posicionan nuevamente en el centro de la agenda pública y judicial argentina.
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