POLITICA
Los fiscales salieron a apoyar el procurador Casal en su reclamo de fondos al Gobierno para la reforma judicial
Los fiscales federales de todo el país salieron a dar un fuerte apoyo al procurador general interino Eduardo Casal en su reclamo de mayores fondos al gobierno nacional para poner en marcha el nuevo sistema procesal penal que les da mas poder en las investigaciones.
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) señaló que “acompaña los reclamos presupuestarios del Procurador General de la Nación, Dr. Eduardo Casal.
“Estamos en pleno conocimiento que el Ministerio Público Fiscal viene funcionando, hace años, con partidas desactualizadas y sobre todo con precariedad edilicia y con exiguas herramientas tecnológicas de investigación, situación que se agrava en el interior de nuestro país”, señaló el documento que lleva la firma del presidente Ricardo Toranzos, fiscal federal de Salta y Alberto Gentili, secretario.
“Exhortamos a las autoridades políticas a replantear sus posicionamientos en la determinación del presupuesto del Ministerio Público y del Poder Judicial, de modo tal que estas transcendentes transformaciones procesales que están llevando a cabo, no se vean frustradas por la incomprensión de las herramientas necesarias para el cumplimiento regular y efectivo de una función esencial del Estado”, dijeron.
Advirtieron los fiscales que “es inconcebible la independencia de la función judicial, y en particular del Ministerio Público Fiscal” si se mantiene “un presupuesto insuficiente para desarrollar de manera regular y eficaz las funciones encargadas legalmente”.
Dijeron que debieron darle intervención a la Procuración en la determinación de los recursos necesarios para el nuevo sistema acusatorio y “mucho más, en algún recorte o disminución de las asignaciones presupuestarias que ponga en riesgo el acceso a una respuesta rápida y de calidad de los reclamos de los justiciables”.
Los fiscales apoyan la extensión del sistema acusatorio a todo el país porque ayudará a mejorar el servicio de justicia, “que sea eficiente, transparente y ágil, supere los estándares del tratamientos de los casos de flagrancia; y disminuya los altos índices de impunidad en los delitos de corrupción”.
Dijeron los fiscales que su entusiasmo no debe confundirse con su renuncia al reclamo de recursos humanos y técnicos para poner en marcha el nuevo Código.
“La vorágine en la implementación en los últimos tiempos puso, aún más, de relieve la insuficiencia de las asignaciones económicas, exigiendo que las instituciones oficiales comprometidas (la Procuración General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Defensoría General de la Nación) coordinen, las acciones urgentes y mínimas, con medios que ya eran escasos, para asegurar su funcionamiento en más de nueve provincias”, señalaron.
Dijeron que celebran que Casal s reuniera con los fiscales de todas las instancias, federales y nacionales y en todas las jurisdicciones, en especial a aquellos que van a desarrollar la funciones de “fiscal del caso”, para mejorar el diseño de estas nuevas instituciones,
“exhortamos a las autoridades políticas a replantear sus posicionamientos en la determinación del presupuesto del Ministerio Público y del Poder Judicial, de modo tal que estas transcendentes transformaciones procesales que están llevando a cabo, no se vean frustradas por la incomprensión de las herramientas necesarias para el cumplimiento regular y efectivo de una función esencial del Estado”, dijeron.
El Gobierno puso en marcha en 11 provincias el sistema acusatorio, donde desaparece el expediente de papel, y todo se resuelve en audiencias donde el fiscal acusa, la defensa plantea sus argumentos, y el juez decide en el momento.
A partir del 11 de agosto arrancará en Comodoro Py 2002, pero hay quejas por la falta de recursos y de personal para realizar esta transformación.
POLITICA
Desde el peronismo buscan derogar en Diputados el aumento de aportes a los clubes del fútbol
Tras la escalada entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), desde el peronismo presentaron en el Congreso un proyecto de ley que busca derogar los últimos decretos que endurecieron los aportes de los clubes al sistema de seguridad social. La iniciativa reactiva la discusión sobre el régimen especial de aportes patronales y personales que históricamente distinguió al fútbol profesional frente al régimen general.
La propuesta de ley, presentada en la Cámara de Diputados por el diputado Carlos Cisneros, propone derogar el Decreto 939/2024 —que había revocado el régimen especial vigente hasta ese momento— y la reciente Disposición 16/2025 de la Subsecretaría de Seguridad Social, que elevó de forma significativa las alícuotas de aportes para los clubes. Asimismo, ratifica parcialmente el régimen dispuesto por el Decreto 510/2023, pero suspende el artículo 8 de ese decreto por dos años, con el objetivo de ofrecer alivio financiero a los clubes y volver a un esquema más equilibrado.
Un régimen a debate: de los privilegios al déficit
La historia del sistema especial para el fútbol argentino se remonta a la crisis de 2001. Por entonces, el Decreto 1212/2003 estableció un régimen simplificado de aportes y contribuciones para el personal y los jugadores de fútbol profesional, vinculando las contribuciones a ingresos específicos de los clubes como la venta de entradas, transferencias de jugadores y derechos televisivos. El objetivo era ofrecer seguridad jurídica, facilitar la fiscalización estatal y resguardar a los trabajadores ante la debilidad financiera de las instituciones.
Distintos ajustes y reformas posteriores, incluidas las modificaciones introducidas en 2019 y 2023, fueron elevando paulatinamente las alícuotas para reducir un déficit estructural que, según el Gobierno, terminó siendo cubierto por el sistema previsional general. El conflicto escaló en agosto de 2025, cuando la Subsecretaría de Seguridad Social dictó un aumento de casi once puntos porcentuales en la contribución de los clubes, elevando la tasa al 18,62% sobre el monto bruto recaudado.
La explicación oficial remite a un desbalance financiero crónico. El Ministerio de Capital Humano informó que, pese a los ingresos generados por los clubes —solo en 2024, el fútbol argentino facturó 324 millones de dólares en ventas de jugadores—, el régimen especial apenas cubría el 57% de las obligaciones previsionales. En el primer año de gestión del actual Gobierno, esa cobertura llegó a reducirse al 33%, con un déficit cercano a los 20 mil millones de pesos anualizados. El Gobierno justificó el aumento como respuesta a la insuficiencia de fondos para el Sistema Integrado Previsional Argentino y otras coberturas sociales, y atribuyó el problema tanto a los beneficios del régimen especial como a maniobras de los clubes para dilatar o eludir obligaciones.
La reacción de la AFA: resistencia y advertencia
La AFA rechazó duramente la decisión oficial y denunció que no fueron tenidas en cuenta sus alternativas propuestas, entre ellas, un esquema gradual y consensuado para equilibrar la recaudación sin paralizar la actividad. La entidad que preside Claudio Tapia sostuvo que trabajó “incansablemente junto a los clubes y autoridades gubernamentales” para encontrar soluciones razonables, pero que el Poder Ejecutivo decidió avanzar de manera unilateral. En un comunicado oficial, la AFA remarcó el papel social de los clubes y advirtió que las medidas adoptadas ponen en riesgo el desarrollo de los programas formativos, la infraestructura y el trabajo comunitario que alcanzan a miles de jóvenes y niños a lo largo del país.
El conflicto se trasladó a la justicia y el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6 dispuso suspender, de manera provisional, la aplicación del nuevo régimen hasta tanto se resuelva de fondo la controversia. Sin embargo, la judicialización profundizó la incertidumbre y dejó expuesta una grieta entre el Gobierno y el principal articulador del fútbol nacional.
El nuevo proyecto, entre la búsqueda de equilibrio y el debate de fondo
En ese contexto, el proyecto de ley presentado en Diputados propone derogar los incrementos impulsados por el Gobierno, volver a la estructura fijada en 2023 y suspender temporalmente la aplicación de los puntos más controversiales, como el artículo 8 del Decreto 510/2023. Según sus fundamentos, la iniciativa busca preservar la sustentabilidad de los clubes y evitar su asfixia financiera, sin dejar de atender las demandas del sistema de seguridad social.
La discusión de fondo enfrenta a dos visiones opuestas: por un lado, el Gobierno quiere “eliminar privilegios”, cerrar déficits y equiparar la carga de aportes de los clubes al resto de los empleadores; por el otro, la AFA y los clubes reivindican su especificidad institucional y social, y reclaman un trato diferencial que reconozca el rol del deporte en la comunidad.
El debate recién comienza y la iniciativa presentada suma presión al Congreso y obliga a un debate profundo sobre el vínculo entre fútbol, política social y responsabilidad fiscal.
POLITICA
Unidos hasta las elecciones: la relación entre Kicillof y el kirchnerismo, cada vez más cerca de un quiebre definitivo
Pese a que cerraron las listas bonaerenses y encaran ahora el armado de las candidaturas nacionales, la relación entre el gobernador Axel Kicillof y Cristina y Máximo Kirchner sigue siendo traumática. A tal punto, que asoma como una posibilidad que los funcionarios de La Cámpora que integran actualmente el gabinete bonaerense dejen sus cargos tras las elecciones del 26 de octubre.
El disparador para ese recambio de funcionarios será la salida anunciada del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien se postula como candidato a senador bonaerense por la primera sección electoral y tiene decidido que su candidatura no será testimonial, por lo que asumirá como legislador el 10 de diciembre. A partir de ese espacio, Kicillof podría rearmar su gabinete.
Actualmente, el kirchnerismo puro -en sus variantes cristinista y camporista- tiene cuatro funcionarios de alto rango en el gabinete de Kicillof: el ministro de Justicia, Juan Martín Mena; el de Salud, Nicolás Kreplak; la de Ambiente, Daniela Vilar; y la titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout. En segundas líneas hay otra docena de funcionarios que no responden al gobernador.
Los cambios proyectados son un comentario extendido en el entorno del gobernador. En La Plata y también en las oficinas porteñas de la administración provincial consideran que el vínculo con el kirchnerismo “está roto” y que, a esta altura de las circunstancias, no sería posible reconstruirlo. “Ahora vamos juntos, pero en el fondo fingimos demencia”, advierten en tono psicológico.
El último cierre de listas resultó una comprobación de que la relación entre ambos espacios es irrecuperable. Después de varias reuniones entre Kicillof, Máximo y Sergio Massa, que habían enderezado una interna que venía torcida, el hijo de la expresidenta y sus emisarios apagaron los teléfonos el viernes previo al plazo final, previsto para el sábado. “Literalmente desaparecieron”, dicen en La Plata.
Ante las insistentes llamadas de los delegados axelistas, una apoderada kirchnerista les dijo, horas después, que la alianza se disolvería. Semejante definición y la repentina ausencia de Máximo Kirchner, llevó a los partidarios del gobernador a armar una lista propia, que empezaron a cargar en la Junta Electoral con el sello de Parte, la fuerza que se armó para el fallido proyecto de Alberto Fernández.
Al otro día, que terminó con sugestivos cortes de luz en La Plata, reaparecieron los emisarios kirchneristas en la sede de la Gobernación, hasta donde fueron la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el diputado provincial Facundo Tignanelli. La discusión fue tan áspera que estuvieron a punto de romper el acuerdo previo. “Máximo recién volvió a la mesa a las tres de la mañana”, relatan.
Para Kicillof, que ya había soportado en 2023 que la firma de su candidatura a la reelección como gobernador fuera absolutamente controlada por el kirchnerismo, este último desplante fue demasiado. “Somos como esas familias que se juntan en Navidad, pero que no se aguantan”, reconocen a en el equipo del mandatario provincial, que arma su propio proyecto presidencial para 2027.
A diferencia del kirchnerismo, que está en una fase de control de daños y de asimilación de su identidad política con el PJ, el partido que preside Cristina desde la prisión domiciliaria en Constitución, en el axelismo son partidarios de “romper lazos” para armar un proyecto más amplio, que contenga incluso a gobernadores de otros signos políticos. Una suerte de coalición “anti Milei”.
De antemano, Kicillof sabe que esa idea choca de frente con la mentalidad de Cristina Kirchner, quien le llegó a enrostrar un lacónico “vos no entendés nada de política” cuando envió patrulleros al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro (UCR) en medio de la crisis de violencia narco en Rosario y de una visita al chubutense Ignacio Torres (Pro), que incluyó una firma de convenios.
La tesis de ampliación del peronismo que ensayará Kicillof se basa en antecedentes concretos. “Si en 2025 Daniel Scioli sacó 37% y Massa 15%; y en 2023 Massa sacó el 38%, queda claro que en los últimos años el peronismo perdió base de sustentación. Es necesario ampliar”, sostienen en el axelismo, sin ocultar las cada vez más claras diferencias de criterio con el kirchnerismo.
Por eso el acuerdo en este 2025 no significa que axelistas y kirchneristas seguirán unidos. Sin embargo, ambos espacios del PJ tienen antes un objetivo común: votar en noviembre, antes del recambio de la Legislatura, los proyectos que habilitan la reelección indefinida de intendentes y legisladores provinciales, tal como prometió Cristina Kirchner a los jefes comunales peronistas.
Muchos de esos intendentes ya se pasaron a las filas del gobernador y prometen apuntalarlo hasta 2027. Para Kicillof, ese año resultará una encrucijada: jugará sus fichas a competir contra Milei por la presidencia o volverá al llano y se quedará a vivir en La Plata. Pero lo que ya tienen claro en el axelismo es que no quieren tener un futuro político compartido con el kirchnerismo.
Mariano Spezzapria,Axel Kicillof,La Cámpora,Cristina Kirchner,Conforme a,Axel Kicillof,,»Un delirio cósmico». La fuerte crítica de Kicillof a la cadena nacional de Milei y su reacción a la posible candidatura de Máximo,,Slogan de campaña. Francos desestimó la banalización del “Nunca Más” y apuntó contra Kicillof,,»Es un inútil». El fuerte cruce entre Bullrich y el ministro de Seguridad de Kicillof por la causa de la purga policial en la provincia
POLITICA
En una elección polarizada, la pelea entre el Frente La Libertad Avanza y Fuerza Patria domina la escena política en las legislativas de octubre
Pese a la variada oferta de cada turno electoral, el foco de las legislativas del 26 de octubre pasará por la disputa entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, el frente que inscribió el peronismo. Esto será así en la mayoría de las provincias, aunque también hay particularidades, incluso en provincias donde gobierna el PRO, el socio principal del Gobierno.
En un repaso rápido, La Libertad Avanza, logró la personería política en las 24 provincias, pero no hubo acuerdo en todas. Sí selló el vínculo en distritos clave como la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. El peronismo hizo lo propio, aunque debe resolver el desplante -al menos momentáneo- de Juan Grabois.
Leé también: La Casa Rosada tiende puentes con los gobernadores para blindar los vetos y garantizar el déficit cero
El peronismo replicó la alianza Fuerza Patria en 14 de las 24 provincias: Salta, Catamarca, Neuquén, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Córdoba, Río Negro, Santa Fe, Buenos Aires, Jujuy y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En tanto, en los diez restantes el peronismo utilizará un sello provincial para competir. Se trata de Formosa, Tucumán, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Entre Ríos y La Pampa. Allí no se utilizará la marca nacional acordada entre Axel Kicillof, Sergio Massa, y Máximo Kirchner. Las conversaciones estuvieron supervisadas por Cristina Kirchner, desde su prisión domiciliaria.
El cierre de La Libertad Avanza
La armadora del oficialismo nacional es la secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, Karina Milei. Su estrategia tuvo éxito en doce jurisdicciones, incluyendo los tres distritos con mayor peso electoral: la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba. La alianza con el PRO se extendió además a La Pampa, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Río Negro, San Luis, Tucumán, Chaco, La Rioja y Misiones, configurando una red de alianzas con un patrón común: el dominio libertario sobre el macrismo.
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En cada distrito, La Libertad Avanza impuso condiciones similares: control absoluto de la imagen presidencial como único referente de campaña, apropiación de los primeros lugares en las boletas electorales y reserva de las posiciones con mayor probabilidad de acceso al Congreso Nacional.
La conducción nacional liderada por Karina Milei, impuso condiciones a PRO, entre las que se encuentran, ceder la candidatura a senador y aceptar que las listas de diputados estén encabezadas por referentes libertarios, además la alianza utilizará el sello y color violeta característicos del partido libertario.
Así ocurrió en lo que supo ser el principal bastión de los Macri, la Ciudad de Buenos Aires. La encargada de las negociaciones fue Pilar Ramírez (legisladora porteña y mano derecha de Karina en la Ciudad).
Los casos provinciales
Una de las particularidades del cierre de alianzas es que no todos los gobernadores del PRO se sumaron al frente con los libertarios. Incluso hubo uno que fue fundador de un espacio alternativo: Nacho Torres (Chubut). El mandatario se unió a Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz) para crear Provincias Unidas.
En el entorno del gobernador Claudio Vidal esperan hacer una buena elección, en un escenario que asoma de tercios. El espacio provincial Por Santa Cruz competirá contra el peronismo y el sello de La Libertad Avanza. Pero en su armado, también está el PRO.
El caso de Neuquén es otro a tener en cuenta, ya que gobierna una fuerza provincial, Neuquinizate. La comanda el gobernador Rolando Figueroa, un referente de la política regional, muy identificado con el Movimiento Popular Neuquino, partido que gobernó la provincia durante más de 60 años. A la fecha, si bien no integran el armado del mandatario provincial, sí lo apoyan muchos dirigentes del mismo. Entre ellos, el diputado nacional Osvaldo Llancafilo, 10 legisladores provinciales y 34 de 57 intendentes del MPN.
También logró cerrar acuerdos con el PRO, parte del peronismo y hasta sectores libertarios. La apuesta es competir mano a mano con La Libertad avanza y relegar al PJ al tercer lugar.
La Libertad Avanza, fuerza patria, Elecciones, Gobernadores
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