El Gobierno acelera la reglamentación de la reforma laboral y apunta a oficializarla en abril, en medio de los amparos que frenaron parte de su aplicación. El Ejecutivo ya puso en marcha el circuito administrativo para cerrar el decreto reglamentario de la Ley 27.802, que fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero.

La decisión política de la Casa Rosada es avanzar sin retrocesos de fondo sobre el contenido de la ley. En el oficialismo aseguran que no van a “morigerar” ninguna de las partes de la reforma por efecto de las presentaciones judiciales, aunque reconocen que la reglamentación buscará blindar algunos puntos que quedaron bajo mayor cuestionamiento.

La estrategia legal está coordinada entre la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Legal y Técnica. La hoja de ruta oficial apunta a concentrar la mayor cantidad posible de denuncias en el fuero Contencioso Administrativo y, eventualmente, escalar la discusión hasta la Corte Suprema. “La estrategia busca unificar los procesos para atacar todos los frentes en los que surjan denuncias de forma coordinada”, agregan.

El circuito de la reglamentación abarca a Desregulación y Transformación del Estado, Economía, Trabajo y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Luego, los expedientes llegan a Legal y Técnica, que unifica el texto final y le da forma para su publicación en el Boletín Oficial. La participación de ARCA no es secundaria: la ley le asigna funciones expresas en materia de registración laboral y en la instrumentación de obligaciones de seguridad social.

Mientras que el nuevo artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo remite a la reglamentación para definir sistemas de pago en prestaciones sin relación de dependencia, el artículo 52 deja en manos de ARCA la normativa de registración y el artículo 92 ter prevé que las prestaciones de seguridad social para contratos a tiempo parcial se determinen reglamentariamente.

Uno de los puntos bajo mayor seguimiento es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). En el oficialismo admiten que la reglamentación de ese esquema está entre las prioridades y que también se analiza que pueda direccionarse a colocaciones del Tesoro, como a otras opciones de inversión.

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La aceleración del decreto se da, además, en paralelo a la estrategia más amplia del Gobierno sobre el mapa judicial laboral. Nación no quiere dejar caer tampoco el acuerdo de transferencia de competencias laborales del ámbito nacional a la Ciudad de Buenos Aires. En el oficialismo consideran que esa arquitectura también forma parte del blindaje institucional con el que buscan ordenar la disputa judicial sobre la reforma.

El Ejecutivo apuesta a que el decreto reglamentario de la reforma laboral funcione como “blindaje” técnico en dos puntos clave: cómo se aplica la ley a relaciones laborales ya existentes y cómo se instrumentan los nuevos procedimientos. En la mayoría de los despachos oficiales descuentan que el proceso terminará por definirse en la Corte Suprema.

Gobierno, reforma laboral

El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue internado de urgencia el 1 de abril tras presentar una arritmia, según el diagnóstico inicial de médicos del Servicio Penitenciario Federal que lo atendieron en la cárcel de Ezeiza, donde se encuentra preso tras ser condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta-no haber controlado el destino de los fondos públicos- y absuelto por estrago culposo -las 52 muertes y los heridos- en la causa por la Tragedia de Once.

Fuentes cercanas al ex funcionario kirchnerista contaron a Infobae que el miércoles se le detectó una fibrilación auricular que motivó su traslado a un centro especializado en la Ciudad de Buenos Aires, donde permanece bajo cuidados intensivos desde el jueves. Este viernes le realizaron un procedimiento cardiaco que permitió estabilizar su condición. El seguimiento actual incluye monitoreo constante y administración de anticoagulantes por vía intravenosa, y durante la próxima semana se le realizarán más estudios para evaluar su estado

El exfuncionario presenta un cuadro de diabetes insulino dependiente desde hace más de dos décadas y recibe medicación continua por enfermedades crónicas como hipertensión y cardiopatía.

“Estoy preso y enfermo, pero preferiría morirme en mi casa”, suplicó semanas atrás De Vido durante su declaración antes los jueces de la causa Cuadernos, en la que está acusado junto a varios exfuncionarios kirchneristas, incluida la expresidenta Cristina Kirchner. El exministro reiteró ese día su pedido de prisión domiciliaria.

Las palabras de De Vido se dieron ante el Tribunal Oral Federal N° 7, que en el debate por la causa Cuadernos tiene como magistrado suplente a Néstor Costabel, quien integra el TOF N° 4 que condenó al exministro en la causa conocida como “Once 2″.

Por esa sentencia a cuatro años de prisión, el extitular de la cartera de Planificación Federal está detenido en la cárcel de Ezeiza desde noviembre del año pasado.

“Estoy solicitando la prisión domiciliaria por razones de salud. Por lo tanto, después de prestar declaración, le pediría poder retirarme para atenderme”, pidió De Vido al juez Enrique Méndez Signori, quien preside el Tribunal que juzga a CFK y otros 86 acusados.

El magistrado le permitió irse de Comodoro Py luego de su declaración, al igual que hizo la expresidenta de la Nación. Días antes, el TOF N° 7 le había rechazado la posibilidad de ser indagado virtualmente.

“Soy diabético, los niveles de glucosa suben y bajan, y además me he puesto hipertenso últimamente. Yo también admiro al general Pistarini, estoy preso y enfermo, pero preferiría morirme en mi casa. No tengo más nada que decir”, dijo De Vido al concluir sus palabras.

El exfuncionario se reservó el derecho de prestar declaración en otro momento del juicio, algo que siempre tienen permitido los imputados.

En su breve indagatoria, rechazó “total y categóricamente por falsa e infundada” la acusación del Ministerio Público Fiscal, que fue formulada durante la investigación por Carlos Stornelli y en el debate es defendida por la fiscal general Fabiana León.

De Vido también cuestionó a la Unidad de Información Financiera (UIF), “que personalmente creo que no debería ser parte de este proceso”, según advirtió.

Desde que fue detenido en noviembre, la defensa de De Vido insistió por todas las vías posibles con que cumpla su condena en su casa.

Por un lado, invocaron la edad del exfuncionario kirchnerista, quien tiene 76 años, lo cual supera el límite de 70 años previsto en la normativa para solicitar el beneficio.

Y en paralelo alegaron problemas de salud, mencionando patologías crónicas como diabetes, hipertensión y afecciones cardíacas que, según sus abogados, no podían ser tratadas correctamente dentro del penal. Los letrados sostuvieron que el Servicio Penitenciario no le proveía los medicamentos necesarios, como la insulina, ni una dieta acorde a sus prescripciones médicas.

La cuestión fue rechazada tanto por el juez Ricardo Basílico, a cargo de la ejecución de la pena, como por la Cámara Federal de Casación Penal.

El Gobierno argentino confirmó que el encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, abandonó el país, luego de que se le dieran 48 horas para irse de Argentina en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente y las amenazas de la República Islámica ante el posicionamiento geopolítico del presidente Javier Milei, alineado a Estados Unidos e Israel.

“En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el ex Encargado de Negocios a.i. de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional”, confirmó el canciller Pablo Quirno.

El conflicto Argentina-Irán comenzó a escalar en las últimas semanas luego del inicio de los ataques de EEUU e Israel sobre Teherán. Sobre todo, luego de las declaraciones de Milei durante una exposición en la universidad Yeshiva en New York, donde afirmó que Irán es “enemigo” de la Argentina, el pasado 9 de marzo. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos”, sostuvo en aquel momento.

La respuesta del régimen iraní no se hizo esperar. En un duro editorial publicado en el diario oficialista Tehran Times, Irán afirmó que el presidente argentino “cruzó una línea roja imperdonable” y que “no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno” libertario. Y agregó, además, que “deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad”. Esto ocurrió el pasado 17 de marzo.

Antes de este cruce de declaraciones, Casa Rosada ya había ordenado a principios de marzoelevar el nivel de seguridad a “Alto”e implementarunprotocolo especialdestinado a resguardar objetivos sensibles en el país, bajo la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones.

En primer lugar, se dispuso un servicio permanente de cobertura de la comunidad judía y sedes diplomáticas de los estados involucrados en el conflicto bélico, como las Embajadas de EEUU e Israel y la AMIA. En esos puntos, se agregó un refuerzo, durante las 24 horas, con móviles y efectivos de Objetivos Diplomáticos de la Policía de la Ciudad y de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA. Esa alerta alta sigue activa.

Un nuevo contrapunto inició el martes, cuando el gobierno argentino declaró “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria de Irán, y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), una medida que habilita sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones operativas. Medida similar ocurrió con Hamas, Hezbollah y la Fuerza Quds, el brazo externo de la Guardia Revolucionaria.

En un comunicado oficial, se aseguró que el actual líder de esa fuerza, Ahmad Vahidi, está acusado por la organización del atentado en la AMIA y permanece prófugo.

“La República Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de la historia, perpetrados en la década de 1990 por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”, indicaron en un comunicado emitido por la Oficina del Presidente en X.

A modo de rememorar a las víctimas de los ataques, las autoridades indicaron que el episodio que tuvo como blanco a la Embajada de Israel en Argentina en 1992 dejó un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos, mientras que en 1994 hubo 85 muertos y más de 300 heridas que se encontraban en las inmediaciones de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Esta vez, la respuesta de al República Islámica, a través de su representación diplomática en Uruguay, incluyó una advertencia hacia la Argentina. En el texto, difundido en las últimas horas, Teherán afirmó que “condena enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y sostuvo que se trata de “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”. “Esta decisión […] genera responsabilidad internacional para el Estado argentino”, señaló el comunicado.

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