El Senado se prepara para una sesión crucial que se desarrollará este jueves, en la que buscará la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea y la modificación de la ley de glaciares, dos iniciativas que marcarán el rumbo de la política exterior y ambiental del país. Son aspectos que el Gobierno presidido por Javier Milei quiere tener avanzados antes de que finalice en cuestión de días el período de sesiones extraordinarias.

Entre las motivaciones principales del debate figura el objetivo del Gobierno de convertir a Argentina en el primer país de la región en ratificar el tratado con la Unión Europea, lo que le permitiría obtener ventajas comerciales de manera anticipada frente a sus socios regionales, como Brasil y Uruguay. El tratado bicontinental tiene media sanción desde la Cámara de Diputados y sus chances de salir son amplias.

Hay más complejidad en lo que refiere al debate del proyecto que modifica las capas de protección sobre lo que se define como ambiente periglaciar. Aunque una altísima fuente de la Casa Rosada indicó a Infobae que “estarían los números” para poder aprobar todos los apartados de la medida.

El artículo séptimo del proyecto es uno de los más observados, ya que otorga a cada provincia la facultad de definir la autoridad de aplicación –excepto en áreas protegidas bajo la ley 22.351 de Parques Nacionales–. Esta autoridad local será responsable de identificar “basándose en elementos técnico-científicos, los glaciares y el ambiente periglaciar ubicados en su territorio que cumplan con alguna de las funciones hídricas previstas”, es decir, que “actúen como reservas estratégicas de recursos hídricos o como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”.

En principio, el Gobierno cuenta con los 21 integrantes del bloque La Libertad Avanza, junto al apoyo del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y ciertos senadores que responden a gobernadores de Cuyo y del Norte, grandes interesados por las posibilidades de extender las producciones mineras hasta ciertas áreas periglaciares.

Para asegurarse el número, en la Casa Rosada dieron la orden de trasladar a parte de la mesa política al Palacio del Congreso para poder abroquelar las adhesiones definitivas junto a las gestiones que ya está haciendo la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich. En el despacho del ministro del Interior, Diego Santilli, avisaron que estará en el Congreso siguiendo la sesión en donde se votarán ambas iniciativas.

En la previa a la sesión, Santilli destacó que la reforma a la Ley de Glaciares “implica generar las condiciones para que las empresas del sector puedan invertir, producir y dar más trabajo en la Argentina”. “Hoy Argentina exporta 6 mil millones de dólares en materia de minería, mientras que Chile, que está al lado y comparte la misma cordillera, exporta 60 mil millones de dólares. Hay que alentar las inversiones y para eso es necesario reformar leyes viejas que desalientan el crecimiento de nuestro país”, agregó.

Mucho más sencillo es lo que sucederá alrededor del tratamiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea, ya que los congresistas solo pueden aprobarlo o rechazarlo en su totalidad, sin introducir modificaciones. El Poder Ejecutivo incluyó esta discusión en el temario de extraordinarias con el propósito de “aventajar a sus socios regionales” y posicionar a Argentina como referente en la integración económica con Europa.

Consultados por Infobae, en la Cancillería detallaron que el camino para que el tratado comience a estar vigente es el siguiente:

1. a nivel interno, el Presidente lo promulga y se publica en el Boletín Oficial
2. mientras que a nivel internacional, el gobierno argentino comunica a los depositarios del Acuerdo (Paraguay y la Secretaría General del Consejo Europeo en Bruselas) que se han cumplido con los procedimientos internos de la Argentina para la aplicación del acuerdo. Quien hace la comunicación es el canciller Pablo Quirno a través de una nota formal.

El acuerdo interregional se compone de una parte política –actualmente detenida, luego de que el Parlamento Europeo la remitiera al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que determine su conformidad con la reglamentación comunitaria, un proceso que podría dilatarse hasta dos años– y una parte económica. En este último aspecto, el Consejo Europeo ya recibió facultades para negociar con aquellas naciones que ratifiquen el tratado. Para países como Argentina, esto abriría la posibilidad de “ser los primeros en cubrir cuotas de exportación de carne”, uno de los principales intereses comerciales del bloque.

Tanto Brasil como Uruguay ya trataron el acuerdo en sus respectivos congresos y aceleran los procesos internos para obtener cuanto antes los beneficios previstos. En paralelo, el Congreso argentino deberá definir si consigue la mayoría suficiente para avanzar en la ratificación parlamentaria, mientras la atención también se centra en el futuro inmediato del proyecto de reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil, programados para debate al día siguiente.

Un grupo de activistas de Greenpeace y un camarógrafo de un canal de televisión fueron detenidos en la explanada del Congreso de la Nación, durante una manifestación contra el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares que el oficialismo busca aprobar en el Senado.

Los manifestantes saltaron la reja del Palacio Legislativo para expresar su rechazo a las modificaciones previstas en la Ley 26.639, que es la normativa vigente desde 2010.

La protesta duró pocos minutos. Los manifestantes posaron con el cartel que decía la siguiente leyenda “Senadores: no se caguen en el agua”. Rápidamente, uniformados de la Policía Federal aprehendió a varios de los integrantes de la organización.

Según pudo consultar Infobae con fuentes policiales y de Greenpeace, son 12 manifestantes los que permanecían detenidos. De ese grupo, al menos 9 son mujeres. Dos de los activistas fueron detenidos a metros del Congreso por la Policía de la Ciudad y se los entregó a la Policía Federal (PFA).

En el medio del operativo, los uniformados federales arrojaron gas pimienta y agredieron también a un camarógrafo del canal A24, Facundo Tedeschini, que estaba registrando la actuación de los efectivos en la cobertura de los hechos. El trabajador de prensa terminó con su rostro lastimado por la agresión policial, y quedó detenido, con esposas, en las adyacencias del Congreso. La cronista y otros periodistas también fueron afectados por los efectos del aerosol irritante.

En las imágenes capturadas por los móviles y cronistas de distintos medios, se ve a un grupo de efectivos de la PFA que forcejearon y golpearon al camarógrafo para impedir que continuara con la cobertura. Primero lo empujaron al piso, y luego, sin motivo, los efectivos se lo llevaron detenido. Lo trasladaron al Hospital Ramos Mejía para atenderlo por los golpes.

Según indicaron fuentes policiales a este medio, las detenciones se produjeron con la carátula de averiguación de delito. Ningún policía fue herido por los manifestantes y las personas que estaban presentes en la protesta.

Conocidos los hechos, el juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, ordenó liberar al camarógrafo detenido en el Congreso durante la protesta de ambientalistas y dispuso que le envíen el sumario para determinar qué pasó, informaron fuentes judiciales a Infobae.

Greenpeace señaló que los activistas llevaron a cabo una “acción directa y pacífica” sobre las escalinatas del Congreso. Sentados en inodoros, desplegaron un mensaje para exponer “la gravedad” de la reforma de la Ley de Glaciares que se debatirá en el Senado.

“Lo que los senadores decidirán hoy es si protegen las fuentes de agua de Argentina o abren la puerta a intervenir zonas que la ley vigente protege. Esta reforma, impulsada por el gobierno nacional, es regresiva e inconstitucional. De los glaciares y el ambiente periglacial dependen millones de personas, que verán comprometido su acceso al agua, un derecho básico y fundamental amparado por la Constitución Nacional. La decisión que tomen hoy los senadores será recordada, tienen la oportunidad histórica de proteger el futuro hídrico del país y esperamos que estén a la altura de esa responsabilidad“, consideró Diego Salas, director de programas de Greenpeace.

La sesión en la Cámara Alta está prevista para las 11 y el debate se centra en transferir a las provincias la facultad de determinar qué zonas podrían habilitarse para la actividad minera, con una mayor flexibilidad de criterios para explotar el recurso.

En una rueda de prensa improvisada en las afueras del Senado, la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió al hecho y constató que habló con el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, donde le informaron que se instruyó un sumario y se evalúa una acción “reprochable y desmedida”

“Hubo un intento de manifestación en el que entraron al Congreso 10 activistas de Greenpeace, que fueron sacados de manera inmediata y detenidos en un lugar cercano. En el momento que estaban detenidos, un camarógrafo de A24 intentó entrar para filmar esas imágenes», relató Bullrich. “Ya se ha abierto un sumario, el jefe de Policía ha evaluado que su conducta es reprochable. Eso está en análisis”, dijo, sobre el procedimiento que se le iniciará, al menos, a un policía.

“Si se abre un sumario a un miembro de la Policía Federal, es porque (la conducta) no es la que debería realizar y hubiera sido correcta en el marco de su deber. Un sumario es una conducta que se evalúa y que no esta dentro de la conducta normal de un policía”, explicó la ex ministra. “Aca hay una acción determinada, y el jefe de Policía está evaluando que ese policía actuó desmedidamente”, remarcó.

Por su lado, la Policía Federal informó que “el camarógrafo se encuentra recibiendo atención médica” y que luego procederá a la “soltura”. Con respecto a los 12 detenidos, se los trasladó a la Superintendencia de Investigaciones Federales (SIF).

El debate por la Ley de Glaciares en el Senado

El proyecto del Gobierno para modificar la ley de Glaciares apunta a garantizar inversiones significativas para la actividad minera, especialmente en proyectos de cobre, al flexibilizar los criterios para definir áreas protegidas.

Actualmente, la ley protege tanto los glaciares como las áreas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua dulce. Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la redefinición de los espacios periglaciares, cuya descripción como zonas de alta montaña con suelos congelados y función de regulación hídrica es considerada demasiado amplia por sectores empresariales.

Desde el sector minero, se sostiene que la legislación vigente se traduce en una prohibición prácticamente total para nuevos emprendimientos.

La iniciativa mantiene bajo la órbita del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares, pero hace hincapié en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio original de los recursos naturales por parte de las provincias. Según el nuevo texto, serán las jurisdicciones provinciales quienes definirán si un área específica es una reserva de agua dulce y tendrán la potestad de aprobar los estudios de impacto ambiental que presenten las empresas mineras.

La ley actual prohíbe toda actividad minera en glaciares por su ubicación. El proyecto de reforma introduce el criterio de “aporte hídrico relevante y comprobable” para calificar las zonas protegidas, lo que modificaría sustancialmente el alcance de las restricciones existentes.

Para Greenpeace y otras decenas de ONG’s, “la iniciativa impulsada por el oficialismo dejaría sin objeto una normativa clave, producto de una amplia movilización social, del trabajo de científicos, comunidades y organizaciones”.

“La normativa vigente, ejemplo a nivel internacional, establece presupuestos mínimos para proteger las fuentes de agua en los territorios de alta montaña. La reforma que intentan impulsar no es una actualización técnica, ni una mejora normativa: se trata de una reforma constitucional de facto, ya que la normativa quebraría el sistema de presupuestos mínimos y crearía un escenario de inestabilidad jurídica y legislativa”, señalaron las organizaciones ambientalistas.

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Tres edificios vinculados a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social —dependiente del Ministerio de Capital Humano— registraron hechos delictivos en menos de una semana. Fuentes presentes en los lugares confirmaron daños en oficinas clave, en un contexto signado por el debate parlamentario sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

En menos de una semana, tres inmuebles vinculados a la estructura laboral del ministerio fueron escenario de un robo y dos episodios de vandalismo. Los incidentes ocurrieron mientras el Congreso afronta el tramo final de la discusión de la reforma laboral. Si bien en el Gobierno admitieron la existencia de esos hechos, evitaron hacer declaraciones y confirmaron la existencia de una causa judicial.

El primer caso se conoció el domingo pasado, luego de que Infobae publicara imágenes del robo en la sede de la Secretaría ubicada en la calle 25 de Mayo al 600. Se trató de un hecho sugestivo por la modalidad del ingreso y por el tipo de documentación y equipamiento manipulados.

En ese momento, fuentes oficiales confirmaron que el acceso no presentó signos de violencia tradicional en los puntos principales de entrada, lo que generó dudas sobre la mecánica del robo. La cartera dirigida por Sandra Pettovello evitó adelantar hipótesis y solo deslizó que la modalidad resultaba llamativa por sus características.

Cuatro días después, este jueves, se registraron dos nuevos incidentes bajo la modalidad de vandalismo en otros edificios vinculados al área laboral del ministerio.

Daños en el edificio de Avenida Callao

Uno de los episodios ocurrió en el edificio de Avenida Callao, donde históricamente funcionó el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO). En la actualidad, allí opera el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, aunque sigue desempeñándose un número significativo de trabajadores dependientes de la Secretaría de Trabajo y vinculados a la estructura gremial, según informaron a Infobae fuentes presentes en el lugar.

El edificio amaneció con mobiliario dañado, escritorios y sillas rotas, y distintos destrozos en oficinas internas. No se trató de un robo tradicional: en un primer relevamiento no se reportaron faltantes relevantes, sino un ataque directo contra el equipamiento.

“El edificio apareció con muebles rotos y señales claras de vandalismo”, detalló una fuente con acceso directo al inmueble. Según esa reconstrucción, los daños ocurrieron durante la madrugada y fueron detectados al inicio de la jornada laboral.

El SECLO, aunque ya no funcione físicamente en ese edificio, sigue siendo la instancia administrativa obligatoria previa a la judicialización de conflictos laborales y constituye una pieza central del sistema de conciliación entre trabajadores y empleadores.

Ataque en Avenida Alvear

El segundo incidente del jueves se produjo en el edificio de Avenida Alvear, considerado estratégico para la estructura administrativa del Ministerio de Capital Humano. Allí funciona un área clave de la Secretaría Legal y Administrativa.

Fuentes que estuvieron en el lugar informaron que la zona del garaje fue violentada y una puerta de blindex apareció completamente destrozada al amanecer. Las imágenes internas muestran el vidrio estallado y daños visibles en el acceso.

En este caso, tampoco se informó oficialmente sobre sustracción de documentación o equipos, aunque la evaluación de daños continuaba al cierre de esta nota. Por la localización y el tipo de oficina afectada, el ataque generó preocupación adicional en la cartera.

La Secretaría Legal y Administrativa tiene un rol fundamental en la validación normativa, los circuitos internos y la implementación formal de medidas que luego impactan en áreas operativas como Trabajo. Que un edificio asociado a esa estructura haya sido blanco de un hecho vandálico en la misma semana del robo previo no pasó inadvertido.

Tres episodios en una semana

En el Ministerio de Capital Humano evitaron establecer públicamente una conexión directa entre los tres hechos. No obstante, fuentes con conocimiento de la situación reconocen que la secuencia resulta llamativa.

“Es difícil no vincularlo con el contexto”, afirmó una fuente que sigue de cerca la situación interna. El debate por la reforma laboral atraviesa uno de sus momentos más intensos, con negociaciones parlamentarias, presión sindical y fuerte exposición pública.

Los tres edificios afectados tienen en común su vinculación directa o indirecta con la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El primero fue la sede donde se produjo el robo; el segundo, un inmueble históricamente ligado al SECLO y aún ocupado por personal del área; el tercero, un espacio clave de la Secretaría Legal y Administrativa.

Desde el punto de vista operativo, los hechos llevaron a reforzar las medidas de seguridad interna y revisar los protocolos de acceso. Fuentes que participaron en las primeras evaluaciones señalaron que se dispusieron controles adicionales mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

El contexto político

La reforma laboral en discusión busca modificar aspectos centrales del régimen vigente, como los mecanismos de contratación, modalidades de despido y esquemas de litigiosidad. El SECLO, como instancia obligatoria de conciliación previa, es uno de los engranajes administrativos que estructura el sistema actual.

En ese marco, que edificios asociados a la estructura laboral hayan sido afectados por hechos delictivos en la misma semana adquiere una dimensión que excede el daño material. Aunque oficialmente no se atribuye responsabilidad a ningún sector, la coincidencia temporal con el debate parlamentario es mencionada en privado por diversas fuentes consultadas.

Por ahora, la investigación sobre el robo y los actos de vandalismo sigue su curso formal. En el Ministerio prefieren no adelantar conclusiones hasta contar con peritajes y registros de cámaras de seguridad.

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