POLITICA
Los gobernadores de Provincias Unidas se reunirán en Puerto Madryn con reclamos para incentivar al sector industrial
COMODORO RIVADAVIA.- Con una agenda de sello industrial y una lista de gestos políticos en bloque para demostrar “músculo político”, Puerto Madryn será el epicentro el próximo martes de un nuevo encuentro de Provincias Unidas. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres recibirá a Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Vidal (Santa Cruz) y se espera la confirmación de Claudio Sadir (Jujuy).
Más que una foto conjunta, el objetivo es dejar en claro que los mandatarios tienen capacidad de coordinación y que no están dispuestos a quedar atrapados en la grieta entre kirchnerismo y mileísmo. Se espera sumar a la lista de presentes al candidato a diputado nacional por Córdoba Juan Schiaretti.
El gesto de Provincias Unidas llega en un momento cargado de tensión. La Casa Rosada decidió limitar la vigencia de las “retenciones cero” a las exportaciones, una medida que encendió los reclamos de varias provincias productoras. Torres apuesta a poner sobre la mesa el malestar de Chubut frente a lo que considera un incumplimiento del Gobierno nacional: la promesa de eliminar los derechos de exportación al petróleo no convencional. “Se hicieron sacrificios locales, incluso con los gremios y Nación no cumplió”, insisten en su entorno.
El martes, Torres se subirá otra vez al reclamo: según aseguró, eliminar las retenciones a la exportación de petróleo apunta a completar el esquema de incentivos que ya generó la provincia, a través de la baja de regalías en determinadas áreas, para recuperar la actividad en una cuenca madura como San Jorge.
Por eso, Torres dice que Chubut ya hizo el esfuerzo y también lo hicieron los sindicatos del sector, al aceptar determinadas modificaciones en esquemas de trabajo y al pasar rubros remunerativos a no remunerativos, entre otras medidas acordadas para bajar costos de producción del sector. Según sostiene y en un contexto en el que todas las grandes inversiones son absorbidas por Vaca Muerta, la quita de retenciones al petróleo convencional significaría una mejora indirecta para el pecio del petróleo de Chubut en el mercado interno.
Comparativamente, producir un barril de petróleo en Vaca Muerta cuesta entre 5 y 7 dólares. En la cuenca San Jorge, dependiendo de las áreas, los costos de producción pueden ir desde los 40 a los 60 dólares. Con las políticas de incentivo buscarían acercar ese costo por debajo de los 30 dólares, ya que no se puede aspirar a igualar a Vaca Muerta, por razones vinculadas a su mayor productividad.
La jornada en Madryn pretende comenzar, según anticiparon los organizadores en Chubut, con una visita a la planta de Aluar. Se espera que los gobernadores recorran las instalaciones de Javier Madanes, dueño de la compañía y referente de un sector particularmente golpeado por los aranceles que Estados Unidos impuso a las importaciones.
En el armado de Provincias Unidas creen que Aluar sintetiza la narrativa que quieren instalar: industria nacional que reclama reglas claras para competir en el exterior y protección frente a decisiones externas.
La conferencia de prensa posterior, programada en el Hotel Rayentray, tendrá a Torres como anfitrión y a sus aliados. Estarán presentes la diputada Ana Clara Romero y el vicegobernador Gustavo Mena, referentes de Despierta Chubut, la fuerza con la que el mandatario competirá en las elecciones de octubre.
En el corto plazo, el espacio tiene previsto llevar su agenda a Jujuy y a la Ciudad de Buenos Aires, territorio del senador Martín Lousteau. No todos están de acuerdo con un encuentro porteño: mientras algunos confían en que la presencia de dirigentes con recorrido legislativo amplíe el espectro, otros advierten que el verdadero capital del espacio está en la gestión concreta de cada provincia.
En paralelo, circula la idea de extender la experiencia a nivel municipal. Algunos intendentes patagónicos ya tantean la posibilidad de conformar un bloque de “Ciudades Unidas” que replique, en escala local, la dinámica de los gobernadores.
En este contexto, Provincias Unidas enfrenta tres dilemas inmediatos. El primero, llegar fortalecidos a las elecciones de octubre y romper con la lógica de la polarización. El segundo, persuadir a gobernadores que hoy juegan en solitario para que se sumen al bloque: se mencionan los nombres de Marcelo Orrego (San Juan), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén). El tercero, construir volumen legislativo, en particular en el Senado, donde imaginan un interbloque que pueda aglutinar a radicales no alineados con La Libertad Avanza, Pro y peronistas no kirchneristas. Los más optimistas proyectan un grupo de hasta veinte senadores.
El entusiasmo, no obstante, convive con advertencias. Una incorporación equivocada, que termine respondiendo a acuerdos con la Casa Rosada, podría derivar en fracturas, reconocen puertas adentro. Para Torres, la reunión del martes es algo más que un encuentro institucional. Es la oportunidad de mostrarse como articulador de un frente que busca construir identidad propia y capitalizar el malestar con el Gobierno nacional.
Ana Tronfi,Conforme a
POLITICA
Anabel Fernández Sagasti aseguró que la reforma laboral “solo perjudica a laburantes y jubilados”
En una entrevista exclusiva para Infobae en vivo, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti calificó como “muy desprolijo” el tratamiento de la reforma laboral en el Senado. “Nos acaban de decir que hay nuevas modificaciones sobre las modificaciones. Loquísimo”, expresó al describir el clima de incertidumbre que prevalece en el recinto. Fernández Sagasti subrayó que el proyecto de ley, de 213 artículos, sigue cambiando incluso durante el debate: “No sabemos, hasta ahora, en qué consisten”.
En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, la legisladora mendocina puso el foco en la falta de transparencia sobre los textos que se someterán a votación. “Estamos tratando un proyecto que no conocemos en su versión final”, remarcó. Al referirse a la posible inclusión del traspaso de la Justicia Nacional Laboral dentro de la reforma, aseguró: “Va a entrar, totalmente inconstitucional”.
El impacto de la reforma laboral según Fernández Sagasti
Fernández Sagasti compartió su mirada crítica sobre el contenido y el proceso de la reforma: “A la hora de discutir el texto, artículo por artículo, nosotros podamos defender algunos derechos, como por ejemplo el estatuto del periodista, que creo que estamos muy cerca de poder salvarlo”. En ese sentido, denunció que “lo único que han empeorado en las modificaciones es lo que decíamos, los laburantes y los jubilados”. Argumentó que los gobernadores “salvaron su caja”, la CGT “prácticamente ha podido sostener casi todo lo que pedía” y los bancos “pudieron sostener todo lo que pedían”.
Consultada sobre artículos específicos, la senadora repasó avances en la negociación: “Introdujeron un artículo muy dañino que decía que si te enfermabas ibas a cobrar el 50% del básico. Eso parece que ya no está más, que logramos que lo sacaran, pero todavía no tenemos el texto”. Frente a la consulta de Aziz sobre si podía confirmarlo, precisó: “No lo puedo confirmar porque no tenemos lo último, pero mientras yo estaba argumentando en el recinto, el senador Richi me dijo que lo habían sacado”.
Al sintetizar el efecto de las últimas versiones del proyecto, Fernández Sagasti fue contundente: “Los únicos que pierden son los laburantes y los jubilados, porque el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) se constituye con los aportes que los patrones deberían hacer al fondo de la ANSES y ahora lo hacen para pagar indemnización”.
Debate sobre la formalidad y los trabajadores de plataformas
Malena de los Ríos le preguntó sobre el control estatal ante la alta informalidad laboral. La senadora hizo foco en el personal doméstico: “Con respecto a las trabajadoras de casa particular, que es una ley de nuestro Gobierno, ¿sabés lo que hacen? Le extienden el periodo de prueba. En vez de tres meses, seis meses. Eso es lo que hacen con el último eslabón de los trabajadores”.
Sobre los trabajadores de plataformas, Fernández Sagasti planteó: “Estoy totalmente convencida que los trabajadores de plataforma tienen que tener derechos y tienen que estar formalizados. Tienen que tener derecho a protegerlos de la desconexión que el algoritmo hace”. Sostuvo que la nueva legislación “reduce los derechos de todos los que tienen oportunidad de estar registrados, los trata de igualar con esos trabajadores que las plataformas dicen que no son empleadores”.
La senadora también advirtió sobre el modelo de disponibilidad permanente que, según ella, promueve la reforma: “Una de las principales características es la bolsa de trabajo, es que vos siempre estés a disposición de tu trabajo y no puedas ordenar tu vida”.
Litigiosidad, estatuto del viajante y el rol de las pymes
El debate se intensificó cuando Gustavo Lazzari, integrante del staff, planteó el problema de la litigiosidad y la situación de las pequeñas y medianas empresas. Fernández Sagasti replicó: “No tiene nada que ver con la litigiosidad esta ley. ¿Qué tiene que ver con la litigiosidad el curro del FAL? ¿Qué tiene que ver que el FAL sea administrado por empresas privadas?”.
Al discutir la definición de relación de dependencia y la supuesta aclaración de zonas grises, Fernández Sagasti insistió: “La relación de dependencia está totalmente definida en la ley laboral”. Lazzari retrucó con casos de juicios laborales a pymes y la abolición del estatuto del viajante, a lo que la senadora respondió: “Mi hermano es viajante y jamás hizo juicio absolutamente a nadie y trabaja muy bien. Lo que yo te quiero decir es que esta ley echa más sombra de lo que dice hacer, que utilizan la palabra modernización, la lucha contra la litigiosidad, pero esta ley no lo resuelve”.
La senadora enfatizó en el origen de la conflictividad laboral: “La mayor parte de la litigiosidad es con las ART, casi un 70%. ¿Esta ley lo trata? No, no lo trata”.
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anabel fernández sagasti
El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó sobreseer a Claudio “Chiqui” Tapia, a Pablo Toviggino y a otras autoridades de la AFA por no pagar impuestos a las ganancias, al valor agregado, retener aportes de jugadores y empleados y el presunto uso de facturas apócrifas, según la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El magistrado compartió el criterio del fiscal Claudio Navas Rial y de la ARCA, que entendieron que debía seguir adelante la investigación.
Tapia había pedido cerrar la causa en su contra al plantear una excepción por falta de acción, que es un recurso destinado a ser sobreseído por inexistencia de delito. Argumentó que normas del Ministerio de Economía eximían a las asociaciones sin fines de lucro de pagar y de ser ejecutadas, además del dictado de medidas cautelares, por lo que se encontraban eximidos de pagar esos tributos.
El organismo impositivo reclama a la AFA por presunta apropiación indebida de tributos y retención de aportes previsionales por más de $19.300 millones. ARCA sumó luego una denuncia por facturas falsas y proveedores inexistentes y elevó el monto a más de $375.000.000.
Pero ahora el juez entendió que hay una “insalvable contradicción” en el argumento de la defensa. “Resulta innegable que el único supuesto que autorizaría al fisco a iniciar un proceso de ejecución fiscal es, precisamente, la previa existencia de una deuda exigible y vencida”, dijo.
Y remarcó que si las deudas no habían vencido y no debían ser pagadas, “entonces deberíamos concluir que el presupuesto que autoriza al fisco a iniciar la ejecución fiscal tampoco estaría presente, de lo que se sigue inexorablemente que nada habría que suspender. Así, las resoluciones que disponían la suspensión de las ejecuciones fiscales carecerían de todo sentido”.
“Que el organismo recaudador haya recibido instrucciones para suspender transitoriamente el inicio de ejecuciones fiscales o la traba de medidas cautelares no implica, en modo alguno, que la obligación tributaria no se encontrara vencida, ni que el contribuyente se encontrara jurídicamente habilitado a omitir su ingreso”, escribió el juez.
Señaló que “no sólo los plazos para el depósito de los importes retenidos por la contribuyente efectivamente habían vencido, sino que los mismos eran exigibles”.
Además, el magistrado entendió que no puede avanzar una resolución administrativa del Ministerio de Economía sobre una ley que obliga al pago de tributos. “Cualquier interpretación que atribuya a resoluciones administrativas efectos desincriminantes o impeditivos de la acción penal deba ser descartada por incompatible con el orden constitucional de jerarquía normativa y con el principio de división de poderes”, mencionó el juez.
Con estos argumentos resolvió Amarante rechazar la excepción de falta de acción planteada por la defensa de Claudio Tapia y de la Asociación del Fútbol Argentino.
Hernán Cappiello,AFA,Claudio Chiqui Tapia,Conforme a,AFA,,El torneo comienza el viernes. La AFA definió cómo se televisarán los partidos de la Primera Nacional y cuánto habrá que pagar para verlos,,Un silencio que aturde,,Contra un dirigente de la CC. Un juez aceptó a “Chiqui” Tapia como querellante en una causa por extorsión
POLITICA
Tras la protesta en Santa Fe, Milei evalúa una recomposición salarial para las fuerzas de seguridad
El Gobierno esperará algunas horas y luego retirará los refuerzos que había enviado a Santa Fe por el conflicto policial. El gobernador Maximiliano Pullaro anunció un aumento salarial y eso permitió destrabar la protesta.
De todas formas, el Ejecutivo quedó en alerta por la situación de las fuerzas federales.
El operativo incluyó efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Gendarmería Nacional Argentina (GNA). Los efectivos pasaron a cubrir 16 zonas en Rosario y el Gran Rosario, cuando su presencia habitual en el marco del Plan Bandera se concentra en ocho sectores considerados “calientes” por los índices delictivos.
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Los refuerzos provinieron de unidades de reserva que ya estaban apostadas en Rosario. En Balcarce 50 reconocen que esos efectivos trabajaron con sobrecarga operativa y que recibirán dos días de descanso y el pago de horas extra una vez normalizada la situación. “Todas las unidades estuvieron en la calle”, expresan.
El conflicto encendió además alertas internas dentro del oficialismo. En la mesa chica del Presidente reconocen que la relación con las fuerzas de seguridad no atraviesa su mejor momento y que la situación salarial es “delicada”. En varios despachos oficiales ya hablan de un aumento en el mediano plazo, en línea con el esquema que se evalúa para las Fuerzas Armadas.
En distintos sectores del Gobierno aseguran que hay una recomposición salarial para las fuerzas en los planes, pero remarcan que depende del visto bueno de los equipos del Ministerio de Economía, que encabeza Luis Caputo. “Lo tenemos que hacer, pero necesitamos que nos aprueben los fondos”, agregan. Un suboficial de la PFA se encadenó la semana pasada a las rejas de la Casa Rosada y expuso sus quejas salariales.
La intención del Ejecutivo de comenzar a retirar el refuerzo en Santa Fe de forma progresiva se apoya sobre el compromiso del gobierno provincial de recomponer salarios junto con el retroceso de las sanciones administrativas y la mejora en los niveles de operatividad.
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En Balcarce 50 advierten que varios mandatarios provinciales se comunicaron con interlocutores nacionales ante el temor de un “efecto contagio” en otras jurisdicciones. El recuerdo de levantamientos policiales en distintas provincias sigue presente en el análisis del entorno del presidente. “No puede escalar”, remarcan.
Gobierno, Santa Fe, fuerzas federales
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