POLITICA
Los gobernadores impulsaron proyectos legislativos para aumentar sus recursos y redoblaron la presión sobre Milei
Los gobernadores provinciales pusieron en impasse las negociaciones con el Gobierno y concretaron, por medio de los senadores nacionales, las amenazas de que presentarían proyectos vinculados a mejorar los fondos coparticipables.
Después de una reunión por zoom, que incluyó a varios mandatarios y legisladores nacionales de diferentes fuerzas políticas, concluyeron en la necesidad de impulsar sendas iniciativas que llevan las firmas de José Mayans y Juliana Di Tullio (UxP), Fernando Salino (Convicción Federal), Eduardo Vischi y Martín Lousteau (UCR), Alfredo De Ángeli (PRO) y fuerzas provinciales, como Mónica Silva de Río Negro. Un amplio abanico que asegura su aprobación, en pocos días, tanto en la comisión como en el recinto del cuerpo que preside la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
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Las propuestas giran en torno a las conversaciones, hasta ahora fracasadas, con la jefatura de Gabinete: coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos y la regulación de los repartos de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional), creados en 1988 para contingencias extremas y excepcionales para las provincias.
La propuesta de los mandatarios, presentada por los senadores en la noche de ayer, establece la coparticipación, es decir, la distribución entre las provincias de recursos de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y lo recaudado del impuesto a los combustibles líquidos. Aspiran a disolver los fideicomisos del sistema de Infraestructura de Transporte y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, ambos creados en 2001 por el entonces presidente Fernando de la Rúa.
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Como así también del Sistema Vial integrado; el Fondo compensador del Transporte; el Fondo Nacional de la Vivienda; el Fondo especial del Desarrollo Eléctrico del interior.
De este modo, la norma estipula que los recursos en cuestión, con la excepción de los combustibles líquidos, serían distribuidos de acuerdo a la ley de Coparticipación: sería del 14,29% para el Tesoro Nacional y del 28,69% para el sistema único de Seguridad Social, para atender las obligaciones del sistema previsional nacional. El 2,55% se destinaría a la compensación del transporte público. Y el mayor porcentaje, el 57,02%, iría para las provincias.
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En relación a los ATN establece, en un proyecto específico, que la distribución será entre las provincias, en partes iguales del 25% de lo recaudado, y el 75% restante de acuerdo a lo que indica la ley de Coparticipación.
La integración financiera de los ATN se constituye con el equivalente al 1% de la masa coparticipable prevista por la Ley 23.548 (de 1988), con el 2% de la recaudación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y con el 1% del 90% de lo recaudado por el Impuesto a los Bienes Personales.
Destinados a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales, es el Ministerio del Interior el encargado de su asignación.
Las razones de los proyectos
En sus fundamentos, los senadores hacen referencia a que las iniciativas están basadas en las propuestas de los gobernadores y del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “En particular, proyecta la transferencia directa y automática de recursos que financian responsabilidades y funciones que han sido asumidas por las administraciones provinciales, en casos en forma compartida con los municipios de sus jurisdicciones. Son recursos con afectación específica que administra el Gobierno nacional, pero que no son propios. Ante ello surge indubitablemente que el cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales”.
“La decisión política de los gobernadores va en línea con nuestra prioridad como representantes de las provincias en el Senado, que es lograr el mayor ejercicio de federalismo que permita que los fondos que son de todos los argentinos vayan, directo a la salud, la educación y las rutas de los argentinos”, señalaron los senadores Fernando Salino, Carolina Moisés, Fernando Rejal y Guillermo Andrada de Convicción Federal.
Desde la Cámara de Diputados también se avalaron las iniciativas, el diputado Osvaldo Llancafilo (MPN), que responde al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, le dijo a TN que, “Neuquén en el esquema de percepción de recursos históricamente se ha visto perjudicada, recibe el 1.7% de recursos en concepto de coparticipación cuando al PBI del país le aporta el 4%. Es decir, de cada 100 pesos que la provincia incorpora al sistema de reparto nacional a Neuquén llegan 51 pesos”.
“Considerando además que el gobierno nacional eliminó, entre otros, el beneficio del Incentivo Docente, del cual se hizo cargo la provincia, o el financiamiento de obras ya en ejecución, es lógico que el gobierno provincial sea parte de un proyecto de ley donde se busque mejorar los ingresos debido a que Nación se ha retirado de ciertas prestaciones. Así es que respaldamos al gobernador Rolando Figueroa y el resto de los mandatarios provinciales en reasignar y transferir partidas relacionas a los ATN, Fondos Fiduciarios y parte de lo producido por el impuesto a la trasferencia de los combustibles”, adelantó Llancafilo.
Los pasos en el Senado
Las iniciativas deberán ser giradas desde la presidencia de la Cámara a la comisión cabecera del debate, a la de Coparticipación Federal de Impuestos, que encabeza el radical Víctor Zimmermann. Un senador de estrecho diálogo político con su gobernador del Chaco, Leandro Zdero. Podrían también ser giradas a otras comisiones como la de Presupuesto y Hacienda del libertario Ezequiel Atauche.
La cantidad de firmas y de espacios políticos que acompañan las iniciativas aseguran un rápido tratamiento en el Senado. Y a la vez indican una nueva presión para el gobierno de Javier Milei. La mesa de diálogo entre ellos no está cerrada y podría ampliarse a la Cámara alta.
Senado, Gobernadores, Coparticipación
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Tras las indagatorias, la causa contra «Chiqui» Tapia por evasión entra en etapa de definiciones y su situación podría complicarse
La causa judicial que investiga al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunta retención indebida de aportes de la seguridad social entró en una etapa decisiva. Concluidas las rondas de indagatorias y presentados los escritos de defensa, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante quedó en condiciones de resolver la situación procesal del máximo dirigente del fútbol argentino.
A partir de ahora, el magistrado tiene un plazo de diez días hábiles para definir si dicta el procesamiento de Tapia, lo sobresee o establece la falta de mérito. Son las tres alternativas previstas en esta instancia del expediente. Según pudo saber TN, las pruebas complican la situación del mandamás de la AFA y del tesorero Pablo Toviggino y el magistrado se inclinaría por procesarlos. La duda que persiste es si mantendrá la prohibición de que viajen al exterior.
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Tapia fue indagado en una causa que investiga una presunta retención indebida de aportes de la seguridad social por un monto de 19.300 millones de pesos. La acusación sostiene que la Asociación del Fútbol Argentino no pagó en tiempo y forma el Impuesto a las Ganancias, el IVA y los aportes previsionales durante un período que va desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.
Según lo establecido en la normativa vigente, el delito se configura cuando se vence el plazo para ingresar el impuesto y el pago no se realiza. En este caso, ese plazo es de 30 días desde que debieron efectuarse los aportes.
La investigación también determinó que durante ese período la AFA constituyó plazos fijos tanto en pesos como en dólares.
El planteo de la defensa de Tapia
Durante las indagatorias, los imputados presentaron escritos en los que argumentaron que no hubo incumplimiento. Según sostuvieron, existía una disposición de ARCA que impedía la ejecución fiscal de deudas impositivas en el caso de asociaciones civiles.
Desde esa perspectiva, afirmaron que no estaban obligados a cancelar esas obligaciones en ese momento.
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Además, la AFA sostuvo que la deuda ya fue regularizada. También señaló que hasta mitad de este año se mantienen vigentes resoluciones de ARCA y del Ministerio de Economía que impiden ejecutar deudas fiscales, por lo que —según su postura— la deuda no podía exigirse.
En ese contexto, desde la entidad argumentaron que existe una persecución. Señalaron que la denuncia impulsada por el Gobierno de Javier Milei se presentó en diciembre de 2025, mientras que el primer incumplimiento investigado se remonta a marzo de ese mismo año.
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El escrito presentado por el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, insistió en esa línea defensiva. “No existió ardid ni engaño alguno, sino una conducta ajustada a resoluciones administrativas dictadas en el marco de una política estatal de alivio y regularización fiscal”, afirmó. En el mismo documento agregó que “está ausente el elemento subjetivo requerido y no puede atribuirse voluntad criminal”.
Tanto Tapia como Toviggino solicitaron el sobreseimiento en la causa. Sin embargo, el juez Amarante rechazó ese pedido. La decisión ahora se encuentra bajo análisis de la Cámara en lo Penal Económico.
Los argumentos de ARCA
Del otro lado, el organismo recaudador ARCA sostiene que existió una apropiación indebida de tributos. Según su planteo, la AFA actuó como agente de retención: descontó impuestos y aportes previsionales que luego no ingresó al fisco en tiempo oportuno.
La acusación sostiene que la conducta se repitió durante 19 meses consecutivos, desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025. En total, ese período implicaría 69 hechos delictivos que concurren entre sí.
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Para ARCA, el delito se perfecciona cuando no se deposita el dinero retenido dentro del plazo de 30 días corridos. Además, remarcan que esos fondos no eran recursos propios de la AFA, sino dinero que correspondía a los contribuyentes a los que se les había practicado la retención.
En su presentación también señalaron que la entidad tenía capacidad para realizar esos pagos. Según los datos incorporados al expediente, durante el período investigado ingresaron a la AFA alrededor de 500 mil millones de pesos.
Chiqui Tapia, Claudio Tapia, ARCA, AFA
POLITICA
Récord de participación por la reforma de la Ley de Glaciares: más de 27.000 inscriptos para las audiencias públicas
El debate por la reforma de la Ley de Glaciares en Argentina registra un récord sin precedentes de participación, con más de 27.000 inscriptos en las audiencias públicas, lo que plantea desafíos logísticos y posterga los plazos legislativos habituales.
La demora en el tratamiento de la modificación de la Ley de Glaciares responde a la magnitud inédita de la inscripción ciudadana para intervenir en el proceso parlamentario. La dimensión de la convocatoria obliga a las autoridades a replantear los mecanismos organizativos y a los actores políticos a ajustar sus estrategias mientras se redefinen tiempos y formas de negociación.
Organización de las audiencias públicas y desafíos logísticos
El Congreso Nacional, a través de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, planificó dos jornadas de audiencias públicas, previstas para el miércoles 25 en modalidad presencial y el jueves 26 de manera virtual, según precisó en Infobae en Vivo Nacho Girón. La cifra de más de 27.000 personas anotadas para dar su opinión supera cualquier experiencia previa en procesos legislativos ambientales en Argentina.
Frente a esta magnitud, la organización enfrenta un reto concreto: administrar la intervención de tantos inscriptos en tan corto plazo. Como resultado, el oficialismo considera extender el cronograma y adaptar la estructura original de las audiencias, en un intento de permitir la participación efectiva y mantener la representatividad en el debate.
Este escenario forzará dilaciones que podrían retrasar la sanción de la ley y demanda la implementación de nuevos métodos para garantizar un desarrollo ordenado y equitativo del proceso.
Estrategias de los actores políticos y sociales frente a la reforma
El Gobierno nacional abrió las audiencias públicas para negociar con la oposición y sumar respaldo social a la iniciativa. Esta decisión alentó la inscripción de especialistas, organizaciones ambientalistas y ciudadanos de múltiples provincias.
Diversos sectores ambientalistas apelaron a una inscripción masiva para asegurar su voz en la discusión parlamentaria y defender la protección de los glaciares. De igual modo, gobernadores y fuerzas opositoras buscan incidir en los alcances de la reforma y proteger intereses regionales.
En este contexto, la administración de Javier Milei debe gestionar tanto la presión de la participación ciudadana como las demandas políticas del Congreso. La extensión de los plazos multiplica las oportunidades de renegociación sobre puntos clave de la ley.
Contexto y repercusiones de la reforma de la Ley de Glaciares
La Ley de Glaciares, aprobada en 2010, garantiza la protección de glaciares y ambientes periglaciares en Argentina, restringiendo actividades humanas y reservando estos espacios como fuentes estratégicas de agua. El proyecto de reforma busca modificar los límites legales y permitir, bajo ciertas condiciones, la instalación de industrias —especialmente mineras— cerca de áreas protegidas.
Mientras los promotores del desarrollo económico sostienen que estas modificaciones facilitarán nuevos emprendimientos productivos en la región andina, sectores ambientalistas alertan sobre el posible impacto sobre el recurso hídrico y los sistemas ecológicos.
La inédita participación social en el debate refuerza el carácter prioritario del tema en la agenda nacional y convierte al proceso en un caso excepcional en la historia legislativa argentina.
La masiva implicancia ciudadana en el tratamiento de la Ley de Glaciares redefine los estándares de participación y obliga a los cuerpos legislativos a innovar en la gestión de debates complejos. El sistema político, frente a este hito, deberá adecuar sus procedimientos para responder a una demanda social de mayor involucramiento en decisiones ambientales clave.
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