POLITICA
Los gobernadores peronistas se desmarcan de Cristina Kirchner y arman su propia estrategia para enfrentar a Milei
Los gobernadores peronistas decidieron llevar su propia relación con el presidente Javier Milei, más allá de los límites que imponga Cristina Kirchner desde San José 1111. Se trata de una nueva etapa que se abre tanto hacia la interna de la principal fuerza de oposición, como para los acuerdos de gobernabilidad que se puedan construir en el próximo Congreso.
Según pudo saber , los gobernadores del PJ y sus aliados históricos, incluso los que no son convocados al diálogo por Milei, decidieron jugar en equipo y cambiar la lógica que siguió el peronismo hasta el momento: ya no habrá un rechazo in limine a todas las iniciativas de la Casa Rosada, sino que se las debatirá y en todo caso se intentará modificarlas.
Ese es el acuerdo que alcanzaron Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) en una reunión en la ciudad de Buenos Aires, la semana pasada. El concepto es que se mantendrán “operativos” en el debate de las reformas.
De ese grupo, el que asoma la cabeza es el santiagueño Zamora. El gobernador y senador nacional electo recibió este viernes al ministro del Interior, Diego Santilli, luego de haber receptado las demandas de sus pares del norte argentino el día anterior. El juego político de Zamora parece definirse: será un opositor con perfil diferenciado del kirchnerismo.
A diferencia de ese espacio político, que no gobierna una provincia –en Buenos Aires Kicillof está cada vez más distante y en Santa Cruz perdió la hegemonía en 2023-, Zamora necesita mantener bajo su predominio a Santiago del Estero –le presentó a Santilli a su sucesor electo Elías Suárez-, con lo cual afronta una perspectiva distinta a la de la oposición dura.
Fuentes allegadas al santiagueño sostienen que no descarta iniciar un camino hacia una candidatura presidencial en 2027. En los últimos tiempos profundizó su relación con Leandro Santoro, quien fue candidato porteño sin el acompañamiento de Cristina. Al tiempo que los legisladores que le responden han sido funcionales, en contadas ocasiones, a los libertarios.
En el grupo de gobernadores del PJ, Kicillof es otro de los que tiene pretensiones de lanzarse a la carrera para desbancar a Milei, pero en su entorno tampoco descartan la posibilidad de que saltee un turno presidencial. En La Plata consideran que, tal vez, la oportunidad recaerá sobre algún dirigente del interior del país. El diagnóstico coincide con la crisis del PJ bonaerense.
Kicillof necesita forjar aliados más allá de los límites del kirchnerismo, como ya lo hizo en la provincia de Buenos Aires, donde se le acercaron intendentes enemistados con La Cámpora. En esa construcción política, que, sin embargo, no reniega de las ideas históricas de Cristina, el gobernador concibe a la unión de las provincias del PJ como una plataforma indispensable.
El pampeano Ziliotto, que desde el 10 de diciembre contará con tres diputados y un senador nacional, se mueve con una estrategia que tiene como eje “anteponer los intereses” de la provincia. Es decir, si en algún tema tuviera que votar de una manera diferente a Fuerza Patria, así lo ordenará. Aunque no emite ninguna señal de que vaya a romper los bloques peronistas.
Hace poco menos de un año, Ziliotto firmó con el ministro de Economía, Luis Caputo, un acta de intención vinculada al Régimen de Extinción de Obligaciones recíprocas que promovió el Estado Nacional y al que La Pampa adhirió. “Siempre hay disposición al diálogo -subrayan desde su entorno-. No hay un alineamiento a libro cerrado con las posiciones de Cristina Kirchner”.
El riojano Quintela estuvo reunido con la expresidenta -a quien quiso enfrentar en la interna del peronismo- pero después mantuvo un encuentro con la vicepresidenta Victoria Villarruel, a la que lo acompañó la senadora nacional Florencia López. Al Gobernador responde Fernando Rejal, senador que integra el bloque Convicción Federal junto con Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moises (Jujuy) y Fernando Salino (San Luis).
Según pudo averiguar , Quintela le planteó a Cristina Kirchner su disposición a “salir a caminar la Argentina”, otra vez, para rearmar el peronismo. Obviamente, si avanzara en ese esquema será también para tener juego propio y no para responder en todo a la exmandataria.
El fueguino Melella y el formoseño de Insfrán son -aunque con perfiles bien diferentes- los más alineados con Cristina Kirchner. En el primer caso, durante el cierre de campaña para las elecciones legislativas, incluso se transmitió un mensaje de la expresidenta. Mientras que Insfrán tiene al senador José Mayans -vice de Cristina en el PJ- como su mano derecha en el Congreso.
Fuentes allegadas a los mandatarios peronistas plantearon que Cristina intentó mostrar una “apertura” a la agenda que urge a los gobernadores con la decisión de recibir a Quintela y también al diputado tucumano Pablo Yedlin, que fue apenas después de que el gobernador Osvaldo Jaldo anunciara que un legislador electo por Fuerza Patria (Javier Noguera) se sumará a su propio bloque, Independencia.
“La agenda de los gobernadores es nuestra agenda”, resumió un dirigente de contacto frecuente con los mandatarios del PJ y afines, como Zamora, que pidió por el regreso de la obra pública nacional y mantuvo los reclamos por el reparto del impuesto a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que la Casa Rosada y Economía se quedaron en 2024 y 2025.
este viernes,Mariano Spezzapria,Gabriela Origlia,Coparticipación,Congreso Nacional,Conforme a,,»No está en los planes». El Gobierno por ahora elige el silencio frente al escándalo de la AFA y niega una intervención,,En busca de apoyos. Santilli se reunió en Santiago del Estero con el gobernador Zamora para intentar un acuerdo político,,Adoctrinamiento para 746 dirigentes. Karina Milei arranca la fase de “maduración” libertaria con ocho horas de talleres frente a la playa Bristol,Coparticipación,,Sin acuerdo. Jorge Macri le llevó a Luis Caputo el reclamo por los fondos de la coparticipación de la Ciudad,,La negociación por el presupuesto. Los gobernadores le reclaman a Milei y Caputo $645.275 millones de ATN sin repartir,,Disparidad de recursos. La Ciudad de Buenos Aires recauda 14 veces más por habitante que Santiago del Estero
POLITICA
El abogado que redactó la reforma laboral cuestionó la competencia del juez que suspendió 83 artículos de la ley
En una entrevista exclusiva con Julián De Diego por Infobae al Regreso, el abogado laboralista que participó en la redacción de la reforma laboral sostuvo que la medida cautelar dictada por la Justicia no cuenta con un hecho concreto que justifique su aplicación y anticipó que será apelada.
Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, De Diego remarcó la naturaleza abstracta de la acción iniciada por la CGT y los problemas de jurisdicción que, desde su perspectiva, afectan la validez de la resolución.
El análisis de De Diego sobre la competencia judicial en la reforma laboral
“La acción es de la CGT contra el Estado nacional. No es una acción contra la Unión Industrial ni contra la actividad privada. Por lo tanto, la justicia competente es la justicia contenciosa administrativa cuando el Estado es parte”, afirmó De Diego al explicar el punto de partida del conflicto. Desde su experiencia como redactor de la norma, subrayó: “El juez que falló, en rigor, no es competente”.
En la conversación, detalló que el magistrado justificó su intervención “por razón de la especialidad”, al tratarse de un asunto laboral, aunque para De Diego esto no corresponde porque la demanda tiene como único destinatario al Estado, responsable de la sanción y publicación de la ley. “El juez habla de que por la especialidad se tiene que involucrar y no quiere prejuzgar, y después prejuzga porque analiza uno por uno todos los artículos”, sentenció.
Además, el abogado criticó que la resolución haya avanzado sobre la constitucionalidad de 83 artículos impugnados, “cuando la cautelar debería limitarse a evitar daños irreparables y no a dictar juicio sobre el fondo”.
Medida cautelar, daños concretos y la posición del Gobierno
De Diego también respondió sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo recuse al juez, en función de sus antecedentes laborales y supuesta falta de imparcialidad. “No conozco las razones de imparcialidad que mencionan, pero el contenido de la resolución tiene muchas contradicciones y mecanismos de sesgo”, manifestó.
Planteó que la decisión judicial se dictó “in abstracto”, sin casos concretos de trabajadores afectados por la reforma: “Ninguno de los artículos está siendo impugnado por efecto de una aplicación injusta o arbitraria que comprometa derechos constitucionales”. Por eso, calificó la medida como una expresión genérica que no satisface el requisito de daño irreparable que exige la ley.
Frente a la pregunta sobre la diferencia entre demandas individuales y acciones institucionales, precisó: “Si un trabajador demanda a su empleador por horas extras en virtud de la reforma laboral, interviene un juez laboral. Si la demanda es de la CGT contra el Estado, corresponde la justicia administrativa federal”.
El futuro de la cautelar y el impacto en la reforma laboral
Respecto al futuro del caso, De Diego anticipó: “Esta medida cautelar va a ser apelada. El otro problema es si tiene efecto inmediato o diferido. La cámara, al apelar, puede decir: ‘Como esto tiene tanta incidencia sobre el mundo real, el efecto se va a diferir al momento que se dicte la sentencia’”.
Sostuvo que si la cámara decide ese efecto diferido, los 83 artículos suspendidos podrían seguir aplicándose hasta que exista una sentencia definitiva. “Cuando se pueda hacer un verdadero planteo de constitucionalidad será cuando un hecho concreto genere una decisión que lesione derechos fundamentales a un trabajador”, concluyó.
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POLITICA
El oficialismo confirmó a Lemoine para presidir la Comisión de Juicio Político y bloquear los intentos de remoción contra Milei
Frente al avance de la causa $LIBRA, el oficialismo confirmó a Lilia Lemoine, una de sus más fieles lugartenientes, para que presida la Comisión de Juicio Político y, eventualmente, bloquee los intentos de remoción contra el presidente Javier Milei o sus ministros.
La Comisión de Juicio Político es una más sensibles de la Cámara de Diputados, ya que es la encargada de darle impulso -si sus miembros así lo resuelven- al proceso de enjuiciamiento contra el presidente de la Nación, sus ministros y los jueces de la Corte Suprema por mal desempeño en sus funciones u otras causales. De allí el interés de todos los oficialismos de comandar esta comisión con un legislador de confianza y controlar su mayoría para bloquear cualquier intento de remoción.
Los libertarios confirmaron para esta misión a Lemoine, una de las diputadas más aguerridas del bloque. La comisión se constituirá este martes por la tarde y todo indica que será una primera reunión caliente. No solo por el perfil de su nueva presidenta, sino porque la oposición también eligió a sus espadas más combativas para integrarla y agitarán la causa $LIBRA para incomodar al oficialismo.
“Creo que la candidatura de Lilia Lemoine, más allá de que se trata de una presidencia que le corresponde al oficialismo, expone con claridad el momento que atraviesa el Gobierno frente a causas especialmente sensibles, como Andis y el caso $LIBRA. Los libertarios solo buscan soldados leales, y Lemoine lo es a los objetivos de los Milei”, afirmó Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien fuera el presidente de la comisión investigadora del caso $LIBRA y ahora integrará la Comisión de Juicio Político.
Si bien la investigación sobre la presunta estafa cometida con la criptomoneda $LIBRA avanza con nuevas revelaciones, la oposición decidió que por ahora no presentará un pedido de enjuiciamiento contra el presidente Milei. Pese a que están convencidos de que su figura fue clave para que la maniobra se consumase, los opositores quieren evitar que el proyecto sea rechazado in limine, sin siquiera habilitar su tratamiento, por la Comisión de Juicio Político bajo el control de Lemoine.
“Vamos a esperar a reunir nuevos elementos probatorios y, cuando los tiempos políticos sean más propicios, recién entonces presentaríamos el pedido de juicio político”, deslizan.
Por de pronto, los opositores enviarán a sus soldados más combativos a la comisión. De Unión por la Patria, por caso, estarán representados Juan Grabois, Teresa García, Ramiro Gutiérrez, Juan Marino, Paula Penacca, Eduardo Valdez y Cecilia Moreau.
Ese bloque ya formuló dos pedidos de juicio político contra el presidente Milei; el último de ellos lo presentó el diputado Marino en febrero pasado luego de que el primer mandatario reivindicara la operación que impulsó Donald Trump en Venezuela para desplazar al presidente Nicolás Maduro y llevarlo a tierra norteamericana para su juzgamiento.
Desde que Milei asumió la presidencia, la Comisión de Juicio Político nunca funcionó. Si bien se integró, la designación de autoridades quedó trabada luego de que el oficialismo impulsara inicialmente a Marcela Pagano para presidirla y, posteriormente, su postulación fuera objetada por el propio entorno presidencial. El conflicto derivó en un enredo administrativo que nunca se resolvió.
Menem intentó desconocer la integración de Pagano al sostener que su incorporación no se había formalizado, una interpretación que fue rechazada por la mayoría de los integrantes de la comisión. La disputa terminó favoreciendo al oficialismo y el cuerpo nunca se puso en funcionamiento.
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POLITICA
El hijo de Rosatti está entre los pliegos que envió el Gobierno para cubrir las vacantes en la Justicia
El Gobierno dio el primer paso para cubrir vacantes en la Justicia y envió a la Secretaría Legal y Técnica un paquete inicial de 45 pliegos de candidatos a jueces, fiscales y defensores oficiales divididos en dos tandas. Tras la revisión formal y la firma del presidente Javier Milei, los nombres serán remitidos al Senado para su aprobación.
La nómina fue elevada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Se trata de la primera tanda dentro de un universo de 313 pliegos acumulados.
Entre los nombres que integran el listado sobresale el de Emilio Rosatti, propuesto para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Es hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que además encabeza el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar a los candidatos.
Desde el entorno del titular del máximo tribunal aclararon a Clarín que no participó de la votación de esa terna en el Consejo, que fue aprobada por unanimidad. También destacaron que Emilio Rosatti tiene carrera propia en el Poder Judicial y formación especializada en derecho penal.
El envío de los pliegos había sido anticipado la semana pasada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la presión por la cobertura de vacantes judiciales.
La mayoría de los cargos corresponde a la provincia de Buenos Aires y al fuero correccional de la Ciudad. Entre ellos hay puestos en tribunales orales federales, cámaras de apelaciones y juzgados nacionales. También se incluyeron cargos en el fuero civil y en la Cámara Federal de la Seguridad Social.
En detalle, figuran posiciones para el Tribunal Oral Federal de Formosa, la Cámara en lo Criminal Federal de La Plata, la Cámara Penal Económica, la Cámara Correccional porteña y distintos juzgados nacionales en lo criminal y correccional. Además, se incorporó un cargo de fiscal en el fuero penal económico y una defensora oficial.
El proceso continuará ahora en el Senado, donde los candidatos deberán pasar por la Comisión de Acuerdos antes de ser votados en el recinto. A diferencia de los jueces de la Corte Suprema, estos nombramientos requieren mayoría simple.
El movimiento del Gobierno busca empezar a reducir el alto nivel de vacantes en el sistema judicial. Actualmente, el 36,5% de los cargos está sin cubrir y en la Corte advierten que podría llegar al 42% en los próximos meses si no se acelera el proceso.
La situación es aún más crítica en el Ministerio Público Fiscal, donde casi la mitad de los cargos están vacantes. Sin embargo, en este primer envío solo se incluyó un puesto para ese organismo.
En el Gobierno sostienen que la cobertura de cargos judiciales es una prioridad y una de las principales urgencias de la gestión, en un contexto de fuerte atraso en las designaciones y creciente presión institucional por el funcionamiento del sistema.
Horacio Rosatti
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