POLITICA
Los gobernadores vuelven a la carga por la obra pública en medio de la negociación por la reforma laboral
CÓRDOBA.- Desde que empezó sus reuniones con los gobernadores, primero por el presupuesto 2026 y en estos días por el proyecto de reforma laboral, el ministro del Interior, Diego Santilli, escucha sus reclamos por la falta de respuesta del Gobierno nacional en materia de obras públicas. Cada mandatario hace su planteo, pero la base de la coincidencia es que, desde la asunción de Javier Milei hay una fuerte caída en las partidas de Inversión Real Directa (IRD) y de transferencias de capital de Nación a provincias.
En las negociaciones por la reforma laboral, los gobernadores apoyan la necesidad de cambios a la vez que rechazan el fuerte impacto que tendrá en la coparticipación las modificaciones en Ganancias que incluye el proyecto. En ese contexto, ratifican la necesidad de que la Casa Rosada atienda el mantenimiento de rutas nacionales y retome la ejecución de infraestructura que consideran claves para la competitividad.
Fuentes del Ministerio del Interior confiaron a que Santilli traslada estos planteos tanto a la mesa política como al ministro de Economía, Luis Caputo. Un reporte de la Asociación Argentina de Presupuesto (Asap) da cuenta de que, si bien la IRD muestra una recuperación nominal del 27,5% interanual, en términos de PBI (0,32%) sigue siendo insuficiente para el mantenimiento de la infraestructura. El gasto de capital total se estima en $3,286 billones, un aumento del 32% interanual, pero representa una caída real si se considera la ejecución de 2025.
“La provincia se hizo cargo de obras nacionales que se están haciendo y, si nosotros estamos cumpliendo, queremos que también Nación cumpla”, dijo el salteño Gustavo Sáenz después del encuentro con Santilli. Ese grupo de obras, sostuvo, incluye rutas estratégicas como la 9, la 34 y la 51, los puentes sobre el río Vaqueros, plantas depuradoras en la zona sur de la ciudad de Salta y en Cafayate, la escuela técnica de General Güemes y la Ciudad Judicial de Orán.
En 2024, Sáenz fue de los primeros gobernadores en firmar los convenios por los que Nación les traspasó obras inconclusas. Ese año, según el informe de Jefatura de Gabinete al Congreso, se transfirieron 278 a provincias y municipios por unos $63.000 millones.
A cambio, la Casa Rosada se comprometió a ejecutar “obras estratégicas con alto grado de avance” según “disponibilidad presupuestaria”. Sobre ese punto es el planteo de los mandatarios. El año pasado las legislaturas provinciales siguieron aprobando esos acuerdos; en total, unos 20 distritos tienen convenios cerrados.
También hay insistencia ante la Nación por las demoras en pagar los certificados de obras, lo que impacta en la velocidad de ejecución.
Antes de la votación del presupuesto en el Congreso, el santafesino Maximiliano Pullaro —quien no se ha reunido todavía con Santilli— advirtió: “No me puedo sentar a dialogar hasta que la Nación no reconozca lo que le debe a la provincia”. En esa lista, Pullaro incluyó la demanda por el financiamiento a la Caja de Jubilaciones no transferida y “las obras que se comprometió el exministro Guillermo Francos cuando firmamos el Pacto de Mayo. Sin embargo, comenzaron muy pocas. En términos generales incumplieron: no nos repararon rutas, pedimos que nos las pasen para arreglarlas y tampoco lo hicieron”.
Incluso el tucumano Osvaldo Jaldo, un peronista dialoguista desde el arranque de la gestión libertaria, el miércoles pasado reclamó a la Nación los fondos coparticipables “que le corresponden” a su provincia. “Nos quitaron incentivos docentes, conectividad, subsidios al transporte. Bajó el consumo, bajó el IVA, cada vez recaudamos menos y cada vez hay menos coparticipación para las provincias”, enumeró y agregó un reclamo de deuda por el PAMI.
“¿A dónde nos quieren llevar con esta política económica que no reactiva el consumo? A la gente cada vez le alcanza menos y las provincias cada vez reciben menos recursos”, cuestionó el tucumano, y aclaró que no exige pagos inmediatos, pero sí previsibilidad.
Marcelo Capello, economista del Ieral de la Fundación Mediterránea, analizó la evolución de la IRD desde 2015 hasta el año pasado. En ese período, solo los años de arranque de la serie mostraron niveles de 1,1% y 1% del PBI, después cayó a 0,9% en 2017; 0,6% en 2018 y 2019; durante la pandemia se mantuvo en 0,5% y 0,8% para volver a 0,8% y 0,9% en los dos últimos años de la administración de Alberto Fernández. En los dos primeros de la gestión Milei fue del 0,3%, el nivel más bajo de la serie.
También puso la lupa, siempre con datos oficiales, sobre las transferencias de capital a provincias, las que registraron su pico en 2015 con 1,2% para tocar el piso en los dos últimos años. El promedio de ambos componentes en la década observada es de 1,16% del Producto, tanto el 2024 como el 2025 están significativamente por debajo, con 0,4% y 0,3% respectivamente.
Desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional -área del Gobierno que volvería a depender de la Secretaría de Transporte- divulgaron un informe que señala que, “al menos 60% de la Red Vial Nacional se encuentra en estado regular o malo, con mediciones parciales y desactualizadas. Proyecciones conservadoras indican que el deterioro real podría alcanzar al 65% y un 70% de la red, afectando rutas estratégicas en todas las provincias».
El año pasado los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño impulsaron una nueva distribución del impuesto a los combustibles ya que Nación no está ejecutando la asignación específica para mantenimiento de rutas.
Esta semana el neuquino Rolando Figueroa -quien estuvo con Santilli- volvió sobre el tema: “En cada litro de nafta que pagamos, el 28% son impuestos nacionales y el 10% es impuesto a los combustibles líquidos, que requiere una afectación específica de impuesto. Qué diferentes serían los números si a nosotros nos coparticiparan parte de esos impuestos a los combustibles líquidos, para poder hacer estas obras de infraestructura importante de la provincia de Neuquén”.
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El Gobierno oficializó este lunes la salida del exfiscal Paulo “Paul” Starc al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), al que había llegado tras la salida del primer titular del organismo de la era libertaria, Ignacio Yacobucci. En el mapa libertario, Starc era un hombre cercano al asesor presidencial, Santiago Caputo.
Su desvinculación se oficializó la semana pasada a través de un comunicado del Gobierno, y previamente había sido confirmada a por fuentes confiables.
Menos de un año después de su designación, el Poder Ejecutivo firmó su renuncia a través del Decreto 45/2026 y le agradeció por los servicios prestados durante su paso por el organismo.
Starc había sido elegido en enero de 2025, tras la salida de Yacobucci, pero el Poder Ejecutivo efectivizó su nombramiento en abril pasado, tras la audiencia pública para que arribe al cargo, realizada el 17 de marzo de ese mismo año.
Tras conocerse la salida de Starc desde el Ministerio de Justicia anunciaron que su reemplazante será Ernesto Gaspari, y sostuvieron que Starc se fue “por razones personales”, al tiempo que le agradecieron por su desempeño en el organismo.
Asimismo, el Gobierno aceptó la renuncia de Luis Pierrini como secretario de Transporte y designó en su lugar a Fernando Herrmann, quien asumió el cargo a partir del 22 de enero de 2026. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 47/2026 del Ministerio de Economía, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La medida oficializó un cambio que ya había sido anticipado la semana pasada, cuando se conoció la salida de Pierrini mediante un comunicado oficial del Gobierno. La norma dispuso la aceptación de la renuncia presentada por el funcionario y expresó el agradecimiento del Poder Ejecutivo por los servicios prestados durante su gestión, al tiempo que confirmó la designación de su reemplazante en la Secretaría de Transporte, un área clave dentro de la estructura económica del Gobierno.
El nuevo secretario de Transporte, Fernando Augusto Herrmann, es arquitecto, con orientación en sistemas constructivos especiales, y egresado de la Universidad de Belgrano. Además, cuenta con un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE), una formación que combina perfiles técnicos y de gestión.
De acuerdo con la información oficial difundida por el Gobierno al anunciar el cambio de autoridades, Herrmann posee una trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión en el sector. A lo largo de su carrera también se desempeñó como docente en distintas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).
La salida de Pierrini se produjo en un contexto de tensión dentro del sector del transporte. Días antes de que se comunicara su salida del cargo, había informado sobre un conflicto entre empresas de colectivos por el reparto de los subsidios estatales, una disputa que expuso diferencias internas y reclamos cruzados dentro del sistema de transporte automotor.
En línea con los cambios que lleva adelante el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Energía aceptó la renuncia de Carlos Alberto María Casares del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y designó a su nuevo interventor, Marcelo Alejandro Nachon, a través de la Resolución 18/2026.
En su carta de dimisión, el ahora exfuncionario declaró que la administración libertaria lo considera “prescindible”.
Y es que en julio del año pasado, el Poder Ejecutivo dio inicio formal a la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrge), que reemplazará en los próximos meses a los actuales entes de control, Enargas y ENRE, y asumirá todas las funciones bajo una única estructura.
Esta situación explica el paso al costado de Casares, que estaba entre los candidatos para asumir como titular del Enrge, pero finalmente el Gobierno se decidió por el actual interventor en el ENRE, Marcelo Lamboglia.
La designación de Nachon tendrá validez en las condiciones y en el plazo previsto en el Artículo 2° del Decreto N°370, de fecha 30 de mayo de 2025, que extendió el estado de intervención del organismo hasta el 9 de julio de 2026 o hasta que se conforme el directorio definitivo.
Por último, el Poder Ejecutivo avanzó con otra modificación en el área de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), al aceptar la renuncia de su actual titular, Pablo Luis Santos. En su lugar asumirá el abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux.
Así quedó formalizado a través del decreto 33/2026, que lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro Diego Santilli. “Agradécense al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”, indicaron.
había sido confirmada a LA NACION,Decreto 45/2026,efectivizó su nombramiento en abril pasado,Decreto 47/2026 del Ministerio de Economía,,LA NACION,Resolución 18/2026.,decreto 33/2026,,Boletín Oficial,Transporte,Conforme a,,»Terminar con algo que está terminado». D’Elía lanzó una crítica a Cristina Kirchner y llamó a votar por Kicillof,,»Tour de la gratitud». Milei llega este lunes a Mar del Plata y el martes habla en La Derecha Fest,,Reforma laboral. El oficialismo reactiva las negociaciones en el Senado para aprobar el proyecto a mediados de febrero,Boletín Oficial,,»Ilegítimo». La Anmat prohibió en todo el país un alcohol sanitizante por irregularidades sanitarias,,Irregularidades en la inscripción. La Anmat prohibió la venta de una serie de productos de limpieza y cuidado personal,,Tras reclamos del sector. El Gobierno eliminó un aporte que pagaban las empresas radicadas en Tierra del Fuego
Desde que asumió como jueza, en 2005, Patricia Susana Guichandut recibió dos denuncias por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura, en 2010 y en 2015. En ambos casos, el pleno del organismo desestimó las presentaciones. Infobae tuvo acceso a las denuncias y a los argumentos de los consejeros que votaron a su favor.
La jueza fue blanco de las criticas del presidente Mauricio Macri y del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta por su actuación en el caso de un motochorro colombiano. A pesar de la contundencia de la respuesta oficial, en el Gobierno aseguran que no es una jueza “zaffaroniana” y advierten que hay que poner el foco en la actuación de la fiscal, que impulsó la probation.
La primera denuncia contra Guichandut -que proviene del fuero correccional- fue presentada por Miguel Ángel Rafael Dapueto de Ferrari: la acusó de desestimar en tiempo récord una querella por injurias contra un juez del fuero laboral. El denunciante intentó en otro juzgado, pero la causa volvió a Guichandut, que por entonces estaba a cargo del Juzgado Nacional en lo Correccional N° 13.
Para el denunciante, la jueza había violado «en forma flagrante lo normado por el art. 418 último párrafo apartado in fine, en perjuicio [suyo] como querellante, y en beneficio (…) del Juez colega de la ahora denunciada».
La presentación fue evaluada por la Comisión de Disciplina y luego desestimada in límine (sin una investigación previa) por el plenario del Consejo. La resolución, del 11 de noviembre de 2010, destaca que la denuncia solo expresaba una “disconformidad” con las decisiones adoptadas por Guichandut en el marco de los expedientes 25.795/2009, 1097/2010 y 26.066.
“La valoración de los criterios de interpretación normativa o probatoria que los magistrados incorporan a sus resoluciones se encuentran por fuera de la competencia asignada a este Consejo de la Magistratura y solo son susceptibles de revisión a través de los canales recursivos que el ordenamiento procesal prevé“, argumentó en ese caso el plenario bajo la presidencia de Luis María Cabral.
La jueza Guichandut fue cuestionada esta mañana por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta luego de liberar a un motochorro colombiano a cambio de pagar 700 pesos en concepto de “reparación del daño” a la víctima. El motochorro, identificado como Jair Stevens Jurado Mora, le había robado el celular a una joven de 18 años en Avenida La Plata al 100.
Guichandut tuvo otra denuncia por mal desempeño: fue realizada en 2015 por Jorge Omar Cao, que fue sobreseído en una causa por lesiones leves tras una discusión con dos agentes de la AFIP en un restaurante ubicado en Salguero y Mansilla. El denunciante argumentó que la jueza no valoró una serie de pruebas presentadas por su defensa y omitió realizar otras que lo hubieran beneficiado.
Al momento de realizar su descargo, la jueza sostuvo que la causa se demoró por las “múltiples y reiteradas presentaciones” de la defensa de Cao. “De los ocho cuerpos que conforman la causa, alrededor de dos de ellos están compuestos por presentación del Sr. Cao”, se quejó la jueza. Y destacó que la instrucción estuvo delegada en la Fiscalía.
El 10 de septiembre de 2015, el plenario del Consejo, bajo la presidencia de la jueza Gabriela Vázquez, desestimó la denuncia. La resolución tuvo en cuenta que el denunciante tuvo a su disposición todas las medidas procesales para defenderse y que solo expresó “discrepancias” con la magistrada.
Siete años después de publicada la nota (enero de 2026) uno de los involucrados pidió derecho a réplica, a continuación su descargo: “Se omitió en la nota que estoy sobreseído desde 2017 en el expediente citado, según consta en las actuaciones judiciales. Actualmente continúo presentando recursos con el fin de que se anulen las decisiones adoptadas por el Juzgado de Instrucción, ya que solicito que las actuaciones sean reiniciadas debido a la ausencia de una investigación imparcial. Según el expediente 27743/12 ante el Juzgado Correccional 13, los funcionarios involucrados reconocieron que se acercaron a mi vehículo “golpeando e insultando”, un hecho que elimina la posibilidad de que existiera una discusión, ya que los propios testimonios suponen un abordaje agresivo hacia mi persona y mis bienes. El incidente no tuvo lugar dentro de un restaurante. Así lo verifican varios testigos presentados durante el juicio, quienes nunca fueron convocados a declarar. Respecto al informe publicado, se indica erróneamente que “Cao aseguró que Guichandut se negó a realizar una pericia sobre el auto (que habría sufrido daños) y que omitió un informe del médico legista”. Lo cierto es que esto se desprende del contenido del expediente: los agresores reconocen los ataques, se omitió la valoración del informe oficial realizado por el médico legista y se admitieron “certificados de reposo emitidos por una clínica privada, sin ningún estudio complementario”, lo que impidió una correcta consideración de lo sucedido».
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este lunes que en el temario de sesiones extraordinarias, se incluirá el proyecto de ley Penal Juvenil, que busca la baja de la edad de imputabilidad de quienes cometen delitos.
En la Argentina, la edad de imputabilidad penal es de 16 años y la gestión libertaria pretendería bajarla a 14.
Las sesiones extraordinarias comenzarán el próximo lunes y entre los temas que se tratarán están la reforma laboral, la ley de Glaciares, pliegos para cubrir embajadas y el acuerdo Unión Europea- Mercosur, pese a estar frenado en la justicia europea. Aunque, tras el anuncio de este lunes, no se descartaría incluir más temáticas, según deslizaron fuentes oficiales.
En la reunión de hoy estuvieron, además de Adorni, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara Baja, Martín Menen; el asesor Santiago Caputo; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el de Economía, Luis Caputo y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
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