POLITICA
Los lazos entre el AFAgate y dos sociedades anónimas deportivas que operaron en el club de los Grondona
La discusión por el desembarco de las sociedades anónimas deportivas (SAD) en el fútbol local tuvo un primer capítulo hasta ahora desconocido. Dos empresas que manejó la mano derecha de Pablo Toviggino, el tesorero de la Asociación Argentina del Fútbol Argentino (AFA), gerenciaron Arsenal de Sarandí, el club de los Grondona, desde 2019. Aunque públicamente Claudio “Chiqui” Tapia defiende la autonomía de los clubes, sus aliados se quedaron con los derechos económicos de las instituciones e hicieron negocios, según pudo reconstruir a partir de contratos, cartas y otros documentos revisados.
Las sociedades cuyos negocios se entrelazaron con clubes de fútbol son Malte SRL, una de las firmas involucradas en la trama de la mansión de Pilar, y Recomi SA. Ambas compañías comparten un nombre propio: el exmiembro del Consejo Federal de la AFA Juan Pablo Beacon, quien supo tejer un vínculo de confianza con Toviggino. La relación comenzó a desgastarse en los últimos meses, mientras la AFA empezaba a ser nombrada en distintas investigaciones.
Beacon administraba estas sociedades. Fue accionista de Malte entre mayo de 2021 y mayo de 2022 y, por lo menos hasta el pasado 5 de diciembre, todavía tenía acciones de Recomi, firma a la que desembarcó en junio de 2022, según documentos judiciales y comerciales. Toviggino estaba al tanto del día a día de estas empresas, según pudo reconstruir .
Como dos caras de una misma moneda, Malte y Recomi hicieron negocios con la AFA. El 27 de enero de 2022, Malte le facturó $4,8 millones por 3000 test de coronavirus para la Liga Profesional, según los documentos que obtuvo este diario y que cotejó con fuentes fiscales. Por su parte, Recomi le emitió dos facturas a la AFA. La primera fue el 8 de agosto de ese año, por $544.500, y la segunda, del 5 de septiembre siguiente, por el mismo monto. “Servicio de asesoramiento”, se lee en el detalle del producto/servicio comercializado.
contactó a representantes de la AFA, quienes no respondieron las consultas al momento de esta publicación. También intentó hablar con Beacon y la familia Grondona, pero tampoco obtuvo respuesta.
El radio de influencia de Malte y Recomi se expandió a otros equipos del Ascenso. Entre ellos se encuentran Arsenal, de Sarandí, actualmente presidido por Lara Grondona (nieta del expresidente de AFA), pero también Sol de Mayo (Río Negro) y Estudiantes de Río Cuarto.
Las empresas de Beacon se ocupaban de la gestión del fútbol profesional y, para eso, recibían ingresos de los clubes, que incluían desde los pagos por la televisación, el pase de jugadores, los sponsors de las camisetas o el alquiler del estadio, entre otros. Toviggino solía estar al tanto de algunos de estos movimientos.
Si bien Beacon ingresó como accionista de Malte en 2021, su relación con la firma se retrotrae a 2018, cuando era accionista Carlos Bruno Seguel, un hombre que participa en otras sociedades junto con el exmiembro de AFA. Cuando cedió sus acciones, en mayo de 2022, otra firma, SOMA, se quedó con la mayoría del capital. Esta empresa, oriunda de Santiago del Estero, tuvo a Darío Fabián Toviggino, como su principal accionista en 2023, según el Boletín Oficial de esa provincia.
Hasta el momento, los negocios de Malte con el fútbol argentino permanecieron en un capítulo inexplorado; la empresa acaparó la atención por haber sido propietaria de la mansión de Pilar entre junio de 2023 y mayo de 2024. Es decir, antes de la llegada de Real Central SRL. La Justicia investiga si sus titulares, Ana Lucía Conte y Luciano Pantano, son testaferros de autoridades de AFA, algo que niegan los representantes de la entidad. En la casa se encontró un bolso y una placa de reconocimiento de Barracas Central que identificaban a Pablo Toviggino durante un allanamiento.
El derrotero de Arsenal es un buen ejemplo de los servicios que prestaba Malte. El club de Sarandí suscribió el gerenciamiento del fútbol el 27 de abril de 2019, el mismo día que logró el ascenso a primera división, un acuerdo válido por 28 meses. El documento, que lleva el nombre de Julio Grondona (hijo), indicaba que el club cedía todos sus derechos económicos a cambio de que Malte se hiciera cargo de sueldos y otras obligaciones para todas las actividades relacionadas con el fútbol.
El objetivo del gerenciamiento fue “reencausar la crisis económica y financiera de Arsenal”, señala el documento al que accedió . Cuatro meses después de la firma del contrato, Malte intentó negociar un préstamo de Arsenal a la compañía por $ 500.000 con una tasa del 6% anual a devolverse en dos años, indicaron fuentes de la empresa. Un interés inferior al 47,6% de inflación que el Indec registró en 2018. Un mal negocio para el club.
Arsenal fue una usina de negocios para Malte, especialmente cuando se clasificó a la Copa Sudamericana en 2021. El club contactó ese mismo año a Odeoma Gestión SL (España), Stratega Consulting LLC (Estados Unidos) y Fútbol Capital SRL (Paraguay), tres sociedades vinculadas al santiagueño Fabián Marcelo Saracco, un ladero de Beacon, para convertirlas en agentes recaudadores de prácticamente todos los ingresos de Arsenal en el exterior, que incluían desde los premios que entrega la Conmebol hasta el dinero por el traspaso de jugadores vendidos. A cambio, estas empresas ofrecían un porcentaje del 10% de los fondos obtenidos, que se cobrarían en cuentas bancarias que tenían en Estados Unidos y España. Las negociaciones con las intermediarias incluyeron una solicitud para cobrar los premios por la participación de Arsenal en la Copa Sudamericana de 600.000 dólares.
Saracco, oriundo de Santiago del Estero pero residente en Madrid, desembarcó en la AFA desde 2018 en adelante para ofrecer servicios de representación comercial, desarrollo de proyectos, así como servicios de cobro de distintos contratos por auspicios de la Selección. Tal como reveló este diario, estas sociedades junto con TourProdEnter, Q22 Consulting Services y Global FC, percibieron US$300 millones de negocios que generó el fútbol de la entidad de la calle Viamonte.
Beacon se hizo cargo personalmente de otra fuente de ingresos del club: los reclamos ante la FIFA por impagos en el “mecanismo de solidaridad”, que es un porcentaje del 5% en las transferencias de futbolistas que fueron formados por Arsenal. Grondona (hijo) delegó en el entonces dirigente de AFA la representación del club ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de la federación internacional.
Beacon envió cartas a FIFA por un puñado de trámites, como ocurrió, por ejemplo, con Alejandro “Papu” Gómez, que había sido transferido desde el Atalanta, de Italia, a Sevilla, de España. La entonces mano derecha de Toviggino reclamó ante la FIFA y finalmente logró que el club español le pagara 35.000 euros a la gerenciadora. También participó en los reclamos por el “mecanismo de solidaridad” de los futbolistas Darío Benedetto, Iván Marcone y Lisandro López entre 2021 y 2022.
Los negocios de Arsenal se volvieron a cruzar con la AFA de la mano de Malte. El club alquiló su estadio de Sarandí a la entidad comandada por Tapia y Toviggino entre 2020 y 2022 para realizar “eventos de diversas categorías del fútbol y otras actividades”. La gerenciadora facturó por esa vía, al menos, $130 millones de pesos, la mayoría pagado en ese último año, según los documentos revisados por .
Con Arsenal todavía en primera división apareció otra gerenciadora. El club firmó un convenio con Recomi SA para que gerencie el club desde el 1 de mayo de 2021 por 14 meses, según documentos judiciales. La relación con las autoridades del club estaba en un buen momento, por eso se gestionó un “reconocimiento” para la empresa que consistía en ceder derechos federativos de los futbolistas Leonel Picco y Joaquín Pombo, que pertenecían a Arsenal. El pase de este último futbolista fue vendido en US$2 millones a Independiente del Valle (Ecuador) en 2023 y Picco desembarcó en Colón de Santa Fe por US$350.000, según publicó la página especializada Transfermarkt.
Pero los resultados deportivos dejaron a Arsenal en otra situación. El club descendió en 2024 y la situación cambió. La relación entre el club y la gerenciadora se quebró: Recomi demandó a Grondona por incumplir el contrato de “reconocimiento” y adujo que no les había entregado el dinero por la venta de los jugadores. Al final, la Justicia consideró que ese acuerdo era inválido y sobreseyó a Grondona.
La empresa apeló el fallo y finalmente las partes llegaron a un acuerdo en 2024 mediante el cual Arsenal se habría comprometido a pagarle una compensación a la empresa. Según la documentación revisada por , Beacon le emitió dos facturas al club el 17 de abril y el 2 de mayo de ese año por 30.000 dólares cada una. En ambas especificó que se trataba de pagos correspondientes al “convenio Recomi – Beacon c/Arsenal FC”.
Después del gerenciamiento, el club cayó en una crisis deportiva que lo llevó a descender a al B. En la temporada siguiente, volvió a perder una categoría y desde entonces se mantiene en la Primera B Metropolitana, la tercera división del fútbol local.
un bolso y una placa de reconocimiento de Barracas Central,percibieron US$300 millones de negocios que generó el fútbol de la entidad de la calle Viamonte.,Iván Ruiz,Ignacio Grimaldi,Conforme a,,El dinero de la AFA. El reclutador de “prestanombres” de Bariloche y la conexión con los US$42 millones que se desviaron desde Miami,,Antes, durante y después de Qatar. La AFA giró US$6 millones con un contrato de «logística» que se transformó en un préstamo a Faroni,,A pedido de Tapia. Una esteticista rumana en Madrid fue gestora financiera de la AFA para cobrar US$8 millones
POLITICA
Denunciaron a Alberto Fernández luego de que una ex Gran Hermano revelara que le adjudicaron obras públicas durante su gobierno
Tras el escándalo que desataron las declaracioines de la exGran Hermano Lorena González, los abogados Roberto Herrero y Mariano Di Giuseppe presentaron una denuncia para que se investiguen presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas del programa PROCREAR durante el gobierno de Alberto Fernández.
El escrito, presentado ante el Juzgado en lo Criminal Federal, apuntan directamente contra el expresidente, el exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y la empresaria Lorena González del Valle, conocida por su paso por “Gran Hermano” y vinculada a la firma Niro Construye S.A.
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Los denunciantes también pidieron que se investigue a cualquier otro funcionario o particular que pudiera estar vinculado a la causa.
El pedido de investigación surgió a partir de las declaraciones en las que González del Valle reconoció que mantuvo una relación personal con Alberto Fernández.
De acuerdo con la denuncia, la empresaria habría contactado al entonces mandatario y, tras ese vínculo, fue derivada al ministro Jorge Ferraresi. Poco después, su empresa constructora comenzó a participar en licitaciones del programa PROCREAR, resultando adjudicataria de varias obras públicas financiadas con fondos nacionales.
Los abogados detallaron que, según la información difundida, la empresa participó en nueve procesos licitatorios y ganó al menos cuatro de ellos, en desarrollos habitacionales de municipios bonaerenses como Esteban Echeverría, Avellaneda (Wilde y Piñeyro), Luján y Martín Coronado.
Según detalla la página web de Niro Construye S.A., la empresa construyó 240 viviendas en Esteban Echeverría, obra que fue inaugurada por el propio Alberto Fernández, y otras 512 viviendas en el barrio de Wilde, municipio de Avellaneda, distrito que Ferraresi gobernó antes y después de su paso por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
Además, sumaron dos contratos adicionales en esa misma localidad: “Piñeyro Rivadavia” con 321 unidades habitacionales y “Piñeyro Entre Ríos” con 128 unidades. La empresa también obtuvo contratos para el desarrollo de viviendas Procrear en los municipios de Luján y Martín Coronado.
Para los denunciantes, si se comprueba la existencia de influencias personales para obtener contratos estatales, se trataría de una situación de “particular gravedad institucional”, ya que podría implicar el uso de vínculos personales con autoridades del Poder Ejecutivo para direccionar fondos públicos.
Sospechas de direccionamiento y fraude en las licitaciones
En la denuncia advirtieron que la contratación pública es una de las áreas más sensibles del Estado, ya que involucra grandes sumas de dinero y exige transparencia, igualdad de condiciones y selección objetiva de las mejores ofertas.
Los abogados sostuvieron que la secuencia de hechos constituye un “indicio razonable” que amerita una investigación judicial exhaustiva.
En ese sentido, solicitaron que se analice si las licitaciones en las que participó Niro Construye S.A. se desarrollaron en condiciones de competencia real, si los criterios de evaluación fueron objetivos y si existieron influencias externas para favorecer a la empresa.
De comprobarse estas maniobras, podría configurarse el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, ya que se habrían desviado recursos públicos mediante procedimientos irregulares.
Los denunciantes consideraron que corresponde la intervención de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, ya que están involucrados fondos públicos nacionales y funcionarios del Poder Ejecutivo.
Alberto Fernadez, Jorge Ferraresi, PROCREAR, licitacion
POLITICA
A 50 años del Golpe: siete de cada diez argentinos condenan la dictadura militar y apoyan los juicios, según una encuesta
A medio siglo del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar en la Argentina, la memoria social sobre aquel período sigue siendo intensa y mayoritariamente condenatoria. Además, persiste un respaldo significativo a las políticas de justicia por los crímenes cometidos bajo el régimen. Un estudio nacional elaborado por el observatorio Pulsar.UBA de la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al que accedió Infobae, revela que la mayoría de los argentinos mantiene una valoración negativa del gobierno militar que se extendió entre 1976 y 1983, y que aproximadamente siete de cada diez personas apoyan la continuidad de los juicios por violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con la investigación, titulada Miradas retrospectivas sobre la dictadura argentina: 50 años después, que combinó una encuesta nacional de 1.136 casos y ocho grupos focales en distintas regiones del país, el 71% de los argentinos tiene una visión negativa de la dictadura: el 45% la define como “muy mala” y el 26% como “mala”. Solo una minoría mantiene una evaluación positiva o neutral del período. El estudio también indica que alrededor del 70% de la población respalda que continúen los juicios por crímenes de lesa humanidad, según el relevamiento realizado por Pulsar.UBA y el CELS.
El rechazo social se expresa en la percepción de las causas del golpe: el 63% de los encuestados sostiene que no existieron motivos que justificaran la intervención militar de 1976. En la identificación de responsabilidades, el 39% señala directamente al gobierno militar encabezado por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti como los principales responsables del quiebre institucional.
El informe sintetiza este punto como uno de los consensos centrales: “La evaluación negativa de la dictadura es ampliamente mayoritaria”, afirman los investigadores.
Interpretaciones históricas y transmisión de la memoria
Aunque predomina el rechazo, la interpretación histórica del período no resulta completamente uniforme. Ante la consulta sobre cómo describir el accionar del gobierno militar entre 1976 y 1983, el 61% considera que fue una dictadura que implementó un plan sistemático de desaparición de personas y violaciones a los derechos humanos, mientras que un 32% sostiene que se trató de una lucha contra el terrorismo en la que hubo “excesos”.
Este resultado muestra que, pese al consenso condenatorio, una parte de la sociedad aún interpreta el período como un enfrentamiento entre el Estado y las organizaciones armadas de los años setenta. Los investigadores afirman que esta diferencia evidencia cómo el sentido histórico de aquel período sigue siendo objeto de debate en la Argentina.
En los grupos focales surgen explicaciones diversas. Un participante de entre 20 y 29 años del área Metropolitana expresó que “no fue una guerra en realidad”, ya que fueron secuestradas personas que no podían ofrecer resistencia, agregando: “Una guerra es cuando ambas partes se pueden defender”. Otro participante describió la época desde otra perspectiva: “Era otra vida… de los niños yendo a la escuela y ver gente armada, de ir a meterse en las casas rápido por miedo”.
Las frases recogidas en la investigación cualitativa ponen en evidencia que la memoria social sobre el período está atravesada por recuerdos familiares, relatos transmitidos y representaciones culturales presentes en la sociedad.
El estudio también explora los elementos más inmediatos que surgen al pensar en la dictadura. Ante una pregunta abierta sobre qué es lo primero que viene a la mente al recordar el período 1976-1983, las respuestas se concentran en términos como desaparecidos, represión, violencia y tortura.
En el informe se informa que “los desaparecidos, la represión y la violencia institucional están en el centro de la memoria” sobre la dictadura. Este resultado indica que el terrorismo de Estado permanece como el eje central de la memoria colectiva sobre el régimen militar.
El nivel de conocimiento declarado sobre el período se mantiene elevado: siete de cada diez personas afirman saber mucho o algo sobre lo ocurrido entre 1976 y 1983. Ese conocimiento, sin embargo, ya no se origina principalmente en experiencias directas.
Uno de los hallazgos del estudio es que la educación aparece como el principal canal de transmisión de la memoria histórica. La escuela y la universidad son identificadas como las fuentes principales de información sobre la dictadura, seguidas por las conversaciones con familiares o amigos.
Este dato expresa una transformación generacional: a medida que avanzan las décadas, la memoria sobre la dictadura se transmite cada vez más por la educación formal, los contenidos culturales y relatos familiares. La experiencia directa con la represión es cada vez más limitada.
Según el estudio de Pulsar.UBA y el CELS, solo tres de cada diez encuestados dicen tener un familiar, amigo o conocido que fue desaparecido, detenido o perseguido durante la dictadura. La existencia de ese vínculo personal tiene un impacto relevante en la percepción del período.
El informe describe “la experiencia personal funciona como un ancla moral”. Entre quienes tienen familiares o conocidos víctimas de la represión, las evaluaciones negativas del régimen militar se refuerzan y el reconocimiento del carácter sistemático del terrorismo de Estado resulta más claro.
La investigación también analiza la percepción de distintos actores vinculados al período. La imagen de estos colectivos está marcada por la experiencia personal con la dictadura. Aquellos con familiares o conocidos desaparecidos o perseguidos tienden a tener una visión más favorable de los organismos de derechos humanos y de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Para quienes no cuentan con ese vínculo directo, la valoración de las Fuerzas Armadas es relativamente mejor. El informe resume esta dinámica: “La imagen de los colectivos asociados a la dictadura militar tiene su condicionamiento personal”.
Justicia, democracia y memoria en la Argentina actual
El respaldo social a los procesos judiciales por los crímenes cometidos durante la dictadura se sostiene. Alrededor del 70% de los encuestados está de acuerdo en que el Estado argentino debe seguir juzgando a los militares responsables de violaciones a los derechos humanos.
Este porcentaje expone que el proceso de justicia transicional iniciado en 1985 con el Juicio a las Juntas, y reanudado en 2006 tras la anulación de las leyes de impunidad, cuenta con apoyo social continuo. Los investigadores afirman: “La demanda por justicia está activa” en la sociedad argentina.
La encuesta también indagó sobre la estabilidad del sistema democrático. Una mayoría considera que el regreso de una dictadura militar es muy poco probable: el 83% cree que es poco o nada probable que vuelva a producirse un golpe de Estado en la Argentina.
En los grupos focales fue frecuente la impresión de que la sociedad argentina no toleraría una ruptura institucional. Así lo expresó un participante: “Yo creo que hoy en día la gente estaría reclamando en todos lados”.
El informe también indica una tensión: muchas personas confían en la reacción social ante un golpe, aunque no hayan participado nunca en marchas o acciones públicas vinculadas a los derechos humanos.
A cincuenta años del golpe de 1976, el estudio de Pulsar.UBA y el CELS muestra que la condena a la dictadura y el respaldo a los juicios por crímenes de lesa humanidad siguen siendo puntos de acuerdo mayoritarios en la sociedad argentina. El informe revela que las interpretaciones sobre aquel período no son completamente uniformes y que la transmisión generacional de la memoria resulta clave para comprender cómo se recuerda hoy el terrorismo de Estado.
En ese marco, los investigadores concluyen: “La memoria es una experiencia social que organiza nuestro modo de comprender el presente, nuestras creencias y nuestros compromisos democráticos”.
Cinco décadas después del golpe, la manera en que se interpreta el pasado argentino forma parte central de su cultura política y de la democracia actual.
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POLITICA
Los sindicatos combativos se desmarcan de la CGT y planean marchas en distintos puntos del país
El clima sindical empezó a recalentarse en distintas provincias mientras la discusión por la reforma laboral y los salarios vuelve a tensionar la relación entre el Gobierno y el movimiento obrero. En paralelo a la estrategia judicial que sostiene la Confederación General del Trabajo (CGT), los sectores más combativos del sindicalismo buscan ganar protagonismo en la calle y reactivar protestas que ya empiezan a multiplicarse.
El escenario combina conflictos sectoriales con una disputa política más amplia. A los reclamos docentes por recomposición salarial se suman protestas en la industria y en organismos estatales, mientras distintas organizaciones sindicales plantean que el ajuste económico y la reforma laboral profundizan el deterioro de los ingresos.
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En ese contexto, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) -un espacio que reúne a gremios como ATE, la UOM, Aceiteros y Aeronáuticos- comenzó a desplegar una estrategia de federalización de los conflictos con movilizaciones y plenarios en distintas provincias.
La dinámica vuelve a marcar una diferencia dentro del mapa sindical. Mientras la CGT prioriza el camino institucional y judicial contra la reforma laboral, los sindicatos combativos intentan construir una agenda propia de protestas con eje en la confrontación abierta con el modelo de país de Javier Milei.
La CGT mantiene la ofensiva judicial contra la reforma laboral
Mientras los sindicatos combativos buscan ganar las calles, la CGT mantiene su estrategia legal para cuestionar la reforma laboral impulsada por el Gobierno y aprobada por el Congreso, aunque esta semana recibió un primer revés en los tribunales.
La Justicia rechazó un planteo de la central obrera contra algunos artículos de la norma vinculados al traspaso de competencias de la Justicia nacional del Trabajo hacia la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. El fallo desestimó el pedido cautelar que buscaba frenar la aplicación de esos puntos mientras se resolvía el fondo del litigio.
Aunque el expediente seguirá su trámite, el rechazo de la cautelar marcó el primer obstáculo judicial para la estrategia de la conducción cegetista.
El FreSU impulsa protestas y busca federalizar el conflicto sindical
En paralelo, los sindicatos que integran el FreSU comenzaron a intensificar su actividad territorial con movilizaciones y actos en distintas provincias.
Una de las acciones más recientes se realizó en Tierra del Fuego, donde dirigentes de ATE, la UOM y la Federación Aceitera encabezaron una movilización al puerto de Ushuaia para reclamar el fin de su intervención por parte del Gobierno nacional.
“El poder político no tiene que mirar para otro lado o serán cómplices frente a esta intromisión extranjera. Vamos a profundizar la lucha en defensa de todos los puestos de empleo y para que la bandera que vuelva a flamear en el puerto sea la Argentina”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, uno de los dirigentes más combativos en estos últimos meses.
La movilización formó parte de una agenda más amplia del frente sindical, que también participó en Río Grande de un conflicto laboral por la quiebra de la empresa Aires del Sur, donde 140 trabajadores reclaman la continuidad operativa de la planta y el pago de salarios adeudados.
En ese contexto, Aguiar lanzó una de las definiciones más duras: “No hay que cumplir con la reforma laboral. Tenemos que convocar a la desobediencia en los sectores de trabajo”.
Conflictos docentes y reclamos salariales en varias provincias
El malestar sindical también se refleja en el frente educativo, donde los gremios docentes comenzaron a advertir sobre posibles nuevas medidas de fuerza ante la falta de acuerdo salarial. Los docentes universitarios evalúan no comenzar las clases, en espejo con lo que sucedió en el nivel primario y secundario, después de que en 17 provincias los gremios lanzaron una huelga y volvieron al aula un día después de la fecha pautada.
Este jueves, los sindicatos docentes rechazaron la propuesta del Gobierno nacional de elevar el salario mínimo docente a $650.000 y reclamaron una oferta superadora en la próxima reunión paritaria.
“No vamos a aceptar ningún salario que esté por debajo de la línea de pobreza”, afirmó Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT, al cuestionar la propuesta oficial.
El conflicto se suma a reclamos por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y mayores recursos para infraestructura y comedores escolares. Las protestas se replican en varias provincias, entre ellas Jujuy y Catamarca.
Un frente sindical que sale a disputar la agenda gremial
En ese marco, el FreSU intenta consolidarse como un espacio de coordinación de conflictos laborales a nivel nacional.
La estrategia incluye movilizaciones en provincias, plenarios sindicales y la elaboración de indicadores económicos propios que, según adelantaron, buscarán contrastar con los datos oficiales del Indec para fortalecer los reclamos salariales. Este viernes presentan su propio índice de inflación. También acompañaron a los trabajadores despedidos de Fate.
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“El 2026 será el año más conflictivo de la era Milei”, advirtió Aguiar durante una de las actividades del frente sindical.
Por ahora, el mapa gremial muestra dos dinámicas que conviven, pero avanzan por carriles distintos: la conducción de la CGT mantiene la batalla judicial contra la reforma laboral, mientras los sindicatos combativos -sin romper con la central obrera- empiezan a reorganizar protestas en distintos puntos del país y buscan recuperar la calle como principal herramienta de presión.
CGT, sindicalismo, Gremios, FRESU
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