POLITICA
Los límites con los que se choca el imperio libertario
El 3 de diciembre Javier Milei habló con la energía desbordante que suele aplicar cuando defiende sus principios: “Los que me están pidiendo que compre reservas me están pidiendo que arruine la vida a los argentinos”. Sonaba irreductible: “Si el Banco Central compra dólares sube la inflación”. Denunció a los “oráculos de Delfos” que falsean datos para forzar una devaluación y dio argumentos técnicos para explicar por qué su programa cambiario se mantendría sin modificaciones. Doce días después hizo exactamente lo contrario.
El anuncio de un plan de acumulación de reservas internacionales y el ajuste por inflación de las bandas cambiarias fue la consecuencia de un primer gran límite con el que se topó Milei después del triunfo electoral del 26 de octubre. Resulta, además, una prueba más de su proverbial pragmatismo. Una cosa es la manifiesta vocación de “acelerar” y otra no frenar cuando enfrente aparece una pared.
Milei y el ministro Luis Caputo se resignaron a ajustar el plan después de la decepcionante colocación de deuda de la semana anterior, a una tasa del 9,2%. El mercado no les creyó. En línea con el reclamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), desbarató la tesis presidencial de que podía pagar los vencimientos de 2026 con nuevo endeudamiento y que, por eso, no necesitaba atesorar reservas en el Banco Central. El amigo Donald Trump no apareció esta vez a ayudarlo. “El viaje monetario del señor Milei no ha terminado”, sintetizó la noticia el semanario liberal The Economist.
Un segundo límite se materializó unas horas después en el Congreso. La sensación de que no queda nadie en pie en la oposición llevó a La Libertad Avanza (LLA) a empujar una agenda reformista de alta intensidad sin el más mínimo debate.
Aplicó la estrategia de oro del kirchnerismo en sus años dulces: el látigo y la caja. Se propuso aprobar el presupuesto 2026 en tiempo récord y para eso abrió la billetera de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para convencer a gobernadores amigables y castigar a los díscolos. De repartir 0 pesos en noviembre, en la primera quincena de diciembre giró $66.500 millones a provincias con ganas de aliarse. El envión le sirvió para sacar ventaja en el reparto de comisiones y saltarse unos cuantos procedimientos. Las urnas validan. Lo hacen todos.
Con un espíritu de “ahora o nunca”, Milei ordenó incluir en el presupuesto la derogación de las leyes de financiamiento a las universidades y a las políticas de discapacidad. Casi una venganza: le iba a hacer pagar a “la casta” la herejía de haberle impuesto esos proyectos en medio del año electoral.
La jugada requería que muchos diputados cercanos –radicales, del Pro o de gobernadores peronistas- pusieran la cara para voltear este miércoles dos leyes que militaron, votaron e insistieron cuando Milei las vetó hace apenas tres meses.
Para evitar traiciones, el Gobierno propuso que la votación particular del proyecto fuera por capítulos y no por artículos. Las derogaciones fueron a parar a un conjunto de artículos en el que había de todo: desde ventajas financieras para la Ciudad de Buenos Aires hasta un refuerzo de partidas al Poder Judicial y la continuidad de la emergencia pediátrica. Los diputados tendrían que avalar o rechazar el paquete completo.
El sueño de la escribanía libertaria se desvaneció en la madrugada. El capítulo completo fue rechazado por una mayoría. No le alcanzó al Gobierno con la pirueta de ocho diputados a los que sus gobernadores les pidieron avalar la eliminación de las leyes que habían apoyado no una sino dos veces este mismo año.
Ahora en el proyecto de presupuesto aprobado no salen las cuentas. Milei bramó cuando se enteró de lo que había quedado en pie: “Así no cierra el superávit fiscal”.
El Presidente venía de deleitarse durante más de tres horas en el streaming del propagandista Daniel Parisini, el Gordo Dan. Habló de fútbol, de música y de economía. Retomó entre las risas y aprobaciones de sus fans el tono de guerra que venía reprimiendo desde los días difíciles de la campaña electoral.
Es una reacción habitual en él cuando los obstáculos de la realidad aparecen en su camino. Vuelve el agitador. Como si su instinto le indicara que llegó la hora de cantar los viejos rocanroles de “la casta”, “los ensobrados”, “la motosierra” y “los zurdos sucios”. La batalla cultural, dijo, es un imperativo para alcanzar el objetivo de “un ciclo liberal de 100 años”. El enemigo socialista acecha, aquí, allá y en todos lados, advirtió. Por eso su lucha es global.
Contó la anécdota de que su ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, le había avisado que la Gendarmería estaba usando los carros hidrantes contra la gente que fue a protestar al Congreso contra el presupuesto. “Estamos bañando gente, le dije. No saben lo que es trabajar, tampoco bañarse”, relató, entre carcajadas.
Trató a los periodistas de “corruptos cómplices de las aberraciones de la política”. El 90% miente y conspira contra su gobierno, afirmó.
Estaba vestido con uno de los 14 mamelucos de YPF que dice tener. “Me los mandaron de regalo. Son dos para cada día”, explicó y agradeció la generosidad de una empresa cuyo 51% pertenece al maldito Estado. El disfraz de playero de estación de servicio hace juego con el discurso rebelde que pretende revivir.
El Gordo Dan tuvo la cortesía de no preguntarle por las reservas y el giro en la política cambiaria. Ni siquiera cuando Milei se puso a criticar a su despreciado John Maynard Keynes porque “solía cambiar de opinión muy rápidamente”.
Al salir del show, pasada la medianoche del jueves, Milei constató su exceso de confianza. El éxito electoral operó como un imán para diputados y senadores de otros partidos ansiosos de vivir bajo el sol del poder de turno. Pero es un espejismo. LLA sigue siendo una minoría que necesita de otros para que sus reformas prosperen.
La tentación de subirse el precio es la inclinación natural de los posibles aliados de un gobierno que propugna una oposición atomizada y negocia a billetera abierta. Casi fracasa la sesión por falta de quórum. Al filo del papelón, los diputados de Provincias Unidas, críticos del Gobierno, se sentaron para habilitar el debate.
De madrugada, el oficialismo coronó una sesión fundacional en la Cámara de Diputados con un acuerdo inesperado. A escondidas de sus aliados incondicionales del Pro y la UCR, propuso aprobar la designación de tres integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN): uno para LLA, otro para el kirchnerismo y un tercero en representación de los gobernadores peronistas que bancaron el presupuesto. Cristian Ritondo, jefe del bloque amarillo, explotó. Denunció un acto inconstitucional y le apuntó al presidente de la Cámara, Martín Menem, por desleal. Tenían la promesa de que un puesto iba a ser para ellos (el candidato era el exministro Jorge Triaca). En el recinto quedaron los libertarios y los kirchneristas para votar en una cándida transversalidad. No metieron un juez de la Corte porque es facultad del Senado. Una pena.
A la coreografía de reparto de cargos a cambio de votos solo le faltaba Axel Kicillof aplaudiendo desde la tribuna a aquellos que se habían rasgado las vestiduras la semana previa por las manualidades trasnochadas de la Legislatura bonaerense.
Milei no ve un contrasentido. Su norma es: contra “la casta” hay que combatir con las armas del enemigo. El problema es cuando entre los heridos quedan sus aliados habituales.
De Diputados salió aprobada la ley de inocencia fiscal, todo un homenaje al nuevo jefe de la Agencia Recaudatoria, Andrés Vázquez, investigado por no haber declarado la propiedad de departamentos que compró en Miami. Pero el oficialismo prefirió no tratar otra reforma ambiciosa que pide Milei: el Compromiso para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.
La oposición amagó con poner otra pared. El proyecto prohíbe el déficit y castiga con penas de prisión a funcionarios que dicten normas o ejecuten gastos que incrementen el Presupuesto sin recursos acreditados. Busca instaurar un marco legal que cancele cualquier visión económica alternativa a la suya. “Esto es un absurdo jurídico”, le hicieron saber diputados de todos los bloques aliados. Lograron demorar la discusión sin caer en una votación de arremetida en plena madrugada.
Milei rezonga ante los impedimentos a la transformación liberal que consideró validada en las elecciones. Patricia Bullrich se propuso complacerlo con un debate exprés de la reforma laboral de 197 artículos que no incluyó una negociación seria con los sindicatos ni con las centrales empresariales. A su juicio, el consenso está dado porque las líneas centrales del proyecto se conversaron en el Consejo de Mayo, un órgano cuyos miembros eligió el propio Milei según sus simpatías. Los primeros aprestos en el Senado casi terminan a las manos.
La CGT se vio empujada a marchar. La decisión libertaria de apurar las votaciones en el período navideño apuntaba a evitar un límite adicional: el de la calle. El primer intento de resistencia sindical resultó tibio.
Los senadores prometen darle apoyo a la reforma laboral, pero en el Gobierno crece el temor de otro triunfo pírrico con una ley recortada en artículos esenciales. El trámite irá finalmente a otro ritmo.
La incógnita que se proyecta sobre el 2026 es qué capacidad tendrá Milei para encauzar un oficialismo operativo, ahora que sus bloques crecieron y que sus rivales parecen desgajarse irremediablemente.
¿Volverá el Gobierno a la dinámica de las leyes aprobadas por los pelos o a los vetos para corregir las derrotas que no pueda resolver con el diálogo? Si empezó así en plena la luna de miel del triunfo electoral, ¿qué pasará si el ajuste en el programa cambiario deriva –como pronosticaba el propio Milei- en una suba de la inflación?
Acaso el “mejor gobierno de la historia” deba resignarse a que el partido hay que jugarlo incluso cuando la cancha parece vacía. El ansia imperial es incompatible con las fastidiosas manías del sistema republicano.
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POLITICA
El Gobierno trabaja en una nueva ley de inteligencia para convalidar el decreto que firmó Milei
El primer paso fue la resurrección y reorganización de la SIDE, que en julio de 2024 reemplazó a la entonces AFI. En el último día de 2025, y ya con el contador Cristian Auguadra al frente de la inteligencia nacional en reemplazo de Sergio Neiffert, llegó el segundo cambio, que corrió los límites de los espías con el polémico DNU 941, que les brinda amplias facultades para detener personas sin la intervención de un juez y les da acceso a datos personales.
Estas y otras modificaciones generaron polémica y presentaciones judiciales de inconstitucionalidad contra el decreto.
Por estas horas, y sin dar detalles, el gobierno de Javier Milei avanza en una tercera etapa de reformas en el ámbito de la inteligencia nacional, que sin cargo formal maneja el asesor presidencial Santiago Caputo. A diferencia de las dos anteriores, sería a través del Congreso.
En el Gobierno confirmaron a que se avanza en una nueva ley de Inteligencia que prevé incluir ítems del polémico decreto y sumar otros en la nueva legislación. La iniciativa no tiene una fecha de presentación prevista, informaron las fuentes.
“Se está trabajando”, confirmaron a este diario cerca del Presidente, aunque aclararon que la nueva ley “no está terminada y no está definido cuándo se manda”. Otras fuentes con conocimiento del proyecto agregaron que probablemente “se intentará plasmar estos cambios de aquel decreto y alguna cosa nueva” en una norma “más abarcativa”, según expresara la propia SIDE en un comunicado, en enero pasado y luego de la difusión del decreto.
La nueva composición del Congreso, dónde la Libertad Avanza ya consiguió avanzar en proyectos de ley como la reforma laboral o el régimen penal juvenil, son un aliciente para intentar plasmar en una ley los cambios dispuestos por decreto.
El primero de ellos, que en los comienzos del gobierno de Milei habilitó a los espías a actuar como auxiliares de la Justicia y eliminó la obligatoriedad del acuerdo del Senado para nombrar al titular del organismo, fue cuestionado en la Justicia por el CELS, sin resultado hasta el momento.
El decreto 947, en tanto, generó inquietud en organismos de derechos humanos al establecer que uno de los objetivos es el de “reorientar las actividades de la citada Agencia en materia de contrainteligencia para identificar y analizar, con enfoque preventivo, amenazas a la seguridad estratégica nacional, incluyendo acciones de espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia”. Aunque la propia SIDE lo negó en un comunicado, y tal como publicara , estos párrafos podrían terminar justificando tareas de inteligencia sobre actividades legítimas, como la militancia política o el periodismo.
También generó alarma la habilitación al entrecruzamiento e intercambio de información entre dependencias del Estado que manejan datos personales sensibles, como Migraciones, Aduana, Renaper, Justicia, Renar y ARCA. Este punto fue cuestionado por el CELS y otras entidades en un amparo colectivo.
Los eventuales aliados en el Congreso siguieron con atención el artículo 2 de ese decreto, agregado a la Ley de Inteligencia Nacional, que establece que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”. La Comisión Bicameral de Seguimiento de Actividades de Inteligencia, encargada del control parlamentario de la SIDE, quedó acéfala a fines del año pasado por el paso de su hasta entonces presidente, Martín Lousteau, del Senado a la Cámara de Diputados, y aún no se constituyó.
Otro de los puntos que contiene el decreto –por ahora la herramienta legal con la que cuenta la central de espías- dispone la disolución de la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar (Dniem) y el traslado de sus funciones al Estado Mayor Conjunto, lo que reduciría la injerencia del ministro de Defensa y refuerza el peso de la SIDE en el esquema de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
El decreto generó la previsible oposición de Unión por la Patria y la izquierda, aunque se sumó también el rechazo de los provinciales de Provincias Unidas y de la Coalición Cívica. En Pro y la UCR se mostraron expectantes, sin tomas de posición concretas.
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POLITICA
El juez que le prohibió a Claudio Tapia salir del país lo autorizó a viajar esta semana a Colombia y Brasil
El juez en lo penal económico Diego Amarante, que el jueves pasado le prohibió al titular de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, salir del país, le habilitó hoy una excepción y lo autorizó a viajar a Barranquilla, Colombia, y a Río de Janeiro, Brasil, entre hoy y el sábado próximo.
A cambio, le fijó una “caución real” de $5.000.000.
Es una buena noticia para Tapia. No solo porque podrá salir del país esta semana sino por los compromisos internaciones que le esperan este año, en el que se juega el mundial de fútbol. Además, el 27 de marzo próximo, la selección argentina se enfrentará a la española por la Finalissima.
El juez relató en su fallo que Tapia había pedido que lo habilitaran a viajar “con el fin de participar de actividades oficiales en su carácter de presidente de la AFA y de vicepresidente de la Conmebol”.
Detalló que “acompañó copias de la invitación oficial cursada por la Federación Colombiana de Fútbol para participar de un acto oficial en la ciudad de Barranquilla, del itinerario de vuelos elaborado por la firma Baires Fly S.A. y del acta del orden del día de la Reunión del Consejo de la Conmebol”. Informó que también precisó en qué hoteles planeaba alojarse, tanto en Colombia como en Brasil.
Los argumentos que citó el juez cuando le prohibió a Tapia salir del país, la semana pasada, incluyeron “la gravedad de los hechos investigados” y “la severidad de la pena” que podría corresponderles a los acusados (la medida incluye a otros dirigentes), “y en miras a garantizar la regular realización de los actos procesales que aquí se ordenan”; es decir, para garantizar que se lleven a cabo las indagatorias. No se sabe si después de esas declaraciones levantará la prohibición o si Tapia deberá pedir permiso para cada viaje.
Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, fueron citados a declarar en indagatoria acusados de haber retenido aportes previsionales y haber evadido el pago de impuestos. En ese mismo fallo, se les prohibió la salida del país.
A Tapia y a Toviggino se los acusa del delito de omisión del pago de aportes de la seguridad social de jugadores y empleados. Según la denuncia inicial hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos rubros, retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia el monto denunciado sumó $11.759.643.331,62. El total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados.
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Los efectos judiciales de la denominada “ley de inocencia fiscal” se sienten con fuerza en el fuero penal económico, donde todas las fuentes consultadas por coinciden en señalar la existencia de un cierre masivo de expedientes tras la sanción de la norma y en tan solo 13 días de vigencia.
La ley fue aprobada junto al presupuesto 2026, a fines del año pasado, e incrementó en al menos un 3000% los montos mínimos a partir de los cuales se configuran los delitos tributarios, por lo que la enorme mayoría de las causas activas que tramitan en el fuero, afirman las fuentes, quedaron fuera del ámbito penal y comenzaron a caerse a un ritmo de entre 15 y 20 por día, o incluso más en algunos casos.
Con la nueva ley, la evasión simple pasó de $1.500.000 a $100.000.000 y la agravada, de $15.000.000 a $1.000.000.000, lo que representa en ambos casos un aumento del 6567%. Todavía más lejos fue el delito de evasión a través de terceros, que creció un 9900%, al pasar de $2.000.000 a $200.000.000.
“Son muy pocas las [causas] que pasan los montos”, explica un funcionario judicial en cuyo despacho quedaron apenas cuatro de las más de 300 causas que tenía, todas relativas al delito de facturación apócrifa.
El vaciamiento del fuero es un fenómeno todavía en curso porque si bien la nueva ley comenzó a regir el 2 de enero, su impacto en los tribunales empezó a sentirse recién en febrero, con el regreso de la actividad tras la feria judicial, por lo que solo estuvo operativa durante 13 días hábiles.
Así, un extendido universo de casos abandona los estrados judiciales para pasar a ser atendido en el ámbito administrativo, relativizando el problema de las vacantes que azota a la Cámara del fuero, con solo dos jueces en las seis vocalías.
Los fiscales y ARCA, alineados
Son al menos dos las vías por las que este grupo de causas comenzó a morir: o los abogados defensores presentan un escrito pidiendo quedar al amparo de la nueva ley o son los propios jueces, basados en el principio constitucional de la ley penal más benigna, quienes actúan de oficio y cierran los expedientes.
Los fiscales, en tanto, con el mismo criterio, o no apelan la decisión de los magistrados u optan directamente por hacer caer la acusación.
La tendencia de la mayoría de los representantes del Ministerio Público Fiscal durante los últimos años fue oponerse a la aplicación de ley penal más benigna cuando los montos punibles cambiaban o se “actualizaban” con el objetivo de no quedar tapados por la inflación. Fue la posicion que fijó el exprocurador Esteban Righi en 2012 o el actual, Eduardo Casal, en 2018.
La postura, sin embargo, se fue flexibilizando en los hechos porque las apelaciones de los fiscales se estrellaban contra el muro que la Corte Suprema fue construyendo con una serie de sentencias y que terminó de consolidar en 2021 con el fallo “Vidal”, que dejó asentado de manera definitiva que las nuevas leyes no eran “actualizaciones” de los montos sino normas sustantivas cuya aplicación debía ser retroactiva.
Ahora, además, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio instrucciones precisas sobre el tema a sus funcionarios y equipos jurídicos. Tras la sanción de la ley, en su primer instructivo de 2026 ordenó la aplicación “universal e irrestricta” del principio de la ley penal más benigna y el reconocimiento de los nuevos montos mínimos en la causas ya iniciadas.
“A diferencia de otras épocas, los fiscales y ARCA hoy están alineados”, señala el juez Marcelo Aguinsky, que tiene a su cargo dos de los once juzgados del fuero Penal Económico. En línea con el espíritu de la nueva normativa, el magistrado considera que también debería actualizarse el monto que divide la frontera entre una infracción aduanera del delito de contrabando, hoy fijado en 500.000 pesos.
Alivio para un empresario
La semana pasada, la Casación puso en movimiento la nueva ley, al revertir una condena contra G.G.M S.A, una empresa de calzado que era agente de retención y había quebrado, y su presidente, Guillermo Andrés Gotelli, condenado a dos años y seis meses de prisión.
En abril de 2024, el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº2 los encontró culpables del delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social en 29 períodos entre los años 2012 y 2015.
Sin embargo, el jueves pasado la Justicia dio vuelta la sentencia. La Sala III de la Casación sostuvo que los montos mensuales retenidos por la empresa en cada uno de esos periodos eran inferiores al nuevo umbral de $3.500.000, por lo que, en virtud de la nueva ley y el principio constitucional de la ley penal más benigna, no había delito.
Los camaristas Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Juan Carlos Gemignani resolvieron “remitir la presente causa al Tribunal Oral en lo Penal Económico N°2 de esta ciudad a los fines de que resuelva acerca de la atipicidad de la conducta enrostrada a los nombrados”.
Los “peces gordos”
Los detractores de la ley sostienen que los nuevos montos son demasiado elevados y que se trata prácticamente de una “amnistía fiscal”, mientras que sus partidarios, como los jueces Aguinsky y Borinsky, argumentan que, con ella, el Estado concentra sus esfuerzos y recursos en perseguir penalmente solo a los “grandes evasores” y que el resto de los casos no quedan impunes, sino que se abordan desde una perspectiva administrativa, con sanciones o multas.
“La medida apunta a dotar de mayor coherencia al sistema y a delinear una política criminal verdaderamente focalizada en los grandes evasores”, marcó el juez Borinsky en una columna sobre el tema de reciente publicación.
“Al mismo tiempo, al desplazar los casos de menor entidad al ámbito administrativo, se favorece una resolución más ágil y eficiente orientada al cobro efectivo de las deudas, lo que incluso puede traducirse en una mejora de la recaudación fiscal”, escribió en Infobae.
Un caso contra “grandes evasores” es la denuncia que ARCA impulsó en diciembre contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que abrió la causa en la que su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, entre otros dirigentes, fueron llamados a indagatoria por el juez Diego Amarante.
El monto total denunciado por ARCA asciende a más de 19.000 millones de pesos, que abarcan un total de 35 períodos mensuales reclamados, 18 son por retención tributaria y 17 por retención de aportes previsionales.
“ley de inocencia fiscal”,Federico González del Solar,Conforme a
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