Los movimientos sociales, la CGT organizaciones piqueteras, sindicatos de base, y las dos CTA, junto con otros sectores, como jubilados, y gremios docentes, preparan una gran movilización, que prometen será “multitudinaria” para este miércoles 11 de febrero frente al Congreso de la Nación, en rechazo al tratamiento parlamentario de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Desde la cartera de Seguridad anticiparon a Infobae que se “aplicará el protocolo antipiquetes como lo hacemos en cada marcha, corte y manifestación” con el con el objetivo de garantizar la circulación y evitar incidentes. Se instalará un vallado en las inmediaciones del Congreso y en Plaza de Mayo.

La protesta coincide con el inicio del debate legislativo del proyecto en la Cámara Alta y anticipa la transformación del Congreso en el epicentro de un conflicto político y social de alta tensión, con miles de manifestantes en las calles y un fuerte despliegue de seguridad anunciado por el Gobierno nacional.

La presencia de columnas piqueteras trotskistas, y partidos y movimientos de izquierda como el Polo Obrero, el Partido Obrero, el MST, el PTS, el MAS, el Bloque Nacional Piquetero, Territorios en Lucha y el FOL, entre otros, puso en alerta a la Casa Rosada ya que las últimas concentraciones terminaron en incidentes, algunos de gravedad.

Ante la magnitud de la convocatoria, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, además del vallado preventivo en zonas críticas desplegará “un operativo de seguridad especial” que incluirá la participación de fuerzas federales y la coordinación con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El dispositivo contempla controles en los accesos, cortes y desvíos de tránsito y un esquema preventivo para evitar incidentes durante la movilización, con el objetivo de garantizar el funcionamiento del Congreso durante el debate parlamentario sobre la reforma laboral.

El epicentro de la movilización será la Plaza Congreso, aunque se prevé que las columnas comiencen a concentrarse desde el mediodía en distintos puntos del centro porteño. Entre ellos el Obelisco. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), cuyo secretario general es Alejandro Gramajo, convocó a movilizar desde las 14.30. En un comunicado, la organización expresó: “Este miércoles movilizamos en todo el país contra esta reforma laboral que recorta derechos a los trabajadores. Por derechos y dignidad para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Sin poder popular no hay justicia social”. Las organizaciones anticiparon, además, movilizaciones en distintas provincias en rechazo a la iniciativa oficial.

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció una movilización nacional, sin paro general, para ese día, tras una reunión de su Consejo Directivo en la que quedaron expuestas diferencias internas respecto de la estrategia frente a la reforma laboral.

Mientras algunos gremios impulsaban un paro general, otros sectores plantearon la necesidad de una manifestación masiva sin huelga total. Finalmente, la conducción cegetista resolvió avanzar con la marcha y descartar el paro general, aunque habilitó a los sindicatos más duros a tomar medidas de fuerza por actividad.

La movilización de la CGT comenzará formalmente a las 15 horas, aunque las principales columnas gremiales se concentrarán desde el mediodía en las inmediaciones del Congreso y frente a la sede de los sindicatos que participan. El acto central esta previsto para las conco de la tarde.

Jorge Sola, secretario general del sindicato de Seguros e integrante del Triunvirato de la CGT, junto a Cristian Jerónimoy Octavio Arguello se manifestó de manera contundente contra proyecto oficial: “Nuestro rechazo es total y absoluto. Es una pretendida modernización con sesgo ideológico que cercena derechos individuales y colectivos de los trabajadores y transfiere riqueza del sector trabajador al sector empleador”.

En el marco de la jornada de protesta, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) confirmó un paro desde las 11 de la mañana y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó una huelga general. Otros gremios, como Bancarios, Camioneros y Canillitas, aún no definieron si suspenderán actividades.

En paralelo, el oficialismo necesita sumar apoyos de fuerzas aliadas para avanzar con la reforma laboral, que propone cambios en indemnizaciones, jornada laboral y régimen de vacaciones.

Los gremios docentes universitarios confirmaron su participación en la movilización y no descartan nuevas medidas de fuerza en marzo. “La situación de la docencia universitaria ya es insostenible. En ese marco, la CONADU resolvió la necesidad de impulsar un plan de lucha de paros y movilización”, afirmó Clara Chevalier, secretaria general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU). Entre los reclamos centrales figuran el llamado urgente a paritarias docentes, el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) y la recomposición salarial de docentes y no docentes.

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) convocó a un paro docente para este miércoles 11 de febrero “en repudio al ajuste en educación y en reclamo de la devolución del FONID”, y confirmó su adhesión a la marcha. También participarán agrupaciones de jubilados, movimientos piqueteros independientes y el Plenario del Sindicalismo Combativo, que reclamaron un paro nacional y un plan de lucha para frenar la reforma laboral. La dirigente jubilada Nora Biaggio, del Plenario de Trabajadores Jubilados, declaró: “Este plenario es el que le enseña a luchar a la CGT”.

La marcha del miércoles 11 de febrero se perfila como una jornada clave para el futuro de la reforma laboral y para la relación entre el Gobierno y el movimiento sindical y social. Mientras el oficialismo busca avanzar con uno de los ejes centrales de su programa de reformas, los convocantes anticipan una movilización multitudinaria que podría marcar el inicio de un plan de lucha sostenido si el proyecto continúa su tratamiento parlamentario.

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La Mesa Política del Gobierno está reunida desde las 10 de la mañana en Casa Rosada para definir los últimos consensos antes de avanzar con la confección final del proyecto de Reforma Laboral que será tramitado mañana en el Senado. La coordinación de la estrategia política del oficialismo nacional para proyectos o políticas clave. También se esperan determinaciones clave sobre el avance de otros proyectos que, con menor grado de avance, también tienen intenciones de prosperar en las próximas semanas en comisiones.

La reunión entre los principales dirigentes del oficialismo fue convocada días atrás por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien dispone su despacho de la planta baja de Casa Rosada para encontrarse con el resto de funcionarios.

Sin la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; quienes entraron por la explanada de Balcarce 50 fueron el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el armador Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Todos ellos, parte del elenco estable de estos encuentros, que tienen como finalidad la puesta en común y la coordinación de la estrategia política del oficialismo nacional para proyectos o políticas clave.

Como invitado circunstancial, pero cada vez más habitual, también se lo vio ingresar al ministro de Economía, Luis Caputo, que se quedó solo una hora y fue el primero en retirarse.

Y es que el proyecto de Modernización Laboral tiene implicancias en términos fiscales, tanto si el oficialismo quiere mantener o no el controvertido artículo que baja la percepción del impuesto a las Ganancias para las Sociedades, ya que afecta a la recaudación nacional y al giro de fondos a las provincias vía coparticipación.

En el Gobierno aseguran en público y fuera de los micrófonos que están los votos para la media sanción del proyecto en la votación en general. Lo que se está determinando en esta reunión es qué se hará con la reescritura de ciertos capítulos que no tuvieron un consenso con la oposición.

El oficialismo está poniendo en discusión cerca de 20 de los 182 artículos que componen al proyecto libertario. Ayer, Bullrich se reunió con jefes de bloque de la oposición y ciertos senadores que son determinantes para la aprobación o no de ciertas partes del proyecto. Habría un acuerdo en general sobre la mayoría de cuestiones técnicas, en las cuales el oficialismo tendría más de 40 votos.

El hermetismo está sobre lo que sucederá con Ganancias. Tal y como está escrito, el artículo no prosperará porque los gobernadores no quieren recibir menos fondos. Con esa situación como base, el Gobierno tiene para elegir una baja más atenuada en el tiempo o una eliminación rasa de esa normativa.

El Poder Ejecutivo ya les comunicó que se inclinarán por esta segunda vía, aunque todavía no está confirmado por los mismos emisarios del oficialismo. Incluso, fuentes del oficialismo indicaron a Infobae que la prolongación en los plazos para la baja sigue siendo probable. Una alternativa es la baja del 50% en 2027 y la otra mitad en 2028.

El artículo contempla disminuciones del 35% al 31,5% y del 31% al 27% para la segunda y tercera categoría del tributo de Ganancias. Aunque esto recién tendrá impacto a partir del 2027, diferentes estimaciones fiscalistas marcan que la pérdida sería de 0,22%, de los cuales 0,13 puntos deberían ser cubiertos por las provincias y 0,9 puntos por la Nación.

Para no embarrar esta discusión, en el Gobierno ya evalúan la posibilidad de impulsar esta reforma tributaria en un futuro proyecto de ley. A última hora de este martes está prevista una reunión final entre Bullrich y sus aliados de la Cámara Alta para revisar el texto y evitar errores de redacción antes de presentar el documento definitivo en la sesión.

El oficialismo está en condiciones de descartar el artículo 212 que faculta a Luis Caputo a poder determinar los cambios tributarios de la Ley cuando lo disponga. También se eliminarían los apartados del proyecto que derogan ciertos estatutos como el del Periodista. La Casa Rosada también aceptó a que no se trate el artículo que habilita al pago de salarios en billeteras virtuales, medida que perjudicaba a los bancos tradicionales.

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El oficialismo retiró el proyecto de baja de la edad de imputabilidad a 13 años que había enviado al Congreso y presentará uno nuevo, que lleva el piso a 14, como lo impulsa la oposición, pudo saber TN de fuentes parlamentarias. El Gobierno quiere debatir la iniciativa el próximo jueves en sesión en la Cámara Baja.

Unas de las razones centrales fue que el oficialismo incluyó en el dictamen inicial la edad de imputabilidad en 13 años, cuando el consenso con los partidos aliados era de 14, tal como había quedado asentado en el texto del año pasado. Actualmente la base de imputabilidad se ubica en 16 años.

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El proyecto es similar al que tuvo dictamen en mayo del 2025. Con la salvedad que en esta oportunidad el Gobierno incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que prevean el financiamiento para la efectiva implementación de la ley, en caso de que se sancione.

Desde bloques aliados adelantaron que la nueva iniciativa entraría después de la integración de la comisión de Justicia de la Cámara Baja. De todos modos aclararon que, pese a la iniciativa original que planteaba el piso de imputabilidad en 13 años, que estaba acordado con el oficialismo de antemano que el consenso era que partiera desde los 14. Cambio clave que el Gobierno decidió aceptar para agilizar el avance de la iniciativa en el Congreso.

Desde el oficialismo plantearon que la iniciativa se habría retirado por objeción administrativa y que sigue vigente el dictamen de 2024, al que le sumarían partidas presupuestarias contempladas en el nuevo proyecto.

Noticia que está siendo actualizada.-

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