POLITICA
Los movimientos sociales lanzarán una jornada nacional “contra el hambre” y anticipan un diciembre de tensión

Mientras el Gobierno activa el protocolo antipiquetes y resta importancia al “poder de movilización” de los movimientos sociales, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) encabezará este martes 9 de diciembre, desde las 10 de la mañana, una Jornada Nacional de Lucha contra el Hambre, por Salario Digno y Trabajo con Derechos, con acciones simultáneas en el AMBA y más de 30 ciudades del país. Entre esos centros de protesta figura el Congreso de la Nación. Las protestas incluyen ollas populares, cortes, asambleas y movilizaciones territoriales que conforman el inicio de lo que diversas organizaciones describen como “un diciembre caliente”.
La medida se da en un escenario social “crítico, atravesado por el congelamiento del Salario Social Complementario (SSC) —fijado en 78 mil pesos desde diciembre de 2023—, la pérdida de ingresos informales, la paralización de la obra pública en barrios populares y la tensión creciente por la reforma laboral que impulsa el Gobierno de La Libertad Avanza“, describen los organizadores.

“Estamos frente a un plan sistemático de miseria planificada”, señalan desde la UTEP, que articula la convocatoria junto al Movimiento Evita, Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la CCC y el Frente Nacional Piquetero y Territorios en Lucha, entre otras organizaciones del campo popular.
No estarán solos. Los sindicatos combativos participarán de la protesta. La Asociación Trabajadores del Estado, por ejemplo, definió la fecha del Paro Nacional para el 9 de diciembre y se movilizará al Congreso de la Nación para rechazar la reforma laboral regresiva del Gobierno, exigir la inmediata reapertura de paritarias con una recomposición salarial de emergencia y en rechazo al intento de recorte del 10% de los trabajadores estatales. Hasta ese mismo punto también llegarán las principales columnas de la UTEP, cuyo secretario general es Alejandro “Peluca” Gramajo, también dirigente del Movimiento Evita.
“Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

“Cuando fue la crisis económica global de 2009/10, legislaciones similares se implementaron en varios países del mundo y en todos los casos fracasaron. Si analizamos la historia más reciente, el periodo de mayor creación de empleo y registro de trabajadores fue desde 2002 al 2011/12, cuando existía la doble indemnización. Y aún con doble indemnización igual se registraban trabajadores. Eso prueba que la única manera de superar la crisis que hoy vive el mundo del trabajo es poniendo en valor las convenciones colectivas”, opinó el dirigente estatal.
El jueves pasado, una masiva asamblea en Plaza Belgrano, en La Plata, impulsada por la UTEP, funcionó como puntapié del plan de lucha.
Gremios estatales, movimientos territoriales y las dos CTA coincidieron en el diagnóstico: el Gobierno busca una flexibilización “al servicio del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los grandes grupos empresarios”, que precariza aún más un mercado laboral que ya refleja índices de indigencia sin precedentes, sostuvieron en un comunicado en conjunto.
El Partido Justicialista acompañó con un comunicado titulado “Sí al trabajo, no a la precarización laboral del FMI”, donde advirtió sobre el deterioro acelerado de los ingresos y la ofensiva sobre los convenios colectivos.

El secretario general de la UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo, planteó una lectura dura y directa sobre la reforma laboral: “No existe reforma en el mundo que por sí sola genere trabajo con derechos. Cuando el Gobierno dice que quiere terminar con la informalidad, nos están vendiendo gato por liebre. Y los argentinos no queremos comer gatos, como pasó en 2001, cuando la gente cagada de hambre terminó saqueando supermercados”.
Gramajo describió una situación social límite: endeudamiento familiar, pagos con tarjetas y billeteras virtuales, y la irrupción de los prestamistas narcos como última instancia financiera en los barrios populares. Y agregó: “Necesitamos un modelo económico nacional con centro en el trabajo y la producción, que deje de importar esclavitud. Hoy existe un trabajo real en la Argentina que es el de la economía popular, que cientos de miles de personas inventan para vivir. Falta reconocimiento y faltan derechos. Por eso es urgente crear un Estatuto del Trabajador y Trabajadora de la Economía Popular”.
La CTA Autónoma, que también se sumará a las marchas, participó del plenario sindical: “La reforma laboral que planea el gobierno”, instancia para debatir y analizar el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno.
Su secretario general, Hugo “Cachorro” Godoy, llamó a fortalecer la organización en los lugares de trabajo y en los territorios para enfrentar el avance del gobierno de La Libertad Avanza que en las últimas elecciones se vio fortalecida parlamentariamente. “Tenemos que poner en estado de movilización a nuestro pueblo para que la reacción sea masiva y contundente, y que el paro necesario sea también un paro comunitario”, expresó Godoy.

Según las organizaciones sociales agrupadas en la UTEP, la situación se agravó con la suspensión de la obra pública en más de 5 mil barrios populares, el impacto de las importaciones en la producción textil, la caída del precio del cartón que afecta a las familias cartoneras y la crisis de la agricultura familiar. A eso se suma la desfinanciación de espacios comunitarios y la violencia institucional “que estigmatiza y persigue a los trabajadores del espacio público”.
Las acciones no se limitan al AMBA. Durante los últimos días hubo movilizaciones en Plaza Congreso, Bahía Blanca, Mendoza, Salta, Rosario, Ushuaia y Jujuy, en rechazo a la intención oficial de modificar la Ley de Glaciares. Organizaciones socioambientales, colectivos indígenas y movimientos territoriales confluyeron en un mismo reclamo: frenar lo que definen como un proyecto de ajuste estructural.
En paralelo, ATE, las dos CTA, Libres del Sur y movimientos piqueteros acordaron un esquema de protestas que incluye paros escalonados, movilizaciones conjuntas y una contrapropuesta técnica a la reforma laboral.
Las centrales sindicales remarcaron que los puntos más regresivos del DNU 70/23, titulado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, ya fueron declarados inconstitucionales por la Justicia Laboral y denunciaron un intento del Gobierno por “fragmentar al movimiento obrero bajo la excusa de la modernización”.

La crisis alimentaria, la falta de trabajo y la reforma laboral son los ejes que atraviesan los reclamos. Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP, dijo al ser consultado por Infobae: “El debate sobre el Estatuto de Trabajador y Trabajadora de la Economía Popular es fundamental para poder blanquear el trabajo sin derechos que tiene la mitad de la población económica mexicana. El aumento del salario social complementario, que tiene que ser la mitad del salario mínimo vital y móvil, por supuesto que eso tiene que ir acompañado de un salario mínimo vital y móvil que cubra la canasta básica. Y para todo esto, por supuesto es necesaria una jornada de lucha como esta, pero este es recién el comienzo de un proceso de lucha que se va a ir incrementando, que se va a ir acelerando”.
Por estas razones, para el referente social: “Estamos convencidos de que nuestro pueblo va a pasar una Navidad muy triste y necesitamos poder discutir esto con el pueblo, con el pueblo que le está pasando mal. Por lo tanto, se van a acelerar las actividades como las asambleas en los barrios, no tengo duda de que también se van a hacer asambleas en barrios de clase media-baja, empezar un proceso asambleario, porque el eje central es el problema principal que hoy tiene nuestro pueblo, que es el problema que está vinculado al trabajo. El gobierno con este plan económico no tiene manera de garantizar una reforma laboral que no genere mayor exclusión que la que está generando”.

Las organizaciones exigen:
- Actualización inmediata del Salario Social Complementario.
- Reindexación automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
- Bono de fin de año para trabajadores informales.
- Reactivación de obras en barrios populares.
La UTEP recordó que más de 8,8 millones de personas integran la economía popular. La reforma laboral del Gobierno —advierten— profundizará la exclusión si no incorpora al sector con un régimen propio que formalice y proteja a quienes trabajan fuera del empleo registrado.
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Alejandra Monteoliva, confirmaron que se aplicará el protocolo antipiquetes sin excepciones. Solo se permitirá la “circulación ordenada de columnas” y se impedirán acampes y cortes prolongados. En la Casa Rosada descreen de la capacidad de movilización de estos sectores y relativizan el impacto político de las protestas.
El 11 de diciembre, en tanto, las organizaciones acompañarán la marcha de los organismos de derechos humanos a Plaza de Mayo por el Día Internacional de los Derechos Humanos, en una jornada que buscará unificar luchas y dar volumen político a las marchas de diciembre que ya se votaron y son puestas en acción.
POLITICA
La nueva era K: certezas y varias incógnitas

Como decía una vieja cortina radial, en la Argentina una nueva hora comienza. O tal vez sea una nueva era. En el país político acaba de empezar otra etapa K.
Es el tiempo de predominio de la hermanísima presidencial y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, consolidado con el control de un nuevo ministerio clave, como es el de Justicia, en desmedro del ya declinante poder de Santiago Caputo. Un tiempo que empieza a dejar algunas certezas y abrió varias incógnitas que el tiempo muy pronto develará.
La primera certeza es que se definió la estructura política cuya misión central tiene una fecha fijada en el calendario: octubre de 2027. El operativo reelección de Javier Milei ya está efectivamente en marcha a cargo del nuevo triángulo, ahora escaleno, cuyo vértice ocupa Karina Milei y completan los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, al que asiduamente se suma el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para convertirse en un rombo.
La coreografía representada ayer durante la asunción del nuevo ministro, Juan Bautista Mahiques, no pudo ser más explícita. El congeladísimo saludo que se prodigaron, a la vista de todos, la secretaria general de la Presidencia y el asesor no alcanzó a ser compensado por el apretado y extenso abrazo que le dedicó el Presidente a su (¿ex?) gurú. Expresión de un vínculo emocional entre ambos que dicen que se mantiene.
El “arquitecto de la victoria”, como en 2023 llamó Milei a su entonces asesor estrella, está excluido del nuevo núcleo del poder. Al menos, por ahora. Aunque todavía Caputo conserva una jurisdicción crucial, como es la de los organismos de inteligencia del Estado, que el karinismo tiene apuntada como la próxima colina por conquistar. La recolección y manejo de información reservada y sensible es esencial para el ejercicio poder. Todos los sectores en pugna lo saben demasiado bien.
Lo que pasará con esa área es una de las preguntas clave de la hora, ya que no es un secreto para nadie el vínculo aceitado con el mundo de los espías que aquilatan Mahiques y su no tan segundo, Santiago Viola, a cargo de la cartera de Justicia. Tanto como lo que ha significado y sigue significando ese universo en el vínculo con el Poder Judicial. Agentes orgánicos e inorgánicos, viejo y nuevos, y de distintas eras geológicas tienen terminales en este esquema.
Pero hay más preguntas abiertas de esta nueva etapa, que empezó a cristalizarse con el triunfo en las últimas elecciones legislativas. Y están relacionadas con temáticas de fuerte impacto institucional y en la esfera pública.
Entre ellas se cuentan, yendo de menor a mayor, y por cuestiones de urgencia y viabilidad, la integración de la Corte Suprema, la designación del Procurador General de la Nación (jefe de los fiscales) y la pretensión de empezar a planificar una reforma constitucional, acorde con el tiempo libertario.
Aunque en materia de urgencia y efectos acaban de aparecer versiones más relevantes sobre un tema de enorme impacto político y social, nacional e internacional, sobre el que algunos actores políticos con contactos estrechos en la cima del mileísmo dicen haber visto algo más que un borrador y respecto de lo cual en el flamante equipo de Justicia no niegan la existencia de una iniciativa, sino que prefieren decir que no quieren saber del tema. “Trataremos de evitar que nos caiga y de que pase, al menos, por ahora”, dicen.
Se trata, nada menos, que de un supuesto proyecto de indulto para militares detenidos (condenados o procesados) por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, de cuyo comienzo se cumplirán 50 años el 24 de marzo. Una explosiva manera de evocarlo para seguir refundando el país al uso mileísta, a contracorriente, una vez más, de los paradigmas y consensos establecidos y alcanzados a partir de la recuperación de la democracia.
Por ahora, en la Casa Rosada no hacen referencias públicas y, según pudo saberse, no es un tema sobre el que se haya pedido medir su potencial impacto en la opinión pública a alguno de los consultores a los que suele recurrir el Gobierno. O, al menos, el equipo del declinante exgurú Caputo.
Polarizar y provocar suelen ser dos verbos que los nuevos gobiernos políticamente iliberales suelen conjugar indisolublemente. Si se avanza, habrá que ver si la sociedad cambió tanto en estos años para atravesar otro umbral no solo de lo posible sino siquiera de lo decible. “Menem lo hizo” podrían replicar los promotores. “En otro contexto”, podrían responder los opositores.
Más allá de estas incógnitas y especulaciones más que relevantes, entre las certezas de la nueva etapa se cuenta en el plano de la Justicia la designación y la elevación para su tratamiento en el Senado de alrededor de tres centenares de nombres para cubrir las vacantes en el Poder Judicial de la Nación. Un asunto de enorme importancia, cuya demora agrava el mal funcionamiento de la Justicia, y sobre el que este Gobierno no ha avanzado nada en más de dos años.
“El problema es que ahora podría retrasarse más porque la mayoría de esas propuestas surgieron del equipo desplazado y, particularmente, tienen la huella de Sebastián Amerio. Así que el karinismo seguramente querrá revisarlos”, dice un integrante del Consejo de la Magistratura con conocimiento de causa.
Como se sabe, el ahora exviceministro de Justicia respondía a Santiago Caputo y fue removido deshonrosamente y sin aviso mientras presidía la reunión de una comisión del Consejo de la Magistratura. No debió extrañar que Amerio ayer fuera una de las ausencias notorias en la jura de Mahiques.
De todas maneras, ese tal vez ese no sea motivo para una dilación. Los más informados sobre la actividad de la silente hermanísima dicen que hace tiempo ya venía revisando cuidadosamente la lista de los candidatos a jueces, al menos, de los postulados a los juzgados más sensibles para el poder.
Las causas ya abiertas en el último año contra los hemanos Milei y otros funcionarios del Gobierno parecen haber servido de lecciones para un veloz aprendizaje. Proteger la retaguardia y la retirada son principios básicos para el presente y el futuro de los poderosos. Más cuando las acusaciones de irregularidades no solo son patrimonio de opositores, sino que también es insumo de la guerra interna.
El celo que, dicen, ha puesto Karina con la asistencia de los primos Menem y asesores de su círculo para revisar los pliegos de jueces y fiscales es equiparable con el que ese triángulo puso para confeccionar las listas de candidatos para las elecciones legislativas.
Es el mismo celo que ya están poniendo para detectar y empezar a instalar postulantes para las elecciones del año próximo, en las que pretenden quedarse con, al menos, media docena de gobernaciones, hoy en manos tanto de adversarios como de aliados o colaboracionistas. Todo a 2007.
Así, con lentes bifocales, mirando los próximos meses y el año que viene, se mueven los integrantes de la nueva geometría del poder, reducida ahora a una línea recta que tiene soldados en los extremos a los hermanos Milei. El ya muy oxidado triángulo de hierro fue sepultado en un funeral deshonroso para la pompa con la que lo presentaba y exhibía Javier Milei. Aunque todavía el integrante desplazado sigue en la Casa Rosada.
“Nos pegaron duro, pero como no fue la primera vez, sino una más de varias, no dolió tanto. Y el camino todavía es largo”, se consolaba ayer uno de los miembros más destacados del caputismo. Aunque, en verdad, el verbo usado no fue golpear. Entre los mileístas, la carnalidad siempre es un lugar recurrente para graficar situaciones de éxitos o derrotas, ya no solo respecto de otros sino también de sí mismos.
El silencio sobre el rotundo avance karinista y el sonoro retroceso caputista que mantuvieron en las redes las milicias digitales de Las Fuerzas del Cielo, durante las primeras 24 horas, fue la medida de la magnitud del golpe recibido. La habitual verborragia jactanciosa y pendenciera pareció anestesiada de repente. No esperaban semejante derrota.
El propio Amerio, minutos antes de ser humillado en público, daba por hecho ante algunos miembros del Consejo de la Magistratura de que mantendría su cargo, aunque no ascendería, así como admitía la profundidad de la disputa entre su jefe y “el jefe”.
“‘Hay que recomponer ese vínculo y yo estoy dispuesto a trabajar para eso, si es necesario bajando el perfil’, me dijo Amerio”, contó una de los que habló con él antes de ser obligado a dejar la reunión del Consejo para que le confirmaran su desplazamiento.
Karina Milei y los suyos, con la venia del Presidente, ya habían decidido avanzar a fondo y ejecutar la maniobra para acorralar su adversario y competidor en la influencia sobre Javier Milei.
Sin embargo, nadie da por terminado el asunto, al menos mientras Santiago Caputo controle resortes de poder, como sobre el crucial sistema de espionaje y el Ministerio de Salud, en manos de Mario Lugones, padre de su socio Rodrigo Lugones. Y, sobre todo, mientras el peculiar vínculo afectivo con el Presidente perdure.
El estrecho abrazo de ayer llamó a la cautela a varios que forman parte del Gobierno, pero no del hermético círculo donde se toman las decisiones importantes. Una precaución que ya han adoptado en el flamante equipo de Justicia, empezando por el titular de la cartera.
Para ellos, ese ámbito resulta insondable. Un círculo electrificado al que se acercan con mucha prevención. La impiadosa expulsión de más de dos centenares de altos funcionarios desde que asumió Milei es un cartel luminoso de advertencia permanente.
No debe sorprender, entonces, que alguno de los que más lo conocen y lo frecuentan en la intimidad a Mahiques se apresuraron por destacar que el ministro se caracteriza por “su actitud conciliadora y por evitar conflictos. Además, si bien fue Karina la que lo puso ahí, él tiene una buena relación con Santiago desde hace mucho y la mantiene”. Por si la tortilla se vuelve o quedan cables sueltos.
Tiene mucha lógica esa caracterización. No solo se enrola en una trayectoria en la que Mahiques ha tratado de tener más amigos que enemigos y más acreedores que deudores de favores en el mundo del poder real.
También reafirma que ministro y asesor han compartido muchos lugares y relaciones de diferente naturaleza y condición, no siempre a la luz del día o en lugares de acceso público.
La prolífica cantera creada por el histórico operador radical Enrique Nosiglia sigue dando frutos, aunque varios de las nuevas figuras hayan salido, reporten o compartan usinas que le sucedieron a la casa matriz. El ADN no se mancha ni se puede borrar. Hilos más o menos visibles (o invisibles) los unen con empresarios, jueces, fiscales, sindicalistas, dirigentes del fútbol y espías.
El pedido de renuncia al titular de Inspección General de Justicia, Daniel Vítolo, como primera medida de la gestión Mahiques dice mucho. Vitolo había sido el principal ariete oficialista contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero Pablo Toviggino.
La argamasa del poder real suele tener una consistencia y una flexibilidad que le permite exceder los límites de los gobiernos y los climas de época, sin estar sometida a las mismas restricciones que la mayoría. Al menos, en la Argentina de estos tiempos.
De todas maneras, vale tener en cuenta que el Presidente acaba de anunciar que la de su gobierno ya no es solo una batalla cultural sino también una cruzada moralizante. Estos son sus ejecutores. La nueva era K acaba de comenzar.
Claudio Jacquelin,Conforme a
POLITICA
Causa AMIA: el fiscal Basso aseguró que “Hezbolá ejecutó el atentado bajo órdenes directas de Irán”

En una entrevista con Sebastián Basso para Infobae en Vivo, fiscal de la causa AMIA, se reconstruyó el camino judicial que permitió establecer la responsabilidad de Irán y de Hezbolá en el atentado más mortal de la historia democrática argentina, ocurrido el 18 de julio de 1994.
Durante el diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz, Basso expuso el entramado político y judicial detrás de la causa y los desafíos de una investigación marcada por la manipulación, la colaboración internacional y el rol clave de la ley de juicio en ausencia.
La justicia argentina y el papel de Irán y Hezbolá en el atentado a la AMIA
“La justicia argentina logró reunir todas las evidencias para reconstruir cómo fue la verdad del atentado. El atentado fue realizado por un grupo operativo de esta organización que se llama Hezbolá”, afirmó Sebastián Basso al iniciar el repaso de pruebas. Señaló que Hezbolá tenía un grupo clandestino cuyo jefe era Imad Mugniyah, con base en la Triple Frontera, y que coordinó el ataque a través de Salman Raouf Salman, quien empleó varias identidades y abandonó Buenos Aires tras la explosión.
Basso puntualizó que la justicia logró determinar la participación de otros miembros de la célula, como un ciudadano libanés con identidad falsa, quien ingresó por Ezeiza y también escapó por la Triple Frontera. “Sabemos que días después del atentado, en un periódico del Líbano, salió un comunicado de un grupo que reivindicaba ese atentado y otro que sucedió horas después en Panamá. Eso es importante porque este Salman Raouf Salman, mientras coordinaba el atentado acá, también llamaba a Panamá. Es prueba objetiva, acreditada mediante informes de telefónica.”
El fiscal destacó que la relación entre Irán y Hezbolá ha dejado de ser un secreto: “Hoy por hoy, ya es de público y notorio que Hezbolá e Irán es lo mismo. Es más, podemos afirmar que Hezbolá es una creación de Irán. Hezbolá reporta a Irán, Hezbolá vive de Irán. Si Irán no le abastece dinero, armas y entrenamiento, Hezbolá no existe”.
Figuras clave y obstáculos en la investigación judicial
Entre los responsables señalados por la justicia argentina figuran Ahmad Vahidi, jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán y señalado como ideólogo del atentado; Ali Asghar Hijazi, exfuncionario iraní considerado el enlace clave; Mohsén Rezaí, excomandante de la Guardia Revolucionaria; y Mohsen Rabbani, exagregado cultural de Irán en Buenos Aires. Todos tienen cédula roja de Interpol.
“La Guardia Revolucionaria o los Pasdarán es un ejército propio de la revolución. Dentro de esa Guardia Revolucionaria había un comando especial, la Fuerza Quds, que capacitan a todos los grupos aliados de Irán en el exterior. Vahidi es el que entrenó a estas fuerzas y es el que llevó adelante esas fuerzas. Por eso es una persona muy importante dentro del régimen”, explicó Basso.
El fiscal remarcó que el atentado se enmarca en la política exterior de Irán de los años noventa, orientada a “sembrar el terror” y sabotear el proceso de paz entre Israel y la OLP. “Rabbani es el que informa a Irán de que Argentina es un lugar propicio para llevar a cabo los ideales de esa revolución. Había una comunidad importante árabe y una comunidad importante judía. De hecho, lo llaman la segunda Israel”, indicó.

Sobre el avance de la causa, Basso subrayó que la ley de juicio en ausencia permitió destrabar el proceso judicial: “La acusación ya tiene más de 20 años, pero como no teníamos juicio en ausencia, no podíamos avanzar. Ahora lo que resta es que el juez de primera instancia, que en este momento es el doctor Rafecas, avale o no el pedido de la fiscalía para la elevación a juicio y que se pase a un tribunal oral”.
Desafíos, cooperación internacional y el rol del fiscal
El fiscal describió el esfuerzo de distinguir entre pruebas válidas y material manipulado en una investigación atravesada por irregularidades: “Durante los primeros pasos de la investigación hubo cosas muy bien hechas, pero también hubo irregularidades y actos por los cuales tanto gente del servicio de inteligencia, de la justicia y de la policía fueron condenados. Tuvimos que hacer en la unidad fiscal un trabajo de separar la paja del trigo”.
Para Basso, el trabajo se apoya en corroborar cada pieza de evidencia con fuentes independientes: “Los testigos que recibí la declaración en Francia son personas iraníes de edad avanzada que ya estuvieron detenidos en la época del Sha, torturados en la época del Sha y perseguidos por este régimen. Algunos de ellos convivieron en la misma habitación mientras estudiaban con los acusados. Me van dando datos, declaran, dicen: ‘Esto pasó así y así’. Con esa sola declaración no me quedo, cotejamos con otras fuentes independientes que nos permiten corroborar estos datos”.
Sobre la cooperación internacional, enfatizó: “El caso AMIA es un caso donde el Estado argentino en su conjunto dijo que había que darle prioridad. Por eso tenemos mucha más ayuda que otros fiscales. Pero también dependemos mucho de la ayuda global, porque el grupo que ingresó a la Argentina son extranjeros. Toda la prueba contra ellos es producida en otros países y necesitamos la cooperación de esos países”.
Consultado sobre el aspecto personal, Basso reconoció los riesgos y la dimensión de la causa: “Hace casi 40 años que estoy dentro del poder judicial y siempre me dediqué al ámbito penal y básicamente a delitos de crimen organizado. Uno cuando asume el cargo sabe los riesgos que corre, asume esos riesgos y también le gusta su profesión. Uno pone todo lo que tiene de sí para ello”.
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POLITICA
Juan Bautista Mahiques se reunió con Sebastián Amerio y le ofreció la Procuración del Tesoro

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, le ofreció a Sebastián Amerio la Procuración del Tesoro de la Nación, esto es, la jefatura del cuerpo de abogados del Estado. Fuentes al tanto de la conversación entre ambos indicaron que el exsecretario de Justicia postergó una respuesta hasta tener una conversación con su jefe político, el asesor presidencial Santiago Caputo.
El actual procurador del Tesoro es Santiago Castro Videla, un académico surgido de la Universidad Austral. lo consultó sobre su futuro, sin respuesta.
El ofrecimiento se conoce luego del encuentro que ambos mantuvieron pasado el mediodía, luego de la jura de Mahiques, cuando el flamante ministro llegó a la sede de la calle Sarmiento y se enteró que en el lugar lo esperaba Amerio.
La salida de Amerio fue la gran sorpresa de la jornada de ayer para la tropa del asesor presidencial Santiago Caputo, a quien reportaba el ahora exsecretario de Justicia. No así el paso al costado de Mariano Cúneo Libarona, que había presentado su renuncia en octubre y decidió continuar tras recibir un pedido de Karina Milei para permanecer hasta marzo.
Sin embargo en el ala “celestial” que responde a Santiago Caputo daban por sentada la continuidad de Amerio en el cargo, que le daba un llegada privilegiada a los tribunales y un asiento en el Consejo de la Magistratura. Con las designaciones de Mahiques y Santiago Viola como su segundo, la secretaria general de Presidencia se quedó con todo.
Este jueves, luego de una breve comunicación telefónica entre ambos, Mahiques y Amerio se encontraron en el despacho del primero y dialogaron en “excelentes términos”, según coincidieron ante cerca de ambos.
Amerio no fue invitado a la jura de Mahiques en la Casa Rosada, donde se dio el frío saludo entre Karina Milei y Santiago Caputo. Por eso, concurrió al edificio del Ministerio de Justicia, en la calle Sarmiento, y aguardó en el séptimo piso, donde está el despacho de la Secretaría de Justicia, que ocupaba hasta ayer.
Cuando Mahiques llegó al ministerio fue informado que Amerio estaba ahí y lo llamó. Se ofreció a ir a verlo, pero Amerio le dijo que iba él al flamante despacho de Mahiques, en el quinto piso. Un guiño de formas, tras una salida en la que Amerio se anotició en vivo, durante una audiencia del Consejo de la Magistratura, que acababa de ser reemplazado por Santiago Viola.

“No fue grato, pero en vez de suspender o postergar por falta de quorum, él entendió que había que decir la verdad y retirarse. Nada más”, dijeron cerca de Amerio sobre lo sucedido en la mañana del miércoles. Este jueves, cerca suyo, también rechazaron que el funcionario hubiera intentado resistir su salida, como circuló ayer.
“Presentó la renuncia en el acto y está a la firma del ministro. Pueden llamar a Mahiques”, dijeron. “Nunca se atornilla a un lugar. Con un mensaje por WhatsApp también se iba”, ampliaron.
Durante la reunión de hoy, Mahiques y Amerio dialogaron sobre la posibilidad de encontrar un nuevo destino para el alfil de Santiago Caputo. Amerio tiene un cargo de planta en la Secretaría Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el que pidió licencia al comienzo de la gestión mileísta. Si no acepta la oferta de Mahiques, podría volver ahí.
Durante la reunión también se habrían abordado temas relativos a la transición en la cartera. “Estamos en una transición súper ordenada y en excelentes términos”, dijeron desde el entorno del exsecretario de Justicia.
Cerca de Amerio dejaron trascender que, además del encuentro con Mahiques, hablará con “Presidencia” sobre su futuro. “Está para seguir donde sea útil”, agregaron.
jura de Mahiques,frío saludo,anotició en vivo,Cecilia Devanna,Juan Bautista Mahiques,Javier Milei,Santiago Caputo,Conforme a,Juan Bautista Mahiques,,A pocas horas de asumir. Mahiques le pidió la renuncia al funcionario que había reclamado veedores para la AFA,,Jura. El reemplazante de Mahiques en la fiscalía de la Ciudad será López Zavaleta, otro judicial con el apoyo de Angelici,,AFAGate. El extraño robo que puso en jaque el sistema de bolsos con dinero y un chat sugestivo sobre Mahiques
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