POLITICA
Los movimientos sociales lanzarán una jornada nacional “contra el hambre” y anticipan un diciembre de tensión
Mientras el Gobierno activa el protocolo antipiquetes y resta importancia al “poder de movilización” de los movimientos sociales, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) encabezará este martes 9 de diciembre, desde las 10 de la mañana, una Jornada Nacional de Lucha contra el Hambre, por Salario Digno y Trabajo con Derechos, con acciones simultáneas en el AMBA y más de 30 ciudades del país. Entre esos centros de protesta figura el Congreso de la Nación. Las protestas incluyen ollas populares, cortes, asambleas y movilizaciones territoriales que conforman el inicio de lo que diversas organizaciones describen como “un diciembre caliente”.
La medida se da en un escenario social “crítico, atravesado por el congelamiento del Salario Social Complementario (SSC) —fijado en 78 mil pesos desde diciembre de 2023—, la pérdida de ingresos informales, la paralización de la obra pública en barrios populares y la tensión creciente por la reforma laboral que impulsa el Gobierno de La Libertad Avanza“, describen los organizadores.
“Estamos frente a un plan sistemático de miseria planificada”, señalan desde la UTEP, que articula la convocatoria junto al Movimiento Evita, Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la CCC y el Frente Nacional Piquetero y Territorios en Lucha, entre otras organizaciones del campo popular.
No estarán solos. Los sindicatos combativos participarán de la protesta. La Asociación Trabajadores del Estado, por ejemplo, definió la fecha del Paro Nacional para el 9 de diciembre y se movilizará al Congreso de la Nación para rechazar la reforma laboral regresiva del Gobierno, exigir la inmediata reapertura de paritarias con una recomposición salarial de emergencia y en rechazo al intento de recorte del 10% de los trabajadores estatales. Hasta ese mismo punto también llegarán las principales columnas de la UTEP, cuyo secretario general es Alejandro “Peluca” Gramajo, también dirigente del Movimiento Evita.
“Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
“Cuando fue la crisis económica global de 2009/10, legislaciones similares se implementaron en varios países del mundo y en todos los casos fracasaron. Si analizamos la historia más reciente, el periodo de mayor creación de empleo y registro de trabajadores fue desde 2002 al 2011/12, cuando existía la doble indemnización. Y aún con doble indemnización igual se registraban trabajadores. Eso prueba que la única manera de superar la crisis que hoy vive el mundo del trabajo es poniendo en valor las convenciones colectivas”, opinó el dirigente estatal.
El jueves pasado, una masiva asamblea en Plaza Belgrano, en La Plata, impulsada por la UTEP, funcionó como puntapié del plan de lucha.
Gremios estatales, movimientos territoriales y las dos CTA coincidieron en el diagnóstico: el Gobierno busca una flexibilización “al servicio del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los grandes grupos empresarios”, que precariza aún más un mercado laboral que ya refleja índices de indigencia sin precedentes, sostuvieron en un comunicado en conjunto.
El Partido Justicialista acompañó con un comunicado titulado “Sí al trabajo, no a la precarización laboral del FMI”, donde advirtió sobre el deterioro acelerado de los ingresos y la ofensiva sobre los convenios colectivos.
El secretario general de la UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo, planteó una lectura dura y directa sobre la reforma laboral: “No existe reforma en el mundo que por sí sola genere trabajo con derechos. Cuando el Gobierno dice que quiere terminar con la informalidad, nos están vendiendo gato por liebre. Y los argentinos no queremos comer gatos, como pasó en 2001, cuando la gente cagada de hambre terminó saqueando supermercados”.
Gramajo describió una situación social límite: endeudamiento familiar, pagos con tarjetas y billeteras virtuales, y la irrupción de los prestamistas narcos como última instancia financiera en los barrios populares. Y agregó: “Necesitamos un modelo económico nacional con centro en el trabajo y la producción, que deje de importar esclavitud. Hoy existe un trabajo real en la Argentina que es el de la economía popular, que cientos de miles de personas inventan para vivir. Falta reconocimiento y faltan derechos. Por eso es urgente crear un Estatuto del Trabajador y Trabajadora de la Economía Popular”.
La CTA Autónoma, que también se sumará a las marchas, participó del plenario sindical: “La reforma laboral que planea el gobierno”, instancia para debatir y analizar el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno.
Su secretario general, Hugo “Cachorro” Godoy, llamó a fortalecer la organización en los lugares de trabajo y en los territorios para enfrentar el avance del gobierno de La Libertad Avanza que en las últimas elecciones se vio fortalecida parlamentariamente. “Tenemos que poner en estado de movilización a nuestro pueblo para que la reacción sea masiva y contundente, y que el paro necesario sea también un paro comunitario”, expresó Godoy.
Según las organizaciones sociales agrupadas en la UTEP, la situación se agravó con la suspensión de la obra pública en más de 5 mil barrios populares, el impacto de las importaciones en la producción textil, la caída del precio del cartón que afecta a las familias cartoneras y la crisis de la agricultura familiar. A eso se suma la desfinanciación de espacios comunitarios y la violencia institucional “que estigmatiza y persigue a los trabajadores del espacio público”.
Las acciones no se limitan al AMBA. Durante los últimos días hubo movilizaciones en Plaza Congreso, Bahía Blanca, Mendoza, Salta, Rosario, Ushuaia y Jujuy, en rechazo a la intención oficial de modificar la Ley de Glaciares. Organizaciones socioambientales, colectivos indígenas y movimientos territoriales confluyeron en un mismo reclamo: frenar lo que definen como un proyecto de ajuste estructural.
En paralelo, ATE, las dos CTA, Libres del Sur y movimientos piqueteros acordaron un esquema de protestas que incluye paros escalonados, movilizaciones conjuntas y una contrapropuesta técnica a la reforma laboral.
Las centrales sindicales remarcaron que los puntos más regresivos del DNU 70/23, titulado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, ya fueron declarados inconstitucionales por la Justicia Laboral y denunciaron un intento del Gobierno por “fragmentar al movimiento obrero bajo la excusa de la modernización”.
La crisis alimentaria, la falta de trabajo y la reforma laboral son los ejes que atraviesan los reclamos. Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP, dijo al ser consultado por Infobae: “El debate sobre el Estatuto de Trabajador y Trabajadora de la Economía Popular es fundamental para poder blanquear el trabajo sin derechos que tiene la mitad de la población económica mexicana. El aumento del salario social complementario, que tiene que ser la mitad del salario mínimo vital y móvil, por supuesto que eso tiene que ir acompañado de un salario mínimo vital y móvil que cubra la canasta básica. Y para todo esto, por supuesto es necesaria una jornada de lucha como esta, pero este es recién el comienzo de un proceso de lucha que se va a ir incrementando, que se va a ir acelerando”.
Por estas razones, para el referente social: “Estamos convencidos de que nuestro pueblo va a pasar una Navidad muy triste y necesitamos poder discutir esto con el pueblo, con el pueblo que le está pasando mal. Por lo tanto, se van a acelerar las actividades como las asambleas en los barrios, no tengo duda de que también se van a hacer asambleas en barrios de clase media-baja, empezar un proceso asambleario, porque el eje central es el problema principal que hoy tiene nuestro pueblo, que es el problema que está vinculado al trabajo. El gobierno con este plan económico no tiene manera de garantizar una reforma laboral que no genere mayor exclusión que la que está generando”.
Las organizaciones exigen:
- Actualización inmediata del Salario Social Complementario.
- Reindexación automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
- Bono de fin de año para trabajadores informales.
- Reactivación de obras en barrios populares.
La UTEP recordó que más de 8,8 millones de personas integran la economía popular. La reforma laboral del Gobierno —advierten— profundizará la exclusión si no incorpora al sector con un régimen propio que formalice y proteja a quienes trabajan fuera del empleo registrado.
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Alejandra Monteoliva, confirmaron que se aplicará el protocolo antipiquetes sin excepciones. Solo se permitirá la “circulación ordenada de columnas” y se impedirán acampes y cortes prolongados. En la Casa Rosada descreen de la capacidad de movilización de estos sectores y relativizan el impacto político de las protestas.
El 11 de diciembre, en tanto, las organizaciones acompañarán la marcha de los organismos de derechos humanos a Plaza de Mayo por el Día Internacional de los Derechos Humanos, en una jornada que buscará unificar luchas y dar volumen político a las marchas de diciembre que ya se votaron y son puestas en acción.
POLITICA
AFA: la Justicia investiga si Pablo Toviggino escondía la plata que le enviaba a la empresa de Faroni en un cajón de medias
La Justicia investiga si Pablo Toviggino escondía la plata que le enviaba a la empresa TourProdEnter, encargada de administrar recursos de la Asociación del Fútbol Argentino en el exterior y presidida por Javier Faroni, en un cajón de medias.
Una supuesta conversación por chat entre el tesorero de la AFA y su ex mano derecha, el abogado Juan Pablo Beacon, aportaría una nueva evidencia para la investigación.
El intercambio por WhatsApp muestra cómo ambos coordinan la entrega de 300.000 dólares. En la conversación, Beacon avisa que enviará el dinero y el tesorero de la AFA responde: “El veneno cerrado en el primer cajón”.
El chat entre Toviggino y Beacon
La supuesta conversación entre Toviggino y Beacon comienza a las 11:58 de la mañana. TN reproduce el texto analizado por la Justicia:
Beacon escribió: “Hermano… A las 14 te llevo todo. Veneno?”. Minutos después, Toviggino respondió: “Hermano, dale, sí. El veneno cerrado en el primer cajón. Supuestamente llevaban más hoy”.
A las 12:04, Beacon confirmó el monto y envió una captura para comprobar el contacto: “Traen 300.000 dólares”.
“Bueno hermano, ahí vamos”, contestó el tesorero. El abogado preguntó: “¿Estamos bien con eso?“. ”Sí, sí, perfecto. Van a quedar US$1.670.000 entonces», replicó.
Ante ello, le respondió: “Bien, hermano, excelente. Porque ahí tengo que pagar 150 y 10, así que perfecto”.
Pasadas las 14.30, Beacon volvió a ponerse en contacto con Toviggino y le mandó una imagen de un hombre cerrando el cajón de un mueble. “Está uñando. Ya sé cuánto pesa. Bolso”, expresó y remarcó: “Entró todo”.
“Entonces hoy los gurkas 300?”, consultó Toviggino y Beacon le contestó: “Si… cumplieron. Dicen que pasan el lunes. Es más probable que ‘Julito’ deje de falopearse, pero bueno, los espero”.
“Jajajaja muy buena esaaaa hermano”, cerró el tesorero.
Qué se investiga en la causa
Según el análisis de la documentación incorporada a la causa, esta conversación constituye parte de la prueba directa que vincularía a Toviggino con la recepción de dinero en efectivo proveniente de fondos que habían salido de TourProdEnter y habían sido girados previamente a empresas consideradas fantasma.
La mecánica que investiga la Justicia señala que el dinero administrado en el exterior por TourProdEnter era transferido a compañías radicadas en Estados Unidos. Entre ellas figura Dicetel, que según la documentación habría recibido más de 4,8 millones de dólares.
Posteriormente, de acuerdo con la hipótesis bajo análisis, una financiera en la Argentina preparaba entregas en efectivo.
Leé también: Los argumentos del juez para procesar y embargar a Tapia y Toviggino
Todo este material forma parte de una investigación judicial que intenta reconstruir la ruta de fondos que la AFA tenía en el exterior. La causa está a cargo de la fiscal Cecilia Incardona y del juez Luis Armella.
En el expediente ya fueron incorporados chats, audios, planillas manuscritas, facturas y comprobantes de transferencias. Parte de esa documentación fue revelada en informes periodísticos que indicaron que TourProdEnter habría enviado unos 50 millones de dólares a cinco empresas presuntamente fantasma.
La investigación busca reconstruir el recorrido de alrededor de 260 millones de dólares que la AFA recibió en el exterior por sponsors, partidos amistosos y la plataforma AFA Play.
Según la hipótesis que analiza la Justicia, una parte de esos recursos habría sido desviada hacia compañías radicadas en Estados Unidos. Luego, parte del dinero habría regresado al país en efectivo.
AFA, Pablo Toviggino, Javier Faroni
POLITICA
Adorni compró el departamento en Caballito por USD 230 mil y le prestaron casi el 90% dos jubiladas
El jefe de Gabinete Manuel Adorni formalizó la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito el 18 de noviembre de 2025, una operación que alcanzó los USD 230.000. La transacción, documentada en la escritura de compraventa, quedó asentada en el Registro de la Propiedad Inmueble, organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, según surge de un informe de dominio obtenido por La Nación mediante un trámite regular.
La vivienda, de casi 200 metros cuadrados, era propiedad de dos mujeres que la habían adquirido el 30 de abril del mismo año. Antes, el inmueble pertenecía al exfutbolista Hugo Alberto Morales. Las vendedoras, identificadas como Beatriz Viegas, jubilada de 72 años domiciliada en el barrio de Flores, y Claudia Sbabo, figuraron no solo como titulares del bien sino también como acreedoras de un préstamo hipotecario utilizado para concretar la compra. En el Registro de la Propiedad Inmueble consta que ambas aportaron el 50% cada una de un crédito total de USD 200.000, es decir, casi el 90% del monto total de la operación.
La estructura financiera de la operación fue consignada en el informe registral. Allí se detalla que el crédito hipotecario por USD 200.000 le permitió a Adorni completar la adquisición del departamento, quedando las dos jubiladas como acreedoras en partes iguales.
En noviembre de 2025, además de la operación en Caballito, el funcionario adquirió una propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, partido de Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa. Pese a estos movimientos, en su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni no había informado la venta de su anterior inmueble en Parque Chacabuco.
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una batería de medidas de prueba en el expediente por supuesto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni. El requerimiento, confirmado por fuentes judiciales, incluye oficios a registros de la propiedad, vehículos y movimientos financieros con el objetivo de identificar activos no declarados tanto del jefe de Gabinete como de su esposa, Julieta Bettina Angeletti. La fiscalía fundamentó la solicitud en la existencia de “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario, según el expediente que tramita el juez Lijo.
La denuncia original fue impulsada por la diputada Marcela Pagano, quien señaló que el patrimonio de Adorni habría experimentado un aumento del 500% en un solo período fiscal. La legisladora detalló discrepancias entre la declaración jurada inicial y la anual, en particular la omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por sumas superiores a $16.000.000, además de la incorporación de USD 24.500 en efectivo cuya procedencia habría sido justificada mediante préstamos familiares.
En el caso específico de la vivienda de Caballito, el informe de dominio revela que la adquisición fue posible gracias a un crédito hipotecario concedido por las dos jubiladas vendedoras, quienes, de acuerdo con el registro, quedaron como acreedoras del total del préstamo.
Los investigadores también buscan determinar la titularidad y el origen de los fondos utilizados en la operación, así como eventuales vínculos entre los actores involucrados.
Según los reportes internos del propio country, las expensas del lote 380 comenzaron a figurar a nombre de Angeletti, lo que sugeriría la existencia de un vínculo dominial o posesorio no declarado en las declaraciones juradas públicas. La fiscalía señaló que, revisados los documentos presentados ante la Oficina Anticorrupción, Adorni solo declaró el 50% de un departamento en Capital Federal, de 115 metros cuadrados, y el 100% de una unidad en La Plata, de 105 metros cuadrados. No se registran lotes o construcciones a su nombre en Exaltación de la Cruz ni en countries.
La fiscalía fundamentó las nuevas medidas en la necesidad de verificar “toda situación patrimonial, crediticia, registral, societaria, dominial y económica” de Adorni y su entorno directo. Por el momento, el juez Lijo no dictó ninguna resolución sobre las medidas propuestas. Se aguarda que, en las próximas semanas, el expediente sume información clave para determinar si hubo omisiones en las declaraciones patrimoniales o si el origen de los fondos empleados en la compraventa del departamento de Caballito y la vivienda en el country puede ser plenamente justificado.
La Confederación General del Trabajo (CGT) endureció su postura frente a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y advirtió que la disputa judicial “va a terminar en la Corte Suprema”, luego del fallo que suspendió de manera provisoria parte de la ley 27.802.
Uno de los titulares de la CGT, Cristian Jerónimo, cuestionó el origen de la ley y anticipó el recorrido judicial del conflicto. “El Gobierno quiso imponer esta reforma como lo hizo con el DNU 70. De forma unilateral, sin consenso y avanzando sobre derechos”, escribió en su cuenta de la red social X.
En ese sentido, sostuvo que “no solo esta cautelar, sino muchas otras que vienen saliendo, marcan ese límite”. “Esta instancia va a terminar en la Corte”, afirmó.
La reacción sindical se conoció después de que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 hizo lugar a una medida cautelar y frenó la aplicación de distintos artículos, en el marco de un planteo colectivo presentado por la central obrera en representación de trabajadores de todo el país, y que el Ministerio de Capital Humano confirmó que apelará la decisión para sostener la reforma, a la que considera clave para la generación de empleo formal.
En contrapartida, Jerónimo planteó que el contexto actual impide la implementación de los cambios impulsados por el Ejecutivo. “Hoy está claro: no están dadas las condiciones para aplicar la reforma laboral. Esta ley no va a prosperar”, señaló en la misma publicación.
El conflicto abre un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y la central obrera, mientras continúa la discusión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma.
Qué resolvió la Justicia y cómo sigue el caso
El fallo del fuero laboral dispuso la suspensión provisoria de 82 artículos de la ley 27.802 al hacer lugar a una medida cautelar innovativa presentada por la CGT, en el marco de una acción colectiva que cuestiona la constitucionalidad de la reforma.
En su análisis preliminar, el juez consideró que para dictar una cautelar no se requiere certeza absoluta sobre el derecho invocado, sino la verificación de una apariencia razonable que justifique una tutela preventiva mientras se discute el fondo del asunto.
Del lado oficial, la cartera que conduce Sandra Pettovello informó que apelará el fallo para intentar revertir la cautelar y restituir la vigencia de los artículos suspendidos mientras se tramita el proceso principal.
Leé también: Un juez suspendió la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral tras un reclamo de la CGT
En un comunicado, el ministerio sostuvo que existen sectores que “pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento”, y reafirmó su compromiso con la ley de Modernización Laboral.
En esa línea, el diputado Lisandro Almirón calificó la decisión judicial como un “avasallamiento a la democracia”, y confirmó el camino que el Ejecutivo apelará “hasta las últimas instancias”.
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