POLITICA
Los movimientos sociales y piqueteros se movilizarán en febrero al Congreso contra la reforma laboral
Los movimientos sociales y organizaciones piqueteras de izquierda resolvieron movilizarse frente al Congreso Nacional durante el mes de febrero. La fecha estipulada será el día en que el Senado trate la reforma laboral, impulsada por el Gobierno. La decisión fue adoptada en rechazo al proyecto de ley de La Libertad Avanza, al que consideran un ataque estructural a los derechos de los trabajadores formales e informales, en paralelo a un escenario de alta tensión política, sindical y parlamentaria.
La convocatoria tendrá como protagonistas a los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), junto a organizaciones piqueteras y sectores de la izquierda, que anticiparon una masiva presencia en las calles pese a algunas concesiones que ya realizó el Poder Ejecutivo. Para estos sectores, los cambios no alteran el corazón del proyecto de ley de “modernización laboral” que, sostienen, profundiza la precarización laboral y debilita el entramado sindical.
El Congreso, epicentro del conflicto
El conflicto se reactivó con fuerza luego de que el presidente Javier Milei convocara a un nuevo período de sesiones extraordinarias del Congreso para febrero, mediante el decreto 24/2026, firmado junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La medida establece que el período se extenderá desde el 2 hasta el 27 de febrero, y ubica a la reforma laboral como uno de los cuatro proyectos centrales de la agenda legislativa del oficialismo.
La Casa Rosada definió un cronograma político acelerado con el objetivo de convertir en ley la reforma laboral antes del inicio de las sesiones ordinarias. En ese marco, el Gobierno prevé llevar el proyecto al recinto de la Cámara alta entre el 10 y el 12 de febrero, con fecha tentativa de tratamiento el 11 de febrero, día en el que se espera la movilización frente al Congreso. Sin embargo, esa fecha está sujeta a modificaciones. Los organizadores entienden que será “un febrero caliente” y de alto voltaje político.
Además de la iniciativa laboral, el temario incluye el pedido de aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, el proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial y otras iniciativas consideradas estratégicas por la administración libertaria.
Una mayoría esquiva en el Senado
Con una bancada propia minoritaria —aunque mayor que antes de las anteriores elecciones legislativas—, La Libertad Avanza (LLA) necesita reunir al menos 16 o 17 voluntades adicionales para alcanzar el quórum de 37 senadores y avanzar con la votación. En ese escenario, el rol de Patricia Bullrich, jefa del interbloque oficialista y presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, será central para defender el proyecto y articular los acuerdos políticos necesarios.
El oficialismo desplegó una estrategia de negociación múltiple que incluye una comisión técnica, coordinada por la abogada Josefina Tajes, encargada de recopilar y ordenar las propuestas de modificación impulsadas por sectores de la UCR, el PRO y la CGT. La intención del Ejecutivo es evitar cambios de último momento que puedan poner en riesgo la sanción del proyecto.
En paralelo, Bullrich inició una ronda de reuniones con jefes de bloques opositores considerados “dialoguistas”, con especial foco en los senadores radicales, los representantes del PRO y legisladores provinciales alineados con sus gobernadores.
La negociación con las provincias se volvió uno de los puntos más sensibles del debate. El proyecto de Modernización Laboral incluye cambios impositivos que impactan directamente en los recursos coparticipables, en un contexto en el que las provincias ya denuncian una fuerte caída de ingresos durante la gestión actual.
En particular, la iniciativa contempla una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para las empresas, con un tope del 31,5% frente al 35% vigente, lo que implicaría una merma estimada de 1,6 billones de pesos en recaudación, fondos que se distribuyen entre Nación y provincias. Esta situación genera resistencias entre los gobernadores, que evalúan el costo fiscal de acompañar la reforma.
Los movimientos sociales endurecen su postura
Para los movimientos sociales y piqueteros, el escenario es aún más categórico. Desde la UTEP, su secretario general Alejandro Gramajo afirmó que la reforma “está orientada a quitarle derechos a los trabajadores que hoy se mantienen dentro de una relación salarial formal plena de derechos”, y advirtió que el nuevo esquema de indemnizaciones “propone pagar menos, en cuotas y con fondos que hoy pertenecen a los jubilados”.
En la misma línea, Gramajo rechazó el argumento oficial que sostiene que la quita de derechos generará más empleo formal. “Es algo nunca visto: quitarle derechos a unos para supuestamente beneficiar a otros. Si bajan al de arriba, pisan al de abajo”, sostuvo.
Desde una posición aún más confrontativa, el ex secretario general de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro, afirmó que “no tiene un solo punto a favor de los trabajadores informales ni de la economía popular”. Para Castro, cualquier avance en derechos para los sectores más postergados solo será posible si la reforma laboral es rechazada en el Congreso.
Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) enfrenta un escenario complejo. Si bien mantiene su rechazo al proyecto, la central obrera optó por una estrategia de “reducción de daños”, intentando recortar los artículos más lesivos a través de negociaciones con gobernadores y legisladores, mientras mantiene la presión en la calle.
La CGT ya protagonizó una masiva movilización el 18 de diciembre en Plaza de Mayo y no descarta nuevas medidas de fuerza, incluido un paro nacional, si el Gobierno avanza sin modificar aspectos centrales de la reforma. Entre sus principales críticas figuran la flexibilización de las condiciones de trabajo, la reducción de indemnizaciones, la limitación del derecho de huelga, la ruptura de la negociación colectiva y el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales.
Con el tratamiento previsto para febrero, el conflicto entra en una fase decisiva. El Gobierno apuesta a cerrar acuerdos políticos para sancionar una de sus leyes emblemáticas, mientras que la CGT, los movimientos sociales y las organizaciones piqueteras preparan una respuesta en las calles. La pregunta es: ¿conseguirán masividad para demostrar fuerza contra las políticas libertarias?
El Congreso volverá a ser el escenario donde se cruce la disputa entre el proyecto de transformación laboral del oficialismo y la resistencia del movimiento obrero organizado y los sectores populares. Febrero se perfila así como un mes clave, no solo para el futuro de la reforma laboral, sino para el equilibrio político y social.
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POLITICA
El Gobierno recordó a las víctimas del atentado a la AMIA tras confirmarse la muerte del ayatolá Ali Jamenei
La Oficina del Presidente emitió este viernes un comunicado en el que expresó su respaldo a la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel que derivó en la muerte del ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán.
En el texto oficial, difundido desde la Casa Rosada, el Gobierno sostuvo que se trató de una acción contra “una de las personas más malvadas, violentas y crueles que ha visto la historia de la humanidad” y cuestionó con dureza su rol durante décadas. “Sus atrocidades no solo han sido sufridas por el pueblo iraní, sino que han impactado a lo largo de todo el globo”, agrega el documento.
Leé también: Trump confirmó que el líder supremo de Irán murió en los ataques coordinados de Israel y EE.UU.
En este sentido, el gobierno hizo especial referencia al atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 en la Ciudad de Buenos Aires, que dejó 85 muertos y cientos de heridos. La administración nacional recordó que, según determinó la Justicia argentina, “se trató de un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbollah, el principal grupo terrorista financiado por Irán”.
“La búsqueda de justicia por las 85 víctimas es una política de Estado y continuará hasta que el último responsable pague, con su libertad o con su vida, por tan horrible crimen”, se señala el mensaje.
Por último, el Gobierno de Javier Milei manifestó su expectativa de que la ofensiva militar contribuya a cerrar un ciclo de más de cuatro décadas de autoritarismo en Irán y abra el camino hacia una etapa de mayor estabilidad y respeto por los derechos humanos para la población de ese país.
El mensaje de Cancillería tras la noticia de la muerte de Jamenei
El canciller argentino Pablo Quirno se pronunció luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara que Ali Jamenei murió este sábado durante el ataque en Teherán. En su cuenta de X, el ministro de Relaciones Exteriores también recordó que el líder supremo iraní es uno de los imputados por el atentado contra la AMIA.
“Ante la confirmación de la muerte de Ali Jamenei, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, corresponde recordar que la Justicia argentina determinó que el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, con 85 muertos y centenares de heridos, fue un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbollah“, escribió el canciller al principio de su mensaje.
Quirno remarcó que la “decisión estratégica fue adoptada por la conducción política iraní vigente en 1993–1994, entre cuyas máximas autoridades se encontraba Jamenei, imputado en la causa».
Y agregó: “La búsqueda de verdad y justicia por las 85 víctimas es una política de Estado y seguirá siendo una prioridad permanente. Que estas noticias aporten alivio a las familias y contribuyan al reconocimiento de las responsabilidades y a la lucha contra el terrorismo y la impunidad”.
En abril de 2025, el fiscal Sebastián Basso presentó una resolución para solicitar al juez federal Daniel Rafecas que dictara la orden de captura nacional e internacional del ayatolá Ali Jamenei “por tomar parte con los restantes imputados iraníes” y por su “patrocinio de la organización armada que actúa de manera clandestina fuera de las fronteras del territorio libanés vinculada al movimiento Hezbollah, que ha realizado desde hace décadas innumerables atentados contra la vida y los bienes de las personas que deben ser calificados como terroristas, entre ellos la AMIA”.
A su juicio, Jamenei “encabezó la toma de la decisión de perpetrar un atentado con bombas en Buenos Aires en julio de 1994 y emitió la orden ejecutiva (fatwa) 39 para llevarlo adelante. También es indudable que desde siempre y al día de la fecha Jamenei es el principal sostén de grupos que poseen capacidad militar como Hezbollah”.
Leé también: Quién era Ali Jamenei, el líder supremo iraní que desafió a EE.UU . y concentró el poder durante más de 30 años
El gobierno iraní repudió, en julio del mismo año, la decisión de la Justicia argentina de avanzar con un juicio en ausencia contra 10 ciudadanos iraníes y libaneses acusados de haber planificado el atentado terrorista contra la AMIA en 1994, y calificó la medida como una “acción ilegal, politizada y contraria al derecho internacional”.
En un duro comunicado, señaló que Javier Milei está alineado con Israel y Estados Unidos en una “conspiración” para proteger a “funcionarios argentinos corruptos” que serían —según su visión— los verdaderos responsables del ataque.
La respuesta iraní se produjo días después de que Rafecas resolviera que se juzgue en ausencia a los 10 acusados —entre ellos exfuncionarios del régimen iraní y miembros de Hezbollah—, todos prófugos de la Justicia argentina desde hace casi dos décadas, bajo la nueva figura incorporada este año al Código Procesal Penal.
Irán, AMIA
POLITICA
EEUU pone la lupa sobre las estaciones espaciales chinas en Argentina y su posible uso militar
Un nuevo reporte del Congreso de Estados Unidos encendió la alarma sobre la presencia de infraestructura espacial china en América Latina, con especial foco en la Argentina.
El documento, titulado “Atrayendo a América Latina hacia la órbita de China”, sostiene que el régimen asiático consolidó en la región una red de estaciones terrestres y telescopios con capacidad de uso civil y militar, que podrían servir para recopilar inteligencia y fortalecer su estructura de defensa.
El trabajo fue elaborado por el Comité Selecto sobre la actividad de China en el hemisferio occidental y señala al menos once instalaciones vinculadas a Beijing en distintos países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile y Brasil.
Neuquén, en el centro del análisis
El informe dedica un apartado específico a la Estación de Espacio Lejano ubicada en Bajada del Agrio, provincia de Neuquén. Allí funciona una antena de 35 metros de diámetro capaz de captar señales satelitales.
Según el documento, “en 2016, funcionarios argentinos y chinos firmaron un acuerdo en el que se estipulaba que la estación se destinaría exclusivamente a fines civiles; sin embargo, parece que ambas partes no establecieron ningún mecanismo de supervisión”.
Base china en Neuquén.
La base comenzó a construirse en 2014 bajo la presidencia de Cristina Kirchner y fue finalizada en 2017. Se trata de un predio de aproximadamente 200 hectáreas cedido por 50 años, con exenciones impositivas. De acuerdo a datos oficiales provinciales, la inversión superó los 50 millones de dólares.
Desde Washington advierten que este tipo de infraestructura podría integrarse a redes estratégicas del Ejército Popular de Liberación chino, en el marco de su política de expansión tecnológica y espacial.
Telescopios y estaciones bajo la lupa
El reporte también menciona al Observatorio Astronómico Félix Aguilar, en la provincia de San Juan, donde opera un sistema láser de medición satelital (SLR) financiado y desarrollado por el país asiático. Se trata de un telescopio capaz de generar datos de localización milimétrica.
En el texto se afirma que “estas capacidades pueden permitir una puntería precisa, la guerra electrónica y la alerta estratégica contra amenazas en el aire, el mar y el espacio”.
Otro punto señalado es la Estación Terrena de Río Gallegos, en Santa Cruz. Según el informe, fue aprobada en 2021 como instalación civil tras un acuerdo entre la firma argentina Ascentio Technologies y la empresa china Emposat. No obstante, el documento sostiene que la firma mantiene vínculos con la Fuerza Aeroespacial del Ejército chino y que una de las antenas instaladas carece de especificaciones técnicas públicas.
Para los legisladores estadounidenses, las instalaciones argentinas no funcionan de manera aislada, sino que conforman “nodos de una red coordinada que proporciona información estratégica” a Beijing.
Recomendaciones y advertencias de Washington
El presidente del Comité Selecto, John Moolenaar, sostuvo: “Gran parte de la vida cotidiana estadounidense depende de los satélites que vuelan sobre nosotros, y por eso las operaciones espaciales de China son motivo de grave preocupación. China solo está invirtiendo en operaciones espaciales en Latinoamérica para impulsar su agenda y socavar la influencia de Estados Unidos en el espacio”.
Además, agregó: “El presidente Trump ha actuado con decisión para confrontar la influencia maligna de China en el hemisferio occidental, y nuestros aliados deben actuar con prontitud según las recomendaciones de este informe y detener la expansión de la infraestructura espacial china”.
Entre las sugerencias incluidas en el documento se destaca que “la NASA debería revisar la cooperación con los países anfitriones para garantizar que no se haya infringido la prohibición de la Enmienda Wolf sobre la cooperación bilateral con China y las empresas de propiedad china”.
También plantea que “las agencias estadounidenses deberían reevaluar la cooperación en materia de espacio, defensa y tecnología avanzada con los países que albergan infraestructuras espaciales vinculadas a la República Popular China”.
El texto concluye con una recomendación contundente: “el Gobierno de los Estados Unidos debería establecer el objetivo explícito de detener la expansión de las infraestructuras espaciales de la República Popular China en América Latina y, en última instancia, tratar de reducir y eliminar las capacidades espaciales de la República Popular China en el hemisferio occidental que amenazan los intereses estadounidenses”.
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POLITICA
Tras la muerte de Ali Jamenei, el Gobierno recordó el atentado a la AMIA: “Que estas noticias aporten alivio a las familias”
El canciller argentino, Pablo Quirno, se expresó este sábado sobre la reciente muerte del líder supremo de la República Islámica de Irán, Alí Jamenei, y recordó el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
“Ante la confirmación de la muerte de Ali Jamenei, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, corresponde recordar que la Justicia argentina determinó que el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, con 85 muertos y centenares de heridos, fue un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbolá“, manifestó Quirno en redes sociales.
Luego, resaltó que “la decisión estratégica fue adoptada por la conducción política iraní vigente en 1993–1994, entre cuyas máximas autoridades se encontraba Jamenei, imputado en la causa”. Y subrayó que la búsqueda de verdad y justicia por las 85 víctimas “es una política de Estado y seguirá siendo una prioridad permanente”.
Por último, concluyó: “Que estas noticias aporten alivio a las familias y contribuyan al reconocimiento de las responsabilidades y a la lucha contra el terrorismo y la impunidad”.
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