A dos semanas del inicio de las sesiones extraordinarias, el Gobierno confía en que va a tener los apoyos para aprobar en el Congreso el Presupuesto 2026 y para eso se muestra abierto a negociar con las provincias, que coinciden en la importancia de que se sancione esta ley, pero reclaman a cambio ayuda para acceder a créditos internacionales y mayores fondos por parte de la Nación.

Estos fueron algunos de los puntos que los mandatarios locales le fueron transmitiendo al flamante ministro del Interior, Diego Santilli, en las reuniones que viene teniendo incluso desde antes de asumir.

A pesar de la victoria en las últimas elecciones, La Libertad Avanza necesitará del respaldo de otros bloques para sancionar esta norma, como así también el resto de las iniciativas que impulsará el Poder Ejecutivo.

La Casa Rosada está dispuesta a consensuar con la oposición “dialoguista” algunas modificaciones en el texto original del presupuesto para el año que viene, excepto los puntos que tienen que ver con la asistencia social, la seguridad, la defensa y la reducción del tamaño del Estado.

Así lo reconoció el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, principal encargado de controlar el gasto público, durante un evento del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

“Preservando esos tres ejes de política, cualquier otra discusión está abierta. Hemos tenido reuniones sistemáticas con todos los gobernadores, sin distinción de partido político», remarcó.

En este sentido, el funcionario señaló que “fue un desafío enorme encontrar cómo llevar adelante esa relación” con las provincias, aunque se mostró confiado de alcanzar consensos con la mayoría.

“Hemos tenido acuerdos y desacuerdos, pero funcionó de buena manera y el diálogo está bien para llegar a tener antes de fin de año una ley de Presupuesto aprobada, respetando el equilibrio fiscal como condición sine qua non“, afirmó.

En las reuniones con Santilli y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, varios gobernadores le plantearon al ministro el pedido de que se entreguen los avales correspondientes para que puedan acceder a créditos internacionales, algo que no tendría ningún costo para el Estado Nacional.

“Es una cuestión que salió en muchas de las conversaciones que se tuvieron hasta el momento, pero es algo que tiene que ver Economía primero”, detalló a Infobae una fuente al tanto de las negociaciones.

Muchos distritos proponen que los cupos que otros territorios tienen para endeudarse, pero que no están siendo utilizados, se traspasen a los que sí requieren financiamiento de manera más urgente.

De hecho, este es uno de los puntos que Rolando Figueroa va a mencionar este sábado cuando reciba al “Colo” en Neuquén, además de insistir con la deuda que tienen con la provincia patagónica.

Otra de las monedas de cambio será la inclusión en el temario de extraordinarias de la Ley de Glaciares, que viene exigiendo más de un mandatario para poder tener autonomía a la hora de decidir qué zonas se pueden explotar y cuáles no.

“Una de las normas que estaremos enviando está vinculada a los periglaciares. La misma busca devolverle a las provincias la potestad de determinar su propia zona periglaciar, fortaleciendo el federalismo. Esto permitirá destrabar proyectos y generar una fuerte ola de inversiones”, confirmó Milei el jueves pasado, en su discurso en la Fundación Club de la Libertad, en Corrientes.

Asimismo, también piden que se vuelvan a tratar algunas iniciativas que no prosperaron en el pasado, como es la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos.

En junio, luego de que fracasaran las tratativas con la Casa Rosada, los representantes de las 24 jurisdicciones del país enviaron un proyecto para modificar la forma en la que se distribuyen los ingresos por este gravamen.

Actualmente, ese dinero se divide de la siguiente manera: un 10,40% va para el Tesoro Nacional; el 15,07% le corresponde al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI); el 28,69% se envía al Sistema Único de Seguridad Social; el 4,31% queda en el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica; el 28,58% se entrega al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y el 2,55% se traslada a la Compensación Transporte Público.

De esta manera, solamente el 10,40% restante se reparte entre las provincias, lo que representa un monto minoritario de los más de 2.500 millones de pesos que recibió la Nación en concepto de este gravamen, según fuentes oficiales.

Esa iniciativa fracasó en la Cámara de Diputados pocas semanas más tarde, gracias a la ausencia de legisladores que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Alberto Weretilnek (Río Negro).

En los últimos días, los dos primeros se acercaron al oficialismo y comenzaron a dialogar entre ellos para armar un bloque propio junto a Raúl Jalil (Catamarca) y el propio Figueroa, lo que cambiaría el mapa en el recinto.

Si este movimiento se termina dando, los cuatro diputados catamarqueños de Fuerza Patria abandonarían esa bancada y se sumarían a una nueva que, aunque no es oficialista, aparece como una oposición más blanda.

“Yo no soy ni aliado ni oposición y así me quiero mostrar. Creo que a Milei le tiene que ir bien, considero que tiene que haber un Presupuesto con equilibrio fiscal, pero también necesitamos que nos paguen lo que nos deben y que se empiecen a reactivar algunas obras”, remarcó uno de los mandatarios provinciales involucrados.

De todas formas, estos traspasos todavía se están analizando y se producirían -si es que ocurren- recién después del 10 de diciembre, con el cambio legislativo.

Esta semana, Milei recibió en la Casa Rosada a los diputados y senadores electos de La Libertad Avanza para transmitirles los objetivos que pretende que se cumplan durante el periodo de sesiones extraordinarias.

De ese acto participaron también Martín Menem y Patricia Bullrich, que serán los encargados de llevar adelante las instrucciones en la Cámara baja y en la alta, respectivamente.

“Todas las provincias están de acuerdo en que el Presidente tenga el Presupuesto, es más, necesitan que lo tenga, porque esto de seguir prorrogando el mismo del 2023 es un parche que no va más. Hay un cierto consenso en eso y en que se tiene que respetar el déficit cero, eso es un concepto que ya se instaló y al que ahora es muy difícil que alguien se oponga”, confió una fuente de Balcarce 50.

Diego Santilli suma reuniones con gobernadores en su nuevo despacho. También acumula kilómetros, porque visita algunas provincias. Y avisa, además, que es necesario que Luis Caputo ocupe una silla frente a la mesa de negociaciones. El Presupuesto 2026 asoma como primer objetivo: sería la base para avanzar con las anunciadas “reformas estructurales”, conocidas hasta ahora por los títulos y, cada tanto, por trascendidos que sugieren tanteos o ensayos. El ministro del Interior se tiene que mover en velocidad porque Olivos apuesta a un éxito legislativo antes de las fiestas de fin de año. Precisa entonces afirmarse en el juego interno y dar seguridad en las tratativas con los jefes provinciales. Es casi lo mismo.

El ministro había comenzado con los contactos informales antes de asumir y para este sábado tiene anotada la décima reunión con gobernadores. En otras palabras: la mitad de los jefes de distrito que fueron invitados, en clima de celebración violeta, para la foto poselectoral con Javier Milei. Aquella imagen resultó también la última postal aportada por Guillermo Francos, horas antes de su forzada salida del gabinete. Un dato con varias lecturas.

Al menos una de esas lecturas fue generalizada entre socios y dialoguistas, incluidos los referentes provinciales. La caída del jefe de Gabinete fue lamentada entonces como un gesto negativo, porque se alejaba el funcionario de mayor recorrido político y, de inmediato, era designado Manuel Adorni. El reemplazo en el ministerio del Interior reactivó expectativas sobre la voluntad negociadora de Olivos, en sintonía con el reclamo de consenso que llegó y es sostenido desde Washington.

Con todo, el paso de Francos no dejó sólo esas señales. Es llamativo el intento que se registra en pliegues del oficialismo para facturarle ahora problemas de gestión que lo trascendieron. Entre esos costos, el primero tiene que ver con las internas. Fue esmerilado por Santiago Caputo, ahora más bien relegado, y terminó también en la mira de Karina Milei como reacción a sus puntos de vista críticos sobre el armado violeta en cada provincia.

Al margen de esa tendencia a las internas en continuado -que tampoco es original-, desde las filas de los gobernadores se anotaba malestar a pesar de las consideraciones referidas. Y el principal motivo se resumía en el cuestionamiento a su peso real como interlocutor. Pesaban el efecto de las vías paralelas de negociaciones y las operaciones cruzadas en sus provincias, de modo tal que se apuntaba directamente al “triángulo de hierro”. En otras palabras: resultaba desacreditado por las gestiones informales y por la imposibilidad de generar acuerdos de respeto recíproco entre el Gobierno y los gobernadores.

No sólo ese registro hace a las prevenciones de estas horas. El punto quizás central fue que varios acuerdos con provincias “amigas” fueron quedando en vía muerta al no lograr el aval de Economía. El tema de los compromisos incumplidos habría aparecido en las conversaciones de Santilli con algunos gobernadores.

La nueva negociación encarada por Jorge Macri con Luis Caputo, después de meses de frío en las relaciones de la Casa Rosada y la Ciudad de Buenos Aires, expuso al menos dos elementos a considerar políticamente: el primero, que cada distrito tiene sus reclamos específicos -además de los planteos generales, como ATN y freno de la obra pública- y el segundo, que la llave la tiene Economía. Eso, por supuesto, es un camino de negociación a recorrer si hay voluntad política.

Un dato práctico más: las garantías de los acuerdos tendrían que proyectarse sobre el texto del Presupuesto. Eso, como se verá en el recorrido imaginado por el Gobierno para la vuelta a la actividad legislativa, está a la vista en esta etapa. Lo expuso la negociación entre la Ciudad y Economía, y lo sugieren contactos con las provincias.

Santilli necesita entonces afirmarse como principal interlocutor político con las provincias y eso remite en primer lugar al plano doméstico. Por supuesto, gravitarán sus propias condiciones personales. Pareció un ejercicio pragmático, realista, su declaración expresa sobre el papel del ministro de Economía en esta negociación. Dijo que debe sumarse a las tratativas con los gobernadores.

Visto así, el resultado no dependería sólo de su muñeca, sino de la actitud real de Olivos. Paz interna, al menos en lo que lo involucra personalmente, y compromiso efectivo con las jefes provinciales. De manera llamativa, el frente interno produjo otras novedades, que se podrían suponer inesperadas o al menos lejanas al foco sobre el poder fortalecido de Karina Miley y, por carácter transitivo, sus interlocutores. La tensión tuvo como protagonista a Patricia Bullrich.

La ministro y senadora electa se viene moviendo en todos los planos con lógica de poder y a mediano plazo. La pulseada con el ministerio del Interior por el Renaper expuso un foco de tensión nuevo en el equipo presidencial, esta vez en la franja de origen amarillo. Y el juego de compensaciones aparentes o efectivas en el Gobierno añadió otro ingrediente: el manejo de la relación con el Congreso, además del canal con los jefes provinciales.

El cuadro que asoma en el Congreso es complejo, con bloques violetas más nutridos, pero con ineludibles negociaciones para coronar mayorías, además de contener internas viejas y nuevas. El impacto del resultado electoral es visible. En Diputados, oxigenó a Martín Menem, de estrecha relación con Karina Milei y ratificado públicamente por el Presidente. Y en el Senado, ya se muestra Patricia Bullrich con manejos de jefa política.

El Gobierno se ha impuesto la necesidad de acelerar la negociación sobre el Presupuesto. Está claro que deberá contar con un acuerdo político sólido si realmente busca aprobar el proyecto entre el 10 de diciembre y la Navidad. Pesa el correr de los días para todos, no sólo para Santilli.

“El pliego de la licitación está casi listo”, indicó una fuente inobjetable de la Casa Rosada a Infobae. El Gobierno publicará en diciembre en el Boletín Oficial las condiciones para las cuales se dispondrá la privatización del Belgrano Cargas y Logística, la compañía encargada del transporte ferroviario de cargas y que ostenta con más de 7.600 kilómetros de vías distribuidas en 17 provincias.

“El objetivo es salir antes de fin de año. Están todas las áreas comprometidas con ese objetivo”, indicó un funcionario que está inmerso en el procedimiento de la licitación. Por estos días se está atravesando la etapa más compleja de todo el proceso: la de valuar cada uno de los activos de la compañía.

No será un único pliego, sino varios diferentes que se publicarán en un mismo momento. El modelo de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. aprobado por el Decreto 67/2025, establece una privatización total de la empresa mediante un proceso de desintegración vertical.

Esto implica separar y vender por partes los distintos activos y actividades: el material rodante (locomotoras y vagones) será vendido a través de remate público; las vías férreas y los inmuebles aledaños serán concesionados mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales bajo el régimen de obra pública; y los talleres ferroviarios también serán concesionados para su uso a través de licitaciones. El producido de la venta del material rodante se destinará a un fideicomiso para financiar obras sobre las vías concesionadas.

“No queremos un esquema monopólico privado como se hizo en los 90 ni que el Estado tenga el monopolio del negocio como funcionó ahora. Este esquema de privatizaciones fragmentadas genera incentivos para mejorar el sistema y que no haya monopolio. Hay empresas especializadas en metalmecánica y otras en infraestructura ferroviaria. Todas van a aplicar y participar por lo que más se sientan capaces”, explica una importante voz oficial.

Además, el esquema propuesto es de concesión de infraestructura de acceso abierto, es decir, que el concesionario tendrá la obligación de permitir el paso a todos los operadores que quieran transportar carga por esas vías. Las tierras y las vías continúan siendo de propiedad del Estado nacional.

El Gobierno cree que la compulsa durará hasta finales del primer trimestre del 2026, cuando finalice el período de consultas y se produzcan las ofertas finales. En principio, hay tres grandes grupos empresarios que están interesados en aplicar en los segmentos más importantes del manejo de la Línea Belgrano y la San Martín.

Hay dos de ellos que desde hace meses que estaban sondeando la operación. El primero es un pool de compañías cerealeras que está liderada por Aceitera General Deheza (AGD) y acompañan ACA, Bunge, Cargill, COFCO y Louis Dreyfus. La segunda es la compañía minera de origen británico Río Tinto, que vendría a representar el interés de las compañías mineras por el trazado ferroviario de cargas.

En el último tiempo se sumó un tercer actor. Se trata del Grupo México Transportes, que en Argentina se presentará como Grupo GMXT. Opera los ferrocarriles más grandes de México y de Florida. Buscan promocionarse como la única de los tres oferentes capaces con experiencia en el rubro ferroviario. Estiman desembolsar una inversión de 3.000 millones de dólares en el país.

Aunque las condiciones del pliego no son conocidas, se descuenta que el ganador tendrá el manejo de las operaciones por varias décadas. La privatización entraña un asunto de especial sensibilidad en términos estratégicos, ya que se trata del manejo de uno de los principales recursos de infraestructura de la Argentina.

“Por las cosas que están en juego, es una licitación que importa como la Hidrovía, porque te define cómo se prioriza estas obras de infraestructura de acá a los próximos años”, indica un consultor del sector a Infobae.

El sector minero ubicado mayoritariamente en las provincias cuyanas y del noroeste argentino están interesadas en incrementar el caudal de transporte. Para las cerealeras, la ruta de la Línea Belgrano es ideal para impulsar el desarrollo logístico de los centros productivos. Estas buscan que los trenes puedan llegar directamente a sus establecimientos para abaratar el proceso de carga.

La compañía ferroviaria no tiene trazos que acompañen al crecimiento que Vaca Muerta tuvo en los últimos años. Uno de los insumos clave que se requieren en el sector es el transporte de arena de fractura y las rutas viales (que además sufren de un deterioro significativo) suponen un límite estructural para la demanda que requerirá el sector hacia adelante.

Se concibe que esta privatización forme parte de una primera etapa de una masterplan que se está cocinando para más adelante y que podría traer cambios en los otros dos ferrocarriles de carga que tiene Argentina: Ferrosur Roca y Ferroexpreso Pampeano. Estas podrían ser vías que ayuden a pensar una ramificación hacia Vaca Muerta en unos años. O al menos así lo están pensando técnicos del Gobierno.

El antecedente de la primera gran licitación que se hizo en la gestión Milei -la Vía Navegable Troncal– no es bueno, ya que debió declarar nulo el proceso luego de acusar a una empresa de haber actuado de manera ilegal en la presentación de las ofertas. El área que se encarga del manejo de estos asuntos es la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), a cargo de Diego Chaher, que decidió no responder a las consultas de este medio.

La privatización del Belgrano Cargas y Logística fue anunciada hace más de un año y es la que más avanzada está. No hay previsiones para que en el largo plazo logre concretarse la de Trenes Argentinos Operaciones (SOF S.A.), que tiene la operación de los servicios de líneas urbanas (como el Belgrano Sur, Mitre, Roca, San Martín y Sarmiento), regionales y de larga distancia.

Una vez adjudicados y perfeccionados los contratos de concesión y venta, se procederá a la disolución y liquidación de la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A. El Ministerio de Economía, asistido por la ATEP, será la autoridad encargada de llevar adelante todo el proceso, dictando las normas operativas y complementarias necesarias. La letra chica del pliego está siendo diseñada por Chaher y el presidente del Belgrano Cargas, Alejandro Núñez, un hombre ligado al asesor presidencial, Santiago Caputo.

En los últimos cuatro meses, el Gobierno decidió desembolsar inversiones de capital por 4.000 millones de pesos mensuales. Las transferencias de fondos desde la administración pública a la compañía creció un 8,8% en la variación real al respecto al año pasado, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). La compañía tiene un total de 4.233 empleados.