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La operación en marcha para la sanción de la reforma laboral parece haberse complejizado a raíz del persistente reclamo que nuclea a los gobernadores en rechazo al capítulo fiscal del proyecto, en particular al artículo que reduce alícuotas del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, que afectaría a la recaudación provincial. Ante los señalamientos provinciales, la mesa política debate internamente si dar lugar o no a cambios, en particular a la eliminación del capítulo y por estas horas, se impone la postura más dura.

De los ocho integrantes formales del equipo, designados por orden directa del presidente Javier Milei, al menos la mitad se muestra reticente a excluir el capítulo de la ley que se tratará en la Cámara de Diputados el próximo miércoles 11 de febrero.

Dentro de este grupo que expresa una postura de mayor intransigencia figuran el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el asesor presidencial, Santiago Caputo. Según argumentan desde esta porción de la mesa, la determinación responde al pedido directo del presidente Javier Milei, quien habría solicitado defender el proyecto original que contempla la reducción tributaria para no ceder ante el grueso de los gobernadores, incluido los aliados.

“Lo que quiere Javier Milei es bajar impuestos. Los gobernadores nos amenazan con no acompañar por su cajita propia. Es de locos”, precisó un integrante del círculo que se reúne una vez a la semana en Casa Rosada.

La firme postura es resistida por otro sector, el dialoguista, compuesto por los funcionarios y legisladores que deben encarnar en primera persona las negociaciones con los bloques y sectores aliados. Este espacio está conformado por la jefa de la bancada en la Cámara Alta, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien es asistido en la tarea por su primo, el armador Eduardo “Lule” Menem.

“Necesitamos arreglar con los gobernadores, sino lamentablemente el capítulo quedará afuera, pero haremos todo lo posible para que eso no suceda”, confesó a Infobae un actor involucrado en la compleja tarea de tener que receptar reclamos para canjear por votos con ofrecimientos minúsculos.

Con pocas garantías para destrabar los reproches, y la orden directa de sostener hasta el final el relato de no dar el brazo a torcer, en Balcarce 50 se muestran optimistas por la sanción de la ley durante las sesiones extraordinarias. Por lo bajo, y casi de espaladas a lo que pregona el grueso del Gabinete, hay quienes anticipan que, de peligrar la aprobación del proyecto de “Modernización”, la decisión final implicará la exclusión del apartado. “Es prioridad absoluta y lo vamos a lograr. La Ley Laboral no cambia nada con o sin Ganancias”, expuso una fuente a este medio.

La caída de la reunión de gobernadores agendada para el pasado miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), cuyas gestiones fueron atribuidas sus gestiones al ministro del Interior, esperanzó al Gobierno que también se mostró motivado luego de que el cordobés Martín Llaryora cancelara el intercambio con el triunvirato de la Confederación General del Trabajo (CGT) por “problemas de agenda”.

Pese a que en el oficialismo consideran que el reclamo provincial es mayoritario, aunque descuentan el acompañamiento de Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), los más funcionarios que pregonan una postura más radicalizada se niegan a activar un sistema de compensaciones para las provincias como propusieron algunos de los “dialoguistas”.

“No hay ninguna chance de compensación, tampoco de coparticipar el Impuesto al Cheque como piden. Si es que aprobamos la ley, pasarán 6 meses y cuando noten el impacto los vamos a llamar para decirles ‘te lo dije’”, sostuvo una voz con acceso al despacho presidencial. Más de un representante del Ejecutivo repite como mantra que la caída del 0,5% en la recaudación de la Nación y del 0,15% en las provincias tras la reducción de Ganancias estará saldada por el aumento de la actividad que generará un incremento en los puestos de trabajo formales.

El sindicalismo también suma sus resquemores al proyecto y si bien, en un principio mantuvo buena sintonía con la Casa Rosada, incluso lo tuvo a Gerardo Martínez sentado en las reuniones del Consejo de Mayo, tensó su relación en los últimos días y debate por estas horas la posibilidad de convocar a una acción de lucha. “Nos importa poco. No va a haber ningún gesto”, responden desde el Gobierno, luego de que la central anunciara que su Consejo Directivo analiza convocar a un paro general.

La postura de ceder el apartado tributario tiene su antecedente en diciembre, cuando el oficialismo excluyó el capítulo XI del Presupuesto 2026. Sin embargo, predomina la idea de insistir con las medidas marginadas durante las sesiones ordinarias. Otro punto que oficia de parteaguas entre los integrantes de la mesa política.

Como guiño a los negociadores, hay coincidencia en la posibilidad de admitir cambios que definen como “cosméticos”, ubicados en el segundo tramo del texto, y que podría “mejorar” la redacción del proyecto que diseñaron Luis Caputo y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) para acumular las voluntades legislativas necesarias para su sanción.

Según supo este medio de una fuente involucrada en el debate, el equipo político estudia la chance de eliminar la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo que buscaba habilitar el pago de sueldos y jubilaciones a través de billeteras virtuales. La decisión fue fuertemente resistida por las entidades bancarias que pregonan la exclusividad de las cuentas bancarias (CBU) y en Balcarce 50 analizan si mantenerlo o no en el articulado.

Con varios focos de debates abiertos, y en las vísperas de la sesión en el Senado que tendrá lugar el 11 de febrero, la mesa política tiene en agenda un nuevo encuentro para ese mismo miércoles a las 10 en Casa Rosada.

En el mientras tanto, el equipo negociador ajusta la estrategia, aunque con limitados recursos, que le permita al oficialismo sumarse un nuevo triunfo legislativo. “Es un problema conceptual: no hay nadie que junte votos por el hecho de juntar votos. Lo que importa es el espíritud de la ley y eso no va a cambiar”, prometieron desde el corazón del círculo violeta.

El Gobierno evalúa excluir de la reforma laboral el artículo que habilita el pago de sueldos en billeteras virtuales. Se trata de una de las modificaciones que está bajo análisis en la mesa chica del Ejecutivo en la previa de la sesión en el Senado del miércoles 11 de febrero.

Mientras que un sector de la Casa Rosada asegura que la iniciativa no formará parte del texto final, otros espacios internos sostienen que la discusión sigue abierta y que todavía no hay una definición tomada. La discusión expuso diferencias marcadas dentro del oficialismo a raíz de la tensión con los bancos.

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Se trata del artículo 35 del proyecto de reforma laboral, que sustituye el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo y autoriza el pago de remuneraciones en Proveedores de Servicios de Pago (PSP) habilitados por el Banco Central, además de otras entidades que pueda autorizar la autoridad de aplicación.

En Balcarce 50 advierten que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, se manifestaron puertas adentro en contra de avanzar con esa habilitación. “Es una medida que perjudica la capacidad de reactivación del crédito”, expresan sus cercanos.

El cambio desarticula la exclusividad de las cuentas bancarias para la acreditación de haberes. En varios despachos oficiales admiten contactos con los bancos para sostener el esquema actual, que promueve que los salarios acreditados en cuentas bancarias se transformen en depósitos que funcionan como fondeo para préstamos a personas y empresas.

En los sectores del Gobierno que quieren excluir el artículo también aparecen alertas por riesgos operativos y de supervisión. Mencionan además como antecedente el caso de Sur Finanzas -la financiera que quedó bajo investigación judicial por el caso AFA- como ejemplo de los “riesgos” de ampliar el universo de entidades habilitadas para pagar salarios sin un marco de control equiparable al bancario.

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Pese a las objeciones, en el Ejecutivo aclaran que la reglamentación va a ser “muy restrictiva” si el artículo finalmente se mantiene dentro del proyecto. La alternativa que se analiza en ese escenario es acotar el alcance, fijar exigencias adicionales y limitar el número de actores habilitados, siempre bajo la supervisión del Banco Central.

La Casa Rosada asegura que acordó cambios en la reforma laboral con más de 40 senadores, pero advierte tensiones por el capítulo tributario, que reduce el Impuesto a las Ganancias para sociedades. En Balcarce 50 se resignan por el momento a modificar el texto, más allá de que no cuenten con los votos de los gobernadores aliados parar impulsarlo.

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