EL CALAFATE.− El juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017, retoma el lunes su desarrollo en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos. En las audiencias de esta semana, el debate pondrá el foco en el Proyecto Submarino, el área material que se ocupó a las reparaciones del submarino, con el objetivo de precisar cómo salió la nave de su reparación de media vida.

Por esta razón, está previsto que por lo menos una veintena de testigos declaren esta semana en Río Gallegos. Habrá expertos técnicos que darán detalles de cómo el navío finalizó el Programa de Submarinos −conocido también por la sigla PYSU−, cómo ejecutó las tareas de mantenimiento y de qué manera partió hacia el que sería su último derrotero.

El Programa Submarinos es un área que se ocupa exclusivamente de todo lo atinente a reparaciones y media vida de los submarinos, por tal razón las declaraciones de los técnicos con los detalles será clave para entender qué se hizo −y qué no− en esa intervención, según explicaron fuentes con acceso a la causa a .

La causa juzga la responsabilidad de cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina: el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío destituido Claudio Javier Villamide, el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa.

Los imputados enfrentan cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes.

La acusación del Ministerio Público Fiscal sostiene que el submarino zarpó de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 en condiciones deficientes. Según el requerimiento de elevación a juicio, la unidad excedió en 26 meses el intervalo reglamentario para las tareas de mantenimiento en dique seco.

Además, la fiscalía argumenta que la nave presentó diversos desperfectos documentados tras su reparación de media vida en 2015, los cuales persistieron hasta la última patrulla.

De acuerdo con la acusación fiscal, los jefes navales permitieron la participación de la unidad en operaciones de vigilancia pese a conocer las limitaciones técnicas y la ausencia de pruebas de mar fundamentales. Estas deficiencias, según los peritos de la fiscalía, elevaron el riesgo y derivaron en el ingreso de agua al sistema de baterías y la posterior implosión del submarino.

En el marco del proceso, tanto López Mazzeo como Villamide negaron los cargos que se les imputan ante el tribunal integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Alberto Giménez y Guillermo Adolfo Quadrini.

Durante las declaraciones indagatorias brindadas a lo largo de la primera semana del juicio, López Mazzeo, extitular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA), afirmó haber sido acusado sin pruebas concluyentes, objetando la base de las imputaciones en su contra, en tanto que se refirió a la orden de cesar la búsqueda del submarino como “la decisión más difícil de mi vida”.

En esa misma línea, Villamide, exjefe de la Fuerza de Submarinos de la Armada, también se declaró inocente ante el tribunal, “los cargos que se me hacen son injustos, son falsos, soy inocente”, aseguró. Negó falencias en el estado operativo de la nave y afirmó que las decisiones adoptadas por la conducción de la Armada antes de la última misión fueron las adecuadas

Por su parte, durante su testimonio ante el tribunal, Hugo Correa rechazó las acusaciones que le atribuyen haber impuesto tareas excesivas al submarino y aseguró que no integraba la línea de comando. En esa misma línea declaró el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS) Héctor Alonso, quien aseguró que el submarino se encontraba habilitado para zarpar al momento de iniciar su última misión y que no integraba la línea de mando.

En paralelo a las declaraciones, el proceso judicial enfrenta una controversia interna sobre la representación fiscal. El Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal por la resolución del tribunal que limita la participación a solo dos de los cuatro fiscales designados originalmente por Eduardo Casal.

De esta manera, el grupo de fiscales recurrió la resolución del 27 de febrero de 2026 del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, que declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el MPF sobre la resolución del 23 de diciembre de 2025. Allí, el tribunal había decidido −bajo el amparo del principio de igualdad de las partes e igualdad de armas− que en el debate debían actuar solamente los fiscales federal Gastón Franco Pruzan, a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Río Gallegos, y Lucas Colla, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Caleta Olivia.

Contra esto, el MPF solicitó en su escrito que se deje sin efecto la impugnación de los otros dos fiscales federales −Julio Zárate, titular de la Unidad Fiscal Río Gallegos, y María Andrea Garmendia Orueta, fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)−, que los imposibilita de participar de las audiencias.

Además, se opusieron ante la imposibilidad que estableció el tribunal al respecto de que el fiscal que no participe en una audiencia “se encuentra vedado de alegar”, cuestionaron el avasallamiento hacia un órgano constitucional que posee autonomía funcional y marcaron que se trata de una violación del artículo 120 de la Constitución Nacional

Para declarar inadmisible el recurso, el tribunal había considerado que la decisión no era una sentencia definitiva ni genera un gravamen irreparable. Contra eso, los fiscales sostuvieron en la queja que la decisión era arbitraria ya que “afecta críticamente la autonomía funcional e independencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que implica ejercer sus funciones, sin sujeción a instrucción o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura”.

El recurso fue mantenido por el fiscal ante la Casación Penal Mario Villar y ahora se espera lo que decida la Cámara de Apelaciones. Para los fiscales el tribunal incurrió en un exceso de jurisdicción, arrogándose facultades e interfiriendo en la autonomía del MPF, “provocando una afectación y limitación al desarrollo de sus funciones protegidas por el artículo 120 de la Constitución Nacional y, asimismo, han resuelto con inobservancia de la normativa del CPPN en sus arts. 123, 67 y 167”.

CÓRDOBA.− Un emergente del estrés que atraviesan las cuentas de las provincias es la situación de conflictividad docente imperante en la mayoría de los distritos. Los maestros reclaman mejoras salariales superiores a las que los gobernadores aseguran estar en condiciones de otorgar, lo que derivó en medidas de fuerza en unas 15 jurisdicciones. Los mandatarios sostienen que hacen el “mayor esfuerzo” en sus ofertas y en seguir cubriendo los fondos especiales que cortó la Casa Rosada aun en una coyuntura de debilidad de la recaudación propias y de baja de los giros nacionales.

Como adelantó , las complicaciones en el frente fiscal de las provincias ya son parte de la agenda entre los gobernadores y Nación. Los analistas que siguen estos números coinciden en que ya la mayoría de los distritos deben haber licuado el superávit. Las proyecciones tampoco ayudan, no aparece una mejora generalizada de la actividad económica en el corto plazo.

Según confiaron a este diario varios gobernadores, desde la Casa Rosada les aseguran que a partir de mayo tendrán un repunte de la coparticipación vía Ganancias. Es que ese mes, como es habitual, ingresa la primera cuota anual de ese impuesto para empresas. En 2024, el salto de recaudación fue muy fuerte porque por la devaluación de diciembre del 2023 el balance de las empresas creció, en cambio el año pasado no sucedió lo mismo. “Con eso no alcanza, por más que mejore, sino hay reactivación después volvemos a las bajas”, definió un ministro de Economía de una provincia grande.

En las conversaciones entre provincias y Nación −con la reforma política en la que pretende avanzar el presidente Javier Milei de por medio− ya empezó a aparecer la palabra “blindaje” económico. Un eufemismo para referirse al planteo de los gobernadores sobre que los números no les cierran para atender las demandas salariales, garantizar prestaciones y, además, seguir cubriendo los huecos que dejó la administración central al terminar con algunos fondos especiales y programas.

En esos primeros contactos aparecen algunas ideas que no son nuevas, como es la coparticipación del impuesto al cheque. Las dos partes tienen en claro que sin una reactivación firme de la economía, el reparto discrecional de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que la Rosada no alcanza para robustecer las finanzas provinciales. Hasta ahora es el esquema que la administración libertaria −como ya lo hicieron las de otro color político− utilizó para persuadir voluntades y acompañamientos en el Congreso.

Es en ese contexto en el que la mirada de los gobernadores va más allá y apunta a un acuerdo en el que la Nación acepte resignar fondos. No parece un objetivo simple de lograr, porque si bien el ministro Luis Caputo logró, en el primer bimestre del año, sostener el superávit primario (0,4% del PIB) y el financiero (0,1% del Producto) lo hizo en el marco de una caída de la recaudación que hilvana siete meses consecutivos.

Incluso, el interés de Caputo es que las provincias avancen en una baja de Ingresos Brutos. Que lo hagan de manera generalizada y en los sectores en los que más impactan hoy está descartado. La alternativa sería un nuevo pacto fiscal, en el que las dos partes asumen compromisos. Las experiencias sobre este punto no son alentadoras, todos los acuerdos terminaron suspendidos a poco de lanzarse. Por eso los especialistas entienden que el camino es una reforma fiscal integral coordinada. Una respuesta que lleva tiempo y trabajo, cuando domina la urgencia.

Mientras, los gobernadores usan la necesidad de Nación de lograr aliados en el Congreso, desde la Casa Rosada intentan presionarlos con el impacto que tendría en la opinión pública que no apoyen a Milei. “Es una estrategia que ya conocemos −analiza un mandatario norteño frente a este diario−. Hoy por hoy, la gente empieza a sentir cansancio de un esfuerzo económico que no les da los resultados esperados y, en materia política, el Presidente y su mesa chica no pasan un buen momento”. Habla con los resultados de algunos sondeos que le llegan.

La conflictividad docente, admiten en las provincias, es la señal más clara de lo que pasa con sus finanzas. “Que no haya clases nos golpea, pero lo que no hay es plata”, razona otro mandatario ironizando sobre la frase que siempre usa Milei.

Los reclamos más duros de los gremios se registran en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Misiones, Salta (donde el gremio plantea que hay “persecución y prácticas antisindicales”), Río Negro, San Juan (se suma la reacción por la decisión del Ejecutivo de limitar los paros), Jujuy, La Rioja y Catamarca. En Entre Ríos, ante la falta de acuerdo paritario, Rogelio Frigerio la cerró por decreto; en Tucumán, Osvaldo Jaldo consensuó después de varias semanas de tensión y en Chubut, Ignacio Torres logró firmar la paritaria, lo mismo que Alfredo Cornejo en Mendoza.

Otro dato que abona las urgencias financieras de la mayoría de las provincias es que las que tienen cajas de jubilaciones no transferidas y reciben propuestas de pago desde Nación, cierran acuerdos aun sabiendo que lo que les gira Anses está muy por debajo de lo que reclaman. En ese grupo están Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, Chaco y Misiones. Sobre la deuda acumulada no hay ningún avance.

Hay que recordar que para mantener el pago de las jubilaciones, el faltante de dinero de Nación lo deben poner los Tesoros provinciales. Como avanzar en reformas previsionales tiene costo político, ese paso se evita en general. Nación podría incentivarlas con beneficios como, por ejemplo, pagar lo adeudado.

“Creer que los problemas de las provincias no van a incidir en la Nación es un error −razona un exfuncionario acostumbrado a lidiar con finanzas y también con gobernadores−. Terminan afectando. La solución no es permitirles tomar deuda. En la foto de hoy y con la proyección de los próximos meses, el panorama provincial es muy complejo”. A tomar deuda ya salieron CABA, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, pero podrían sumarse otras ya que hay 13 que enfrentan vencimientos este año

Los 11 gobernadores que participaron de la Argentina Week en Nueva York junto a Milei y parte de su gabinete fueron a mostrar la potencialidad productiva de sus territorios y también a sondear posibilidades de financiamiento. Al regreso, consultados por este diario varios coincidieron que la sintonía lograda en el viaje no implica “de ningún modo” dejar de reclamar por las cuestiones pendientes.