POLITICA
Los piquetes se redujeron 52,7% desde que asumió Milei: las razones de un fenómeno visible y los números reales

Los piquetes se redujeron un 52,7% desde que asumió Javier Milei la presidencia, según un informe de la consultora Diagnóstico Político al que accedió . Los números reflejan un aspecto clave de la gestión libertaria, que implementó el denominado protocolo antipiquetes, pero a la vez contrastan con una afirmación del mandatario, quien dijo que en la Argentina “no hay más piquetes”.
Según el relevamiento, hubo en rigor 3893 piquetes en 2025, 5996 en 2024 y 8239 en 2023. La disminución de los cortes callejeros protagonizados por las organizaciones sociales son la clave de la caída.
“Desde el punto de vista del rigor estadístico, es inexacto lo que afirma el Gobierno, pero hay que darle la derecha en que está domesticando un problema”, señaló Roberto Chiti, director de Análisis Político de Diagnóstico Político.
“El Gobierno dice que los piquetes son aquellos de las organizaciones sociales cuando cortaban la 9 de Julio para hacer un reclamo ante el Ministerio de Desarrollo Social o un acampe. Ese tipo de piquete se redujo casi a la insignificancia”, afirmó el especialista.
Por su parte, el referente piquetero Eduardo Belliboni manifestó -en contacto con – otro punto de vista: dijo que “la represión” jugó un papel determinante para que haya menos piquetes. “Nosotros hemos sido víctimas de represiones feroces. En abril de 2024, hicimos una manifestación de muchas asociaciones del movimiento piquetero y la represión fue salvaje: más de 70 heridos y sesenta y pico de detenidos”, aseguró.
En la misma línea se pronunció Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista Combativa (CCC). “La percepción es que este es un gobierno que no te da nada, entonces para una parte venía ganando la idea de que si salís a protestar no te van a dar nada, es posible que te quiten lo poco que tenés y encima te van a cagar a palos”, graficó.
La clave de la reducción de los piquetes, entonces, está entre quienes Milei cataloga como los “gerentes de la pobreza”. Las organizaciones sociales protagonizaron el 33,1% de los piquetes en 2023 (2731), pero representaron apenas el 11,6% en 2025 (452).
“La representatividad que tienen los sindicatos en los cortes pasó al primer lugar, relegando al último -y este es el gran dato- a las organizaciones sociales, que hasta 2023 eran los grandes protagonistas y ahora son un actor un poco significativo”, detalló Chiti.
Los trabajadores lideraron el ránking entre quienes organizaron los piquetes en 2025 (34,4%), seguidos por los vecinos autoconvocados (23,4%), los desocupados (15,1%), las fuerzas de izquierda (12,9%) y las organizaciones sociales (11,6%).
La provincia de Buenos Aires se mantuvo como el distrito más conflictivo del país. En 2025 concentró el 15,8% de los piquetes (616) y fue seguida por Santa Fe (369), Neuquén (304), Misiones (269) y la ciudad de Buenos Aires (240).
“El gran dato es la ciudad de Buenos Aires [que pasó de representar el 11,3% en 2023 al 6,2% en 2025]. Antes de este gobierno, siempre era el segundo distrito”, subrayó Chiti. Atribuyó este cambio a la menor importancia que tienen las organizaciones sociales en el armado de piquetes, dado que sus protestas se enfocan en la Ciudad.
La consultora Diagnóstico Político recopila los datos de los cortes de calles y rutas desde 2009 a partir de un relevamiento diario sobre una base de más de 100 medios de comunicación.
Para el director de Diagnóstico Político, el Gobierno redujo los piquetes a la mitad en dos años a través de dos vías: la política social, a través de la cual “diluyeron el poder de los piqueteros de las organizaciones sociales”, y la de seguridad, por medio del protocolo antipiquetes diseñado e implementado por la exministra Patricia Bullrich. Esta explicación coincide con la lectura que hace el oficialismo. No obstante, hubo marchas multitudinarias en las que el protocolo no se aplicó.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dijo hace tres semanas que se trató de un “trabajo en equipo” con el Ministerio de Seguridad: “Ella [Bullrich] puso orden en la calle y yo los desfinancié”, resumió.
“Había unos centros de referencia en donde la gente que recibía el plan tenía que ir para validar esa contraprestación, que podía ser un trabajo -probablemente en un municipio en donde después le terminaban cortando el pasto al intendente- o un curso. Cuando iban ahí a rendir, ellos tenían la potestad de subirle o darle de baja al plan. Ahí era donde les quitaban una parte o los hacían ir a las marchas a cambio”, detalló en una entrevista en Radio Mitre.
Una fuente del Gobierno explicó a que el Ministerio de Capital Humano eliminó el financiamiento a los dirigentes sociales: “Entonces los gerentes de la pobreza no tienen control sobre eso, la plata va directamente a los beneficiarios”. Según especificó, esto se hace a través del Programa de Acompañamiento Social (PAS), el programa Volver al Trabajo (VAT), la Prestación Alimentar, la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el Plan Primeros Mil Días de Vida.
En términos de políticas de seguridad, la principal medida fue el protocolo antipiquetes, publicado el 15 de diciembre de 2023 en el Boletín Oficial, apenas cinco días después del comienzo del mandato de Milei, y firmado por Bullrich, por entonces ministra de Seguridad. Habilita a las fuerzas policiales y de seguridad federales a intervenir para despejar el espacio de circulación, sin necesidad de que medie orden judicial.
La implementación del protocolo antipiquetes dejó como saldo 411 detenidos y 1403 heridos en las 98 protestas que tuvieron lugar en las inmediaciones del Congreso, según datos que proporcionó el director de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales.
El protocolo se encontró en ciertas circunstancias con el límite de la masividad. Fue el caso de la marcha universitaria del 23 de abril de 2024, una de las manifestaciones más convocantes de los últimos dos años. A ella asistieron 430.000 personas, según la estimación del equipo de infografía de . “En las marchas universitarias [el protocolo] se aplicó parcialmente, pero cuando la calle se desbordaba no lo podían aplicar”, recordó Chiti.
La medida se encontró con otro límite a finales del último año. El juez federal Martín Cormick hizo lugar a una acción de amparo del CELS y declaró la nulidad del protocolo antipiquetes. El Ministerio de Seguridad apeló y el fallo quedó suspendido. “El Protocolo sigue vigente y puede aplicarse”, publicó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Morales, del CELS, advirtió que “hay una sentencia que ya declaró el protocolo como nulo, entonces [su implementación] puede tener consecuencias para los funcionarios del Ministerio y del terreno que lo van a seguir aplicando”.
El debate sobre si el Gobierno bajó o eliminó los piquetes lleva a discutir su definición. Diagnóstico Político considera piquete a “toda interrupción total o parcial de una vía pública en el marco de una protesta o reclamo, independientemente de su duración y relevancia en materia de tránsito y conectividad”.
Por su parte, el protocolo antipiquetes habilita la actuación policial “frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación”. Y especifica: “Por impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación debe entenderse cualquier concentración de personas o colocación de vallas u otros obstáculos que disminuyeren, para la circulación de vehículos, el ancho de las calles, rutas o avenidas, o que estorbaren el tránsito ferroviario, aun cuando no crearen una situación de peligro, o que impidieren el ingreso de personas a lugares públicos o empresas”.
La normativa impulsada por el Ministerio de Seguridad, entonces, coincide con la forma en que la consultora mide los piquetes.
A pesar de tener la misma concepción en los papeles, el Gobierno sostiene que terminó con los piquetes, mientras la consultora los calcula en 3893 en 2025. “Hoy no hay más piquetes en Argentina”, dijo el Presidente el 7 de noviembre de 2024 en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.
De forma aún más precisa, el 1° de marzo de 2025, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, afirmó: “Logramos bajar la cantidad de piquetes en la calle y rutas de más de 8200 a cero. Sí, escucharon bien: en 2023 tuvimos más de 30 piquetes por día hábil; y ahora hace más de diez meses que no hay un solo piquete en las calles de todo el país”.
Es posible que Milei se estuviera refiriendo únicamente a los cortes de las organizaciones sociales, pero en ese caso la cifra de 8000 sería incorrecta, dado que estas agrupaciones impulsaron 2731 piquetes en 2023.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió puntualmente a los cortes de la Avenida 9 de Julio. En la conferencia de prensa del 30 de diciembre de 2025, dijo: “No hay nada más placentero que, por ejemplo, pasear por la 9 de Julio, transitar por la 9 de Julio, y no ver más un solo piquetero que hacen que lleguemos tarde a nuestros destinos”.
Por su parte, Belliboni dijo que más allá del debate por la cantidad de piquetes que efectivamente se realizaron, también incide “la falta de respuesta a reclamos”. En ese sentido, afirmó: “Durante todo 2024 no fuimos escuchados por ninguna autoridad. No fue satisfecho ninguno de los reclamos del movimiento piquetero, empezando por el de trabajo genuino: trabajo no hay”.
“El desánimo que genera eso y la eliminación de alimentos a los comedores populares también jugó un papel desorganizador de los barrios. Y eso no es bueno porque un comedor no es solo comida, es también formación en oficios, ayuda escolar”, concluyó.
“gerentes de la pobreza”,protocolo antipiquetes,Programa de Acompañamiento Social,equipo de infografía de LA NACION,la nulidad del protocolo antipiquetes,la apertura de sesiones ordinarias del Congreso,marcha,Ministerio de Seguridad,Patricia Bullrich,Conforme a,,Cortes. El Gobierno apeló el fallo contra el protocolo antipiquetes y logró que se reponga hasta que resuelva la Cámara,,El control de la calle. Un juez declaró nulo el protocolo antipiquetes y el Gobierno apelará: “Ni un paso atrás”, dijo Bullrich,Marcha,,Jornada de protesta. Los piqueteros volvieron a las calles para reclamar por ayuda alimentaria,,Comedores. Los piqueteros retoman las marchas a Desarrollo Social con un desafío a Pettovello,,Diputados rechazó los vetos. Marcha universitaria: horario, cortes, concentración y las últimas noticias, este miércoles 17 de agosto
POLITICA
El Gobierno declaró organización terrorista al cartel narco mexicano Jalisco Nueva Generación

El gobierno nacional dio un paso clave en su estrategia de seguridad internacional al declarar oficialmente al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización terrorista.
La medida fue difundida este jueves a través de un documento de la Oficina del Presidente, donde se informó que “el Gobierno Nacional ha declarado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista” y dispuso su inmediata incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia.
Leé también: Quién era “El Mencho”, el jefe del Cartel de Jalisco y uno de los más temibles líderes narcos de México
Esta decisión surge en un contexto de extrema debilidad para la organización criminal en la región. El pasado 22 de febrero, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fue abatido en un operativo de las fuerzas especiales en México. El capo narco era considerado uno de los criminales más sanguinarios del continente y su paradero fue un misterio durante años hasta que el seguimiento a una de sus amantes se convirtió en la pista clave para localizarlo.
Sobre el crecimiento de esta banda, el comunicado oficial destaca que “el CJNG surge formalmente en julio de 2010 tras escindirse del Cártel de Sinaloa y en la última década se convirtió en una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas del mundo, con presencia en México, operación en Estados Unidos y expansión en al menos 40 países, incluida la República Argentina”.
La resolución del Ejecutivo nacional fue producto de un trabajo conjunto entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado. Según la Casa Rosada, la medida “se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, así como vínculos con otras organizaciones terroristas”.
En términos prácticos, el estatus de organización terrorista permite al Estado argentino avanzar con herramientas legales más agresivas.
El texto oficial aclara que la inscripción en el RePET “habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales y sus miembros, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos”.
Asimismo, el Gobierno señaló que esta acción refuerza la cooperación internacional con aquellos países que ya han designado al grupo de origen mexicano bajo la misma categoría.
Finalmente, el presidente Javier Milei ratificó su postura frente a las organizaciones criminales internacionales. El documento concluye asegurando que el mandatario “reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, y mantiene la convicción inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás, con el Cártel de los Soles, con la Hermandad Musulmana y, más recientemente, con la Fuerza Quds iraní”.
Narcotráfico, México, Javier Milei
POLITICA
Congreso: Karina Milei impulsa a Sebastián Pareja para presidir la Comisión Bicameral de Inteligencia

Karina Milei ya definió a su candidato para presidir la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso. Será el diputado Sebastián Pareja, su principal armador bonaerense y uno de los dirigentes de mayor confianza dentro del esquema libertario.
La designación se formalizará en los próximos días, cuando se constituya la comisión y sus 16 integrantes -ocho por cada Cámara- voten a sus autoridades. En el oficialismo confían en asegurarse la mayoría con legisladores propios y aliados.
“Voy a estar donde me necesiten”, repite Pareja en su entorno, donde evitan desmentir la posibilidad. Su nombre sintetiza el avance de la secretaria General sobre un área sensible: la comisión es la encargada de supervisar la actividad de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), formalmente a cargo de Cristian Auguadra pero bajo la órbita política de Santiago Caputo.
Pareja integra el núcleo duro de Karina Milei y es considerado un dirigente “puro” dentro del oficialismo, una condición que en el armado libertario se reserva para posiciones estratégicas. Su eventual desembarco en la Bicameral se inscribe en la disputa interna por el control de áreas clave del Gobierno.
El antecedente más reciente fue el Ministerio de Justicia. Allí, el asesor presidencial había ganado influencia a través de Sebastián Amerio, pero ese esquema fue desarmado con el ingreso de Juan Bautista Mahiques -el nuevo ministro- y Santiago Viola -secretario de Justicia-, dirigentes cercanos a la secretaria General.
En ese contexto, la llegada de Pareja a la Comisión de Inteligencia implicaría que un dirigente alineado con Karina Milei quede al frente del organismo que debe controlar a la SIDE. En la práctica, supervisaría el funcionamiento del área donde Caputo aún conserva injerencia.
La designación también profundiza la fricción con el sector juvenil referenciado en Caputo. Pareja es resistido por Las Fuerzas del Cielo, el espacio militante que responde al asesor presidencial. En redes sociales suele ser blanco de críticas de ese sector, una tensión que se arrastra desde el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, donde el diputado concentró el armado y dejó relegados a los dirigentes cercanos al asesor.
Durante la última Derecha Fest, en Mar del Plata, los tuiteros libertarios insultaron a Pareja cuando subió al escenario. La reacción se extendió luego a las redes sociales, donde referentes de Las Fuerzas del Cielo exhibieron cómo habían respondido a su discurso.
El movimiento, además, agrega ruido en la relación con Pro. El jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, asegura que el cargo le había sido ofrecido por Martín Menem en diciembre pasado, durante las negociaciones para ser reelegido al frente de la Cámara Baja. En esa instancia, Menem también logró que se le otorgaron las facultades para constituir las comisiones.
“En el Gobierno tienen el derecho y la mayoría para imponer a quien quieran, pero si dicen que no me lo ofrecieron son unos mentirosos”, sostuvo Ritondo ante .
Cerca de Menem rechazan esa versión. “Siempre estuvo claro que las comisiones de gestión le corresponden a La Libertad Avanza”, replicaron. Pese a no ser parte del esquema oficial, a Ritondo se lo considera un dirigente cercano a Caputo y, por ende, lejos del “karinismo” de Pareja y Menem.
En la jerga parlamentaria, esas comisiones son las que resultan clave para la agenda del Poder Ejecutivo. La de Inteligencia es una de las más sensibles: analiza la ejecución del Plan de Inteligencia Nacional y controla los gastos reservados de los organismos del sistema.
También tiene facultades para investigar de oficio y requerir información clasificada, incluidas interceptaciones realizadas por la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) y datos de empresas de telecomunicaciones. Por la naturaleza de los temas que aborda, sus reuniones son secretas.
Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso,Derecha Fest,pic.twitter.com/ewBvErSfWA,January 28, 2026,Cristian Ritondo,Delfina Celichini,Congreso Nacional,Conforme a,Congreso Nacional,,“Levantar las restricciones”. Modificarán la ley de tierras para liberar la venta a extranjeros y las inmobiliarias rurales apoyan el cambio,,En falta. Adorni retrasa su informe sobre la gestión en el Congreso y la oposición pide interpelarlo por los viajes,,El contrato termina en marzo. Fuerzas que no se pueden controlar presionan al plan libertario
POLITICA
Por qué Argentina rechazó en la ONU nombrar la trata de esclavos africanos como “el crimen más grave de la humanidad”

En otra muestra del alineamiento con Estados Unidos e Israel, Argentina fue uno de los tres países que rechazó ayer, miércoles, una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que calificó a la esclavitud africana como el “crimen más grave contra la humanidad”. La propuesta, presentada por Ghana y la comunidad africana, recibió el respaldo de la mayoría de los Estados miembros, aunque algunos países europeos, incluidos España, Portugal, Reino Unido, Países Bajos y Alemania, optaron por la abstención durante la votación.
Desde la Cancillería, y ante la consulta de Infobae, argumentaron el voto negativo de la representación diplomática que lidera Francisco Tropepi: “El texto no estuvo abierto a ninguna modificación, aporte o sugerencia. Había que votar a libro cerrado. Y la Argentina está en contra de calificar a la esclavitud como el delito de lesa humanidad más grave de la historia, dejando otros por fuera. La resolución tiene muchas subjetividades a las que no nos adherimos”.
El documento fue promovido por Ghana y aprobado con 123 votos a favor, 52 abstenciones y tres votos en contra. La resolución reconoce la trata y esclavitud de personas africanas como “el crimen de lesa humanidad más grave”, y ratifica la persistencia de la discriminación, el trauma y la explotación económica que continúan afectando a africanos y afrodescendientes en distintos continentes.
Además, incluyó una solicitud explícita para la devolución inmediata, sin restricciones y sin costo, de bienes culturales, piezas de arte y documentos históricos que tengan valor para los países de origen africanos, medida que responde a una demanda sostenida de naciones africanas y afrodescendientes.
Según Amnistía Internacional, la votación que se realizó ayer representa “un paso trascendental hacia el reconocimiento legal y la reparación para quienes han sufrido los daños persistentes de la esclavitud en todo el mundo”. Además, y de acuerdo consignó EFE, la organización destacó la necesidad de que la resolución “inicie el camino hacia la justicia para los africanos y las personas de ascendencia africana, y marque un avance positivo para el mundo en un momento en que el derecho internacional está siendo atacado”.
La resolución hace hincapié en que los efectos de la esclavitud y la trata transatlántica persisten actualmente en formas estructurales de racismo, desigualdades raciales, situaciones de subdesarrollo, exclusión y disparidades socioeconómicas. Esto implica que, pese al paso del tiempo, millones de personas siguen afectadas por ramificaciones históricas de los regímenes esclavistas y coloniales.
El texto también destaca la falta de un marco de reparación integral para las personas africanas esclavizadas y sus descendientes, a pesar de existir antecedentes en los que se concedieron reparaciones a otros grupos afectados por violaciones graves de derechos humanos.
El gobierno de Ghana afirmó, a través de sus redes, que la propuesta buscó “hacer avanzar el diálogo global más allá del reconocimiento simbólico hacia la responsabilidad jurídica”. El presidente John Dramani Mahama figura como principal impulsor de la iniciativa. Ghana remarca la importancia de avanzar hacia una responsabilidad legal internacional, que implique acciones concretas más allá de las declaraciones de condena y la memoria simbólica.
La resolución, además, subrayó que a pesar de que en otros contextos históricos se han dispuesto indemnizaciones y reparaciones para víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, no existe aún un marco comparable para quienes sufrieron la trata de africanos esclavizados. Esta distinción resultó central, ya que apunta a una deuda pendiente en la agenda internacional de derechos humanos y justicia histórica.
Durante la presidencia de Javier Milei, Argentina adoptó una serie de posiciones en la ONU que marcaron un giro en su política exterior. El 12 de septiembre de 2025, la delegación argentina votó en contra de la resolución que respaldaba la solución de dos Estados para el conflicto entre Israel y Palestina, posicionándose en minoría, junto a Estados Unidos e Israel.
Ese alineamiento volvió a repetirse el 29 de octubre de 2025, cuando Argentina se opuso a la resolución que reclamó el fin del embargo estadounidense sobre Cuba. Más atrás en el tiempo, el 14 de noviembre de 2024, la Argentina fue el único país del mundo que rechazó una resolución titulada “Intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas”, que fue avalada por más de 170 Estados miembros; esa decisión generó fuertes críticas internas y externas.
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