POLITICA
Los sindicatos docentes rechazaron una oferta salarial del Gobierno y amenazan con nuevas medidas de fuerza
El Gobierno ofreció este jueves llevar el salario mínimo docente de $500 mil a $650 mil, pero los sindicatos del sector educativo rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente y amenazaron con nuevas medidas de fuerza en todo el país si en la reunión del próximo jueves no se alcanza un acuerdo salarial.
El encuentro entre ambas partes, encabezado por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, se hizo con participantes de manera presencial y virtual, y fue la continuación del que tuvo lugar el lunes pasado, donde los funcionarios no hicieron ninguna propuesta de aumento y se pasó a un cuarto intermedio para hoy.
“No vamos a aceptar ningún salario que esté por debajo de la línea de pobreza”, advirtió el secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, quien lidera la Unión Docentes Argentinos (UDA). Calculó que el sueldo mínimo requerido actualmente para superar ese nivel sería de aproximadamente 1.300.000 pesos.
El sindicalista dijo no entender “cómo se sienta el Gobierno a ofrecer un salario de pobreza” y agregó: “¿Qué están pretendiendo? Tener docentes pobres. Eso no sólo habla mal de la gestión, habla mal del país. Un país con docentes pobres está en serios problemas».
Romero destacó que los $650 mil ofrecidos “resulta una cifra superada incluso por los pagos mínimos que se abonan en casi todas las provincias, donde los sueldos básicos ya se ubican por encima”. Para graficar su postura, recordó que el salario de referencia homologado en febrero por el Gobierno fue de 500 mil pesos, lo que definió como “un salario de indigencia”.
El líder de UDA alertó por el impacto de los salarios bajos sobre los trabajadores del sector: “Hay docentes, y la familia de los docentes, que comen en comedores escolares y de barrio”, afirmó, tras lo cual resaltó que esa situación se da con más frecuencia en provincias como Misiones, Chaco y Corrientes, entre otras.
“El docente no está cubriendo el pago de servicios indispensables -detalló-. No puede pagar la luz, no puede pagar el agua, tiene problemas de vivienda. No puede pagar los alquileres. Hay muchos docentes que están siendo desalojados por falta de pago”.
En el mismo sentido, reflejó su preocupación por las consecuencias de los bajos salarios en la vida cotidiana de los educadores: “No tienen la alimentación adecuada, algo que va en detrimento de la calidad de vida”.
La pérdida de poder adquisitivo, describió el sindicalista, repercute además en la salud física y mental de quienes están frente al aula. “Vemos a los docentes muy deteriorados en su salud física y mental”, sostuvo Romero, quien advirtió que este deterioro complica el acceso a la atención sanitaria: “Con estos salarios, el docente no atiende su salud, física ni mental”.
Romero vinculó la persistencia del conflicto salarial con el ausentismo escolar y la caída de la matrícula. Según consignó, el empobrecimiento generalizado redujo la capacidad de las familias para sostener la escolarización de los hijos: “Los padres no los pueden mandar a la escuela porque no tienen para comprarle las cosas indispensables para ir a la escuela, no le pueden comprar un guardapolvo, están lejos de la tecnología”.
Además de UDA (representada en la reunión por la dirigente Mirta Chemes), del encuentro con el Gobierno participó el resto de los sindicatos del sector educativo. Uno de ellos, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), liderada por Sonia Alesso, confirmó que la oferta salarial fue “rechazada de manera unánime por todas las organizaciones sindicales docentes por considerarla insuficiente y alejada de la realidad económica que atraviesan las y los trabajadores de la educación”.
En un comunicado de prensa, CTERA señaló que también planteó “la necesidad de establecer un salario acorde a la canasta familiar, reclamó la restitución del FONID, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, el aumento de las partidas para comedores escolares y copa de leche, y mayores recursos para infraestructura y construcción de escuelas”.
“Resulta inadmisible que la paritaria nacional docente haya estado prácticamente paralizada durante casi un año, en un contexto de fuerte deterioro salarial y de desfinanciamiento de la educación pública», agregó.
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POLITICA
Manuel Adorni inicia su estrategia judicial: ya contrató a un estudio de abogados para defenderse en Comodoro Py
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, contrató al abogado penalista Matías Ledesma para comenzar a elaborar su estrategia judicial para defenderse en las dos causas más inmediatas que tiene en Comodoro Py, una por presunto enriquecimiento ilícito y otra que averigua las circunstancias de su viaje a Punta del Este realizado el pasado mes de febrero.
La información fue confirmada desde el entorno del ministro coordinador a Infobae, desde donde no dan pistas de cuál pudo ser la vía de recomendación de esa defensa.
La contratación se materializó en los últimos días y forma parte de un pedido que venían haciendo desde varias partes del Gobierno para que el otrora vocero presidencial comenzara a alinear una estrategia clara respecto a su situación mediática-judicial. Ledesma forma parte del estudio Guillermo Ledesma Abogados, creado por el juez del mismo nombre que integró el tribunal del Juicio a las Juntas.
Uno de los primeros en sugerir públicamente que Adorni debía ser patrocinado legalmente fue el exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Consideró que, según su punto de vista penal, no existe delito. Aun así, también dejó una recomendación para el funcionario nacional: pese definirlo como un “enorme expositor, brillante”, le sugirió que lo mejor es delegar la defensa.
“Es un enorme expositor, brillante. Pero en causa propia es distinto. Es como los abogados: pueden ser buenos, pero cuando te toca a vos, mejor buscate un abogado”, había dicho en un reportaje radial.
Las dos causas más importantes que involucran al jefe de Gabinete están bajo el paraguas del juez federal Ariel Lijo. Una investiga si hubo algún delito detrás del viaje familiar que realizó a Punta del Este y en el vínculo entre Adorni y el periodista Marcelo Grandio, quien según los primeros testimonios de la causa fue quien pagó ante la empresa de vuelos privados. En paralelo se gestó otra causa sobre el patrimonio de Adorni bajo el encuadre de presunto enriquecimiento ilícito.
Hay una tercera causa por el viaje de Adorni con su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial a Nueva York que está a cargo del juez Daniel Rafecas y delegada en la fiscal Alejandra Mangano. Aun así, en el entorno del ministro coordinador marcan que no hay un riesgo latente al respecto de la misma.
Como última novedad en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito, la escribana que intervino en la operación de compraventa del departamento del barrio porteño de Caballito por parte de Adorni fue citada como testigo por el fiscal federal Gerardo Pollicita, que tiene delegado la causa.
La decisión se tomó luego de conocerse el valor por el cual se escrituró el bien, 230 mil dólares y que parte de ese dinero provino de un préstamo de dos mujeres, entre ellas una jubilada que dijo a la prensa no conocer al funcionario. La escribana deberá presentarse el 8 de abril. El valor y la existencia de ese crédito privado consta en los documentos legales del departamento y por eso el fiscal convocó a la profesional que intervino, Adriana Mónica Nechevenko.
Se trata de la primera testigo llamada en esta investigación, el cual se encuadra como una de las 12 medidas de prueba ordenadas para esclarecer el origen de los fondos con el que se financiaron tanto la compra de la casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, como de un departamento en la calle Miró al 500, en el barrio de Caballito.
El derrotero mediático del ministro coordinador comenzó el domingo 8 de marzo cuando se conoció que Adorni estaba en Nueva York junto a su esposa en el marco del viaje oficial que había hecho por la realización del Argentina Week. Días después, versiones periodísticas dieron cuenta de un viaje por vacaciones que había hecho a Uruguay en un avión privado, lo cual fue el disparador de las revisiones sobre su estado patrimonial. En las semanas posteriores se conocieron los nuevos domicilios de la familia Adorni que fueron adquiridos con posterioridad a la publicación de su única declaración jurada desde que es funcionario, conocida en 2024.
En ese transcurso, Adorni mantuvo algunas entrevistas televisivas que a los ojos de mismos funcionarios del Gobierno no fueron satisfactorias para terminar de saldar estos asuntos ante la opinión pública. En paralelo, la Justicia avanzó con celeridad y las revelaciones periodísticas generaron material con mayor rapidez que la estrategia comunicacional del Gobierno. Fue por ese motivo que el jefe de Gabinete tuvo que desistir de hacer una conferencia de prensa el miércoles de esta semana.
En el entorno presidencial coincidieron con Adorni en que debía mejorar su estrategia judicial y mediática para no perjudicar su perspectiva de defensa en tribunales y, al mismo tiempo, la imagen del Gobierno.
Ledesma es socio del estudio de su padre Guillermo Ledesma desde 2003, según informa él mismo en su perfil de LinkedIn. También fue director de Investigación y consultor en el marco del convenio realizado entre la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
Como uno de los siguientes pasos de la investigación, fuentes judiciales indican que Pollicita está buscando pruebas de un viaje que el jefe de Gabinete habría hecho al Caribe, presuntamente a Aruba, a finales de 2024. Los movimientos migratorios de Adorni durante este período, según la documentación oficial de la Dirección Nacional de Migraciones, registra un vuelo de ida a Perú y otro de regreso desde Ecuador en fechas coincidentes con las supuestas vacaciones.
Dado que el fiscal está en la primera etapa de recolección de la evidencia documental, en la defensa de Adorni trabajarían para lo que pueda llegar a ser el primer llamado a indagatoria. El cual no tiene fecha prevista. Asimismo, Adorni tiene que prepararse para comparecer ante el Congreso el próximo 29 de abril con 4.800 preguntas por responder.
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POLITICA
La fiscalía pidió indagar a las máximas autoridades de la Cámara Federal de Córdoba por manipular el reparto de causas
CÓRDOBA.- Los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian, del Ministerio Público Fiscal de la Nación, promovieron una investigación penal contra las máximas autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, presidente y vicepresidente del tribunal, por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción”.
En su imputación incluyeron también a los secretarios Mario Olmedo y Gustavo Flores, funcionarios de esa misma cámara.
Según el dictamen de los fiscales, a mediados del 2023 los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba Montesi (Sala A) y Sánchez Torres (Sala B), “habrían acordado manipular la integración del Tribunal” con el fin de intervenir los dos en el caso “Bunge”, de evasión tributaria (compuesto por los expedientes “Padilla” de la Sala A y “Humanes” de la Sala B), “privando así de jurisdicción a los jueces que legalmente debían intervenir por subrogancia”.
La presentación de los fiscales describe que el 24 de julio de 2023, la Cámara recibió la causa “Padilla”, proveniente del juzgado federal de Río Cuarto. Los dos jueces “naturales” de la Sala A, Montesi y Eduardo Ávalos, votaron sucesivamente en el caso y Ávalos derivó el expediente a la Secretaría Penal de la Cámara, a cargo de Olmedo, para “dar lugar al tercer voto”. Correspondía entonces completar la sala con la jueza que subrogaba ese mes, Liliana Navarro, a quien debían remitirle las actuaciones para su análisis, pero eso no se hizo.
El expediente regresó a Montesi (la que había vitado primero), quien “lo habría retenido sin justificación, hasta que el turno de subrogar” fuera de Sánchez Torres.
El 5 de diciembre del 2023, la camarista “resolvió integrar la Sala con el vocal Sánchez Torres, derivándole las actuaciones -sin haber hecho modificaciones en su voto- logrando con dicha maniobra consumar el fin perseguido de infringir la normativa aplicable”, dijeron los fiscales. Y afirmaron: “Esta integración ilegítima habría tenido como objetivo garantizar una resolución en mayoría, la cual tuvo como resultado el dictado de la falta de mérito en favor del imputado Raúl Padilla 18 de diciembre del 2023”.
El otro eje de la acusación es por la causa “Humanes”. Allí, según el escrito, Sánchez Torres “habría decidido integrar la Sala con la jueza Montesi en contra del artículo 5 de la ley 27.439”, que establece cómo deben ser reemplazados los jueces. La secretaria Celina Laje Anaya se negó a instrumentar esa acción por considerarla “ilegal”, consignan los fiscales, que dicen que el juez, “por decreto, habría resuelto la integración ilegítima”.
El 16 de abril de 2024, la camarista Navarro cuestionó formalmente esa integración: señaló la “evidente contradicción” con la normativa vigente y pidió que se dejara sin efecto. Recién después de esa advertencia se reconfiguró la conformación del tribunal y, finalmente, el 24 de julio de 2024, se dictó una resolución con una composición distinta.
Para los fiscales Turano (que firma el dictamen como fiscal de la Procuración General de la Nación) y Hairabedian (fiscal federal general), estos episodios son parte de una conducta deliberada.
El dictamen es explícito al afirmar que existió “una maniobra coordinada” que evidenciaba el acuerdo de los jueces Sánchez Torres y Montesi de intervenir juntos en el caso “en contra de lo que correspondía”. En esa línea, sostienen que la reiteración de episodios “descarta la hipótesis de error” y refuerza la idea de una actuación consciente.
Según la acusación, ellos, con sus maniobras, atentaron “contra reglas directamente vinculadas con la garantía del juez natural y la imparcialidad del tribunal”, al “sustraer el caso del juez que debía intervenir y colocar uno de manera amañada”.
En la acusación aparece como segundo hecho que, desde el 21 de diciembre de 2023 hasta el 11 de septiembre de 2025, Sánchez Torres “habría abusado de la autoridad que investía desplegando” sobre la secretaria Laje Anaya “actos de maltrato, violencia laboral, de manera sistemática, recurrente y sostenida en el tiempo”.
La acusación sostiene que ese accionar apuntó a castigar a la funcionaria por haberse negado a convalidar el esquema irregular de integración de la sala. La mujer, finalmente, abandonó su puesto.
En septiembre pasado Laje Anaya presentó una denuncia contra Sánchez Torres, Montesi y Olmedo por “abuso de autoridad, violencia de género, maltrato laboral y acoso”.
En el tercer hecho de la acusación, los fiscales promovieron una investigación contra el secretario de superintendencia, Gustavo Eduardo Flores, por falso testimonio. Entienden que le habría mentido a la fiscalía, bajo juramento, para encubrir las presuntas presiones que Sánchez Torres ejerció sobre Laje.
Los fiscales que promueven la acción penal solicitan avanzar con la investigación para determinar responsabilidades y establecer si las conductas descriptas constituyeron, efectivamente, un apartamiento deliberado de la ley.
Gabriela Origlia,Córdoba,Justicia Federal,Conforme a,Córdoba,,Riña y polémica. Se autoperciben mujeres, se pelearon en el pabellón de la cárcel e hirieron a una guardia,,Operativo. Detectan un camión que transportaba una millonaria carga de pescado sin las condiciones sanitarias adecuadas,,Calamuchita FotoDoc. Del bombardeo a Caracas, un batallón de guerrilleras kurdas y catástrofes ambientales
POLITICA
Denuncian una operación rusa para infiltrar contenidos en medios argentinos y erosionar la imagen de Javier Milei
Una investigación periodística internacional encendió alertas sobre posibles maniobras de injerencia extranjera en la Argentina. A partir del análisis de 76 documentos filtrados, un consorcio de medios reveló que una red vinculada a los servicios de inteligencia rusos habría impulsado una campaña de desinformación para desacreditar al gobierno de Javier Milei y condicionar el debate público.
El trabajo, que incluye a medios como The Continent y openDemocracy junto a otras organizaciones, sostiene que entre junio y octubre de 2024 se habría desplegado una estrategia para influir en medios digitales argentinos mediante la publicación de contenidos críticos. Según los registros, el operativo habría contado con un presupuesto estimado en US$ 283 mil.
Los documentos atribuyen la maniobra a una estructura conocida como “La Compañía”, señalada como una entidad con vínculos con el servicio de inteligencia exterior ruso (SVR) y remanentes del grupo Wagner. Su objetivo, según la investigación, habría sido amplificar tensiones políticas locales, especialmente en un contexto de alta polarización.
De acuerdo con los archivos analizados, se habrían difundido al menos 250 artículos —entre noticias, columnas de opinión y análisis— en más de 20 medios argentinos. Parte de ese contenido incluía críticas a la situación económica, cuestionamientos al ajuste fiscal y referencias a la política exterior del Gobierno, particularmente su posicionamiento respecto a la guerra en Ucrania.
🚨 LOS PERIODISTAS FANTASMA FINANCIADOS POR SERVICIOS RUSOS PARA DIFAMAR AL GOBIERNO DE MILEI
🧵 ABRO HILO pic.twitter.com/EXX4DmcBtC
— Stanley del 56% (@stanleybostero) April 3, 2026
Uno de los aspectos más sensibles del informe es la presunta utilización de identidades falsas y contenido fabricado. En varios casos, los artículos habrían sido publicados sin firma o con autores inexistentes, creados para dar apariencia de legitimidad. También se detectaron perfiles con imágenes generadas por inteligencia artificial o tomadas de bancos de fotos.
La investigación no pudo comprobar de manera concluyente si los pagos consignados en los documentos se concretaron ni quiénes habrían sido los destinatarios finales. Sin embargo, los registros mencionan tarifas que iban desde US$ 350 hasta más de US$ 3.000 por artículo, cifras que llamaron la atención de especialistas por su magnitud en relación al mercado local.
Estos son los medios q escribían en contra de Javier Milei pagados por los rusos, ademas unos ratas, se vendieron x 2 mangos. pic.twitter.com/OXlaTFaBhS
— MacuMazzuca (@MazzucaMacu) April 3, 2026
Consultados por el consorcio periodístico, varios medios y periodistas negaron haber recibido dinero de origen ruso. Algunos señalaron que los contenidos fueron provistos por terceros —descriptos como agencias o consultoras— y publicados sin un control editorial exhaustivo. Otros admitieron pagos, pero por montos significativamente menores a los que figuran en los documentos.
El investigador del CONICET Martín Becerra, en diálogo con Chequeado, advirtió que el contexto de precarización del sector mediático puede facilitar este tipo de operaciones. “La precarización de los medios, el relajamiento excesivo de la curaduría editorial y la consecuente permisibilidad de las empresas periodísticas habilita un entorno favorable a campañas de desinformación”, explicó.
Además de la difusión de artículos, los documentos describen otras actividades atribuidas a la red, como la elaboración de perfiles de dirigentes políticos, análisis de escenarios y hasta planes para influir en procesos electorales. También se mencionan intentos de instalar noticias falsas destinadas a generar conflictos regionales, como supuestos episodios de tensión entre Argentina y Chile.
El Gobierno argentino ya había advertido en 2025 sobre la detección de una presunta red de agentes rusos involucrados en campañas de desinformación. En ese marco, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró haber recibido información sobre operaciones destinadas a influir en medios y periodistas.
Por su parte, dos ciudadanos rusos señalados en informes oficiales como presuntos responsables de estas actividades negaron cualquier vinculación con las maniobras. “Nunca hemos contactado a medios de comunicación, periodistas ni figuras políticas”, afirmaron en una respuesta escrita.
El informe también plantea que este tipo de operaciones no necesariamente buscan favorecer a un actor político en particular, sino generar desconfianza generalizada. “Las campañas de desinformación consisten en crear caos y desorden, erosionando la credibilidad de instituciones, medios y dirigentes”, sostuvo Becerra.
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