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Los trabajadores del Hospital Garrahan anunciaron un nuevo paro tras el veto del Gobierno a la emergencia en pediatría

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En medio de la escalada de las últimas horas por parte del Gobierno con la firma de los vetos a la ley de emergencia en pediatría como al financiamiento universitario, los trabajadores del Hospital Garrahan anunciaron que realizarán un nuevo paro en rechazo a la medida que impulsó el Poder Ejecutivo.

La huelga que afectará al funcionamiento del centro de salud pediátrico más importante del país comenzará este viernes desde las 7 de la mañana, hasta las 19 horas del día domingo. Además, los voceros de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) como la Asociación Civil y Gremial de Profesionales y Técnicos (APyT) adelantaron que prevén realizar una nueva movilización.

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Todo escaló en las últimas horas, luego del anuncio del Gobierno respecto al veto de la normativa recientemente aprobada en el Congreso, que buscaba fortalecer el financiamiento y garantizar mejores condiciones laborales para los profesionales del hospital. En ese sentido, desde los gremios señalan que existe una percepción compartida entre los trabajadores de desamparo y preocupación, elevada por la persistente fuga de personal y el deterioro paulatino de recursos esenciales para el funcionamiento.

La ley de emergencia en pediatría fue aprobada por la Cámara de Diputados como por el Senado, que comprendía dos puntos centrales: una recomposición salarial para los trabajadores de los hospitales pediátricos y una actualización en la partida presupuestaria destinada a estos centros. El proyecto fue impulsado como respuesta a la crisis creciente evidenciada en los principales hospitales del país, donde la falta de fondos y la depreciación de los salarios generaron renuncias masivas, dificultades para cubrir guardias y un retroceso en la calidad de atención proporcionada a la población infantil.

Los trabajadores del Garrahan preparan una nueva movilización junto a los universitarios (REUTERS/Agustin Marcarian)

Según remarcan los especialistas, el papel del Hospital Garrahan en este contexto es clave, porque se trata del principal centro de alta complejidad especializado en infancias y adolescencias.

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El Poder Ejecutivo formalizó el veto a la ley bajo el argumento de que su aprobación implicaría una afectación significativa a las cuentas públicas en un contexto de restricción presupuestaria. Desde la Casa Rosada, se consideró que la norma podía generar un efecto cascada sobre otros sectores y que, además, la solución a los problemas estructurales de la salud pública no puede basarse en aumentos puntuales de partidas sin una revisión integral del modelo de financiamiento.

El texto del decreto de veto aludió a la necesidad de “preservar el equilibrio fiscal” y advirtió que la propuesta legislativa, de aplicarse, incrementaría compromisos de erogación sin la previsión de nuevas fuentes de financiamiento ni mecanismos de asignación eficiente de recursos, en línea con el planteo general del Gobierno en materia presupuestaria y de control del gasto.

En este marco fue que se citó a la medida de fuerza. Justamente, Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan, afirmó: “El veto generó una bronca terrible en el Garrahan: vamos al paro desde las 7 de la mañana del viernes hasta las 7 del domingo. No aceptamos legitimidad a un gobierno completamente desautorizado tras la derrota electoral. Este veto, lejos de ser una señal de fortaleza, es un recurso desesperado de un gobierno en crisis. Por eso, la respuesta no puede esperar: vamos a profundizar la lucha. La recomposición salarial es una necesidad urgente, pues continúan las renuncias y el vaciamiento hospitalario”.

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Asimismo, puntualizó que “además de esta respuesta inmediata, está planteada la realización de una movilización multitudinaria junto a la universidad para rodear el Congreso e imponer el rechazo a todos los vetos: el pueblo está con la salud y la educación, con la universidad y con el Garrahan. No está con los coimeros y ajustadores que destruyen los hospitales al mismo tiempo que arman un curro con la salud de la gente”.

Con críticas a Javier Milei, los gremios de los trabajadores del Garrahan anunciaron una nueva medida de fuerza (RS Fotos)

En la misma línea, Gerardo Oroz, delegado adjunto de ATE, denunció: “Con estos vetos definidos ayer por el gobierno, las centrales sindicales de la CGT y la CTA deberían convocar el paro general, involucrando al conjunto de los trabajadores en la defensa de la salud, la educación y el salario. No vamos a esperarlos, necesitamos intervenir ya, en un contexto donde el gobierno está golpeado».

El detalle del plan de lucha fue confirmado por la secretaria general de la APyT, licenciada Norma Lezana. “El presidente acaba de abrir una Caja de Pandora. Este presidente es enemigo de las infancias, de la salud pública y de la universidad, y vamos a vetarlo nosotros en las calles”, disparó Lezana en un pronunciamiento público.

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El viernes 12 tendrá lugar el “Ruidazo Nacional” a las 20 horas, con epicentro en el Garrahan —que se encontrará de paro— y en distintas universidades, esquinas y plazas del país. Además, para el lunes 15, está prevista una conferencia de prensa frente al Congreso, junto a la comunidad universitaria y diferentes organizaciones de la salud pública, con el objetivo de exigir a diputados y senadores que traten en forma conjunta ambos vetos y los rechacen.

South America / Central America,Civil Unrest,Buenos Aires

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El Gobierno presentó la Ley Hojarasca para derogar normas “obsoletas” y simplificar el sistema legal

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El Gobierno nacional envió este jueves al Congreso el proyecto de ley conocido como Ley Hojarasca, con el objetivo de avanzar en una depuración del sistema normativo argentino mediante la derogación de leyes consideradas “obsoletas” o innecesarias.

Según se detalla en los fundamentos, la iniciativa apunta a “reducir la sobreabundancia normativa que caracteriza al ordenamiento jurídico argentino”, al sostener que la acumulación de leyes a lo largo del tiempo generó “un sistema complejo, muchas veces contradictorio y de difícil aplicación”.

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En esa línea, el texto advierte que la existencia de normas en desuso no es inocua, ya que “genera incertidumbre jurídica y aumenta los costos de cumplimiento para los ciudadanos y las empresas”. Por eso, propone avanzar en una revisión integral que permita eliminar aquellas disposiciones que “han perdido vigencia práctica o han sido superadas por normativa posterior”.

El proyecto también se inscribe en la estrategia de desregulación del Gobierno. De acuerdo con los fundamentos, el objetivo es “promover un marco normativo más claro, accesible y eficiente”, reduciendo la intervención estatal en ámbitos donde se considera innecesaria.

Leé también: Se dilata el debate por la Ley de Glaciares: el oficialismo convocará a una audiencia con gobernadores mineros

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Además, se remarca que la iniciativa busca ordenar el sistema legal bajo criterios de racionalidad, al señalar que “la proliferación de normas sin una adecuada depuración atenta contra la seguridad jurídica”, uno de los ejes centrales de la política económica oficial.

Además, el texto sostiene que la medida permitirá avanzar hacia un esquema más simple y previsible, al destacar que “un ordenamiento jurídico claro y coherente resulta esencial para el desarrollo de las actividades económicas y el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.

Noticia que está siendo actualizada.-

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Gobierno, Congreso

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La válvula que pudo haber provocado la tragedia, eje de los análisis técnicos en la octava audiencia del juicio oral por el ARA San Juan

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EL CALAFATE.- El análisis de los incidentes registrados en el ARA San Juan mientras realizaba una navegación de prueba, el comportamiento de la válvula ECO19 por donde ingresó agua al submarino y el análisis del mensaje que podría haber desencadenado la tragedia, fueron este jueves los ejes del debate en la séptima audiencia del juicio por el hundimiento del submarino el 15 de noviembre del 2017, en el que perdieron la vida 44 tripulantes.

Uno de los documentos que se mostró a los cinco testigos, que se presentaron a propuesta del Ministerio Público Fiscal, fue el informe de patrulla elevado por el capitán de Fragata Pedro Martín Fernández, -comandante del ARA San Juan- sobre la navegación realizada entre el 1 y el 19 de julio de 2017, en la antesala de la tragedia. Tenía el propósito de entender cuál era el estado de deterioro del submarino, como antecedente de lo que pudo ocurrir cuatro meses después.

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El informe del capitán Fernández reportó que el 6 de julio se produjo un ingreso de agua de mar al ventilador de la batería de proa durante una maniobra de esnórquel. “Fue una navegación tranquila durante todo el período, pero tuvimos una emergencia; me encontraba cargando baterías, estaba propulsando y tuvimos un ingreso de agua en el ventilador de proa”, declaró como testigo el suboficial segundo electricista César Alberto Figueroa, quien fue tripulante del ARA San Juan entre 2016 y 2017.

El fiscal Gastón Franco Pruzán durante su intervención en la audiencia del juicio oral por el hundimiento del ARA San JuanHORACIO CORDOBA

“Detecté que la válvula ECO19 tenía una pequeña abertura y que no estaba cerrada por completo”, y detalló el suboficial e introdujo la posibilidad de una apertura accidental. Señaló que a bordo suele haber personal en comisión o de la escuela con “poca experiencia”, y que alguien pudo haberse apoyado involuntariamente sobre la manivela de la válvula y girarla, provocando su apertura.

La válvula ECO 19 es de ventilación manual y que comunica la proa con la popa. Según los manuales del fabricante, siempre debe permanecer cerrada durante la navegación. Solo está autorizada su apertura en puerto para la carga de batería, según las explicaciones técnicas expuestas en la audiencia.

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Tras el viaje, el capitán reportó que el 13 de julio la tripulación modificó la posición de la válvula Eco-19 para intentar ventilar el buque y reducir los niveles de CO2. En el mismo viaje el comandante reportó que el submarino zarpó con un solo periscopio en servicio, se informó una disminución de los niveles de aceite hidráulico, sin poder detectar el origen de la fuga, en tanto que se reportaron fallas en el acoplador del sistema de comunicación de alta frecuencia (HF).

Informe del capitán de Fragata Pedro Martín Fernández sobre la navegación realizada entre el 1 y el 19 de julio de 2017Captura zoom

Sobre este informe fue consultado el capitán de Navío Gabriel Eduardo Attis, una de las voces técnicas más citadas en la causa debido a su rol como inspector del Arma Submarina y presidente del Consejo Asesor del Arma Submarina durante 2017. Ese año un informe que forma parte de la causa. Según su criterio de experto con 40 años en la fuerza, consultado sobre la prueba realizada durante la navegación sobre la válvula ECO 19, consideró que era potestad del comandante del barco realizar esas pruebas.

El capitán de Navío Gabriel Eduardo AttisCaptura zoom

Los submarinistas estamos adiestrados para navegar solos y resolver nuestros problemas solos, somos muy técnicos, somos de agarrar un plano y seguirlo. Uno trabaja permanentemente para conocer el barco”, afirmó al explicar por qué se suelen realizar pruebas y se preguntó: “¿Esta bien?, no, porque se rompe una preparación de mecanismos. Pero el comandante puede hacerlo, si lo ve viable de hacer. Si es comandante puede decidir hacerlo en el mar y cuando vuelve lo tiene que informar”, detalló Attis, quien tuvo palabras de elogio para quien fuera el último comandante del ARA San Juan. “Era un excelente oficial, un gran profesional, un gran comandante”, afirmó en referencia a Fernández.

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El juicio en pleno, habla el testigo Mario AlesioHORACIO CORDOBA

Ante una consulta del presidente del Tribunal, Mario Reynaldi, Attis no dudó en asegurar que en su último viaje el ARA San Juan estaba en condiciones de navegar. “El capitán Fernández dijo que estaba preparado para navegar, por supuesto, es la gran responsabilidad de él. No somos kamikaze, tenemos una máquina de guerra, un montón de gente a nuestro cargo, que me está mirando a ver si hago bien o mal”. Y agregó: “Cada vez que nos preguntamos si el buque estaba para navegar, hablemos de la idoneidad del capitán Fernández, quien era por demás idóneo y yo no lo pongo en duda de ninguna manera”. Habló con voz serena, pero lo tomó la emoción ante el recuerdo de sus camaradas fallecidos.

El juicio que indaga sobre presunta responsabilidad de cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina -el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío destituido Claudio Javier Villamide, el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa– lo instruye el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos, presidido por Mario Reynaldi.

Mensaje del 15 de noviembre de 2017, donde el capitán informó el principio de incendio provocado por el ingreso de agua de mar al tanque de baterías N° 3 a través del sistema de ventilaciónCaptura zoom

El 15 de noviembre de 2017 se informó un cortocircuito y principio de incendio provocado por el ingreso de agua de mar al tanque de baterías N° 3 a través del sistema de ventilación. Fue a las 6 de la mañana, a través de un texto denominado SITREP. “Batería de PROA fuera de servicio. Al momento en inmersión propulsando con circuito dividido sin novedades de personal mantendré informado”, sostenía el informe.

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“¿Con ese mensaje estamos con certeza de que el buque bajó a plano seguro?“, le consultó el presidente del Tribunal. “Por supuesto”, afirmó Attis y descartó que ese mensaje haya sido de emergencia: “Si usted tiene emergencia, dice estoy en emergencia y no lo dice por el circuito escrito, o saca el teléfono satelital o VHS y dice ´mayday mayday´, buque en emergencia. Si está en emergencia, saca un mensaje de emergencia”.

Attis, retirado de la fuerza, declaró durante horas y explicó con un lenguaje claro y didáctico el funcionamiento de diferentes mecanismos de la nave. Fue consultado por su hipótesis sobre lo que desencadenó la fatalidad del submarino. “Entramos en el plano de las suposiciones y las ideas. Mi impresión es que el submarino en algún momento de su ida navegando a plano de seguridad, tuvo algún evento súbito, que hizo que quedara sin propulsión, un blackout de máquinas. Puede haber pasado que haya saltado la propulsión, no la hayan podido reconectar”.

En tanto que sumó otra hipótesis: el submarino durante la noche estaba cargando baterías cuando se vio interrumpida la acción por el principio de incendio. Por lo tanto, puede no haber cargado todas las baterías e intentó volver a cargarlas y no pudo ascender.

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Las audiencias del juicio oral se retomarán a partir del 6 de abril en la sede del TOFC de Río Gallegos, donde además de una veintena de testigos se espera la ampliación de la declaración indagatoria de Villamide, solicitada por su defensa.


Mariela Arias,Conforme a

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El gobierno porteño reforzó la seguridad y el control en la Villa 31 y avanza con el plan de reordenamiento

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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un plan de ordenamiento en la Villa 31 para reforzar la seguridad y frenar el crecimiento del asentamiento. Desde este jueves, se implementaron operativos en los accesos con retenes policiales y la peatonalización de calles, todo con el objetivo de impedir el ingreso de materiales de construcción y detener la expansión edilicia que alteró la dinámica del barrio durante los últimos años.

Según informó el Gobierno porteño, la estrategia busca “fortalecer la integración y garantizar que la Ciudad sea una sola: con las mismas obligaciones, los mismos derechos y las mismas reglas para todos, vivan donde vivan los vecinos”. El plan, que responde a una preocupación persistente sobre el crecimiento desordenado de la Villa 31, apunta a frenar prácticas que pusieron en jaque la seguridad y la convivencia en el barrio, donde residen aproximadamente 45 mil personas en condiciones precarias, distribuidas en un área de 72 hectáreas frente a la terminal de Retiro.

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En la presentación de las nuevas medidas, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, expresó: “Orden en la Villa 31. Acá no hay zonas liberadas. No hay excepciones. No hay lugares donde la ley es opcional. Se terminó el ingreso de material para seguir agrandando esto. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”.

De acuerdo con lo comunicado por el Ejecutivo local, el plan de control de accesos modificó la circulación en cinco de las 13 entradas al barrio, que se convirtieron en calles peatonales.

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Además, tres accesos pasaron a contar con puestos policiales permanentes y se sumaron a otros tres preexistentes, mientras que dos calles cambiaron de sentido y se instalaron bolardos para restringir el paso. También se implementaron controles itinerantes y rotativos, con la intención de reforzar los operativos de fiscalización y la vigilancia urbana.

Durante el operativo especial de este jueves, hubo controles policiales en los accesos de Colibrí y Ramos Mejía —junto a la estación de Ómnibus de Retiro—, en Yaguareté e Islas Galápagos —próximo al Paseo del Bajo y al Ministerio de Educación de la Ciudad—, y en Colibrí y Alberto Chejolán (ex calle 14), vecina al Barrio Saldías.

Las autoridades señalaron que estos procedimientos buscan frenar el ingreso de materiales que alimentan el crecimiento edilicio sin habilitación, una problemática que cobró fuerza tras la sanción de la Ley 6.129 en 2016, la cual estableció la urbanización del barrio, pero no logró contener la expansión irregular ni propiciar un ordenamiento territorial efectivo.

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En palabras de Jorge Macri, “tiramos abajo un búnker y seguimos mejorando la seguridad. Y no podemos permitir que el crecimiento descontrolado siga poniendo en riesgo a los vecinos. La Ciudad es una sola y eso implica los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones para todos”.

El jefe de Gobierno Jorge Macri supervisó un operativo en la Villa 31 y reiteró la aplicación de la ley en toda la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad puso el foco en los operativos contra las ocupaciones ilegales y el desalojo de veredas tomadas, muchas de las cuales se usaban como depósitos improvisados por cartoneros o patios anexos a viviendas.

También se removió un lavadero de autos que obstruía la circulación en una zona peatonal y se desalojó una gomería montada en un micro inutilizado que ocupaba gran parte de una vereda.

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El plan contempló la clausura de corralones de materiales de construcción no autorizados, en línea con la normativa que prohíbe ese tipo de establecimientos dentro del barrio para evitar un crecimiento sin regulación y reducir riesgos estructurales y de seguridad.

En la Villa 31, la informalidad propició la especulación y la aparición de negocios ilegales, según la información difundida por el Ejecutivo porteño.

Policías controlan el acceso a la Villa 31 y buscan impedir el ingreso de materiales para nuevas construcciones

Entre las prácticas más frecuentes, figura la venta de “espacios aéreos”, como los techos de las casas, y el alquiler de viviendas, que oscila entre $300 mil y 1 millón de pesos mensuales, mientras que los locales comerciales alcanzan valores de entre 1,5 y 1,8 millones de pesos por mes.

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De este modo, quienes operan en la informalidad aprovechan la necesidad de quienes buscan alquilar, pero no reúnen los requisitos exigidos por las inmobiliarias en otros barrios de la Ciudad.

El plan cuenta con la intervención conjunta de la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Espacio Público, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y la Secretaría Legal y Técnica, en un esfuerzo coordinado para lograr que la urbanización de la Villa 31 avance hacia un modelo bajo regulaciones claras y un marco de convivencia común.

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