Una frase del periodista Diego Brancatelli sobre el gendarme Nahuel Gallo —secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro— desató la indignación de la senadora libertaria Patricia Bullrich el miércoles por la noche. Durante un programa en C5N, el panelista expresó, en una crítica al Gobierno: “Después de ver cómo está la Argentina, capaz [Nahuel Gallo] elige quedarse en El Rodeo”.

Gallo, quien estuvo 448 días detenido en la cárcel de El Rodeo I en Venezuela y fue liberado por una gestión secreta de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el último domingo, se quebró en conferencia de prensa ayer por la tarde y optó por no revelar lo que sufrió durante su reclusión. “El Rodeo I es un lugar de bastantes torturas psicológicas y no muy grato para contarlo en estos momentos”, manifestó.

Horas más tarde, Brancatelli habló al respecto en el programa Argenzuela, conducido por Rial, y lanzó una frase que fue repudiada tanto por el conductor como por el resto de sus compañeros del panel. «Si hubiera sabido que como cabo de Gendarmería iba a ganar 700 lucas ($700.000) —después de escuchar al Presidente [Javier Milei] el domingo y ver cómo está la Argentina—, no sé si no preferiría quedarse en El Rodeo, ¿no?”, dijo, irónico.

Ante esto, Rial le respondió: “No. ¿Vos te creés que está pensando en la guita? Un tipo que está ahí lo único que quiere es salir en libertad”.

Minutos más tarde, Bullrich, que recibió en Ezeiza al gendarme tras aterrizar en el país el lunes por la madrugada, repudió los dichos de Brancatelli e ironizó: “Hay que llevarlo [al periodista] en el mismo avión a El Rodeo y que se quede 448 días a ver si es mejor eso que vivir en la Argentina libre”.

En esa misma línea, con enojo, agregó: “Si él dice que es mejor eso, que haga la experiencia. Los argentinos pueden estar en libertad; compararlo con una cárcel es una barbaridad, los argentinos no vivimos así”.

La frase de Brancatelli llegó horas después de la conferencia de prensa que brindó Nahuel Gallo dos días después de su llegada al país luego de más de un año detenido en una cárcel del régimen chavista.

“Recibí bastante tortura psicológica; no es muy grato para contar ahora”, dijo Gallo con la voz entrecortada. Aludió a su “fortaleza mental” y a su hijo Víctor como antídotos para soportar el encierro. Reclamó a los organismos internacionales la liberación del resto de presos políticos extranjeros, unos 24, según precisó. “No se olviden del Rodeo; no podemos mirar para otro lado”, dijo.

Contó que “no podía recibir visitas ni llamadas” y, en una de las pocas alusiones políticas, destacó: “Fuimos fichas de cambio, y eso es feo”. Volvió a quebrarse cuando dijo que seguiría “encerrado hasta que no liberen” al resto de los extranjeros, detenidos en la cárcel donde pasó la mayor parte de su cautiverio.

El trámite para determinar quién investigará a los verdaderos dueños de la fastuosa quinta de Pilar que se le adjudica a las máximas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tuvo avances en los tribunales.

El fiscal ante la Cámara de Casación Federal Mario Villar respaldó la idea de que el expediente deje el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, y pase al fuero en lo Penal Económico.

Villar sostuvo ante la Casación el recurso del fiscal de Cámara de San Martín Carlos Cearras, que se había opuesto a que el asunto avance en Campana, como lo pidió el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, entienden que les irá mejor en el juzgado de González Charvay que en el de Penal Económico, donde está Marcelo Aguinsky, que ya tuvo la causa.

La quinta de Pilar, situada en Villa Rosa, tiene 5 hectáreas y está valuada en 20 millones de dólares. Cuenta con helipuerto, caballerizas, instalaciones deportivas y un garage con 45 autos de alta gama, de colección, motos y hasta dos karting de competición, como los que usa el hijo de Toviggino.

La justicia investiga a quienes figuran como sus dueños, Luciano Pantano y su madre Ana Conte, titulares de la firma Real Central. Se trata de un exdirigente de la AFA que es monotributista y una señora jubilada. El perfil económico de ambos no se condice con la mansión.

Hay una puja entre el juez Aguinsky, que avanzó sobre los supuestos testaferros, y González Charvay por quedarse con el expediente.

Esa controversia la debe resolver la Sala I de la Cámara de Casación Federal. Pero la mayoría de los jueces que la integran se excusaron de intervenir.

Por un lado, Carlos Mahiques, que era suplente, pidió no decidir en este caso, alegando que tenía muchas otras tareas.

En rigor, expuso estas razones luego de que publicó que Carlos Mahiques, padre del flamante ministro de Justicia, Juan Ignacio Mahiques, festejó su cumpleaños en esa fastuosa quinta.

Hay nexos entre los Mahiques, padre y su hijo, con las autoridades de la entidad del fútbol.

A Carlos Mahiques lo reemplazó la jueza de la Casación Ángela Ledesma para decidir si es competente en el caso González Charvay o Aguinsky.

Esta semana se apartó el otro juez que debía decidir sobre la competencia, Daniel Petrone. Dijo que comparte la “comunidad educativa” con Javier Faroni, dueño de una empresa que hacía los cobros de la AFA en el exterior y que está investigado por fraude.

El juez Petrone dijo que además tiene vínculos sociales con Faroni y se inhibió de decidir en el caso, argumentando “violencia moral”.

Así las cosas, quedaron para resolver la jueza Ledesma y su colega Javier Carbajo. Si se ponen de acuerdo en que juzgado queda la causa por presunto lavado de dinero podrán resolver la cuestión con sus dos votos.

Pero si están en desacuerdo -como señalan algunas fuentes en tribunales- deberán sortear a un tercer juez para que desempate.

Antes de votar, le mandaron la causa al fiscal Villar, que decidió apoyar la idea de su colega Cearras y que el caso regrese al fuero Penal Económico.

La disputa está dada porque la AFA sostiene que el asunto debe quedarse en Campana, ya que la quinta está en jurisdicción de ese tribunal.

Pero el fiscal Cearras, Villar y el juez Aguinsky entienden que el caso es de lavado de dinero y que no importa dónde está el bien que evidencia del lavado, sino la sede de la AFA desde donde se habría gestado la maniobra.

El asunto no es una mera cuestión de jurisdicción. Hay quienes sospechan que oculta una supuesta maniobra de los investigados para que el caso quede lejos del fuero Penal Económico, en el juzgado federal de Campana, porque les resultaría más confiable.

El fiscal Cearras sostuvo la misma posición que el fiscal de primera instancia, Sebastián Bringas, cuando dijo que el caso debía quedar en el juzgado Penal Económico de Marcelo Aguinsky.

Este juez avanzó con decisión luego de que su colega federal, Daniel Refecas, preservó el lugar y mandó a valuar la quinta (de unos 20 millones de dólares). Luego, Aguinsky analizó las sociedades a las que pertenece, según los registros y su historia, además de tomar diversas declaraciones.

Aguinsky -antes de dejar el caso- se convenció de que los presuntos testaferros de la AFA, Luciano Pantano y Ana Conte, no pudieron haber sido los dueños de la casona de Pilar con helipuerto, pista hípica, pileta, gimnasio y 40 autos y motos de alta gama.

Pero los defensores de Tapia y de Toviggino buscaron sacar el caso y lograron llevarlo a la justicia federal de Campana, jurisdicción donde está situada la quinta.