La causa de las fotomultas, que obligó a renunciar al ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires Jorge D’Onofrio, está en vilo por una llamativa y sospechosa maniobra judicial. El juez provincial Juan Pablo Masi le pidió a su colega del fuero federal, Adrián González Charvay, a cargo de un expediente por lavado de dinero, que se declare incompetente y le mande esa causa a La Plata. La jugada sorprendió a todos los abogados defensores. El fiscal Álvaro Garganta se opuso en duros términos: dijo que el juez Masi no conoce el otro expediente y que no tiene competencia para investigar un delito federal.

Masi le pidió a Charvay que se inhiba de seguir investigando y le mande esa causa para que se acumule con el expediente principal. El juez provincial argumentó que no se pudo acreditar un delito federal, como sería el lavado de dinero. “Ya desde el vamos la denuncia promovida por ante el juzgado federal de Campana, si bien menciona el tipo, en modo alguno describe una maniobra de lavado de dinero en la forma que ha explicitado la autoridad financiera y que ha sido materia de transcripción supra. Las investigaciones llevadas a cabo por mi distinguido colega federal no parecen haber podido acreditar este extremo“, sostuvo Masi.

En la causa de lavado, González Charvay viene acumulando información sensible sobre el patrimonio del exministro D’Onofrio y sus allegados. Tal como informó , hay datos relevantes que llegaron desde España a través de la Unidad de Información Financiera (UIF).

En ese país, la concejal de Pilar Claudia Pombo, muy cercana a D’Onofrio, había creado una sociedad junto al exjuez de Faltas Mario Quattrochi para explotar dos restaurantes: Tardeo Pacífico y Tardeo Soho.

Además de D’Onofrio y Pombo, fueron imputados Fernando Asencio (ex Director de Fiscalización y Control), Agustina Cuadra (hija de Pombo), el ex juez Quattrochi, Roxana Elma Pombo, y Héctor Marcelo Suárez Basail (medio hermano de Pombo que, según reveló Clarín, trabaja en la Cámara de Diputados provincial con un sueldo de casi $ 1,8 millón).

Cuando comenzó la investigación, el juez González Charvay levantó el secreto bancario, fiscal y bursátil de todos los imputados y realizó varios allanamientos. Uno de los operativos fue en el hotel Sheraton de Pilar, donde funcionaban una peluquería y una financiera ligadas a Pombo. También se allanó una financiera trucha en la ciudad de Buenos Aires, donde se incautaron $62.915.500, USD 254.254, 4.600 euros, y 112.000 reales.

La jugada de Masi sorprendió al fiscal Garganta, que ya se opuso a acumular las dos causas. El representante del Ministerio Público sostuvo que el magistrado “ha excedido su jurisdicción” y hasta calificó la decisión como “un disparate”. “¿Qué causa federal ha podido analizar el juez garante para llegar a esa conclusión? No hay constancia en la presente investigación que el juzgado federal haya remitido copia digital de la causa federal 23688/2024″, sostuvo Garganta en su dictamen.

¿Por qué ahora?, se preguntan en Tribunales. Lo cierto es que ocurre tras la aparición de dos testigos de identidad reservada que pusieron en jaque a D’Onofrio y sus allegados. Uno de esos “arrepentidos”, tal como reveló , declaró que Pombo se reunía con jueces de Faltas en la sede del Ministerio de Transporte. También dijo que había encuentros más reservados en un hotel de la ciudad de La Plata, una suerte de oficina paralela.

Los dos testigos declararon en la causa de La Plata, a cargo de Garganta y Masi. En realidad se trata de una megacausa que investiga el funcionamiento irregular del sistema de multas de la provincia de Buenos Aires. La Justicia tiene en la mira una red de gestores que ofrecían descuentos del hasta el 50 por ciento para hacer desaparecer las infracciones.

En ese expediente también se investiga el patrimonio de los principales imputados. Hace un mes, el fiscal Garganta le encargó esa tarea a la Unidad de Investigaciones de Activos Ilegales, que depende del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Cuando la causa comenzaba a avanzar, el juez Masi implementó una jugada sospechosa.

Ese magistrado arrastra un antecedente muy polémico. En 2019, intervino en una causa que tenía como acusados al por entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli y al director del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Luis “Chiche” Peluso. Apenas trece días después, el magistrado sobreseyó a ambos funcionarios.

Por ese polémico fallo, Masi terminó con una acusación por prevaricato y tuvo que afrontar un Jury, que luego fue desestimado. El abogado que lo defendió en ese proceso también representó a D’Onofrio en la causa de las fotomultas. Por ahora parece solo una casualidad.

La maniobra de Masi puso en vilo a todos los actores. La decisión final quedó en manos del juez federal de Campana. Antes deberán opinar todas la partes. “Se formó un incidente y se puso en vista a todos”, dijo una fuente judicial.

La Plata.- La audiencia convocada por la Junta Electoral Nacional con asiento en la provincia de Buenos Aires concluyó y la justicia comenzó a deliberar una resolución sobre un pedido para reimprimir la boleta única de papel tras el pedido de La Libertad Avanza a partir de la renuncia de José Luis Espert. La solicitud del oficialismo no prosperaría, ya que requeriría de un consenso de todos los partidos y la mayoría de las fuerzas opositoras se opusieron.

Entre hoy y mañana se espera una resolución que podría ser apelada en 48 horas ante la Cámara Nacional Electoral.

La audiencia tuvo lugar con la presencia del Juez Federal N°1 Alejo Ramos Padilla, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Hilda Kogan y el camarista federal Jorge Di Lorenzo. Participó el ministro del Interior, Lisandro Catán, y apoderados de 15 agrupaciones que participarán en este distrito en los comicios nacionales del 26 de octubre.

“Quedó claro que es una situación muy compleja. Hay que evaluar si es posible modificar el calendario. Nuestra preocupación es que el 26 de octubre la ciudadanía pueda expresar su voto. Y que el instrumento de votación esté en las mesas para que los 14 millones de personas empadronadas puedan emitir su voto”, dijo Ramos Padilla, quien esta mañana, en una resolución, resolvió que Karina Celia Vázquez (conocida como Karen Reichardt)encabece la lista de La Libertad Avanza (LLA) ante la renuncia de José Luis Espert. De esta manera, no hizo lugar al pedido del Gobierno que sea Diego Santilli el que ocupe ese lugar.

“La provincia de Buenos Aires alcanza el 40 por ciento del padrón, se despliegan 40 mil mesas. Y la impresión de la boleta única tardó 15 días. Para analizar el petitorio de La Libertad Avanza es importante considerar que no afecte el derecho del ciudadano de expresar su voto. Se analizará la cuestión técnica, eventualmente los gastos y la cuestión procesal”, dijo Ramos Padilla.

Este punto es crucial: más allá de los tiempos de reimpresión que según el gobierno son suficientes, los plazos procesales de apelación deberían garantizar poder tener todos los nuevos modelos de boletas oficializadas y verificadas por audiencia, listas para mandar a imprimir el 11 de octubre.

El apoderado de La Libertad Avanza justificó el pedido formal de petición de reimpresión de boletas, tras la renuncia de Espert como primer candidato de esa fuerza.

Este espacio requirió saber “si es materialmente posible la reimpresión de las boletas para garantizar la imparcialidad” y el derecho del elector de expresar su voluntad sin confusión por la foto de Espert que permanece en la boleta.

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, dijo: “Me parece importante que todos los actores tengamos en claro la factibilidad técnica de la reimpresión de boletas”. El funcionario de Milei dijo que el costo sería de $12.169.655.000. Por cada boleta se debería pagar 839,72 pesos.

Luz Landívar, desde la dirección Nacional Electoral, detalló: “En caso de reimprimirse el precio de cada una de las boletas se mantendría. Contamos con la partida presupuestaria para afrontar este gasto porque hemos logrado tener ahorros en otros rubros”.

“También se podrían reimprimir los afiches con las fotos de todos los candidatos que participan en la elección, son 40.000”, dijo.

En tanto, el director del Correo Argentino, Camilo Baldini, expresó que la distribución de las boletas tiene que comenzar el 16 de octubre, por lo que los plazos para la reimpresión se dificultarían.

Sin embargo, el Correo Argentino aseguró que hay seis imprentas listas para participar en el proceso de impresión y que se demoraría cinco días una vez que este todo el procedimiento legal y la nueva boleta oficializada.

En tanto, el secretario electoral, Leandro Luppi, destacó que el instrumento de votación está a cargo del Poder Ejecutivo Nacional luego de que la Libertad Avanza se mostrara dispuesta a “colaborar económicamente” con la reimpresión.

Tal ofrecimiento fue categóricamente rechazado por los apoderados opositores a La Liberad Avanza: “No tengo ganas que me pague la boleta el cartel de Medellín. No corresponde. La tiene que pagar el estado”, dijo Santiago Cúneo, del Partido Nuevo Buenos Aires.

Eduardo López Wesselhoefft, apoderado del PJ, rechazó de plano el pedido de La Libertad Avanza: “Reitero nuestra oposición a la reimpresión”. Y citó a Luz Landívar, directora Nacional Electoral, durante una intervención en la Cámara de Diputados de la Nación cuando afirmó: “Si hay muertes o renuncias, la boleta única de papel oficializada se mantiene”.

“Fuerza Patria no le encuentra sentido a la reimpresión de boletas. La ciudadanía ya tiene resulto su voto. Nadie se va a fijar en la foto, no genera confusión”, dijo López Wesselhoefft. Y cerró: “No hay posibilidad de concurrir a esta elección con otra boleta que las que ya están impresas y las que aún faltan imprimir”.

También se opusieron en sus alocuciones los apoderados de Propuesta Federal para el Cambio; Frente Patriotas Federal; Partido Nuevo Buenos Aires; Alianza Potencia; Alianza Provincias Unidas; Alianza Unión federal, y el Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur.

No hubo una sola opinión a favor de reimpresión, de modo tal que si la justicia hiciera lugar al pedido de La Libertad Avanza se anticipan al menos 15 apelaciones.

Recursos del Estado

Los partidos de la oposición al gobierno se mostraron especialmente irritados por el gasto que supone la reimpresión de boletas y la arbitrariedad del pedido, dado los antecedentes en sentido contrario.

Catalán dijo que el proceso electoral “fue tan eficiente” que resultó con un excedente de 15.000 millones de pesos que se podría utilizar para la reimpresión de boletas.

“La previsión nuestra desde el ministerio del Interior con todas las licitaciones hechas para todo el país nos llevó a un ahorro de 15.000 millones, que es lo que se destinaría a la reimpresión de boletas”, remarcó Catalán.

La fecha límite de entrega de boletas para el reparto es el 16 de octubre y el modelo de impresión debería estar listo el 11 de octubre, dentro de tres días. El ministerio del Interior se comprometió a imprimir en 5 días las primeras 3 millones de boletas para comenzar a repartir, esta vez con cuatro imprentas.

El juez advirtió que para poder avanzar con la reimpresión “debería haber un consentimiento expreso de todos los partidos para evitar planteos que demoraran el proceso”.

Tal consentimiento está lejos de existir. Es más, todos los apoderados de oposición presentes en la audiencia ya manifestaron su rechazo.

“Hay que tener en cuenta plazos de impugnación y apelación”, dijo el magistrado.