El gobierno de Javier Milei apuesta a sostener a José Luis Espert, pese a que el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires volvió a quedar enredado en una denuncia por sus presuntos vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico en los Estados Unidos.

Después de que el portal El Diaro Ar y Perfil revelaran que Machado le habría girado al economista unos 200 mil dólares, en la campaña presidencial de 2019, el propio Milei salió a respaldar a su postulante. Calificó los cuestionamientos a Espert como una “opereta” del kirchnerismo para dañar a la Casa Rosada cuando falta menos de un mes para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Si bien dijo que la justicia de Estados Unidos debe “avanzar”, el jefe del Estado habló de una maniobra de su principal rival en Buenos Aires. Equiparó la situación de su postulante de LLA con la investigación sobre el contenido de las grabaciones clandestinas a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad que fue eyectado de su cargo tras haber hablado de supuestas coimas en su área. “Son chimentos de peluquería”, expresó Milei a lo largo de una extensa entrevista con Antonio Laje en A24. Spagnuolo, al igual que la diputada nacional Lilia Lemoine, había formado parte del círculo político de Espert antes de que diera el salto a LLA.

Según consignó la revista Noticias, existe otro nexo entre LLA y Machado. Se trata de Francisco Oneto, uno de los abogados de Milei, quien defiende al empresario que está preso en la Argentina.

A pesar de que Milei salió a apuntalarlo, el caso de Espert ya genera preocupación en el comando electoral de LLA. En momentos en que la oposición más dura junta firmas para pedir su remoción de la Cámara de Diputados, donde Espert preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda, fuentes oficiales repiten que no evalúan por ahora correr al economista de la campaña ni pedirle que decline su postulación.

“Está firme”, remarcan en el búnker de los libertarios. No obstante, las revelaciones sobre sus lazos con “Fred” Machado -Espert admitió que le facilitó su avión para viajar Viedma, en el sur del país, durante la campaña en 2019, cuando se postuló para presidente- provoca ruidos internos. Desde la derrota en la elección bonaerense del 7 de septiembre, los estrategas libertarios y los dirigentes territoriales de Pro deslizan ante propios y extraños que Espert no tiene un perfil amigable para el electorado del conurbano bonaerense, donde votan más de diez millones de personas. Su discurso ligado a la mano dura -“cárcel o bala”- o su estilo provocador, dicen en LLA, dificultan la idea de mostrar empatía para recomponer el vínculo con los sectores de clase media y baja que padecieron el ajuste fiscal o el estancamiento de la economía en el último año. “Es difícil vender a Espert en el conurbano, pero era el candidato que le servía y le gustaba al Presidente”, sintetizan en LLA.

El economista tampoco contempla dar un paso al costado. Al contrario, en las últimas horas dijo que era víctima de una “operación” del kirchnerismo. Y comparó su situación con las denuncias contra Enrique Olivera (ARI) o Francisco De Narváez, quienes fueron los principales blancos de maniobras de los gobiernos de los Kirchner en los procesos electorales de 2005 y 2009, respectivamente.

De hecho, Espert mantuvo su agenda de actividades de campaña. Este martes visitó la localidad de Olavarría, un distrito del interior de la provincia controlado por La Cámpora -está ubicado en la séptima sección-, y se mostró junto a Diego Santilli, quien ocupa el tercer casillero en la lista de Milei en Buenos Aires. Recorrieron una metalúrgica y se reunieron con productores agropecuarios. “El mejor camino está basado en la cultura del trabajo, el esfuerzo y el mérito. Para nosotros ese es el rumbo, cualquier otra alternativa es volver al pasado”, planteó Espert en Olavarría, donde el peronismo se hizo fuerte en los comicios locales de septiembre.

El próximo sábado, el Presidente podría coincidir con “El Profe”, como le dice al economista, durante su visita a San Isidro, donde gobierna el bullrichista Ramón Lanús.

En Pro están inquietos por los posibles efectos de la denuncia contra Espert impulsada por el dirigente Juan Gabrois (Fuerza Patria) en la campaña bonaerense. El caso quedó en manos del juez Lino Mirabelli, de los tribunales federales de San Isidro. “Si esto crece, lo van a tener que ocultar. Nunca fue un buen candidato y esto no es bueno porque el kirchnerismo logra lo que busca: meternos a todos en el barro”, analizan en la tropa de los acuerdistas. Es sabido que la lucha contra la “corrupción” y la política de seguridad son los caballitos de batalla de Milei para la competencia con el kirchnerismo en Buenos Aires. En LLA, de hecho, aún acusan el golpe del escándalo por los audios de Spagnuolo. Incluso el Presidente, puertas adentro, reconoció que pagó un costo alto en septiembre por la denuncia sobre presuntos sobornos en el área de discapacidad.

En el macrismo creen que el Gobierno enfrenta un panorama incierto en la provincia más poblada del país después del duro revés de septiembre. En las encuestas que circulan en Pro, el frente alianza La Libertad Avanza recorta la ventaja de trece puntos que le sacó el peronismo en la contienda local, pero la diferencia sigue siendo holgada -entre diez y cinco-. En definitiva, consideran que la batalla está lejos de equilibrarse. “Lo EE.UU. frenó la caída, pero no hicieron los cambios de Gabinete que tenía que hacer y la interna de LLA subyace”, lamenta una de las figuras de Pro que apuntala al Gobierno.

Ahora, los macristas temen que la discusión mediática sobre los presuntos lazos de Espert con el empresario Machado aleje al votante del núcleo duro del macrismo o los simpatizantes del extinto JxC. “Nuestros votantes buscan excusas para no votar a Milei y cae esto de Espert. Encima el Presidente lo defiendo con la misma frase de Aníbal Fernández”, remarcan quienes orbitan cerca del titular de Pro.

María Eugenia Talerico, candidata a diputada nacional de Potencia, un espacio que se presenta como alternativa al kirchnerismo y Milei, intenta capitalizar el descontento de los votantes de Pro con Milei. Con esa lógica, ya salió a presionar públicamente a Espert. Le pidió que explique con claridad su relación con Machado, que está detenido en la Argentina y tiene un pedido de extradición a los Estados Unidos por una causa de narcotráfico, y si recibió o no aportes del empresario o una supuesta socia suya, Debra Mercer-Erwin. “Esconderse o descalificar diciendo que sólo son operetas, no puede ser una opción, porque hay pruebas sobre su vínculo”, señaló la exvicetitular de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Pese a que se convirtió en un hombre clave del entorno de Milei desde que se incorporó de manera oficial a LLA -en 2023 se había aliado a Horacio Rodríguez Larreta-, Espert cosechó enemigos en la Casa Rosada. Ni los aliados de Karina Milei ni los integrantes de las “fuerzas del cielo”, la agrupación militante que lideran Daniel Parisini y Agustín Romo, que se referencia en Santiago Caputo, lo respaldan internamente. El gran sostén de Espert, que anhela competir por la sucesión de Axel Kicillof en 2027, es el propio Milei.

Ayer lo defendió en televisión el vocero presidencial, Manuel Adorni, en momentos en que se viralizaban los audios con las críticas públicas que le hizo Lemoine a Espert en 2023. Dijo que “una persona traicionera” y que en Despertar, el frente con el que compitió en 2019, habían tenido “problemas con narcos”. También aparecieron viejos tuits de Alejandro Fargosi, primer candidato a diputado de LLA en la Capital.

“Si hay algo que explicar, lo explicará Espert. Esto ya pasó tiempo atrás, se lo vienen remontando desde que lo conozco. Te puedo asegurar que el 27 de octubre no hay una operación más en la Argentina”, puntualizó Adorni en diálogo con La Nación+.

Entre tanto, el legislador Martín Soria volvió a ligar a la diputada nacional Lorena Villaverde, candidata a senadora de LLA en Río Negro, con “Fred” Machado. Dijo que Claudio Cicarelli, supuesto socio del empresario preso, era pareja de Villaverde, referente de Milei en esa provincia. Ante la consulta de , la legisladora y aspirante de LLA negó lazos con Machado. “Todo lo de lo que me han acusado es falso”, afirmó.

En agosto, al filo del cierre del plazo para la inscripción de candidaturas nacionales, Juan Martín, uno de los lugartenientes de Mauricio Macri en Río Negro, rechazó la alianza con LLA después de que se confirmara la postulación de Villaverde a senadora. “Aún tiene que dar explicaciones por las acusaciones públicas sobre sus vínculos con el narcotráfico; es un límite moral”, indicó Martín en aquel momento.

La actual diputada y delegada de Karina Milei en Río Negro es una empresaria vinculada al turismo. Estudió contaduría en la Universidad Nacional de Comahue y reside en Cipolletti. Desembarcó en el Congreso en 2023 con el triunfo de LLA a nivel nacional.

En el último año, Villaverde fue investigada por presunta estafa vinculada a una rifa en el club Las Grutas. En febrero pasado, la Justicia archivó esa causa porque no encontró elementos para acusar a la diputada. Su expareja, José María Clemant, un exconcejal de Juntos Somos Río Negro, también enfrentó causas por lavado de dinero. El mes pasado, su empresa fue embargada por 50 millones de pesos en un caso por daños y perjuicios por las demoras en un desarrollo inmobiliario en las grutas, según consignó Diario de Río Negro.

La Corte Suprema de Justicia rechazó las presentaciones de dos acusados en la causa donde se investiga el supuesto de pago de coimas a funcionarios del kirchnerismo para asegurarse el contrato de las obras de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, ahora abandonadas.

Los acusados buscaban impugnar la llegada a la causa de información que obtuvo Brasil en el caso del Lava Jato, donde arrepentidos admitían que efectivamente se habían pagado sobornos para la adjudicación de las obras en la Argentina.

Una de las presentaciones fue hecha por Luiz Antonio Mameri, uno de los ejecutivos de más alto rango de la constructora Odebrecht que se acogió al régimen de la “delación premiada” en Brasil y que planteó la nulidad de la incorporación de copias de su confesión en la causa que se tramita en los tribunales de Comodoro Py 2002.

La otra presentación la formuló Mauricio Couri Ribeiro, ex director superintendente de Odebrecht Infraestructura en la Argentina participó de lleno en las negociaciones de los proyectos, quien reclamó en la causa la nulidad del acuerdo de colaboración alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal argentino y el de Brasil.

Estos planteos ya habían sido rechazados en instancias anteriores, pero sus defensas llegaron en queja a la Corte Suprema. Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó las presentaciones por incumplimiento de las formalidades previstas en la acordada 4/2007.

La causa investiga posibles maniobras de fraude a la administración pública y presuntos pagos de sobornos del Grupo Odebrecht y sus socios locales a funcionarios integrantes de la estructura del Ministerio de Planificación Federal durante el Gobierno kirchnerista.

La Justicia sospecha que esos pagos se realizaron para obtener la adjudicación y continuidad en las distintas etapas de la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, que benefició a un consorcio integrado –según su anterior denominación- por las firmas IECSA S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., GHELLA Societa Per Azioni y COMSA S.A.

Desde hace años, el juez federal Marcelo Martínez de Gorgi tiene pisado el caso Odebrecht a pesar de los pedidos de la fiscalía para avanzar contra los empresarios acusados de los pagos de dinero a los funcionarios del Ministerio de Planificación.

La Cámara Federal instó en 2023 por tercera vez al juez federal Martínez de Giorgi a que defina si procesa o no a los exfuncionarios del kirchnerismo y a los empresarios. La obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento implicaba unos de US$1500 millones de inversión y se encuentra paralizada.

En 2021 llegó al país la información de arrepentidos brasileños que admitieron los sobornos y el caso siguió inmóvil. Los acusados son el exministro kirchnerista Julio De Vido y el empresario Ángelo Calcaterra, que con su exempresa IECSA, que integró el consorcio a cargo de la obra junto con la brasileña Odebrecht.

El fiscal del caso Franco Picardi viene instando al juez a que de una respuesta sobre las situaciones procesales de los acusados, para quienes reclamó la indagatoria por el pago de coimas.

Odebrecht admitió que pagó coimas en todo el continente para asegurarse la continuidad de sus obras. En la Argentina se planteó un acuerdo con los fiscales brasileños para incorporar esa información brindadas por arrepentidos de Brasil en el Lava Jato a la causa local.

Las demoras registradas en este expediente resultan llamativas en comparación con los avances registrados en las otras dos causas vinculadas al capítulo argentino del Lava Jato. En el caso de las planta potabilizadora de Aysa está en pleno juicio oral.

Los imputados son el exministro De Vido, que figura entre los que habrían recibido sobornos, mientras que Calcaterra y su mano derecha, Javier Sánchez Caballero, aparecen entre los acusados de haber abonado esas coimas, junto con ejecutivos de Odebrecht: Luiz Antonio Mameri, Mauricio Couri Ribeiro, Flavio Bento da Faria y Rodney Rodríguez de Carvalho, entre otros.

Las defensas de esos acusados habían planteado la nulidad de algunas de las decisiones tomadas en primera instancia. En particular, por el uso que se le dio a las pruebas aportadas desde Brasil y que incluyen la “delación premiada” de Mameri, exvicepresidente para América Latina de Odebrecht, que confesó cómo y a quiénes pagaron coimas para obtener negocios multimillonarios en la Argentina. La Cámara antes y la Corte rechazaron ahora esas nulidades.

Según Mameri, durante la primera etapa del proyecto, Sánchez Caballero les comunicó a los ejecutivos de Odebrecht en Buenos Aires cuáles eran las pautas para participar del proyecto. Y les informó que habían acordado con funcionarios de Planificación Federal que ganarían la licitación y que por eso deberían afrontar “pagos indebidos” a medida que comenzaran a cobrar las obras.

Aceptadas esas “reglas de juego”, como las calificó ante las autoridades brasileñas y reveló en 2017, Mameri admitió que autorizó “pagos indebidos” por US$2,9 millones entre enero de 2011 y enero de 2014, es decir, tras el inicio formal de la ejecución de las obras en 2010 y a medida que el consorcio debía cobrar sus primeros certificados.

Consultado entonces por , Sánchez Caballero rechazó la confesión de Mameri. “No lo conozco a ese señor”, replicó, para luego negar de manera enfática cualquier rol delictual. “Yo fui completamente ajeno a cualquier tipo de acción vinculada a eso”, remarcó.

Tras la muerte de Néstor Kirchner, sin embargo, Mameri detalló que cambiaron los intermediarios. Jorge “Corcho” Rodríguez se presentó ante el director de Infraestructura de Odebrecht en la Argentina, Rodney Rodrigues de Carvalho, como “interlocutor” de Roberto Baratta, el funcionario de máxima confianza de De Vido.

Según Mameri, el “Corcho” Rodríguez le explicó a su equipo en Buenos Aires que debía pagar “una contrapartida” por cada factura pendiente de cobro. Era, según los conminó, la única forma de que el ministerio priorizara su deuda. Sin embargo, esas confesiones no se pueden usar en la Argentina y ya se plantearon nulidades. Es porque en Brasil, Rodríguez consiguió anular las evidencias en su contra.

El presidente del Supremo Tribunal brasileño concluyó que no se garantizó la “cadena de custodia” el contenido de dos sistemas operativos de la multinacional y que, por tanto, no se puede usar en juicio. Son las evidencias que lo complicaban en dos causas. La Justicia de ese país bloqueó el uso en la Argentina de esas pruebas. Esa segunda etapa de “pagos indebidos” también fueron a través de la División de Operaciones Estructuradas, cuyo jefe máximo, Hilberto Mascarenhas da Silva -otro delator premiado-, se encargó de los detalles.