POLITICA
Macri reúne al PRO para ratificar la alianza bonaerense con LLA y definir la estrategia en el resto del país

Mauricio Macri volverá a escena este viernes con una convocatoria clave, al encabezar la reunión del Consejo Nacional del PRO en la sede partidaria de la calle Balcarce. Una reaparición quirúrgica, tras la ratificación de la condena a Cristina Kirchner, pero en un contexto político delicado: cuestionado por la estrategia en CABA y la dura derrota electoral, por las intervenciones nacionales en cinco provincias, y con un desafío que, por lo bajo, plantean varios dirigentes: “Sobrevivir”.
Según la agenda prevista del encuentro, que comenzará a las 10, al finalizar se hará público un documento en el cual podría incluirse una defensa de la “institucionalidad” del país a raíz del fallo de la Corte Suprema contra la expresidenta. Esta posibilidad está en análisis. Algunos prefieren evitar cualquier tipo de referencia, al entender que CFK “ya está afuera de todo”.
El texto, además, tendría una convocatoria a los presidentes del PRO en todo el país a “defender la identidad del partido” de cara a las negociaciones electorales con otras fuerzas políticas, según indicó a Infobae un dirigente que participará de la reunión. Se trata, según varios referentes consultados que ya trabajan en un esquema de alianzas con otros partidos, de una posición “teórica”, que no se condice con la realidad del partido que supo gobernar el país entre 2015 y 2019.
“Mauricio está entre asimilar el shock del error que se mandaron en CABA y su ego. Lo que pasó en la Ciudad fue un error groserísimo: adelantar la elección con baja valoración de la gestión, sin tener candidato, y demostramos que tenemos 15 puntos en nuestro bastión. ¿Por qué mostrar los votos si no tenés nada que mostrar? El PRO está en la etapa de sobrevivir“, graficó a este medio otro referente provincial.
Durante la reunión quedarán expuestas las dos visiones: los que quieren mantener la identidad amarilla y reflotar Juntos por el Cambio, con la UCR y la Coalición Cívica, en algunos distritos, y los que buscan a acercarse a LLA y plegarse a la fuerza que hoy capitalizó el voto antikirchnerista. La elección de Manuel Adorni en CABA sirvió como ejemplo.
En tanto, la negociación con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires es un modelo de acción de los tiempos actuales: hay consenso entre ambas partes para confluir en un frente electoral para enfrentar al peronismo, más aún tras la ratificación de la condena a CFK que, se prevé, unifique a la oposición. Hay necesidades compartidas, pero los libertarios son reticentes a entregar su simbología, su nombre y el color violeta, a pesar de la manifiesta falta de candidatos de peso para las listas en las ocho secciones electorales.
La semana que viene habrá una nueva reunión del trío compuesto por Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro con el armador Sebastián Pareja. Macri, mientras tanto, se mantiene al margen de las conversaciones, aunque mantiene diálogo fluido con funcionarios de su confianza.
En el auditorio de la calle Balcarce, además, se escucharán los informes de cada una de las provincias y una exposición del exministro de Economía Hernán Lacunza sobre el rumbo económico del país. En varias entrevistas y publicaciones en redes sociales, que le valieron las críticas del presidente Javier Milei y del ministro Luis “Toto” Caputo, planteó su diagnóstico: la estabilización nominal está lograda, pero a costa de variables estructurales que se están desgastando.
“El tipo de cambio inducido a $1000 mantiene la inflación baja, pero genera desbalance externo. Y sostenerlo requiere tasas tan altas que frenan la inversión y el consumo”, alertó hace varias semanas.
Los datos del último informe de la Fundación Pensar completan el análisis: hay 47% de aprobación al gobierno nacional, pero 56% de rechazo a sus formas; la inflación bajó a 2,8% en abril, pero el 58% de la población dice no sentirlo; el 65% resignó consumo; el 51% no llega a fin de mes con su salario, y el índice de irascibilidad social creció por tercer mes consecutivo.
Intervenciones y críticas
La orden del día también incluye la ratificación de la resolución 11 de cambio de intervención y prorroga de Córdoba. Esto generó un fuerte revuelo entre dirigentes históricos del PRO de la provincia que representa la segunda con mayor peso electoral del país, detrás de Buenos Aires, que aporta cerca del 9% del padrón nacional y es uno de los distritos con mayor nivel de movilización electoral. Es más, en varias elecciones presidenciales, fue determinante para inclinar el resultado nacional, especialmente en los balotajes de 2015 y 2019, donde fue clave para el triunfo de Cambiemos.
La exsenadora y actual diputada nacional Laura Rodríguez Machado adelantó a Infobae que no participará de la Convención Nacional por no estar de acuerdo con la intervención dispuesta por Macri al asumir la conducción nacional.
“El PRO en Córdoba está intervenido desde diciembre. Nunca aclararon qué desórdenes administrativos había. Primero estuvo designada Laura Alonso, que nunca vino. La cambiaron, pero siguen sin normalizar. Parece que la intención es quedarse con la lapicera para negociar con La Libertad Avanza u otros partidos como el radicalismo”, indicó.
A su vez, criticó que el interventor actual, Henry Leis, no representa a la militancia cordobesa, denunció que “la dirigencia partidaria fue aniquilada”, acusó las autoridades nacionales de haber “destruido al partido en Córdoba” y advirtió que “el PRO ya no tiene ningún tipo de representatividad partidaria real en la provincia”.
Además, el presidente de la Junta Ejecutiva del PRO Córdoba, Oscar Agost Carreño, presentó un recurso judicial para declarar la nulidad de la intervención, que fue dispuesta sin notificación previa, sin orden del día formal y sin permitir derecho a defensa.
La demanda sostiene que se trató de una sanción política encubierta, luego de que Agost Carreño votara en disidencia con el bloque nacional del PRO en el Congreso, según se cita en el texto judicial. Además, el recurso afirma que la intervención violó el derecho de los afiliados a organizarse y elegir autoridades. Las internas ya estaban convocadas para febrero de 2025, y la medida tuvo como efecto inmediato suspenderlas.
“El objetivo real fue impedir el proceso electoral en Córdoba y controlar desde Buenos Aires el cierre de alianzas y candidaturas”, acusa el escrito, que ya ingresó en la justicia federal electoral y al que accedió este medio.
La situación de Córdoba no es un caso aislado. Actualmente, el PRO tiene cinco provincias intervenidas: en Corrientes (Clodomiro Risau), Salta (Leonardo Aguilar), Tucumán (Alejandro Finocchiaro) y Tierra del Fuego (María Eugenia Chiarvetto).
Así, la cumbre del Consejo Nacional será mucho más que una foto partidaria. Para muchos será un paso más en el intento de rescatar al PRO de su crisis estructural más profunda desde su creación.
POLITICA
Operativo Puf: anulan el caso donde se investigaba un supuesto complot kirchnerista para perjudicar al fiscal Stornelli

La Cámara Federal anuló la causa en que se investigaba un supuesto complot de presos kirchneristas para perjudicar el fiscal Carlos Stornelli y dispuso el archivo del caso.
Los jueces de la Cámara Federal actuaron a instancias de un fallo de la Cámara de Casación de Carlos Mahiques, Javier Carbajo y Daniel Petrone.
En esta causa, conocida popularmente como el “Operativo Puf”, se investigaba, entre otros, al juez Juan María Ramos Padilla y al diputado Eduardo Valdés.
Se investigó una maniobra para descalificar al fiscal Stornelli, que era quien llevaba adelante la causa de los cuadernos de las coimas contra Cristina Kirchner y exfuncionarios del kirchnerismo.
La decisión puso fin a casi seis años de caso y se dio a continuación de que todas las acusaciones que se realizaron contra Stornelli desde el kirchenrismo fueron desechadas.
Ahora, la Cámara Federal -a instancias de la Casación- dijo que no estaba claro el objeto procesal. La resolución, firmada por los jueces Eduardo Farah, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, habla de una falta de una hipótesis delictiva identificable.
El fiscal Franco Picardi había considerado que las escuchas telefónicas de presos K, utilizadas como prueba en la investigación, eran “ilegales” y no podían ser avaladas.
Picardi aplicó la doctrina del “fruto del árbol envenenado” para solicitar la nulidad y/o exclusión de estas trascripciones.
El juez de la Cámara Federal Eduardo Farah, quien ya había votado en disidencia por el archivo en marzo de 2021, reiteró que «no se ha identificado a la fecha un objeto procesal claro, en que exista una hipótesis delictiva identificable y concreta“.
Farah enfatizó que la falta de esta “base fundamental constituye un óbice a la pretensión de que se profundice una investigación que, así planteada, carece de un norte específico que le dé sentido y finalidad”.
Dijo el camarista que el caso se apoya en el contenido de las informaciones anónimas que desencadenaron las denuncias.
Según el magistrado, esta situación refuerza la conclusión de que es “improcedente dar vía favorable a la pretensión de esos actores de mantener abierto un caso judicial”.
Los jueces Pablo D. Bertuzzi y Leopoldo Bruglia adhirieron a esta postura: “Consideramos que este temperamento permite, a su vez, brindar una solución a la controversia suscitada, frente al sistema de reenvíos propuesto por el ad quem que, en el caso, aparece demorando innecesariamente la decisión, en detrimento del derecho del que goza todo imputado a obtener un pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre que comporta el enjuiciamiento penal“.
La denuncia del “Operativo Puf” se originó a raíz de las interceptaciones telefónicas hechas por un juez de Lomas de Zamora Federico Villena para conocer los diálogos en prisión del narcotraficante Mario Segovia, conocido como el “Rey de la efedrina”, a raíz de la sospecha de que estaba planificando un atentado con explosivos.
Villena autorizó el pedido de la AFI para escuchar a Segovia en un teléfono público que usaban otros presos. La AFI lo hizo y se lo reportó al juzgado. Pero también se grabaron conversaciones de otros detenidos, que no estaban en foco en la investigación.
El contenido de esas conversaciones tomó estado público a través de medios de comunicación. En uno de los audios, el diputado Eduardo Valdés le adelanta a Juan Pablo Schiavi, entonces preso, que “va a haber novedades” y le recomienda “quedarse tranquilo”.
“Bonadio, Stornelli, Puf”, asegura, en alusión a que el juez y el fiscal iban a tener problemas. Esa frase fue la que generó el nombre con el que se conoció esta causa.
Esas escuchas llegaron en un sobre anónimo a manos de las diputadas Paula Oliveto y Mariana Zuvik, que las presentaron en la justicia y se inició el caso, ahora archivado.
El contenido de las escuchas fue admitido como prueba por la propia Cámara Federal, pues en la causa de “La ruta del dinero K” validó la conversación de Lázaro Báez con una mujer cuando le decía que su fortuna no le pertenecía, sino que era de alguien que estaba por encima de él.
Stornelli efectivamente enfrentó múltiples acusaciones que terminaron rechazadas en todos los tribunales y el caso cuadernos está elevado a juicio oral con Cristina Kirchner como la principal imputada.
Los cuadernos de las coimas,Carlos Stornelli,Conforme a,Los cuadernos de las coimas,,Reto a los jueces. Emplazan al tribunal de “los cuadernos de las coimas” para que agilice el juicio contra Cristina Kirchner,,Sin vuelta atrás. Los cuadernos de las coimas: convocan a una audiencia clave para iniciar el juicio contra Cristina,,Bajo agua. Un país que muestra la extrema pobreza en infraestructura que no soporta ni la lluvia, ni el frío o el calor
POLITICA
La CGT marchó casi a reglamento, con menos gente que la esperada y algunos guiños al Gobierno

Antes de la marcha de San Cayetano, en la CGT había entusiasmo por la posibilidad de protestar en la calle contra el Gobierno y algunos dirigentes coincidían en un pronóstico con tono de advertencia: “Vamos a mover a toda nuestra gente”. Sin embargo, la postal que dejó la movilización del 7 de agosto no estuvo a tono con ese vaticinio. Hubo mucha gente, pero no fue la cantidad esperada. Y sólo un puñado de sindicatos que pertenecen a la CGT se destacó por el número de manifestantes.
Sin embargo, para la cúpula cegetista el balance fue positivo. En diálogo con Infobae, uno de sus líderes dijo: “Cumplimos lo que nos habíamos propuesto. No era nuestra marcha, sino que nos sumamos a la que organizaron los movimientos sociales. Pero fuimos todos los que teníamos que ir, llevamos mucha gente y sacamos un documento para fijar nuestra posición».
Lo cierto es que la participación de la CGT se fue deshilachando con el correr de los días. La propuesta de adherir a la marcha fue aprobada el 21 de julio por la mesa chica ampliada, pero, en el fondo, se pareció más a un recurso para contener a los sectores duros que presionaban por otro paro general contra el Gobierno.
Al comienzo, la expectativa era que los sindicatos enviaran manifestantes para que marcharan desde Liniers con los movimientos sociales, que organizan esta movilización a partir de 2016 para reclamar por más trabajo, pero luego hubo un viraje: la CGT se concentraría en Diagonal Sur y Perú para caminar una cuadra a Plaza de Mayo.
El cambio se produjo, como anticipó Infobae, por el temor de que algunos sectores radicalizados increparan a la dirigencia de la CGT para exigirle un paro nacional.
Aún está fresco el traumático recuerdo de lo que sucedió en marzo de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando la conducción cegetista de entonces (casi igual a la de hoy) realizó un acto de protesta y no precisó cuándo haría una huelga general, lo que provocó la reacción de un grupo que reclamó que le pusieran fecha al paro e increpó al triunvirato que lideraba la CGT (Héctor Daer, de Sanidad; Carlos Acuña, de estaciones de servicio, y Juan Carlos Schmid, de Dragado y Balizamiento), que tuvo que bajarse del palco entre insultos y empujones de la gente para refugiarse en el Sindicato de Comercio. En los incidentes se robaron el atril con el logo de la CGT.
Ahora, algunos sindicalistas temían la explosiva combinación que se iba a dar en la calle de sectores críticos y hostiles hacia la CGT como La Cámpora, gremios combativos y expresiones de izquierda.
Por eso pasaron de la idea inicial de caminar 15 kilómetros entre Liniers y Plaza de Mayo a recorrer 100 metros hasta donde finalizaría la marcha. Para tener mayores garantías, incluso, los dirigentes de la CGT sólo estuvieron 2 o 3 horas, se acomodaron sobre la calle Hipólito Yrigoyen, cediendo la ubicación principal del acto, y se retiraron antes de que se leyera el documento.
Esa declaración incluyó duras críticas a las políticas del Gobierno y al estilo presidencial, como cuando señala que “la descalificación, el agravio y la violencia verbal son incompatibles con la democracia y el necesario debate de ideas”. Pero el texto también tiene guiños a la administración libertaria con apelaciones al diálogo y la búsqueda de consensos (a lo que apuestan los líderes cegetistas al participar del Consejo de Mayo).
“Creemos en el diálogo social como herramienta clave y eje central en la búsqueda de consensos que posibiliten la puesta en marcha de políticas superadoras para dejar atrás una crisis que venimos soportando desde hace años y que golpea inequitativamente a la gran mayoría de nuestra sociedad”, afirma el documento, que seguramente no conformó al ala dura de la CGT, que no quiere dialogar con el Gobierno y busca desgastarlo a fuerza de paros.
Entre quienes redactaron el texto figura Gerardo Martínez (UOCRA), del ala dialoguista de la CGT, miembro del Consejo de Mayo y partidario de negociar con Milei para impedir que se avance con una reforma laboral que pondría en peligro al sindicalismo, entre otros puntos.
Más allá de estos matices, lo que mostró la CGT en la calle este jueves fue un muestrario de datos sugestivos.
Algunos de los sindicatos que llevaron más gente fueron Camioneros, UOCRA, UPCN, UDA y los integrantes de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), encabezados por Juan Carlos Schmid y Juan Pablo Brey, junto a ATE y los miembros del ultraopositor Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, entre otros. Pero, como se preveía, impactó la capacidad de movilización de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el gremio de los movimientos sociales que lidera Alejandro Gramajo y que organizó la marcha.
En materia de concurrencia de dirigentes, hubo falta con aviso del cotitular de la CGT, Héctor Daer, que este mismo 7 de agosto tuvo comicios en su sindicato, ATSA Buenos Aires, donde no compitió por una nueva reelección.
En la columna principal de la CGT hubo sindicalistas de perfil más bajo que pasaron a una ubicación destacada, como Cristian Jerónimo (vidrio), Maia Volcovinsky (judiciales) y Jorge Sola (seguro), cuyos nombres, casualmente (o no), circulan como posibles miembros del triunvirato cegetista que se elegiría en el congreso de renovación de autoridades, en noviembre próximo.
La nota destacada la dio Hugo Moyano, por primera vez en mucho tiempo en la columna principal de la CGT, flanqueado por Gerardo Martínez y por Octavio Argüello (Camioneros), el único cotitular cegetista presente en la marcha (además de Daer, tampoco estuvo Carlos Acuña). Detrás del líder sindical estuvo en todo momento su hijo menor, Jerónimo, mencionado como el candidato de Camioneros para la Secretaría de la Juventud de la CGT.
A quien nadie vio en la marcha es a Pablo Moyano, quien había convocado a movilizarse desde un video con ruido ambiente de una cancha de fútbol y vestido con una campera que lleva el escudo del club Camioneros, del que es presidente. ¿No habrá querido cruzarse con su padre, con quien está peleado? ¿O estará concentrado en el partido que su equipo jugará el sábado con Deportivo Paraguayo por el torneo de la Primera C?
POLITICA
Milei y Petro vuelven a acercarse luego de meses de frialdad y distancia

Lejos, muy lejos, parecen haber quedado aquellos intercambios de insultos y descalificaciones, moneda corriente en aquellos tumultuosos primeros meses de gestión, con Javier Milei en la Casa Rosada y Gustavo Petro como presidente de Colombia. Hoy, ambos países dieron un nuevo paso hacia la reconciliación, al menos en lo que hace al vínculo político y económico bilateral.
Este jueves, el flamante embajador de Colombia en el país, José Roberto Acosta, encabezó los festejos por el aniversario número 206 de la independencia de Colombia. Debajo de un retrato de Simón Bolívar en la sede diplomática en Buenos Aires, Acosta contó que el canciller Gerardo Werthein le había dado, en tiempo récord y el día anterior, su plácet para desempeñarse como embajador. Con gracia, afirmó que las relaciones entre ambos países son “sólidas y fraternas” y que no hay “twitter que nos pueda separar”, en referencia a las redes sociales, a las que son tan afectos ambos presidentes, separados por un océano ideológico, pero unidos –al parecer- por un pragmatismo a prueba de batallas culturales.
Nadie quiso recordar que, a fines de marzo de 2024, Milei había tildado de “terrorista asesino” a Petro por su participación en organizaciones guerrilleras de izquierda durante su juventud. Declaraciones que derivaron en la expulsión de los diplomáticos argentinos de Bogotá. Tampoco nadie mencionó que el colombiano calificó de “neonazi” al presidente argentino y luego dijo, en diciembre y en una entrevista con Clarín, que Milei era un “potencial dictador”, que sus discursos eran “anacrónicos”, y que su discurso en el G20 de Río de Janeiro había sido “más aplaudido” que el de su par argentino.
Intentando una vuelta de página, el nuevo embajador colombiano habló de “fortalecer” una “relación de hermanos”, citó el histórico encuentro entre San Martín y Bolívar, y hasta reconoció que el himno argentino le parece “emocionante”. Lo escuchaban, en primera fila, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Fernando Brun, y su jefe de gabinete, Marcelo Lucco, enviados del canciller Werthein a la celebración, y parte de una concurrencia dónde se destacaron diplomáticos de Chile, Paraguay, Brasil, Cuba, la Unión Europea, Marruecos, entre otros.
“Nos unen recuerdos como el 5 a 0 en la cancha de River, que nunca vamos a olvidar”, bromeó el embajador en relación a aquel partido en las eliminatorias mundialistas de 1993 que terminó en goleada para los colombianos. “Esto es pragmatismo, un trabajo bien hecho”, sostuvieron voces de la diplomacia argentina, dejando de lado las antiguas-y profundas- rencillas.
No se trata de la primera vez que Petro y Milei intentan recomponer sus ásperos vínculos, que tienen como antecedente un solo saludo, a medias e informal, en esa reunión del G20 en Brasil. Luego de llamar a consultas a su embajador en el país, Camilo Romero, Petro le ordenó al diplomático que regresara a Buenos Aires. “Debe haber un acuerdo básico de civilidad”, dijo Romero a cuando volvió al país, en abril de 2024, con la intención de calmar las aguas.
Pero su estadía en la Argentina duró unos pocos meses, ya que en febrero de este año renunció al cargo, con el objetivo de ser candidato a presidente en 2026, año en el que Petro culminará su mandato. Por el lado argentino, Mario Raúl Verón Guerra continúa siendo el embajador en Bogotá desde mayo de 2024, cuando reemplazó a Gustavo Dzugala, quien pagó los platos por el conflicto entre ambos presidentes.
Milei y Petro, que duda cabe, siguen perteneciendo a mundos distintos. Aliado del norteamericano Donald Trump y del premier israelí Benjamín Netanyahu, el presidente argentino tiene como uno de sus slogans luchar contra los “comunistas” como Petro, quien sostiene un buen vínculo con la Venezuela de Nicolás Maduro y tomó partido por los palestinos en el conflicto de Medio Oriente, además de que suele polemizar con Washington.
Los más de cien mil colombianos que viven en Argentina, y sobre todo la necesidad de expandir las puertas del comercio parecen haber sido razones suficientes para no alimentar más el conflicto y deponer las armas, al menos por ahora.
había tildado,cuando volvió,Jaime Rosemberg,Conforme a
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