A raíz de su paso por la intendencia de Tigre cuando integraba el Frente para la Victoria, el exministro de Economía Sergio Massa declaró como testigo en la causa Sueños Compartidos, el programa de viviendas sociales ejecutado por la fundación Madres de Plaza de Mayo, cuyas irregularidades son hoy revisadas en un juicio oral y público que comenzó al filo de la prescripción. El excandidato a presidente dijo que hubo irregularidades.

“Hubo incumplimientos”, afirmó al ser consultado respecto a los convenios con la fundación que dirigía Hebe de Bonafini. “A partir de esos incumplimientos −siguió− fue que el municipio tomó la decisión de continuar las obras”.

Massa llegó a los tribunales de Comodoro Py a media mañana. Enérgico, con saco claro, hizo su entrada a la sala SUM a las 11 en punto, saludó a todos con un gesto corto de cabeza y, del mismo modo que Mauricio Macri la semana pasada, afrontó preguntas de los abogados de las partes.

Se limitó a explayarse sobre los aspectos técnicos de la ejecución de obras, sin correrse de las preguntas que le formularon, aunque no pudo contestar muchas de ellas, al igual que otros de los testigos que lo precedieron.

El juicio oral se inició hace un mes, 15 años después de la acusación fiscal. Según ese señalamiento, sostenido hoy en el juicio oral por el fiscal Diego Velazco, existió un otorgamiento irregular de convenios para construir viviendas entre 2008 y 2011, en el que confluyen funcionarios nacionales y provinciales del kirchnerismo junto a integrantes de la fundación Madres de Plaza de Mayo, a cargo de ejecutar el programa.

Luego de encabezar la Anses durante el gobierno de Néstor Kirchner, Massa ganó la intendencia de Tigre en 2007, pero dejó el cargo en manos de Julio Zamora en julio de 2008 para hacerse cargo durante un año de la Jefatura de Gabinete de Cristina Kirchner. Luego regresó al municipio (reeligió en 2011), donde comenzó a tomar distancia del kirchnerismo, al que enfrentó en los comicios de 2013.

Por las irregularidades en Sueños Compartidos están sentados en el banquillo de los acusados los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, ligados al manejo del programa dentro de la fundación −célebres en los 80 por matar a sus padres−; los exfuncionarios Julio de Vido, José López −ambos detenidos en otros procesos−, Abel Fatala y Luis Rafael Bontempo, entre otros. Hebe de Bonafini, quien fue presidenta de Madres de Plaza de Mayo, también estaba imputada, pero falleció en 2022.

La Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal −a cargo entonces de López− transfirió $748.719.414 para la ejecución de las obras, aunque el monto total comprometido ascendía a $1.295.218.967. De ese financiamiento, siempre según la acusación, se habrían sustraído $206.438.454, lo que representa más del 23% del total.

“Cada una de las áreas tiene sus facultades y el intendente no le pide a cada uno detalles de cuáles son las facultades para un convenio”, respondió Massa ante una de las consultas.

Fue preguntado por los adelantos financieros de esas obras. “El problema es que los convenios fueron en el momento en que hubo un intendente suplente y los adelantos financieros siempre son a la firma de los convenios”, respondió Massa, en referencia a Julio Zamora, quien lo reemplazó en la intendencia cuando se convirtió en jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, en 2008. “No es que no lo recuerde sino que no lo tengo presente”, siguió.

Zamora fue el álter ego de Massa durante años en Tigre. Continúa siendo intendente del municipio, pero está enfrentado abiertamente con Massa desde 2019, quien hoy lo definió como su “suplente”.

La semana pasada fue el turno del expresidente Macri, que también señaló irregularidades. “El ministro [Esteban] Bullrich me dijo en ese momento que habían cobrado más del doble de lo que se había ejecutado, por lo cual no tenía sentido seguir pagando”, rememoró Macri de su paso por la gestión porteña. “Finalmente, el ministro Bullrich no aceptó pagar y esa discusión continuó con la ministra [María Eugenia] Vidal”, sumó.

El programa “Misión Sueños Compartidos” se implementó a través de convenios con diversas jurisdicciones en las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Río Negro, Santa Fe, y Buenos Aires, con acuerdos en los municipios de Almirante Brown, Ezeiza y Tigre.

A semanas de que se conociera que la esposa de Manuel Adorni viajó a Estados Unidos junto a la comitiva presidencial por la Argentina Week, la narrativa libertaria vuelve a enfrentar una contradicción. Es que Bettina Julieta Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, habría comprado una vivienda en Parque Avellaneda con un crédito del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), el mismo organismo que ahora La Libertad Avanza (LLA) busca cerrar como parte de un ajuste que propone en la Ciudad.

Según pudo saber , en diciembre de 2008, Bettina Julieta Angeletti, esposa de Adorni, accedió a un crédito del IVC para comprar un departamento ubicado en Bragado 4747, en el barrio porteño de Parque Avellaneda. A través del organismo porteño también adquirió una cochera en ese mismo domicilio. La transacción que le permitió acceder al inmueble de 52 metros cuadrados se realizó en el marco de los programas “Operatoria Terreno, Proyecto y Construcción” y “Operatoria Acceso Inmediato en Pesos” del organismo porteño.

La compra del departamento -de acuerdo a fuentes oficiales- habría tenido un valor total de $104.654,89, financiados en 360 cuotas sociales -es decir, un plan de pago a 30 años– de $474, monto que incluye intereses. La cochera, en tanto, se habría adquirido por un valor total de $4000 financiados también en 360 cuotas de $19,10 con intereses.

En un listado de la cartera de préstamos del IVC publicado en 2015, Angeletti figura como beneficiaria de dos créditos del organismo. El documento da cuenta de un préstamo de 360 cuotas aprobado el 30 de marzo de 2009 por un total de $98.365,44 para la compra de un departamento ubicado en Bragado 4741. También está registrado un préstamo de 360 cuotas aprobado el 5 de mayo de 2009 por $3920,48 para la compra de una cochera en ese mismo edificio.

Ambos créditos aparecen asociados a “TPYC -Bragado 4741″, siglas que coinciden con el nombre del programa “Operatoria Terreno, Proyecto y Construcción” citado por las fuentes consultadas. En planillas del IVC de 2019 y 2020, “TPYC Bragado 4741″ aparece en conjunto con otras alturas de la misma calle: “TPYC BRAGADO 4741/61/63/65″. En tanto, en el despacho 0397/18 de la Legislatura porteña, esas mismas direcciones (4761/63/65) aparecen en tándem -como pertenecientes al mismo complejo habitacional- con la dirección Bragado 4747, informada por las fuentes consultadas.

Angeletti habría cancelado la deuda contraída por el IVC en agosto de 2024, después de que su esposo se incorporara al gobierno nacional como vocero presidencial. Alrededor de seis meses más tarde, el 14 de enero de 2025, Angeletti habría obtenido del Gobierno de la Ciudad la documentación que acreditaba el pago de la hipoteca y la titularidad de su vivienda social.

Que la esposa de Adorni utilizara un crédito del IVC para comprar un inmueble tensiona el discurso de LLA, que impulsa la eliminación del organismo bajo el argumento de que no ha logrado brindar “soluciones efectivas para quienes buscan acceder a la vivienda”.

El legislador libertario Nicolás Pakgojz -cercano a Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la ciudad y presidenta del bloque violeta en la Legislatura porteña- es el autor del proyecto que busca cerrar el instituto y reasignar sus partidas presupuestarias. La iniciativa fue presentada ante el parlamento local el pasado 16 de marzo y tiene como coautores, entre otros, a la propia Ramírez -que difundió la propuesta en su cuenta de X- y Marcelo Gregorio Ernst, quien asumió su banca como reemplazante de Adorni luego de que el funcionario nacional decidiera permanecer en Casa Rosada.

“La continuidad del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC), creado por la Ley N° 1.251, constituye un claro ejemplo de un esquema estatal que prioriza el sostenimiento de su propia estructura antes que la eficacia de la política pública que dice ejecutar», dice el proyecto presentado por el partido de Javier Milei.

Según cifras citadas en el texto, la mayor parte del presupuesto se destina a gastos operativos asociados al personal y funcionamiento general del organismo en detrimento de los programas de crédito. La iniciativa detalla que “el programa ‘Créditos Ley 341/964′ registra $4.026 millones (aprox 3,6% del total del IVC) y, dentro de ese programa, los ‘préstamos a largo plazo’ alcanzan apenas $1.045 millones (menos del 1% del total del Instituto)“. Estos últimos corresponden al tipo de crédito tomado por la esposa de Adorni.