La diputada Marcela Pagano, exintegrante del bloque de La Libertad Avanza (LLA), amplió su denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien le atribuyó la propiedad de una casa en el country Indio Cua Golf Club, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz. Publicó, además, en sus redes sociales la foto de la vivienda que, según ella, es del funcionario de Javier Milei.

Según la presentación de Pagano, las expensas del lote 380 del Country Indio Cuá empezaron a figurar a nombre de Betina Angeletti, esposa de Adorni, “lo que sugiere la existencia de un vínculo dominial o posesorio con dicho lote que no fue informado ante las autoridades competentes”.

Adorni no tiene informada una propiedad de esas características en la declaración jurada de bienes presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA), aunque todavía no entregó la actualización de 2025 (está aún en plazo para hacerlo). En su última presentación, reportó dos propiedades inmuebles: un departamento de 115 metros cuadrados en Parque Chacabuco (a medias con su esposa) y otro de 107 metros cuadrados en La Plata, su ciudad natal (donación familiar). Anota también ahorros por cerca de 50.000 dólares y deudas por alrededor de 90.000 dólares.

Pagano denuncia que la casa de Exaltación de la Cruz la compró junto con Angeletti. Y que también hicieron una obra de alto valor.

Según su descripción, “es una vivienda de dos plantas”. Pagano ya había denunciado a Adorni por enriquecimiento ilícito a raíz del viaje en avión privado que hizo con su familia a Punta del Este en el feriado de carnaval y por los contratos con empresas contratistas del Estado que tuvo la consultora de coaching que fundó su esposa en 2024.

El country Indio Cua cuenta con cancha de golf, caballerizas y canchas de tenis y de futbol.

Pagano especuló que, según empresas inmobiliarios, “el valor promedio de venta de casas en el Country Indio Cuá asciende a aproximadamente US$149.875, con valores que oscilan entre US$ 129.000 y US$249.000 dependiendo de la superficie y ubicación del lote, a lo que debe adicionarse una cuota de ingreso que, según los avisos vigentes, se sitúa en torno a los $5.000.000. Las expensas mensuales incluyen el uso de todas las instalaciones deportivas”. Para la exlibertaria eso implica una “discordancia en la declaración jurada patrimonial” de Adorni.

La diputada reclamó al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires que informe la titularidad dominial del lote 380 del country y solicitó información a la administración del emprendimiento para saber “si Manuel Adorni y/o Bettina Angeletti figuran como propietarios, copropietarios, poseedores o locatarios de algún lote y/o vivienda dentro del emprendimiento; (c) si se ha tramitado y/o aprobado algún plano de obra o permiso de construcción vinculado al lote 380 o a cualquier otro lote asociado a los nombrados; (d) la fecha de inicio y finalización de eventuales obras de construcción” en relación a la casa señalada.

Fuentes consultadas por en Exaltación de la Cruz indicaron que han visto habitualmente a Adorni en la zona y que la familia de Angeletti es habitual del club Indio Cua. “Sabemos que vive ahí o que va en los fines de semana. Si es el dueño o no, es otra cuestión”, indicó una fuente política de la zona.

Adorni -en medio de una tormenta política desde que dos semanas atrás subió a su esposa al avión presidencial- no se refirió aún a la denuncia de Pagano. Pero esta mañana Javier Milei salió a defenderlo con un mensaje en redes sociales, en el que desmintió que fuera a pedirle la renuncia y atacó a la prensa (sin referirse a la noticia sobre la casa en Exaltación de la Cruz).

La única voz oficialista que se refirió a eso fue la diputada Lilia Lemoine, que pareció confirmar los dichos de Pagano: “Es una casa reformada… en un country de clase media. No es una mansión en la isla”.

Esta última mención es un señalamiento a Pagano, que vive con su pareja -el abogado Franco Bindi- en La Isla, el lujoso barrio de Nordelta.

Con citas del papa Francisco y fuertes llamados a una autocrítica y a “una memoria íntegra y luminosa”, la Iglesia recordó en un documento los 50 años del golpe militar de 1976 y revalorizó el compromiso con la democracia. Planteó, frente a los desafíos actuales, la necesidad de enfrentar los problemas dela inclusión social y el deterioro del trabajo digno, la amenaza del consumo problemático y el tráfico de personas.

“Nunca más a la violencia de la dictadura y siempre más a una democracia justa”, proclamó la comisión permanente del Episcopado, que preside el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, en un mensaje dirigido a los “hermanas y hermanos de nuestra querida Nación argentina”. Los obispos toman como referencia la histórica frase “Nunca más” con que el fiscal Julio César Strassera cerró su alegato final en el Juicio a las Juntas.

El documento episcopal fue aprobado por la veintena de obispos que integran la comisión permanente de la Conferencia Episcopal Argentina. No escapa al análisis el escenario internacional y se advierte sobre la creciente tendencia al autoritarismo y los populismos de distinto signo. Frente a ello, la Iglesia llama a “volver a elegir el diálogo para abordar los conflictos y los desacuerdos, sin caer en polarizaciones estériles”.

Sin hacer nombres, los obispos cuestionan el estilo agresivo que domina desde hace un tiempo el escenario político en el país. “¡Del insulto de cada día al que piensa distinto, líbranos, Señor! Se torna peligroso acentuar la culpa ajena para proclamar la propia inocencia y justificar una agresión indeterminada. Debemos renunciar a todo tipo de violencia, sabiendo que su espiral comienza con el discurso y escala hacia la acción. No podemos naturalizar la violencia en las redes sociales, en nuestros barrios, en el Congreso de la Nación”, afirman, en una descripción que aluda a la dirigencia política, incluido el presidente Javier Milei.

Recurren al papa León XIV, al invitar a “desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse, a las calumnias”.

“Reconocemos la gravedad de lo acontecido en esos años violentos y comprendemos que la memoria exige una autocrítica, de la sociedad y la Iglesia presente en ella, que ayude a redescubrir y reconstruir el sentido de la fraternidad entre los argentinos”, señalaron los obispos.

En otro párrafo, el Episcopado recuerda que “en estos días se cumplirán los 50 años de aquel 24 de marzo de 1976 que marcó, en un ambiente general de violencia, el inicio de esa oscura noche en nuestra historia: la tragedia del terrorismo de Estado que se prolongó por siete largos años hasta el 10 de diciembre de 1983, cuando finalmente recuperamos la democracia”.

Los obispos rescatan el legado de Francisco y expresan la necesidad de preservar la memoria, como enseñó el papa argentino en la encíclica Fratelli tuti.

“Es fácil hoy caer en la tentación de dar vuelta la página diciendo que ya hace tiempo que sucedió y que hay que mirar hacia adelante. ¡No, por Dios! Nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa”, es una de las frases de Jorge Brgoglio.

Y piden mantener viva “la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió”, que despierta y preserva el recuerdo de las víctimas, para que la conciencia humana se fortalezca cada vez más contra todo deseo de dominación y destrucción”, en sintonía con el pensamiento de Francisco.

El Episcopado advierte que “mutilar la historia abre la puerta a la posibilidad de repetir los mismos errores”. Y entiende que “hacer memoria nos permite comprometernos con los desafíos del presente y orientarnos hacia un futuro mejor. Así, anima a intentar que “esta memoria sea íntegra y luminosa en cuanto sea posible”.

En esa tarea, los obispos invitan a no olvidar “el dolor de los familiares que enfrentan la muerte violenta de un hijo o pariente, sabiendo que ese dolor se multiplica si se trata de un desaparecido, al no poder tocar su cuerpo, ni llorar ante él”. Y recuerdan que “la libertad para una Nación nunca se construye por la vía de la violencia y la violación de los derechos humanos de otros hermanos y hermanas”.

Expresan, en ese sentido, que “la memoria del terrorismo de Estado ha de conducirnos hacia una vida democrática más justa”.

También citan a Francisco cuando expresan que “construir la amistad social no solo exige el acercamiento entre grupos que tomaron posiciones diferentes en algún período histórico difícil, sino también un renovado encuentro con los sectores más empobrecidos y vulnerables de la sociedad”.

Los obispos señalan que “el desarrollo humano integral es, hoy, el nuevo nombre de los derechos humanos”. Y se preguntan “cómo podemos ser felices mientras una parte importante de nuestro pueblo sufre la miseria”.

En referencia a los desafíos sociales de hoy, la Iglesia sostiene que “la democracia se envilece cuando deja a alguien afuera, cuando no protege a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la amenaza del consumo problemático y el tráfico de personas”. Sintetiza que “una democracia justa no puede ser indiferente a las necesidades básicas de la canasta familiar y al deterioro creciente del trabajo digno”.

En el pronunciamiento, el Episcopado advierte que “más vida democrática significa asumir el valor del trabajo como uno de los ejes centrales de la cuestión social, pues este no solo aporta dignidad, sino que permite que cada ciudadano ponga el hombro en la construcción de una patria de hermanas y hermanos”.

Concluyen los obispos que cuando las instituciones democráticas favorecen la creación de trabajo digno y aseguran una educación de calidad para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, llevan adelante “la mejor política de seguridad”.

“Vivimos una época con una tendencia creciente al autoritarismo; un tiempo en que los populismos de distinto signo explotan la angustia de los ciudadanos, pero no representan el remedio de una vida buena. Un tiempo en que va predominando una ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil, cuando la fortaleza de la democracia debería manifestarse en el cuidado a los más frágiles”, se advierte en otro tramo del documento.

Llaman a rehabilitar una política que ponga la economía al servicio de la dignidad humana, que promueva la paz y que cuide nuestra casa común, empezando por preservar el aire puro y las fuentes de agua dulce y potable.

Y señalan que “la democracia prohíbe rotundamente la eliminación del adversario, no admite el derramamiento de sangre y sustituye la lucha cuerpo a cuerpo por el debate cívico”.