En el marco de la reestructuración de IOSFA, la obra social de los militares y de los agentes de seguridad, que está en proceso de disolución para pasar a otras dos entidades que se ocupen de cada sector por separado, el Gobierno dispuso también el traspaso de todos los inmuebles involucrados a esa institución, aunque asegura que no se van a vender para pagar la deuda acumulada.

Hasta el momento, todos los edificios donde funcionaba la prestadora de servicios médicos dependían de las Fuerzas Armadas, pero tras los cambios, se decidió que pasen a la órbita del Ministerio de Defensa.

Se trata de un total de 44 establecimientos, entre hoteles y oficinas administrativas, que ahora pasarán a estar en manos del titular de esa cartera, teniente general Carlos Presti.

Así se dispuso en el Decreto publicado meses atrás, a partir del cual se ordenó la eliminación de IOSFA para dar lugar a la flamante Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y a la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

Ambos organismos contarán con una estructura financiera basada en los aportes personales de los afiliados, contribuciones patronales, cuotas y aranceles de adherentes, ingresos por ventas de activos, recursos asignados por la Ley de Presupuesto Nacional y donaciones.

En cuanto a los inmuebles, para que queden dentro de la estructura del Ministerio de Defensa, fueron inscriptos en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), lo que dio lugar a versiones sobre posibles ventas de estos activos.

Al respecto, fuentes de OSFA aseguraron a Infobae que “no se va a rematar ninguno de los edificios involucrados” y que el cambio de manos “es solo una cuestión jurídica”.

“Para nosotros es algo claro, como ahora ya no dependen de las Fuerzas Armadas, sino de un Ministerio, tiene que intervenir AABE, pero no se va a pagar la deuda con eso”, remarcaron.

La entidad tiene un pasivo de unos 200 mil millones de pesos contraída en los últimos años, lo que generó complicaciones para los afiliados y falta de prestaciones.

Sin embargo, para solucionar este conflicto las autoridades apuestan a la Comisión Especial Ad-Hoc que también se creó —con representantes de Defensa, Seguridad, Salud y Economía— y que supervisará todo el proceso de transición.

A través de un comunicado, la cartera de Presti sostuvo que todas estas medidas sobre los inmuebles tienen como objetivo central optimizar la administración de los recursos y garantizar una transición eficiente entre ambas entidades.

El plan de acción puesto en marcha incluye, en una primera etapa, un exhaustivo relevamiento e inventario de bienes muebles. Según lo informado, estos activos serán objeto de una transferencia programada hacia la nueva estructura de la OSFA, en un proceso que se desarrolla en estrecha coordinación con las tres Fuerzas Armadas.

En cuanto a los bienes inmuebles, el Ministerio de Defensa ha ratificado que estos permanecerán bajo su jurisdicción directa. Esta decisión busca resguardar la función institucional y el carácter estratégico de dichas propiedades, asegurando su permanencia dentro de la órbita de la cartera ministerial como parte de su política patrimonial.

Uno de los puntos clave de la transición, iniciada formalmente el 5 de febrero de este año bajo el marco normativo del DNU 88/2026, es la situación de los establecimientos hoteleros. Estas unidades, administradas hasta ahora por el IOSFA, están siendo incorporadas a la OSFA como parte del reordenamiento vigente.

El destino final y la modalidad de gestión de estos hoteles quedarán bajo la órbita de decisión del propio directorio de OSFA. Cabe destacar que este cuerpo cuenta con representación de las tres fuerzas: el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, quienes tendrán un rol decisivo en las definiciones futuras.

El Ministerio subrayó que el eje prioritario de todas las acciones en curso es asegurar la cobertura de salud de los afiliados. En este sentido, el plan de transición contempla el análisis de diversas alternativas para mejorar el funcionamiento de las plazas hoteleras.

Actualmente, se realizan estudios para promover una gestión que resulte más eficiente y sustentable, garantizando el uso continuo de las instalaciones. Las autoridades indicaron que las definiciones finales surgirán de dichos estudios técnicos y serán comunicadas oportunamente a los beneficiarios y al personal involucrado.

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El Gobierno apelará el fallo que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó actualizar salarios docentes y no docentes, recomponer becas y sostener partidas para investigación. Los equipos jurídicos de Nación ya trabajan sobre los expedientes y prepara la estrategia judicial mientras define una salida administrativa.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la cautelar sobre la ley 27.795, promulgada el 21 de octubre de 2025 tras la insistencia del Congreso. El Ejecutivo planea primero apelar ante la misma Cámara que dictó la resolución a través de un recurso extraordinario federal.

La Casa Rosada espera que esa vía sea rechazada y planea luego elevar la queja ante la Corte Suprema. El oficialismo sostiene que aplicará en paralelo la norma “por goteo”. La decisión política que transmiten en Balcarce 50 es avanzar con transferencias mensuales para cumplir con la manda judicial, pero sin consolidar de una vez todo el costo dentro del presupuesto anual.

En el entorno del presidente reconocen que buscarán cubrir las erogaciones en los mínmos mensuales, bajo la lógica de ejecución, mientras intentan evitar que el impacto quede absorbido como una ampliación permanente del gasto. Esa es hoy la línea de trabajo de los equipos jurídicos y presupuestarios del oficialismo.

El eje técnico del conflicto está en los artículos 5 y 6 de la ley, en los que se establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la norma en un porcentaje no inferior a la inflación de ese período, además de recomponer todos los programas de becas estudiantiles por la variación acumulada del IPC. La propia ley también prevé partidas para investigación y habilita adecuaciones presupuestarias para asegurar su cumplimiento.

En el Gobierno mantienen la postura de que la aplicación plena de la norma tiene un impacto fiscal que quieren dosificar. Esa discusión ya había quedado explicitada cuando Nación promulgó la ley y, en simultáneo, dictó el decreto 759/2025, con el que intentó frenar su ejecución bajo el argumento de que antes debían definirse las fuentes de financiamiento y las partidas correspondientes. Ese fue el esquema que ahora la Justicia volvió a objetar.

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El Ejecutivo buscará modificar en el mediano plazo la ley con un nuevo proyecto en el Congreso. No intentarará derogarla, sino impulsar una iniciativa para reemplazar el esquema de actualización automática por otro más acotado. Esa hoja de ruta ya había empezado a tomar forma en febrero, cuando el oficialismo aseguraba que tenía los votos para impulsar una nueva norma de financiamiento universitario.

El antecedente que miran en la Casa Rosada es el de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que terminaron reglamentando por decreto luego de semanas de tensiones judicial y administrativa, sin resignar su posición política sobre el fondo del asunto. Es por eso que en Balcarce 50 no descartan una reglamentación también para universidades.

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