POLITICA
Marcha a Tribunales por Cristina Kirchner: quiénes participarán, qué calles estarán cortadas y cómo será el operativo
El peronismo impulsa este miércoles una multitudinaria marcha para apoyar a Cristina Kirchner, día en que está previsto que se presente en los tribunales federales de Comodoro Py para cumplir la condena a seis años de cárcel por la causa Vialidad, confirmada por la Corte Suprema.
La movilización fue convocada para las 10, desde San Juan y San José, en la esquina de la casa de la exmandataria. Aunque algunos planean incluso acampar desde la noche anterior.
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Además del Partido Justicialista, participarán agrupaciones políticas -como La Cámpora, Kolina, Nuevo Encuentro, El Hormiguero, La Poderosa, entre otros-, intendentes peronistas de todo el país, y organizaciones sociales.
También habrá presencia sindical por parte de ATE, las dos CTA, UOM, La Bancaria y SMATA, que ya provocó cortes en la autopista Panamericana el día que se efectivizó la condena.
Los abogados de la exmandataria ya presentaron el pedido para que el cumplimiento de prisión sea en su domicilio del barrio porteño de Constitución y la Justicia podría definir este martes si hace o no lugar a esa solicitud. A partir de las definiciones que puedan tomarse son varias las posibilidades que se abren respecto de la movilización, según pudo saber TN.
Si la prisión domiciliaria es rechazada, Cristina Kirchner deberá presentarse ante la Justicia para completar el proceso de ingreso a una cárcel común, entonces la marcha de militantes la acompañará hasta los tribunales a los que deba concurrir. Lo mismo sucederá si no hay definición previa y debe trasladarse hasta Comodoro Py para ser notificada.
Las dudas se dan respecto de la posibilidad de confirmarse la prisión domiciliaria este martes, sin necesidad de que se presente para ser registrada. Algunos dirigentes dijeron a este medio que la realización o no de la movilización sin Cristina Kirchner se tomará en forma conjunta entre las organizaciones, una vez conocida la decisión judicial. Otros aclararon que se movilizarán igual a la puerta de su departamento del barrio de Constitución.
La diputada de Unión por la Patria, Florencia Carignano, cercana a la exmandataria, enfatizó que el miércoles “se marcha o se marcha”.
Desde el kirchnerismo plantean que acompañarán a la expresidenta “en la ida y en la vuelta”, ya que apuestan a que a la exmandataria le concedan la prisión domiciliaria para cumplir la sentencia en su departamento en Constitución.
El senador de Unión por la Patria, Oscar Parrilli, consideró que la marcha será “multitudinaria, muy espontánea”, con militantes que vendrán de provincias como Jujuy, Neuquén, Río Negro, Córdoba, Santa Fe, La Rioja y Catamarca.
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Por su parte, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, dijo que escoltarán a Cristina Kirchner desde su casa hasta Comodoro Py “a hacer los trámites” y que volverán con ella. De todas formas, aclaró que en caso de que la expresidenta quede detenida en una dependencia federal la acompañarán: “Donde esté, estaremos con ella, no es solo una consigna, es una realidad».
Cómo será el operativo de seguridad
El Gobierno prepara un operativo de seguridad especial para el traslado de Cristina Kirchner a Comodoro Py el miércoles. El Ejecutivo sostiene que implicará a las cuatro fuerzas federales y que escoltará a la expresidenta desde su departamento en Constitución hasta los tribunales para que se presente y comience a cumplir la condena de seis años de prisión. “Se están definiendo los últimos detalles”, expresan en Nación.
Según pudo saber TN, el Ministerio de Seguridad -que preside Patricia Bullrich- planea además aislar el perímetro de Comodoro Py para evitar disturbios. Una de las principales opciones que estudian es establecer un vallado en las principales inmediaciones -como el que aplican las fuerzas en las grandes movilizaciones al Congreso- con cortes parciales y un anillo externo de seguridad.
La Casa Rosada asegura también que destinará unidades de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria para contener las movilizaciones que se concentrarán en la Ciudad de Buenos Aires. Los cercanos al presidente mantienen la postura de que intentarán aplicar el operativo antipiquetes para que el tránsito no se corte.
La orden de la mesa chica de Balcarce 50 a sus funcionarios es que no haya “show” con la detención de la exjefa de Estado y que no se filtren fotos del proceso en el que debe inscribir sus datos, como huellas dactilares y una foto carnet. “Le vamos a dar el trato que merece una expresidenta y vamos a respetar el proceso”, agregan en Nación.
En ese contexto, la Justicia le exigió al Gobierno que garantice la seguridad de la detención de la expresidenta y de la movilización del PJ en su respaldo. El pedido lo hizo el Tribunal Oral Federal 2, confirmaron a TN fuentes oficiales. Se trata de un oficio enviado a Bullrich, y a su par de CABA, Horacio Giménez.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió la demanda que presentó la provincia de Chubut contra el Estado Nacional para que se declare la inconstitucionalidad de dos leyes centrales del marco regulatorio eléctrico —la 15.336 y la 24.065— que, según la administración local, restringen el dominio provincial sobre sus recursos naturales y condicionan la operación de la central hidroeléctrica Futaleufú.
La decisión, firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, reconoce que el tribunal tiene competencia originaria para intervenir en el expediente —identificado como CSJ 41/2024— y corrió traslado al Estado Nacional para que responda el planteo en un plazo de 60 días. También dejó asentado que tendrá presente el pedido de medida cautelar presentado por la provincia, una vez contestada la demanda.
El gobernador Ignacio Torres, que encabeza la presentación junto al fiscal de Estado Andrés Giacomone, sostiene que las normas cuestionadas lesionan “de forma manifiestamente ilegal y arbitraria” el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, incluyendo los cursos de agua.
El planteo cobró dimensión política y económica desde junio de 2025, cuando venció la concesión de la represa Futaleufú, otorgada en 1995 a Hidroeléctrica Futaleufú S.A., controlada por Aluar. La provincia reclama ser reconocida como la única autoridad legitimada para disponer una eventual prórroga o una nueva licitación.
La central fue construida entre 1971 y 1978 en el noroeste del territorio chubutense para abastecer de energía a la planta de aluminio de Aluar en Puerto Madryn. Con el paso del tiempo se transformó en una de las principales fuentes de generación de la Patagonia y en un activo estratégico dentro de la transición energética.
El fallo del máximo tribunal implica un aval formal al reclamo de Chubut y deja planteado un escenario con impacto potencial más allá de Futaleufú, en un contexto en el que otras provincias patagónicas también reclaman mayor control sobre la administración de sus represas y recursos naturales.
Chubut,Conforme a,Chubut,,Refuerzan la hipótesis inicial. Qué pasó con la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut hoy, miércoles 5 de noviembre,,»Soy funcionario». Un fiscal negó a hacerse el control de alcoholemia y amenazó a los agentes de tránsito,,Manuscrito. Secreto en las montañas
Orden, respeto estricto al plan político y no hablar de más en medios y redes sobre temas que ni siquiera están escritos aún, como las reformas laboral e impositiva fueron las primeras directivas que recibieron los senadores libertarios -actuales y electos- de parte de Javier Milei durante la jornada de ayer. Los conceptos se reforzaron más tarde en un convite más improvisado por la futura jefa de bloque, Patricia Bullrich, quien aprovechó la ocasión para promocionarse como la interlocutora de la Casa Rosada en la Cámara alta, y que tuvo como novedad la incorporación oficial de la exmacrista Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), que se quitó la acuarela del PRO y ya se sumó al chat oficialista.
“Es muy difícil encarar un tema complejo, como puede ser el laboral, y tener gente opinando sobre proyectos cuyo articulado no está definido todavía. No es que lo digo yo: lo aclaró el propio Milei. Entonces, es lógico que haya recalcado eso como un punto a considerar. Queda descartado especular sobre algo que no existe en los papeles. No va más”, señaló a Infobae un integrante de La Libertad Avanza al término de la cumbre con el jefe de Estado.
Dicha instancia tuvo un episodio desopilante al mismo tiempo: un lote de diputados -como el jujeño Manuel Quintar- y senadores -como Ivanna Arrascaeta- llegó tarde. Las puertas se cerraron y no lo oyeron. La puntana estuvo acompañada por su marido y secretario de la bancada, Rodolfo Negri, siempre interesado en mostrarse como el verdadero dueño de la banca. Por caso, en una red social subió un video donde se lo ve bajar de un auto en Casa Rosada como el personaje principal de la dupla.
Bullrich no perdió tiempo y trató de ser noticia: después de Milei, activó un encuentro más informal. Se mostró como el enlace principal de la Casa Rosada y reiteró otro tema central: el orden. Es decir, ninguna fuga a la hora de las directivas políticas que partan desde Balcarce 50. Por eso será interesante saber, en las próximas semanas, qué rol podría tener la diputada Nadia Márquez -con expediente judicial consumado años atrás- desde el 10 de diciembre. Es que, con Martín Menem como referente único del Ejecutivo en la Cámara baja, su bando quiere sí o sí a la neuquina en algún cargo.
Durante la primera reunión, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, se sentó en fila uno junto a Menem; el presidente provisional del Senado, el puntano Bartolomé Abdala; y el vigente jefe de bloque libertario y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche.
Fuera del equipo parlamentario de la Cámara alta, que es una de las cosas que no destrozó Victoria Villarruel en el último año -y salvó al Gobierno de escenarios parlamentarios casi letales-, los dos senadores fueron de los pocos que pusieron la cara en los momentos más delicados y respetaron las directivas del Ejecutivo. El resto miró hacia un costado y jugó de espectador. Toda una cuestión a resolver para un Gobierno que reclama ajustarse a inminentes planes políticos a rajatabla. Es decir, no existirá ningún “pero”. Esto, en realidad, ya se recita desde hace tiempo como mandamiento. Las expulsiones del pasado son un dato objetivo de ello.
Tras las conversaciones cara a cara entre Ejecutivo y legisladores oficialistas queda liberado el camino para enfrentar un gran desafío: el Presupuesto 2026. Eso sí tiene un articulado presentado desde septiembre. De hecho, se dictaminó anteayer en Diputados.
Es importante recordar que si el mismo no se trata antes que finalicen las sesiones ordinarias -fin de noviembre-, el despacho caerá y la comisión de Presupuesto de la Cámara baja tendrá que volver a firmarlo, debido a la renovación legislativa. Lo deja más que claro el reglamento, aunque varios integrantes del oficialismo ni siquiera lo contemplaban hasta hace horas atrás. Allí también deberá ajustar clavijas La Libertad Avanza.
POLITICA
Los funcionarios más poderosos del país hace 10 años y los empresarios más influyentes, sentados en el banquillo de los acusados
El juicio por el caso de los cuadernos de la coimas reúne, por primera vez en la historia argentina, a quienes fueron considerados como los funcionarios más poderosos hasta hace 10 años, incluida Cristina Kirchner, con los empresarios que manejaron durante décadas la obra pública en el país.
Entre ellos se cuentan los máximos responsables del ministerio de Planificación Federal, que comandaba Julio De Vido y donde se centralizaba la obra pública, y las concesiones ferroviarias, el transporte y las autopistas.
Por eso es que no solo el exministro está entre los implicados, sino también quien era su mano derecha Roberto Baratta, el exsecretario de Obras Públicas José López, los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; y Claudio Uberti, que controlaba los corredores viales.
En el mecanismo de corrupción investigado hay pagos directos registrados en los cuadernos de Oscar Centeno de los empresarios a los funcionarios y otros tercerizados mediante pagos que recibía o requería el financista dueño de Inverness S. A., Ernesto Clarens; el entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y de la firma ESUCO S. A., Carlos Guillermo Enrique Wagner.
El primer mecanismo aseguraba que los funcionarios requerían el dinero y los empresarios lo entregaban, en ocasiones, en las propias cocheras de sus empresas, en bolsos que transportaban Baratta y Centeno.
El otro mecanismo era una manera de que los empresarios que tenían contratos de obra pública pudieran cobrar los certificados. Para la Justicia estos pagos son casos de cohecho activo y pasivo, es decir de dinero requerido por los funcionarios u ofrecido por los empresarios para obtener un beneficio.
Pero los acusados explicaron esos pagos de otro modo. Algunos funcionarios dijeron que el dinero era un requerimiento de un aporte de campaña electoral, y otros señalaron que pagaron bajo coacción porque no iban a poder cobrar los certificados de obra o renovar sus concesiones.
En la cima de esta organización, la Justicia colocó a Cristina Kirchner como la jefa de una asociación ilícita y acusó como organizadores a De Vido, al exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa cartera, Roberto Baratta, a Clarens, a Wagner y a Jaime.
Los miembros de la asociación ilícita, según la fiscalía, son José López, Juan Pablo Schiavi, Uberti, los exsecretarios privados de De Vido y Baratta, José María Olazagasti y Nelson Lazarte; el exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens; el extitular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas, Germán Nivello y al chofer de Baratta, Oscar Centeno.
También, en el tramo de la investigación por la cartelización de obras públicas en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales, se incluyó como miembros de la organización al exadministrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti, preso por Vialidad; al exgerente de Obras y Servicios Viales y subadministrador de la DNV, Sandro Férgola y al exgerente de Administración de la DNV y exempleado de Inverness S.A., Sergio Pasacantando.
Además, por parte de los empresarios, serán juzgados como miembros de la asociación ilícita, el exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas; el exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S. A. y representante de las firmas Grupo Eling S. A. y Vialco S. A., Gerardo Luis Ferreyra y el presidente de Vialco S. A., Miguel Marcelino Aznar.
También se abordará la supuesta responsabilidad del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, del excoordinador de la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete, Hugo Martín Larraburu, del exdirector de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Fabián García Ramón; del exfuncionario y el exasesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión de Planificación Hernán Gómez, de Walter Fagyas y del exchofer de Olazagasti, Hernán Del Río.
Además, se juzgará al exasesor del secretario general de la Presidencia Julio Daniel Álvarez por encubrimiento agravado.
Finalmente, llegan a juicio, como autores, coautores o partícipes de los delitos de cohecho activo y dádivas otros 60 empresarios, entre los que se encuentran Ángel Jorge Antonio Calcaterra, accionista de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) S.A. e IECSA S. A., , Enrique Menotti Pescarmona, presidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) SAICyF,; Aldo Benito Roggio, presidente de Grupo Roggio S. A. y titular de Metrovías S. A. y del ferrocarril Urquiza, entre 2003 y 2009.
Entre los acusados también están Benjamín Gabriel Romero, titular de Hidrovía S. A.; Rudy Fernando Ulloa Igor, socio de la financiera Cumehue S. A; Armando Roberto Loson, presidente del Grupo Albanesi S. A.,; Alberto Ángel Padoan, integrante del directorio de Vicentín SAIC y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario,; los hermanos Carlos Fabián y Osvaldo Manuel De Sousa, presidentes de CPC S. A. y el Grupo Indalo; y Cristóbal Manuel López, accionista y socio mayoritario de CPC S. A. y el Grupo Indalo.
Hernán Cappiello,Conforme a
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