POLITICA
Marcha a Tribunales por Cristina Kirchner: quiénes participarán, qué calles estarán cortadas y cómo será el operativo

El peronismo impulsa este miércoles una multitudinaria marcha para apoyar a Cristina Kirchner, día en que está previsto que se presente en los tribunales federales de Comodoro Py para cumplir la condena a seis años de cárcel por la causa Vialidad, confirmada por la Corte Suprema.
La movilización fue convocada para las 10, desde San Juan y San José, en la esquina de la casa de la exmandataria. Aunque algunos planean incluso acampar desde la noche anterior.
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Además del Partido Justicialista, participarán agrupaciones políticas -como La Cámpora, Kolina, Nuevo Encuentro, El Hormiguero, La Poderosa, entre otros-, intendentes peronistas de todo el país, y organizaciones sociales.
También habrá presencia sindical por parte de ATE, las dos CTA, UOM, La Bancaria y SMATA, que ya provocó cortes en la autopista Panamericana el día que se efectivizó la condena.
Los abogados de la exmandataria ya presentaron el pedido para que el cumplimiento de prisión sea en su domicilio del barrio porteño de Constitución y la Justicia podría definir este martes si hace o no lugar a esa solicitud. A partir de las definiciones que puedan tomarse son varias las posibilidades que se abren respecto de la movilización, según pudo saber TN.
Si la prisión domiciliaria es rechazada, Cristina Kirchner deberá presentarse ante la Justicia para completar el proceso de ingreso a una cárcel común, entonces la marcha de militantes la acompañará hasta los tribunales a los que deba concurrir. Lo mismo sucederá si no hay definición previa y debe trasladarse hasta Comodoro Py para ser notificada.
Las dudas se dan respecto de la posibilidad de confirmarse la prisión domiciliaria este martes, sin necesidad de que se presente para ser registrada. Algunos dirigentes dijeron a este medio que la realización o no de la movilización sin Cristina Kirchner se tomará en forma conjunta entre las organizaciones, una vez conocida la decisión judicial. Otros aclararon que se movilizarán igual a la puerta de su departamento del barrio de Constitución.
La diputada de Unión por la Patria, Florencia Carignano, cercana a la exmandataria, enfatizó que el miércoles “se marcha o se marcha”.
Desde el kirchnerismo plantean que acompañarán a la expresidenta “en la ida y en la vuelta”, ya que apuestan a que a la exmandataria le concedan la prisión domiciliaria para cumplir la sentencia en su departamento en Constitución.
El senador de Unión por la Patria, Oscar Parrilli, consideró que la marcha será “multitudinaria, muy espontánea”, con militantes que vendrán de provincias como Jujuy, Neuquén, Río Negro, Córdoba, Santa Fe, La Rioja y Catamarca.
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Por su parte, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, dijo que escoltarán a Cristina Kirchner desde su casa hasta Comodoro Py “a hacer los trámites” y que volverán con ella. De todas formas, aclaró que en caso de que la expresidenta quede detenida en una dependencia federal la acompañarán: “Donde esté, estaremos con ella, no es solo una consigna, es una realidad».
Cómo será el operativo de seguridad
El Gobierno prepara un operativo de seguridad especial para el traslado de Cristina Kirchner a Comodoro Py el miércoles. El Ejecutivo sostiene que implicará a las cuatro fuerzas federales y que escoltará a la expresidenta desde su departamento en Constitución hasta los tribunales para que se presente y comience a cumplir la condena de seis años de prisión. “Se están definiendo los últimos detalles”, expresan en Nación.
Según pudo saber TN, el Ministerio de Seguridad -que preside Patricia Bullrich- planea además aislar el perímetro de Comodoro Py para evitar disturbios. Una de las principales opciones que estudian es establecer un vallado en las principales inmediaciones -como el que aplican las fuerzas en las grandes movilizaciones al Congreso- con cortes parciales y un anillo externo de seguridad.
La Casa Rosada asegura también que destinará unidades de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria para contener las movilizaciones que se concentrarán en la Ciudad de Buenos Aires. Los cercanos al presidente mantienen la postura de que intentarán aplicar el operativo antipiquetes para que el tránsito no se corte.
La orden de la mesa chica de Balcarce 50 a sus funcionarios es que no haya “show” con la detención de la exjefa de Estado y que no se filtren fotos del proceso en el que debe inscribir sus datos, como huellas dactilares y una foto carnet. “Le vamos a dar el trato que merece una expresidenta y vamos a respetar el proceso”, agregan en Nación.
En ese contexto, la Justicia le exigió al Gobierno que garantice la seguridad de la detención de la expresidenta y de la movilización del PJ en su respaldo. El pedido lo hizo el Tribunal Oral Federal 2, confirmaron a TN fuentes oficiales. Se trata de un oficio enviado a Bullrich, y a su par de CABA, Horacio Giménez.
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POLITICA
Los misterios que persisten tras el juicio por el intento de asesinato a Cristina Kirchner

Los autores materiales del intento de homicidio de Cristina Kirchner fueron condenados, pero persisten algunos puntos oscuros en el caso, principalmente vinculados al rol de la Policía Federal, a la imposibilidad de acceder al teléfono de Fernando Sabag Montiel y a las operaciones del kirchnerismo para mantener abierta la hipótesis de que un autor intelectual desconocido ordenó el magnifico con motivaciones políticas.
Estas son algunas de las intrigas que persisten en el caso:
- La demora de la Policía Federal en dar intervención a la Justicia. El atentado ocurrió el 1 de septiembre de 2022 a las 20.52 en la puerta del departamento de Cristina Kirchner en Recoleta. Sin embargo, el juzgado federal de turno, a cargo de María Eugenia Capuchetti, fue notificado casi una hora después. Las decisiones operativas sobre la escena del crimen, la recolección de objetos y la identificación de testigos se tomaron sin control judicial directo. La primera acta de procedimiento se firmó pasadas las 0.30, lo que significa que durante más de tres horas la prueba quedó en una zona gris, sin supervisión formal.
- El arma y el teléfono celular, sin secuestro oficial. La pistola usada en el intento de asesinato, con las huellas digitales de Sabag Montiel, fue secuestrada por los militantes de La Cámpora que rodeaban a Cristina Kirchner en su improvisada custodia civil. Un militante la pisó y luego la puso en manos de la Policía Federal. Lo mismo ocurrió con el celular de Sabag Montiel.
- El teléfono inaccesible de Fernando Sabag Montiel. El teléfono del principal responsable del ataque se convirtió en la pieza más buscada de la investigación. Pero su secuestro nunca fue documentado claramente. No se labró el acta correspondiente en el momento del hallazgo, ni se consignó quién tuvo el primer contacto con el aparato. El dispositivo fue trasladado sin control judicial y permaneció varias horas dentro de una carpa policial, junto con el arma utilizada en el ataque. Cuando finalmente se dispuso su peritaje, el teléfono se bloqueó y su contenido no pudo ser recuperado. La Gendarmería Nacional sostuvo luego que el error técnico fue consecuencia de una manipulación incorrecta del dispositivo a cargo de la PSA. La pérdida de esa prueba digital dejó un vacío que aún no pudo subsanarse.
- La actuación de la custodia de la Policía Federal. La custodia de la Policía Federal, encargada de la seguridad de Cristina Kirchner, exhibió una clara descoordinación. En lugar de formar un cerco de contención, los agentes se dispersaron y la reducción del atacante fue realizada por militantes que se encontraban en el lugar. El protocolo de evacuación no se aplicó. Estas falencias derivaron en una auditoría interna cuyos resultados no se conocen.
- La carpa blanca. El arma y el celular de Sabag Montiel permanecieron durante horas en el sitio del ataque, resguardados en una carpa improvisada. En ese lapso, no hubo registro audiovisual continuo ni constancia escrita de quién ingresaba o salía del perímetro, un recaudo clave en cualquier investigación criminal. De madrugada, los elementos fueron trasladados al juzgado por el entonces viceministro de Justicia, Juan Martín Mena.
- Detenciones sin intervención de la Policía Federal. La reacción de la Policía Federal fue desordenada. Además de que Sabag Montiel fue reducido por dos militantes de La Cámpora que rodeaban la llegada de Cristina Kirchner, su novia, Brenda Uliarte, fue detenida días después por un secretario del juzgado. Los expertos que controlaban el celular de Uliarte para seguir sus pasos no consiguieron que la Policía Federal les atendiera el teléfono para que interviniera y la detuviera. Finalmente lo hizo un secretario del juzgado y la Policía apareció después. El tercer implicado en un primer momento, Nicolás Carrizo, quedó detenido cuando se presentó en el juzgado a recuperar su celular.

- Tras el arresto de Sabag Montiel, la Policía lo subió a una camioneta y lo dejó allí con su celular. A las 00.23 le secuestraron el celular, un Samsung modelo SM A50 5G con 64 GB (gigabytes). Decían que estaba apagado. Sin embargo, el testigo Juan Ramón Mesa, un portero de la zona de Recoleta, dijo que estaba encendido y lo ratificó en el juicio. Con la voz temblorosa, dijo que un policía manipuló el teléfono. “Lo prendió y lo apagó”, dijo. “Les pido disculpas por lo del celular. Tengo una hija, tengo un trabajo. Les pido disculpas”, expresó. La jueza Sabrina Namer procuró calmarlo. El testigo volvió a intentar su explicación. Sin embargo, nunca quedó claro si vio al aparato prendido o apagado. En ese momento se puso a llorar. “Por favor no se me ponga a llorar”, le dijo la presidenta del tribunal. “¿Usted recibió alguna amenaza?”, interrogó uno de los abogados. “No”, dijo entre sollozos.
- Funcionarios del Gobierno en el juzgado. En las horas posteriores al atentado, funcionarios del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Seguridad se hicieron presentes en el juzgado federal. Mena llegó con el celular y también se presentó Damián Neustadt, director nacional de inteligencia criminal del Ministerio de Seguridad, por entonces a cargo de Aníbal Fernández. El celular llegó al juzgado en un sobre a las 2.49.
- Reseteado de fábrica. El teléfono fue manipulado por un Policía Federal esa madrugada que no logró activarlo y luego fue llevado a la PSA, donde terminó reseteado de fábrica. Fue imposible recuperar su contenido. La Gendarmería dijo que hubo errores de extracción y que colocaron hasta quince veces el código de acceso de manera errónea.
- La falsa pista Milman. La jueza Capuchetti, a cargo del expediente, fue recusada en varias oportunidades por la querella de la vicepresidenta. Se le reprochó haber demorado medidas claves, como el análisis de posibles vínculos políticos o económicos de los acusados, y no haber profundizado la hipótesis de Cristina Kirchner. La embestida se reanudó cuando apareció, 28 días después del hecho, un asesor legislativo del peronismo, Jorge Abello, que dijo que escuchó al diputado Gerardo Milman en un bar decir: “Cuando la maten, estoy camino a la costa”. La hipótesis era que sabía de antemano que iba a ocurrir el intento de asesinato. Se investigó la pista, se analizaron celulares, se investigó a Abello dos años y se concluyó que el testigo mintió para plantear una pista falsa por lo que fue citado a indagatoria acusado de falso testimonio. El caso contra Milman terminó archivado.
- Hipótesis de “fuego amigo”. El abogado de Cristina Kirchner Gregorio Dalbón escribió un tuit el 9 de septiembre de 2022 a las 10.43 de la noche -que luego borró- donde sugería que el ataque provino de “tropa propia”. El mensaje señalaba. “Hay muchas cosas que no cierran. Salvo Diego Carbone, en quien confío, hay mucho hilo para tirar. Y cuando @CFKArgentina lo desee vamos a traer a juicio a todos los autores materiales, intelectuales, cómplices y encubridores. Mi olfato me dice que el enemigo es tropa propia”.
Hernán Cappiello,Conforme a
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La Policía encontró en la basura de Fred Machado el contrato de USD 1 millón que firmó con Espert

La Policía Federal, al allanar la vivienda de Federico “Fred” Machado, encontró en un tacho de basura una copia rota y parcialmente destruida del contrato por US$ 1 millón que el empresario firmó con el diputado José Luis Espert. El documento llevaba las firmas de ambos y está en manos de la justicia federal en San Isidro.
El hallazgo fue parte de un operativo ordenado por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, en paralelo a la detención y traslado de Machado para su extradición a Estados Unidos. El juez investiga a Espert por la denuncia presentada por Juan Grabois, que lo acusa de haber recibido pagos de Machado vinculados a lavado de activos.
Un contrato entre Espert y Machado estipulaba pagos por un millón de dólares en la previa de la campaña 2019
Según lo que revela el contrato hallado, fue suscripto el 7 de junio de 2019, apenas quince días antes de que Espert se lanzara formalmente como candidato presidencial. Estipulaba un pago inicial de US$ 100.000 al momento de la firma, y luego nueve cuotas mensuales de igual monto (US$ 100.000 cada una). Machado lo firmó como representante de Minas del Pueblo, una empresa guatemalteca suya que está bajo investigación internacional.
Hasta ahora, Espert había admitido haber recibido US$ 200.000 en 2020 de una empresa vinculada a Machado, pero no había reconocido públicamente la magnitud del contrato ni la periodicidad de los pagos previstos. Este documento quebrado ahora planteará nuevas exigencias sobre su defensa, pues forma parte de las pruebas directas que conectan ambos.
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Contrato,Fred Machado,José Luis Espert,Narcotráfico
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Qué errores de cálculo cometió Milei, según Andrés Malamud

El politólogo Andrés Malamud dio un diagnóstico sobre el panorama que enfrenta la administración nacional a menos de veinte días de las elecciones legislativas de octubre. En un análisis para el canal TN, el especialista describió la situación del oficialismo como una “trampa” y delineó los porcentajes de votos que definirán el futuro político del presidente Javier Milei. El contexto electoral se complica por la crisis interna en La Libertad Avanza (LLA) tras la baja de la candidatura de José Luis Espert.
El analista político estableció umbrales de votación determinantes para el futuro del mandato presidencial. “Si Milei está bien en el interior, tiene chances de andar del 35% al 45%. Si saca más de eso, camina hacia la reelección. Si saca menos de eso, tiembla en su silla”, consideró
Mauro V. Rizzi –
Malamud considera que el Gobierno no tiene la obligación de ganar en esta elección intermedia, ya que solo se define la distribución de bancas en el Congreso, pero que el resultado numérico será una señal política contundente.
Para alcanzar un resultado favorable, el politólogo sugirió que el oficialismo debería acercarse a la provincia de Buenos Aires y consolidar su victoria en las jurisdicciones donde obtuvo amplias diferencias en 2023. Afirmó que esta meta “no es imposible” y recordó que Mauricio Macri logró reconvertir su gestión durante su presidencia.
El concepto de “trampa” utilizado por el politólogo se refiere a las consecuencias de la implementación de la boleta única de papel, una medida impulsada por el propio oficialismo. Según Malamud, la causa de este problema es la estatización del proceso electoral. “El Gobierno decidió hacer la boleta única de papel. Así, se sometió a la organización mafiosa”, sostuvo.
La situación surge a raíz de la baja de la candidatura de José Luis Espert y la necesidad de reimprimir las boletas. “Me parece fascinante la trampa en la que está metido el Gobierno. Tienen un candidato que ya no existe en una boleta que será la que se exponga al público”, afirmó.
Explicó también que esta dependencia estatal genera una inconsistencia discursiva para el espacio libertario. “Los libertarios se pusieron en manos del Estado solitos”, sentenció. El costo de la reimpresión, valuado en diez millones de dólares, recae sobre los contribuyentes o sobre el partido, que según el analista no tiene esos fondos.
Malamud identificó una serie de “errores autoinfligidos” por parte de la administración nacional en su estrategia política. Uno de los principales problemas fue el enfrentamiento con los mandatarios provinciales. “En su primer año, Milei hizo acuerdos con gobernadores. Tenía a media docena que comía de su mano, pero él se peleó con gente que quería ayudarlo”, detalló.
pRESIDENCIA
Este distanciamiento generó un escenario electoral adverso para el oficialismo. Sostuvo que la disputa electoral en la mayoría del país no es entre un gobierno y una oposición unificada, sino entre oficialismos. “En diecinueve provincias se va a elegir entre el Presidente y el gobernador”, explicó Malamud.
Señaló que esto representa un error de cálculo, ya que Milei compite directamente contra figuras que, en sus propios territorios, son más populares que él. “El riesgo kuka existe porque el Gobierno lo alimentó”, concluyó.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
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