POLITICA
Marcha a Tribunales por Cristina Kirchner: quiénes participarán, qué calles estarán cortadas y cómo será el operativo
El peronismo impulsa este miércoles una multitudinaria marcha para apoyar a Cristina Kirchner, día en que está previsto que se presente en los tribunales federales de Comodoro Py para cumplir la condena a seis años de cárcel por la causa Vialidad, confirmada por la Corte Suprema.
La movilización fue convocada para las 10, desde San Juan y San José, en la esquina de la casa de la exmandataria. Aunque algunos planean incluso acampar desde la noche anterior.
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Además del Partido Justicialista, participarán agrupaciones políticas -como La Cámpora, Kolina, Nuevo Encuentro, El Hormiguero, La Poderosa, entre otros-, intendentes peronistas de todo el país, y organizaciones sociales.
También habrá presencia sindical por parte de ATE, las dos CTA, UOM, La Bancaria y SMATA, que ya provocó cortes en la autopista Panamericana el día que se efectivizó la condena.
Los abogados de la exmandataria ya presentaron el pedido para que el cumplimiento de prisión sea en su domicilio del barrio porteño de Constitución y la Justicia podría definir este martes si hace o no lugar a esa solicitud. A partir de las definiciones que puedan tomarse son varias las posibilidades que se abren respecto de la movilización, según pudo saber TN.
Si la prisión domiciliaria es rechazada, Cristina Kirchner deberá presentarse ante la Justicia para completar el proceso de ingreso a una cárcel común, entonces la marcha de militantes la acompañará hasta los tribunales a los que deba concurrir. Lo mismo sucederá si no hay definición previa y debe trasladarse hasta Comodoro Py para ser notificada.
Las dudas se dan respecto de la posibilidad de confirmarse la prisión domiciliaria este martes, sin necesidad de que se presente para ser registrada. Algunos dirigentes dijeron a este medio que la realización o no de la movilización sin Cristina Kirchner se tomará en forma conjunta entre las organizaciones, una vez conocida la decisión judicial. Otros aclararon que se movilizarán igual a la puerta de su departamento del barrio de Constitución.
La diputada de Unión por la Patria, Florencia Carignano, cercana a la exmandataria, enfatizó que el miércoles “se marcha o se marcha”.
Desde el kirchnerismo plantean que acompañarán a la expresidenta “en la ida y en la vuelta”, ya que apuestan a que a la exmandataria le concedan la prisión domiciliaria para cumplir la sentencia en su departamento en Constitución.
El senador de Unión por la Patria, Oscar Parrilli, consideró que la marcha será “multitudinaria, muy espontánea”, con militantes que vendrán de provincias como Jujuy, Neuquén, Río Negro, Córdoba, Santa Fe, La Rioja y Catamarca.
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Por su parte, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, dijo que escoltarán a Cristina Kirchner desde su casa hasta Comodoro Py “a hacer los trámites” y que volverán con ella. De todas formas, aclaró que en caso de que la expresidenta quede detenida en una dependencia federal la acompañarán: “Donde esté, estaremos con ella, no es solo una consigna, es una realidad».
Cómo será el operativo de seguridad
El Gobierno prepara un operativo de seguridad especial para el traslado de Cristina Kirchner a Comodoro Py el miércoles. El Ejecutivo sostiene que implicará a las cuatro fuerzas federales y que escoltará a la expresidenta desde su departamento en Constitución hasta los tribunales para que se presente y comience a cumplir la condena de seis años de prisión. “Se están definiendo los últimos detalles”, expresan en Nación.
Según pudo saber TN, el Ministerio de Seguridad -que preside Patricia Bullrich- planea además aislar el perímetro de Comodoro Py para evitar disturbios. Una de las principales opciones que estudian es establecer un vallado en las principales inmediaciones -como el que aplican las fuerzas en las grandes movilizaciones al Congreso- con cortes parciales y un anillo externo de seguridad.
La Casa Rosada asegura también que destinará unidades de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria para contener las movilizaciones que se concentrarán en la Ciudad de Buenos Aires. Los cercanos al presidente mantienen la postura de que intentarán aplicar el operativo antipiquetes para que el tránsito no se corte.
La orden de la mesa chica de Balcarce 50 a sus funcionarios es que no haya “show” con la detención de la exjefa de Estado y que no se filtren fotos del proceso en el que debe inscribir sus datos, como huellas dactilares y una foto carnet. “Le vamos a dar el trato que merece una expresidenta y vamos a respetar el proceso”, agregan en Nación.
En ese contexto, la Justicia le exigió al Gobierno que garantice la seguridad de la detención de la expresidenta y de la movilización del PJ en su respaldo. El pedido lo hizo el Tribunal Oral Federal 2, confirmaron a TN fuentes oficiales. Se trata de un oficio enviado a Bullrich, y a su par de CABA, Horacio Giménez.
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POLITICA
Patricia Bullrich habló sobre el impacto del caso Adorni y pidió esperar la actuación de la Justicia
CÓRDOBA.- “Nos duele; imagínense, la familia de [Manuel] Adorni, pero, ¿cuál es el impacto en el Gobierno? El Gobierno va a seguir con este principio: nosotros no vamos a declarar culpable a nadie si no lo hace la Justicia”, afirmó la titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, cuando se le consultó por la situación judicial del jefe de Gabinete y el impacto del caso en la administración libertaria.
Bullrich habló con periodistas en esta ciudad, adonde vino a disertar al “Ciclo de Coyuntura”, de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Como viene haciendo hasta ahora, mantuvo distancia de la polémica que rodea a Adorni.
“Este Gobierno ha tenido siempre una posición y la vamos a mantener: no nos entrometemos con las cuestiones judiciales. Adorni ha decidido mantener una posición de silencio respecto al tema y dejarlo en manos de la Justicia”, añadió.
Bullrich planteó que la Justicia “está actuando y determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no”. “Nosotros tenemos confianza que las cosas van a salir bien, pero, en definitiva, hay un fiscal y hay un juez que son los que van a decidir”, resaltó.
De esa manera, evitó analizar el costo político que paga el Gobierno por el affaire Adorni, quien enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Durante la conferencia de prensa, se alineó con las declaraciones que hizo ayer Milei -primero en una conferencia de prensa y luego en un tuit- y admitió que la mejora económica no está llegando a todos los sectores. Después, en su disertación, afirmó “desde hoy no existen más planes sociales, solo de capacitación para la reinserción laboral”.
Y afirmó que ahora “la pelota está en la cancha” de los empresarios que deben generar empleo. En esa línea repasó los cambios que introdujo la ley de modernización laboral.
En un tramo de la charla con periodistas, consultada sobre los problemas que atraviesan los afiliados al PAMI, en plena tensión en el Gabinete por las deudas a las prestadoras, Bullrich sostuvo: “Hay una situación muy temporal, que tiene que ver con un tema de pagos que se van a regularizar, se están regularizando porque el ministro de Economía tiene muy en claro que se debe resolver el tema».
En ese contexto, la exministra de Seguridad indicó: “Fueron meses difíciles, porque nosotros bajamos muchos impuestos; hay también una situación respecto de los combustibles y muchos que han aumentado por si acaso los precios. Entonces, estamos con algunos pagos retrasados”.
Respecto a las dificultades que atravesó la economía durante el primer trimestre, Bullrich planteó que el panorama internacional cambió, pero resaltó que el Gobierno está “muy blindado frente a los choques externos”. “Mantener los fundamentos de nuestra política con superávit y controlando la inflación hace que sepamos que el rumbo no se puede torcer un milímetro, porque sería retroceder 100 años”, puntualizó.
Noticia en desarrollo
Gabriela Origlia,Conforme a
La Ley de Glaciares fue sancionada el pasado miércoles 8 de abril con 137 votos a favor y el acompañamiento de varios gobernadores de provincias mineras. Pocas horas después, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó un amparo y una medida cautelar ante la Justicia Federal de esa provincia para frenar la aplicación de la ley. Ziliotto argumentó que uno de los ríos pampeanos proviene de zonas glaciares y, según su presentación, la norma aprobada viola un artículo de la Constitución nacional y tratados internacionales.
La acción judicial se dirige ante el único juez federal de La Pampa, Juan José Baric, quien ocupa ese cargo desde 2018, año de su nombramiento bajo la gestión de Mauricio Macri.
Tanto la fiscal de Estado pampeana como el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y varias organizaciones no gubernamentales ambientalistas acompañaron la solicitud judicial. Según confirmaron desde el entorno del mandatario pampeano, la presentación se formalizó apenas 24 horas después de la sanción legislativa.
Los equipos técnicos de gobierno nacional, en paralelo, siguen con atención esta iniciativa judicial, dado que la Ley de Glaciares forma parte de una agenda central para la proyección de inversiones en el sector minero.
Detalles del amparo y postura del Gobierno
En Infobae en Vivo Al Mediodía, el periodista Federico Mayol indicó que “Ziliotto fue a la Justicia Federal de La Pampa con un amparo y una medida cautelar, señalando una supuesta inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la ley. Dice que la norma viola la Constitución y tratados internacionales”, explicó Mayol.
El juez federal Baric analiza la solicitud. Desde el Gobierno nacional siguen de cerca la definición judicial, ya que la ley sancionada otorga certezas para atraer inversión minera y fue acompañada por varios gobernadores de las provincias productoras. Actualmente, ningún otro mandatario no minero impulsó reclamos similares contra la norma.
Según Mayol, “para el Ejecutivo nacional este tema es trascendente por el monto y la proyección de inversiones mineras comprometidas. Una decisión contraria a la ley podría afectar la hoja de ruta para captar nuevos proyectos”.
Impacto sobre inversiones mineras y reacción social
El sector minero es uno de los principales motores del crecimiento económico. Durante el 2025 aportó “de manera considerable al desarrollo nacional”, apuntó Mayol. Entre los proyectos mineros aprobados y pendientes de aprobación, se encuentran iniciativas de empresas como Glencore y Vicuña, que en conjunto prevén una inversión cercana a USD 40.000 millones.
Mayol detalló que “hay seis proyectos ya aprobados y varios en proceso de aprobación que involucran, por ejemplo, a Glencore o Vicuña, sumando 18.000 millones de dólares en total. El impacto esperado alcanzará los 40.000 millones de dólares en inversiones si se implementan todas las iniciativas”.
El sector ambientalista manifestó su rechazo a la Ley de Glaciares. Organizaciones no gubernamentales presentaron sus objeciones tanto en audiencias públicas como en la presentación judicial de Ziliotto. La participación de ONG en la causa pampeana coloca el debate en el centro de la escena nacional.
Próximos pasos judiciales y agenda minera
La Justicia Federal de La Pampa debe decidir si hace lugar a la medida cautelar y al amparo impulsado por Ziliotto. Esta decisión podría suspender temporariamente la entrada en vigor de la ley o bien rechazar la pretensión de la provincia y las organizaciones ambientalistas.
Mayol adelantó: “Ahora el juez Baric tiene que definir si toma o no, si rechaza o no el amparo y la cautelar. Para el Gobierno, es clave el resultado porque en el mes próximo se realizará en San Juan la exposición minera nacional, a la que están invitados el presidente y el gabinete”.
La exposición en la provincia de San Juan contará con la participación del gobernador Marcelo Orrego y reunirá a referentes sectoriales, funcionarios nacionales y empresas. El resultado del pedido judicial presentado en La Pampa podría incidir en la dinámica y expectativas del evento minero.
Contexto de la Ley de Glaciares y antecedentes judiciales
La judicialización de leyes de impacto federal cuenta con antecedentes recientes. Mayol recordó: “Cuando se reformó la legislación laboral, la CGT presentó un amparo y un juez aceptó varios artículos. En la actualidad, el debate abierto sobre la Ley de Glaciares impone una nueva instancia de análisis judicial luego de su aprobación parlamentaria”.
Por ahora, la única presentación judicial vinculada a la Ley de Glaciares corresponde a la provincia de La Pampa. La actividad minera y la protección ambiental se posicionan nuevamente en el centro de la agenda pública y judicial argentina.
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