El Gobierno mantiene su postura de no involucrarse en la causa contra el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y por el momento no va a solicitar ser querellante en la investigación por la que ya fueron procesados el ex funcionario y otras 18 personas.

Las autoridades nacionales optan por continuar al margen de la denuncia y confían en la inocencia de todos los integrantes del Gabinete que son mencionados en el expediente, entre los cuales está la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Por esta razón, en la Casa Rosada no diseñaron ninguna estrategia judicial por este tema, ya que consideran que se tomaron las medidas correspondientes cuando se filtraron los audios que dieron origen a las sospechas de corrupción.

“Es un tema que está investigando la Justicia. El Gobierno transfirió las funciones de la Agencia Nacional de Discapacidad al Ministerio de Salud, con el objetivo de garantizar la transparencia en el organismo”, señaló a Infobae una persona cercana a la cúpula libertaria.

Al respecto, en el oficialismo asegurán que no hay preocupación por lo que pueda suceder con Spagnuolo y remarcan que es “la defensa la que se ocupará” de dar las explicaciones pertinentes sobre las acusaciones.

Este lunes, juez federal Sebastián Casanello procesó al ex director de la ANDIS como supuesto jefe de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo.

De acuerdo con lo que sostuvo el magistrado en su resolución, “se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal”, compuesta tanto por funcionarios estatales de ese organismo como por actores particulares, “que tenía por objeto generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas”.

Aunque en la investigación aparecen varios funcionarios que todavía siguen en sus cargos, el Poder Ejecutivo no va a pedir –a priori– ser querellante: “Por ahora no. Todo está bajo estudio”, detalló un integrante de la mesa judicial.

La denuncia original fue impulsada por el abogado Gregorio Dalbón, que representó a la ex presidenta Cristina Kirchner en varias causas, también de presuntos hechos de corrupción.

El letrado se basó en los audios que circularon en diferentes medios periodísticos, en los que se escucha la voz de Spagnuolo reconociendo un mecanismo montado en la ANDIS para cobrar sobre precios en medicamentos y obtener así una ganancias que, según dijo, llegaba hasta las esferas más altas del Gobierno.

Esto derivó en una serie de operativos policiales a través de los cuales, por ejemplo, se le secuestraron 695.457 dólares, casi 20 millones de pesos y 1.960 euros a Ornella Calvete, ex directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio.

La ex funcionaria del Ministerio de Economía es hija del empresario y operador en el mundo de las droguerías, Miguel Ángel Calvete, y ambos están también procesados en el marco de esta causa, como partípes necesarios.

Para Casanello se montó un “sistema de retornos” por parte de las compañías implicadas en la venta de medicamentos con sobreprecios al Estado. Según la prueba recolectada, los sospechosos habrían digitado las compras abusando de la situación de emergencia para evitar licitaciones y direccionar contratos millonarios a droguerías amigas.

En la primera grabación que se conoció sobre este caso, Spagnuolo argumentaba que un porcentaje del dinero involucrado iba para Karina Milei, mientras que posteriormente también se lo nombró al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, uno de los hombres de su mayor confianza.

No obstante, en el círculo íntimo de la secretaria general explicaron a este medio que tampoco se va a denunciar al ex titular de la ANDIS por injurias: “No se va a accionar porque tampoco está acreditado que él haya dicho algo concreto, porque nunca aceptó que los audios fueran suyos”, detallaron.

Luego de la polémica inicial, el propio presidente Javier Milei respaldó públicamente a su hermana y aseguró que tiene “una absoluta tranquilidad al respecto” y confió en que “tarde o temprano la verdad va a salir a la luz”.

“Siempre están desfigurando las cosas y poniendo… Hay mucha mala intención política en mostrar las cosas de manera que no son. Pero no quiero entorpecer el actuar de la Justicia, que siga actuando, que haga lo que tenga que hacer”, sostuvo durante una entrevista con Radio Mitre, a fines de noviembre pasado.

El Gobierno inicia una semana decisiva, marcada por la convergencia de tres frentes sensibles: la publicación del dato de inflación de enero, la movilización de la CGT y el primer debate de peso del año en el Congreso.

El martes, el Indec dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor del primer mes del año, en un contexto de tensión tras la renuncia de Marco Lavagna y la postergación de la nueva metodología de medición.

Según proyecciones privadas y oficiales, la inflación rondaría el 2,4%-2,5%, cifra superior a enero de 2025 y que sumaría cinco meses consecutivos por encima del 2%. Mientras tanto, los precios de alimentos y productos básicos muestran aceleración, presionando sobre la percepción pública y el clima político.

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El miércoles, la CGT volverá a movilizarse frente al Congreso contra la reforma laboral, aunque sin paro general. La central obrera busca introducir cambios y frenar artículos que afectan a las obras sociales, mientras los sectores más combativos presionan por medidas de fuerza más intensas. La oposición prepara alternativas propias y no descarta la judicialización de la ley.

Ese mismo día comenzará el debate en el Senado sobre la reforma laboral, eje central de la agenda legislativa, mientras Diputados avanzará el jueves con la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

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A su vez, la Casa Rosada controla los tiempos y negocia compensaciones para las provincias frente al impacto fiscal de la reforma laboral, consciente de que los consensos aún son frágiles.

La semana será de una tensión extrema entre la presión económica, la conflictividad sindical y el calendario político, con la administración libertaria buscando consolidar sus iniciativas en un entorno complejo y vigilado de cerca por la opinión pública.

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“Yo no hice todo esto para ganarle a La Cámpora. Lo hice para organizar y articular mejor una propuesta contra Milei. Eso es lo que hay que construir”. Esa fue la tónica del mensaje que Axel Kicillof transmitió a los dirigentes más cercanos luego de cerrar el acuerdo de unidad en el PJ Bonaerense durante el fin de semana y aceptar la propuesta de reemplazar a Máximo Kirchner en la presidencia del partido.

Kicillof está urgido por alejarse de la disputa con el cristinismo y centrar su atención, y la de su sector, en la formación de un armado federal opositor que enfrente al gobierno libertario en las elecciones del próximo año. Considera que la discusión partidaria era un obstáculo que abarcaba una disputa con el camporismo y que prolongaba los capítulos de la interna peronista. Había que resolver ese punto y avanzar con rapidez. Eso fue lo que ocurrió.

A partir de ahora, tiene dos caminos por recorrer: la gestión administrativa y la construcción de una alternativa nacional impulsada desde Buenos Aires. Es él quien lidera ese esquema, decidido a encabezar el proceso de un armado político nacional. Un trabajo territorial y discursivo, apoyado por el grupo de gobernadores de Unión por la Patria, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y el sindicalismo más cercano a su liderazgo.

Para algunos mandatarios provinciales, que Kicillof haya asumido el control del PJ de Buenos Aires es un paso lógico que le faltaba dar y que, finalmente, pudo concretar. Logró, a través de sus colaboradores, un acuerdo lo suficientemente equilibrado para evitar heridos tras la disputa interna. Junto a su compañera de fórmula en la gobernación, Verónica Magario, tomarán el mando del PJ Bonaerense, mientras que Máximo Kirchner quedará a cargo del congreso partidario, órgano responsable de las alianzas.

El líder camporista, sabiendo de antemano que perdería la presidencia para su espacio, realizó una jugada táctica que resultó favorable. Instaló la idea de que el Gobernador tomara el control del partido, lo condicionó y, al mismo tiempo, le otorgó prestigio a su reemplazante. Se retiró porque asumió el precandidato presidencial del peronismo, no por la llegada de un intendente provincial.

Kicillof resolvió la interna dentro de su sector y también la que tenía con La Cámpora en un solo movimiento. Cambió de postura y apeló a la lógica histórica de los referentes justicialistas. En los espacios obtenidos halló una forma de evitar que su viraje se interpretara como debilidad.

El mandatario bonaerense consolidó una estructura política que venía planificando desde hace tiempo. Ganó espacio en la mesa de negociación del peronismo bonaerense, obtuvo mayor representación en el cierre de listas provinciales, se posicionó en el esquema de gobernadores de UP, aprobó el Presupuesto 2026 y la ley de endeudamiento pese a disputas internas, y finalmente asumió la conducción del PJ Bonaerense.

Dentro del kicillofismo, algunos consideran que ciertos sectores del cristinismo comenzaron a asumir que su tiempo de mayor influencia ya pasó y que la detención de su líder, sumada a la imposibilidad de presentarse como candidata, fue reduciendo la capacidad de influir sobre Kicillof. En el sector de la ex presidenta sostienen que lo esencial es comenzar cuanto antes la construcción del proyecto político para 2027 y dejar atrás la disputa interna.

Los movimientos recientes parecen indicar una señal de tregua para avanzar en la misma dirección. “Cristina necesita recuperar la libertad y la gente necesita que se vaya Milei. No son cosas contradictorias. Ella siempre puede aportar, el tema central es frenar a Milei”, dijo a Infobae un funcionario influyente del gobierno bonaerense. Una frase que también refleja un intento de pacificación luego del acuerdo por el control partidario.

Lo que sigue es la construcción federal de Kicillof, que comenzará a tomar forma entre lo que resta de febrero y marzo. Ese es el periodo elegido para activar una nueva etapa de la edificación nacional ideada por el Gobernador junto a su círculo de confianza y el espacio político fundado el año anterior.

El mandatario bonaerense es el principal referente de la confrontación con Milei. Con Cristina Kirchner más inclinada al silencio que en otras etapas, la figura de Kicillof sobresale por encima de la de otros gobernadores, también críticos con el Presidente, aunque con menor proyección pública.

Ahora el desafío es reafirmar ese rol de principal opositor pero, al mismo tiempo, empezar a delinear con mayor precisión propuestas de políticas públicas. “La gente se hartó de todo. Incluso de nuestras peleas. Lo del PJ no le interesaba a la sociedad, pero había que resolverlo porque es una herramienta importante para la construcción política. Ahora llegó el momento de poner el foco en lo que se va a proponer para el año que viene”, expresó a este medio un ministro bonaerense de estrecha relación con el Gobernador.

Entre los intendentes que rodean a Kicillof hay consenso en que después de lo sucedido el fin de semana, se cerró otra etapa de la interna. “Axel está convencido de pasar de pantalla y cambiar la marcha de este proceso político. Se cerró una etapa y ahora empieza otra. Esta última jugada le da mucha autonomía”, sostuvo un intendente del conurbano.

En el MDF consideran que, tras acordar el recambio de autoridades del PJ Bonaerense, la conflictividad interna debería disminuir. Ahora la responsabilidad recae en Kicillof. Es lo que piensan. La tiene bajo control y con el escenario por delante para avanzar. Es el momento de imprimir mayor velocidad. El tiempo apremia. En poco más de un año habrá una elección presidencial.