POLITICA
María Becerra legitimó a un polémico ambientalista cuestionado por el gobierno de Javier Milei

La tragedia climática que azotó recientemente a la ciudad bonaerense de Zárate trajo consigo imágenes desgarradoras, solidaridad masiva y también una postal polémica: el regreso a la escena pública del ex policía exonerado Fernando Emiliano Pieroni, hoy reconvertido en presunto rescatista animal y titular de la cuestionada Fundación Planeta Vivo.
Lo llamativo no es solo que Pieroni aparezca como referente en campañas de rescate animal cada vez que ocurre una catástrofe, como ya ocurrió en Bahía Blanca, sino que esta vez recibió un espaldarazo mediático de alto voltaje: la cantante María Becerra lo agradeció públicamente por su “increíble trabajo”, promoviendo a un personaje con un extenso historial de irregularidades, sanciones y hasta causas abiertas por violaciones ambientales y legales.
Pieroni fue exonerado de la Policía Bonaerense, según consta en la página 25 del documento.
De policía exonerado a influencer del rescate animal
Pieroni no es nuevo en las crónicas policiales. Fue desafectado de la Policía Bonaerense en 2009 cuando prestaba servicios en la comisaría quinta de Quilmes(La Cañada), a través de la resolución firmada por la entonces Auditora General de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad bonaerense, María Alejandra Provítola. La sanción administrativa se sustentó en los artículos 109 inciso a (abandono del servicio por más de 72 horas) y 110 inciso i (incumplimiento grave de deberes que afecten la operatividad) del decreto 3326/06.
Desde entonces, el exagente se volcó al activismo ambientalista, fundando “Planeta Vivo”, una organización que dice dedicarse al rescate de fauna silvestre y doméstica. Pero lejos de un trabajo transparente, la ONG no está registrada ante el Registro Público Único de Operadores de Fauna Silvestre, ni ante los organismos provinciales competentes, según un reciente informe del gobierno de Javier Milei realizado por la jefatura de Gabinete de la Nación.
Multas millonarias, transporte ilegal de animales y hostigamiento a funcionarios
El prontuario de Pieroni como referente ambiental está lejos de ser ejemplar. En 2023 fue sancionado con más de 850 mil pesos por la Brigada de Control Ambiental (BCA) por violar la ley 22.421 de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre. La respuesta del “rescatista” no fue acatar la sanción, sino escrachar a los inspectores en redes sociales, prender fuego la notificación oficial en un video, y lanzar insultos que podrían constituir delitos como calumnias, injurias y apología del delito.
Ese no fue un caso aislado. Según consta en el documento elaborado por el gobierno nacional, en reiteradas oportunidades fue encontrado transportando animales sin ningún tipo de habilitación legal: un oso pardo, un mono caí y una tortuga de laguna, entre otros. Ante cada intervención oficial, redobló la apuesta con nuevas publicaciones difamatorias contra los inspectores de la BCA, incluso difundiendo datos personales de los mismos, en lo que las autoridades califican como prácticas de doxing -una forma de ciberataque e intimidación-.
ONG fantasma con vínculos estatales
Pese a no tener habilitación legal ni rendición formal de sus operaciones, la Fundación Planeta Vivo celebró acuerdos con innumerables dependencias del estado. Ha firmado convenios con el ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y recibió elogios de funcionarios locales como Fernando Zubillaga (Consejo Mixto de Turismo de Gualeguaychú), mientras actualmente acerca posiciones con el ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, dirigido por Javier Rodríguez, en un escandaloso acuerdo impulsado por la funcionaria Marina De Sousa.
Pieroni celebrando un acuerdo con el ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.
Todo esto sucede mientras refugios legales y habilitados agonizan sin recursos y sin el mismo respaldo político ni mediático.
Becerra y el poder de la legitimación
El componente mediático que reavivó el debate llegó en boca de una de las artistas más populares del país. María Becerra, quien rescató a seis perros tras las inundaciones en Zárate, usó sus redes sociales para agradecer a la Fundación Planeta Vivo y al policía exonerado por su trabajo. Incluso anunció la apertura de una cuenta de Instagram para gestionar adopciones.

El posteo de María Becerra.
La buena voluntad de la artista no está en duda, pero el gesto terminó legitimando a un personaje con graves antecedentes y múltiples causas abiertas. Desde organismos ambientales y refugios independientes denuncian que esta visibilidad sirve para blanquear una red de operaciones ilegales bajo el disfraz del rescate animal.
¿Militante ambiental o operador encubierto?
La figura de Pieroni divide aguas entre quienes lo ven como un oportunista que utiliza catástrofes para ganar pantalla, y quienes lo promueven como un “héroe anónimo”. Lo cierto es que su historial, sus sanciones, su expulsión de la fuerza y sus provocaciones públicas lo ubican más cerca del escándalo que del altruismo.
Y mientras las cámaras se encienden ante cada nueva emergencia, lo que queda sin resolver son las preguntas de fondo: ¿Cómo una ONG sin registro ni control estatal puede operar libremente? ¿Por qué se firma convenios con alguien que desacata la ley? ¿Quién se beneficia con esta fachada ambientalista?
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POLITICA
En su semana más difícil, Federico Sturzenegger recibió el respaldo de los hermanos Milei ante las críticas internas y denuncias

Hace una semana, la difusión del contrato entre la Cancillería y la Asociación Cultural Inglesa para dar cursos de inglés a diplomáticos, que involucraba a su esposa y directora de esa asociación, Josefina Rouillet, comenzaba a impactar en la escena mediática y generaba las primeras y duras críticas desde el kirchnerismo. Fue entonces cuando Federico Sturzenegger consiguió la comunicación que buscaba: una hora de charla con el presidente Javier Milei, quien según cuentan voces informadas le transmitió total respaldo a sus explicaciones, refrendadas poco después en las redes sociales por el canciller Pablo Quirno.
“Lo recontra bancó”, dicen cerca del arquitecto de la Ley Bases e impulsor de la reforma laboral desde el Consejo de Mayo.
Con el escudo presidencial como principal herramienta de defensa ante propios y ajenos, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado atravesó una de las semanas más negras desde que decidió saltar desde el macrismo y engrosar las filas libertarias para convertirse en cruzado y cara visible de las reformas y el inédito ajuste en las cuentas del Estado.
Los repetidos aunque discretos reproches internos por su férrea defensa (¿y autoría?) del artículo 44 de la reforma laboral, que reducía el salario del empleado licenciado incluso con enfermedades terminales, y una denuncia por el costo del alquiler de las oficinas del ministerio, en Diagonal Norte al 700, se sumaron a la polémica por los cursos, que derivó en una denuncia penal presentada el viernes ante la Justicia por la senadora cristinista Juliana Di Tullio.
“Todo forma parte de una operación, no sabemos de dónde viene y tampoco cuándo termina”, expresaban cerca del ministro, en el final de una semana que llegó con algo de alivio desde el Congreso. Quitado el polémico artículo 44, la modernización laboral fue aprobada por amplia mayoría, y podría convertirse en ley a fines de esta semana, en el Senado.
“La reforma tiene muchos enemigos, y con la Ley Bases y las reformas también tocamos muchos intereses y kioscos”, se defiende uno de los leales al ministro, que decidió hablar solo a través de sus posteos en redes sociales.
Los laboratorios, los industriales y la “casta corporativa” forman parte de la lista de eventuales “promotores” de esa supuesta ofensiva, aunque por lo bajo cerca de Sturzenegger califican de “furcio” y “error” las declaraciones a radio Mitre en las que el ministro descartó el pago total de una licencia “si te rompés la pierna jugando al futbol” y defendió los recortes en los salarios de los eventuales afectados.
¿Fuego amigo? “Sería una locura, es tirarnos tiros en los pies a nosotros mismos. ¿Le vas a querer hacer daño a alguien que es recontra bancado por el Presidente?”, descarta un funcionario cercano a Sturzenegger, quien se refugió en sus funcionarios de confianza (Maximiliano Fariña, Cecilia Domínguez y el exdiputado radical Alejandro Cacace) para “no perder el eje y seguir a full” en su función ministerial.
Más allá de la diplomacia y el silencio público, las críticas internas apuntaron a los modos del ministro. “Elefante en un bazar” o “mono con navaja” fueron las metáforas animales que usaron dos fastidiados funcionarios para referirse a las declaraciones y actitudes de Sturzenegger, a quien culpan de haber “empiojado” el debate por la reforma, pero al que de todos modos le reconocen su “solvencia profesional”.
“Darle un contrato a la esposa está mal, aunque todo sea legal”, criticaron desde otra terminal libertaria, lejos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien ordenó defender a Sturzenegger y a Quirno, en el caso del contrato por $114 millones por nueve meses de cursos de inglés para empleados de Cancillería y diplomáticos.
Antiguos roces de Sturzenegger con el ministro de Economía, Luis Caputo, con quien compartieron gestión en el gobierno de Cambiemos, e iniciales choques subterráneos con el asesor presidencial Santiago Caputo, “que nunca se lo tragó”, fueron recordados por un informado exlibertario como antecedentes.
Desde el Palacio San Martín también puntualizaron el encono que Sturzenegger recolectó en la Cancillería por los fuertes y sucesivos recortes en esa área, y desde el sindicato ATE recuerdan que entre las primeras reuniones que Quirno tuvo como canciller −asumió a principios de noviembre− estuvo una charla con “el coloso”, como lo denomina Milei, un elogio que irrita a varios de los celestiales.
Conocedores de esos y otros rumores, cerca de Sturzenegger defienden a su jefe. ¿El contrato de los cursos? “El primero es de 2018, se discontinuó durante la gestión de [Gerardo] Werthein y se volvió a acordar. Autorizaron la Sigen y la Oficina Anticorrupción”, dicen voceros del ministerio, aunque Di Tullio cree que podría haber “presunto tráfico de influencias” de Sturzenegger en la adjudicación de ese contrato, denuncia que incluyó a Quirno, la subsecretaria Cristina Dellepiane y Rouillet, y recayó en el juzgado criminal y correccional número 1.
¿Y los alquileres? “Estamos ahí desde 2024, es un edificio preparado para la función pública, ahí estaba el Ministerio de Modernización durante el gobierno de Cambiemos. Y pagamos menos que lo que otros inquilinos abonan por otros pisos”, retrucan en relación al contrato, revelado por la agencia de noticias NA al igual que el de los cursos de inglés, un total de $720 millones anuales por cuatro pisos y 22 cocheras.
Afectado por la andanada −trascendió que estaría dolido con medios de prensa no kirchneristas por haber “amplificado” las denuncias− Sturzenegger no se mueve un centímetro de su reformismo militante.
“La aprobación de la ley de modernización laboral esta madrugada es el golpe más trascendental al sistema de castas en décadas”, escribió en su cuenta de X, el viernes. Felicitaciones a Caputo por la “gran desregulación del mercado de capitales”, retuiteos a posteos de la senadora Patricia Bullrich (para quien trabajó antes de sumarse al Gobierno) y, sobre todo, adhesiones a fervorosos tuits del Presidente conformaron el combo de sus tomas de posición pública, en la semana de los cuestionamientos, y también del respaldo presidencial.
difusión del contrato,el polémico,https://t.co/J08YweCrAm,February 20, 2026,Jaime Rosemberg,Federico Sturzenegger,Conforme a,Federico Sturzenegger,,La reforma laboral de Milei. El claro ganador de un juego de roles,,Reforma laboral. Milei y la maratón de “la Piba”, que no termina,,Inglés para diplomáticos. La Cancillería contrató a una asociación que dirige la esposa de Sturzenegger
POLITICA
El Gobierno afirma tener indicios sobre Nahuel Gallo en Venezuela y mantiene cautela por la amnistía chavista

El Gobierno asegura que sigue de cerca la situación de Nahuel Gallo y mantiene cautela ante la Ley de Amnistía impulsada por el chavismo en Venezuela. En el Ejecutivo remarcan que no existen garantías concretas de que el gendarme sea liberado en el corto plazo y califican el proceso de excarcelaciones como “lento”.
En la Casa Rosada mantienen la información de que el argentino se encuentra detenido en el penal de El Rodeo, un establecimiento que adjudican al control político de Diosdado Cabello. Si bien no está en malas condiciones de salud, el gendarme inició ahora una huelga de hambre que preocupa al Gobierno y a su familia.
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La mesa chica de Javier Milei sigue de cerca la aplicación de la norma promulgada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, pero cree que el texto no abarca el caso del gendarme argentino. En Nación señalan que el alcance temporal y las exclusiones previstas dejan afuera situaciones que no encuadran estrictamente en los hechos políticos definidos por la Asamblea Nacional.
Según el texto oficial, la amnistía alcanza delitos cometidos “en el marco de los hechos” expresamente enumerados, como protestas, procesos electorales o conflictos políticos entre 1999 y 2025. La acusación contra Gallo, en cambio, fue presentada por el régimen como un caso de espionaje y sabotaje en favor de un Estado extranjero, una figura que no aparece entre los supuestos listados.
La ley excluye de manera explícita a quienes hayan “promovido, instigado o participado en acciones armadas o de fuerza contra la soberanía” con intervención de Estados o personas extranjeras. En el Gobierno interpretan que, bajo esa redacción, su imputación queda comprendida dentro de las exclusiones y no dentro de los hechos amnistiables.
“En el marco de lo que ellos le imputan, es poco probable que lo liberen en el corto plazo”, agregan. La acusación fue impulsada públicamente en enero de 2025 por Nicolás Maduro, que habló de un supuesto plan para atentar contra Delcy Rodríguez. El exmandatario sostuvo que Gallo formaba parte de una operación “desde el sur de América” y vinculó indirectamente al gobierno argentino con maniobras desestabilizadoras, sin presentar pruebas.
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En la Casa Rosada mantienen la postura de que el gendarme no viajó para realizar tareas de inteligencia y reconocen que la liberación se puede acelerar sólo con un pedido directo de los Estados Unidos. En Balcarce 50 argumentan que hay un conflicto interno en la gestión venezolana entre Rodríguez y Cabello que “dificulta el proceso de transición”.
Es por eso que el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene previsto por el momento abrir canales institucionales con Caracas para avanzar con la vuelta a la Argentina de los detenidos. La cautela oficial se da en paralelo a la orden de la Justicia venezolana de liberar a 379 presos políticos tras la aprobación de la ley.
Gobierno, Venezuela
POLITICA
En medio del paro de la CGT, Martín Yeza defendió la reforma laboral y pidió habilitar las billeteras virtuales como cuenta sueldo

En medio de un contexto marcado por un paro general de 24 horas, convocado por la CGT, la Cámara de Diputados tratará este jueves la reforma laboral. Martín Yeza, diputado nacional del PRO, visitó los estudios de Infobae en Vivo y defendió algunos de los puntos de la medida. El funcionario se situó en el centro del debate al defender la habilitación de las billeteras virtuales como opción para el pago de salarios.
En una entrevista con Infobae en Vivo A las Nueve, Yeza advirtió sobre el riesgo de convertir la discusión pública en una disputa de slogans o posiciones extremas: “El 81% de los argentinos tiene billetera virtual; no se puede borrar de un plumazo una realidad sociológica”, manifestó.
El legislador cuestionó la tendencia a los debates polarizados que, según indicó, distorsionan la conversación sobre el futuro del empleo en Argentina y la digitalización financiera. “Estamos en una época en que todos se mueven bajo grandes premisas fundamentalistas y las cosas parecen blanco o negro”, expresó Yeza, al comparar la discusión sobre la reforma laboral con otros debates como la baja de imputabilidad penal.
El análisis fue realizado en Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana bajo la conducción de Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. Se puede escuchar todos los días de 9 a 12 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.
“De un lado te dicen esto es una revolución, vamos a crear empleo con una ley; del otro lado te dicen que perjudica a los trabajadores. La verdad es que ninguna ley en particular te va a cambiar la vida dramáticamente”, afirmó el diputado.
El dirigente subrayó que si bien en Argentina existe “un sistema robusto de derechos y garantías para el trabajador, de los mejores en el mundo”, la mitad de los asalariados queda afuera por no estar registrada. Al mismo tiempo advirtió sobre la magnitud de los litigios laborales: “La litigiosidad judicial en Argentina multiplica por veinte a países de similares características como Chile o España”. Yeza consideró que la clave de la reforma es “resolver esto y adaptar ciertas modalidades laborales a los tiempos actuales”.
Respecto a la introducción de cambios en licencias por enfermedad, reconoció: “Haber incorporado a medianoche de una manera desprolija el tema de licencias por enfermedad, con un mal articulado, fue claramente un error”. Esta admisión marcó un punto autocrítico sobre la praxis legislativa.

Acerca de la disputa entre bancos y empresas fintech, Yeza se mostró a favor de que las billeteras virtuales sean consideradas como cuenta sueldo: “Originalmente era un proyecto del oficialismo, pero en la negociación, los bancos y los gobernadores lograron sacar la cláusula. Yo lo que te estoy diciendo es: no me los borres de un plumazo”.
Destacó el impacto social de la digitalización financiera en el país: “En Argentina hubo una revolución financiera, se amplió dramáticamente la cantidad de millones de argentinos que ahora tienen aunque sea un sistema más o menos regulado, controlado por el Banco Central, que son las billeteras virtuales”. Apoyándose en datos actuales, agregó: “El 81% de los argentinos tiene billetera virtual, el 64% hizo una incorporación”.
Sobre los desafíos en la regulación fintech, el diputado consideró: “El Banco Central tiene muchas herramientas para equilibrar la cancha en términos regulatorios. El objetivo número uno de cualquier regulación debe ser que, si se habilitan las billeteras, quede todo bien cuidado”.
En cuanto a la carga laboral y la competitividad, Yeza explicó que la reforma plantea bajar la carga “del 34% al 27%”, aunque admitió la diferencia con países desarrollados: “Todavía estaríamos un 4% o 5% por encima del estándar de la OCDE”. Detalló: “El estándar de los países de la OCDE tiene una carga laboral económica del 22%; hay países europeos que están en el dieciséis, diecisiete”.
Sobre la indemnización laboral, Yeza precisó: “Lo que veo es que pasa a ser un hecho no traumático. Vos de alguna manera lo que necesitás es acotar y dar certidumbre al empleado y al empleador. Ni esta ley ni ninguna ley de trabajo puede crear trabajo. Lo único que te va a beneficiar de verdad es que en algún momento crezca la economía”.

El diputado hizo especial hincapié en la situación de los trabajadores no registrados: “En el caso de los no registrados, es pasar a tener derechos. Probablemente al registrado no le traiga soluciones que le cambien la vida, pero para el que está fuera del sistema, sí”.
Al referirse a Pinamar, ciudad donde vive y fue intendente, Yeza ilustró las diferencias con el resto del país: “Pinamar es una ciudad con problemas positivos de trabajo: tenés mucho crecimiento económico, demanda laboral y problemas con la vivienda. Pero no es la realidad de la Argentina”. Añadió que, pese al flujo turístico, “el consumo masivo bajó un quince por ciento respecto al año pasado, con igual o más gente”.
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