La confesión de Ernesto Clarens durante el juicio de los Cuadernos arrojó luz sobre el funcionamiento interno de una de las tramas de recaudación ilegal más complejas de la historia reciente argentina. En la tercera audiencia del juicio oral, se leyeron los fragmentos más significativos de su declaración como imputado colaborador, en la que describió con precisión su papel en el circuito de sobornos vinculados a la obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. “Yo me ocupaba por cambiar los pesos por dólares”, se escuchó en la audiencia, en referencia a su rol central en la conversión y traslado de fondos.

Cristina Kirchner está procesada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho y es juzgada junto a De Vido, Baratta y otros 83 acusados.

La exposición de Clarens, un hombre cercano a Lázaro Báez, se realizó en una audiencia virtual en la que la expresidenta no estuvo presente durante las cuatro horas que duró la sesión. El relato comenzó con un episodio de mediados de 2005, cuando Carlos Wagner, entonces presidente de la Cámara de la Construcción, lo convocó a una reunión en la sede de la Cámara Argentina de Empresas Viales (conocida como la “Camarita”). Allí, según Clarens, Wagner le informó que el Gobierno nacional había decidido obtener fondos de la obra pública mediante una operatoria que requería su intervención para recibir pagos de constructoras en concepto de aportes o retornos, y que debía asegurarse de que esos fondos llegaran al secretario de Obras Públicas, José López, o a quien él indicara.

Clarens explicó que fue elegido para esa función porque era conocido como el financista de Báez. Tras recibir la instrucción de Wagner, verificó la operatoria con López y Báez, quienes le facilitaron el contacto de Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner. Muñoz le indicaba los lugares de encuentro para la entrega de dinero, que variaban según el monto a transferir.

El mecanismo, según la confesión, se desarrollaba de la siguiente manera: representantes de las empresas constructoras —en muchos casos los propios titulares, gerentes financieros o contadores— acudían a la oficina de Clarens, primero en Maipú 311 y luego en Manuela Sáenz 323, ambas en la ciudad de Buenos Aires. En ocasiones, era el propio Clarens quien se desplazaba a las sedes de las empresas. Entre los enviados habituales mencionó a Collazo por HELPORT, Santiago Altieri por IECSA, Eduardo Kennel por CHEDIACK, Losi en persona, Tito Biaggini por CARTELLONE, Copola por ESUCO, Aznar por DECAVIAL y Gerbi por COARCO. Clarens subrayó que, en la mayoría de los casos, los titulares de las firmas participaban directamente en la entrega.

Algunas empresas, como CPC de Cristóbal López y Electroingeniería, tenían una relación directa con el poder y no entregaban la recaudación a Clarens. El sistema, instaurado por orden de Néstor Kirchner, consistía en que los representantes de la Camarita dejaban sumas en pesos junto con una anotación detallando el monto cobrado y el concepto. El valor de cada entrega rondaba los USD 300.000 y se realizaba semanalmente. Con el tiempo, los montos disminuyeron porque las empresas tenían dificultades para reunir el dinero, ya que la Dirección Nacional de Vialidad demoraba los pagos de los certificados de obra. El porcentaje habitual de la recaudación era el 10% de lo cobrado, aunque en ocasiones se entregaban sumas menores por los retrasos en los pagos oficiales.

Clarens detalló que su función principal era cambiar los pesos recibidos por dólares en el mercado informal, obteniendo una comisión que constituía su ganancia en negro. Para ello, recurría a un corredor llamado Vallarino, operando en “cuevas” financieras y, en ocasiones, a través de la mesa de dinero del Banco Finansur, que actuaba como intermediario con casas de cambio.

En una etapa posterior, Daniel Muñoz le solicitó que procurara euros en billetes de quinientos, por su menor volumen físico. Las entregas de dinero a Muñoz se realizaban en el Hotel Panamericano, donde el secretario tenía una habitación, o en el edificio de Juncal y Uruguay, residencia del matrimonio Kirchner, especialmente cuando se trataba de sumas importantes. Clarens precisó que nunca accedió al departamento, sino que Muñoz lo recibía en el hall de la planta baja.

La Camarita entregaba mensualmente a Clarens un listado con las obras licitadas, que incluía datos como la fecha, número de licitación, obra, presupuesto oficial, empresa adjudicataria, monto ofertado y porcentaje de sobreprecio. Un segundo listado correspondía al ranking de las empresas cartelizadas. La licitación preveía un adelanto financiero del veinte por ciento del total de la obra, del cual se exigía a la empresa la entrega de la mitad en una sola vez. Si el anticipo era del diez por ciento, se solicitaba ese monto en cuotas. Clarens aclaró que nunca participó en la selección de las empresas adjudicatarias.

En su declaración, Clarens relató un pedido específico de Cristina Kirchner: tras la muerte de Néstor Kirchner, la entonces presidenta ordenó que se adjudicara una obra en el sur a Cristóbal López, concretamente el tramo Perito Moreno – Bajo Caracoles de la Ruta 40. Aunque la licitación ya se había abierto, José López le encomendó a Clarens que contactara a todos los compradores del pliego para informarles que la obra estaba destinada a López y que debían desistir o acompañar. Finalmente, la adjudicación recayó en Cristóbal López.

Sobre el funcionamiento de la Camarita, Clarens describió que, tras la convocatoria a licitación de Vialidad Nacional, los interesados en los pliegos eran citados a la sede de la cámara. Allí, se resolvían los “pases” entre empresas, es decir, se negociaba la renuncia a determinadas obras en función de turnos y acuerdos previos. El proceso se reducía progresivamente hasta que quedaban pocas empresas, que en ocasiones se asociaban en UTE. La jornada de negociación se extendía desde las diez hasta las dieciocho horas.

Una vez definido el ganador, se discutía el precio a ofertar, que siempre superaba el presupuesto oficial en torno al 20%. De ese sobreprecio, la mitad se destinaba a coimas y la otra mitad a la generación de dinero negro. Clarens señaló que, aunque los presupuestos oficiales eran correctos en líneas generales, las ofertas y los adicionales posteriores incrementaban los valores, y sobre estos adicionales también se cobraban sobornos, aunque él no participaba en esa recaudación. Tras la muerte de Néstor Kirchner, Wagner y López le informaron que la recaudación se había discontinuado. Clarens estimó que el dinero movilizado en este esquema rondó los USD 30 millones.

En otro tramo de su confesión, Clarens relató que, después del fallecimiento de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner buscó salvar a la constructora GOTTI, absorbida por Lázaro Báez. Por orden de la presidenta, José López le pidió a Clarens que apoyara a GOTTI, que debía operar como subcontratista de empresas con obras adjudicadas, aportando su capacidad de construcción y equipos. Dado que GOTTI tenía sus cuentas cerradas, Clarens gestionó la cobranza y se celebró un convenio de gestión financiera entre GOTTI y COFICRED. Posteriormente, GOTTI fue adquirida por ROVELLA, interesada en su capacidad operativa y equipamiento, con el objetivo de ingresar en la Patagonia.

Consultado sobre el motivo por el cual Cristina Kirchner quería salvar a GOTTI, Clarens respondió que lo desconocía, aunque sugirió que podría tratarse de una promesa pendiente de Néstor Kirchner a la empresa. Describió la situación de Sergio Gotti como desesperada, con la sociedad en bancarrota y abandonada por Báez, lo que habría motivado un pedido urgente a la presidenta.

Durante 2012 y 2013, Clarens afirmó que José López le comunicó que algunas empresas aportarían dinero para la campaña del kirchnerismo. Mencionó específicamente a ESUCO, CARTELLONE, LOSI, CHEDIACK y ROGGIO como firmas que entregaron fondos con ese fin. Tras cambiar el dinero a dólares, Clarens entregaba la recaudación directamente a López en un departamento cercano al Hotel Faena en Puerto Madero.

La demanda de fondos continuó durante el gobierno de Cristina Kirchner. En 2014 y 2015, Clarens preguntó a López por la razón de la persistencia de los pedidos, y este le respondió que había recibido un reclamo de Hebe de Bonafini por el programa Sueños Compartidos, y que necesitaba 70 millones de pesos para entregarlos a un estudio de abogados de la provincia de Mendoza. Clarens precisó que la recaudación total en este contexto ascendió a aproximadamente USD 30 millones, y que la efectuaba para José López.

Clarens corroboró un dato aportado por el propio ex secretario de Obras Públicas: “José López preparaba el listado del pago de Vialidad con Cristina, siendo que ella estaba al tanto de quienes cobraban primero”.

En la parte final de su declaración, Clarens reveló que Muñoz le había contado que el dinero en efectivo se almacenaba en archivos metálicos dentro de una bóveda en el subsuelo de la casa del matrimonio Kirchner en El Calafate, donde se percibía un fuerte olor a tinta. Muñoz le explicó que el dinero se transportaba los viernes en aviones oficiales que partían del sector militar de Aeroparque y aterrizaban en Río Gallegos o en El Calafate, siendo este último el destino final de los fondos.

Sería a fines de febrero del año que viene. Todavía no está claro el mecanismo o si habrá continuidad de Máximo Kirchner en la presidencia. Lo cierto es que el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires renovará autoridades a principios del 2026; pese a que mandato de Kirchner entrará en fase de prórroga a partir del 18 de diciembre.

Lo volvió a ratificar el presidente del PJ bonaerense durante la reunión del Consejo del Partido a nivel nacional que se llevó adelante este martes en la sede de Matheu. “El peronismo bonaerense, meses más, meses menos, va a tener un proceso interno de elección, veremos cómo se aborda, será electoral o de síntesis de unidad”, planteó Kirchner.

Los intendentes kirchneristas y en La Cámpora plantean que el diputado nacional debería seguir al frente del órgano partidario en el territorio de mayor peso electoral. Sin embargo, hay algunas objeciones de otros sectores a que continúe como presidente.

Por el momento, en el kirchnerismo no objetan la posibilidad de ir a una elección interna dentro del PJ para definir quién debe presidirlo. Es una posición que también recae sobre la restauración de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que este año electoral quedaron suspendidas tanto para el orden nacional como provincial. En el caso de las PASO, sería para evitar las negociaciones intersectoriales y para conseguir también un ordenamiento interno. Volver al viejo axioma del peronismo: “El que gana conduce, el que pierde acompaña”.

Kirchner también planteó que la renovación de autoridades en el PJ bonaerense será “con el mayor de los esfuerzos, porque sabemos aparte que de todas las provincias el partido es el más grande y tiene una responsabilidad”.

La discusión también es una conversación que se inscribe en la interna del peronismo bonaerense con dos de los tres sectores bien definidos: el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) por un lado, y el cristinismo por el otro. El tercer actor es el Frente Renovador de Sergio Massa. Sin embargo, el massismo tiene su propia estructura partidaria y, por el momento, esta negociación la mira a la distancia.

A Kicillof no le interesa la conducción del PJ bonaerense, pese a que para algunos intendentes debería ser el presidente partidario. El mandatario provincial, distanciado de Kirchner, mira más la construcción hacia 2027 que el día a día del partido en el orden bonaerense. Sí, requiere, igualmente, que esa instancia esté ordenada. Cerca de Kirchner aseguraron que Kicillof había acordado y dado el visto bueno —en el marco del cierre de listas— que el líder de La Cámpora siga al frente del Partido Justicialista bonaerense.

Hoy por hoy ese acuerdo se muestra un tanto endeble. Hay algunos sectores y dirigentes cercanos al mandatario provincial que miran de cerca lo que pueda llegar a pasar en el PJ. Uno de los nombres que emergieron en este espacio es el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque. “En términos particulares de lo referenciado en mi persona, soy un militante peronista, voy a trabajar siempre por el peronismo, en el lugar en que sea, siempre a disposición, ya sea para abrir y barrer la básica; hoy soy consejero y el día de mañana serán los compañeros, las compañeras, quienes definirán mi lugar”, dijo semanas atrás al ser consultado por el tema.

En La Cámpora dejan correr que el ex secretario general de la organización y actual ministro provincial ocupa un lugar como consejero por la Octava sección electoral “por izquierda”, ya que estaba afiliado al PJ porteño.

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, también tiene intenciones de disputar por la conducción del Partido Justicialista bonaerense. Sin reelección en su distrito, Fernández es actualmente una de las vicepresidentas del partido, tanto en el orden nacional como en el bonaerense. La otra vicepresidenta en PBA es la vicegobernadora, Verónica Magario, a quien podría impulsar un grupo de intendentes que hoy reportan en el Movimiento Derecho al Futuro. Otro nombre afín a Kicillof en las conversaciones podría ser el intendente de La Plata, Julio Alak; de llegada a todos los sectores.

La jefa comunal de Moreno deslizó su intención de competir en una compulsa por la conducción del justicialismo bonaerense. “Si hay internas, obviamente quiero participar como cualquier otro dirigente, porque me parece que justamente lo que necesitamos que el partido no sea una cáscara vacía ni sea un elemento de disputa, sino que sea un elemento de construcción”, planteó en declaraciones al streaming Uno Tres Cinco. En ese mismo sentido, admitió que “que podamos acordar entre todos y no que tengamos otra vez una elección y estemos peleándonos”.

La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que comanda la peronista disidente Alejandra Vigo (Córdoba), se reunirá desde las 11 para dictaminar los diplomas de los 24 legisladores electos que asumirán bancas a partir del 10 de diciembre próximo. La lupa del kirchnerismo y algunos dialoguistas apuntará hacia la actual diputada libertaria Lorena Villaverde (Río Negro), aunque un dictamen en su contra deberá ser definido en una sesión ya convocada para el viernes 28 del corriente mes.

Desde el interbloque kirchnerista en la Cámara alta, que maneja el formoseño José Mayans, deslizaron a Infobae que disminuyeron las intenciones de observar también los diplomas de la diputada oficialista Nadia Márquez (Neuquén) y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires). “Si subimos tanto la vara, podría jugarnos en contra a futuro”, sinceraron desde un importante despacho cristinista. Todo dicho.

Para justificar la impugnación de Villaverde -realizada por el PJ de Río Negro-, el Frente de Todos eligió a la justicialista y exvicegobernadora de La Rioja, Florencia López, quien integra la comisión con sus compañeros de bancada Sandra Mendoza (Tucumán), Sergio Leavy (Salta), Guillermo Andrada (Catamarca), Mariano Recalde (Ciudad de Buenos Aires), Silvia Sapag (Neuquén), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Pablo Bensusán (La Pampa). Ocho de 19.

Del otro lado aparecen Vigo -de usual aliada libertaria a opositora feroz en los últimos meses-, el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta), Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), la larretista Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires), el violáceo -todavía con musculosa PRO- Luis Juez; y los radicales Víctor Zimmermann (Chaco), Flavio Fama (Catamarca), Pablo Blanco (Tierra del Fuego), y el jefe del centenario partido en la Cámara alta, el oscilante Eduardo Vischi (Corrientes). El único oficialista puro es Juan Carlos Pagotto. Será muy interesante ver cómo defiende -si es que lo hace- a su colega legislativa Villaverde del historial relacionado con cocaína en los Estados Unidos y sus vínculos con Fred Machado.

Bajo estos parámetros y, de estar todos presentes, un despacho de mayoría precisará diez firmas. Blanco ya insinuó un rechazo y el kirchnerismo confía en que otros se sumarán. A partir de aquí, empiezan las divergencias, incluso, entre quienes más conocen la mecánica fina del Senado. Por un lado, el dictamen no es vinculante, por ello la necesidad de una resolución por la última instancia del Cuerpo, que es el recinto.

Sobre ello, aún persisten dudas en cuanto a cómo encarar la sesión del viernes 28 de noviembre. Por caso, el reglamento de la Cámara alta deja en claro, en su artículo 8, que “los senadores electos forman quorum para la consideración de sus títulos, pero no pueden votar en los propios”.

Por otra parte, el artículo 9 expresa: “Cuando alguno de los electos sea rechazado, el presidente del Senado lo comunicará al Poder Ejecutivo Nacional, a los gobiernos de provincia y de la ciudad de Buenos Aires, según corresponda, a los efectos de la nueva elección”. Y ahí se asoman los pocos antecedentes sobre este tipo de situaciones, un fallo de la Corte Suprema y el puñado de incógnitas de los que, por ahora, no saben qué hacer con Villaverde: ¿en qué estado se encuentra esa causa en los Estados Unidos? ¿Vigo se preocupó por requerir información certera y oficial a la justicia norteamericana? ¿La directriz que se utilice después se mantendrá a futuro para similares?

Anoche, una preocupación extra se añadió de cara a las próximas horas, tras la intención del cristinismo de empujar una reunión de Labor Parlamentaria -donde titulares de bancadas fijan una sesión y su respectivo temario, de haber acuerdo- a las 13 horas, con el fin de abrir el recinto mañana. Lo requirió Mayans, en soledad. Varios dialoguistas resisten la jugada, pese a que el kirchnerismo operó para darlo como confirmado. No obstante, la decisión final decantará durante el transcurso de esta mañana. “Una locura hacer esto a días del recambio”, opinó un experimentado radical. El Frente de Todos quiere apurar la integración de la Auditoría General de la Nación (AGN), con dos para ellos y uno para la UCR.