POLITICA
María Ibarzabal Murphy, la escudera de Santiago Caputo que ahora le cuidará la firma a Javier Milei
Beneficiaria final de una jugada de alto voltaje, María Ibarzabal Murphy se convirtió en la nueva titular de la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia. En otras palabras, en la guardiana de la firma del presidente Javier Milei. El Gobierno se desprendió de Javier Herrera Bravo, quien renunció por “motivos personales”. En días de enervada disputa con Pro, en los pasillos de la Casa Rosada no pasó desapercibida la identificación del ahora exfuncionario con el macrismo, aunque cerca de Herrera Bravo se mostraban agradecidos por la contención recibida en las últimas semanas por el Presidente y la cúpula del Gobierno. El ascenso de Ibarzabal Murphy, además, le permite sumar otro casillero en el Estado a Santiago Caputo, el asesor de Milei.
Exfuncionaria macrista y magíster en derecho administrativo, Ibarzabal Murphy asumió en abril de 2024, con solo 38 años, la titular de la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo, un área que fue creada una semana antes de su nombramiento, en un lugar que muchos ya daban por descontado que quedaría para Federico Sturzenegger. La amiga de Caputo conservará este cargo, desde donde se encargó de ejecutar los cambios contenidos en la Ley Bases.
“María es Santiago”, es la definición en las filas oficialistas para dar cuenta del vínculo entre ambos. Ibarzabal es la esposa del mejor amigo desde la infancia de Caputo, por lo que se conocen desde hace muchos años.
A comienzos de 2024, Ibarzabal era abogada senior en el estudio Cassagne y estaba a punto de convertirse en la primera socia mujer en la historia del mayor bufete especializado en cuestiones administrativas, cuando Caputo le pidió que se sume a las filas libertarias. En su elección pesó, además de la confianza de años, la formación laboral de Ibarzabal, que también trabajó en grandes estudios privados como Marval O’Farrell Mairal.
Cassagne, firma especializada en Derecho Público y Regulación Económica, en los 90 fue uno de los más grandes impulsores de las privatizaciones menemistas. Por entonces, su socio fundador Juan Carlos Cassagne llegó al Ministerio de Obras Públicas y se convirtió en una referencia en las privatizaciones de esos tiempos junto a Roberto Dromi y del extitular de la Procuración del Tesoro, Rodolfo Barra.
Antes tuvo también un paso por otro importante estudio, Richards, Cardinal, Tützer, Zabala & Zaefferer, especializado en derecho empresarial, corporativo y de inversiones extranjeras.
Más allá de que el grueso de su experiencia es en el mundo privado, Ibarzabal también tuvo su paso por la función pública. Fue en la presidencia de Mauricio Macri, cuando trabajó en la Procuración del Tesoro Nacional, la jefatura de todos los abogados del Estado, en tiempos de Bernardo Saravia Frías. En los registros oficiales también quedó asentado su paso por el Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, en 2016, como directora de Relaciones Interministeriales de esa cartera, bajo la órbita de la Dirección Nacional de Relaciones Parlamentarias e Interministeriales. El sendero hacia el Congreso no le era extraño.
Designada en su cargo en la gestión de Milei el 17 de abril de 2024, apenas un par de semanas después, el 7 de mayo Ibarzabal fue invitada a exponer en la Comisión de Legislación General de la Cámara Alta. Fue la única mujer que lo hizo y para entonces ya había participado de varias reuniones con los bloques dialoguistas, en el Ministerio del Interior.
Cuando se anunció la creación de la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo, el vocero Manuel Adorni la definió por sus funciones. “Nos ayudará a la modernización del Estado y a todos los cambios que queremos hacer en materia normativa”, afirmó, para agregar: “La Argentina es una infinita montaña de normativas que hay que regularizar y que hay que modernizar para poder seguir avanzando”.
“Ella va a coordinar, pero después es cada área la que se tendrá que ir haciendo cargo”, explicó un funcionario al tanto de lo que viene. Cerca de la Presidencia también explican que la ejecución y puesta en marcha de los cambios que plantea la Ley Bases “no es la responsabilidad formal” de Ibarzabal, pero sí fue “un pedido expreso que lo haga para que todo sea lo más rápido posible”.
Desde la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo, que en sí no tiene competencias originarias, “pero puede absorber distintas temáticas”, Ibarzabal trabajó con un equipo de alrededor de ocho colaboradores que ella misma eligió. Lo hace en el primer piso de Casa Rosada.
POLITICA
El juez que suspendió 82 artículos de la reforma laboral justificó su fallo: «Es necesaria para evitar que se provoquen daños»
El juez Raúl Ojeda suspendió la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y defendió su decisión al sostener que se trata de una medida excepcional destinada a evitar daños hasta que salga la sentencia definitiva.
La medida se dio en el marco de una acción colectiva presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado nacional y dispuso la suspensión provisoria de parte de la ley, al considerar que existen elementos suficientes para analizar su eventual inconstitucionalidad.
Según explicó el juez, este tipo de decisiones no requieren certeza absoluta sobre la validez del planteo, sino la verificación de una “apariencia razonable” del derecho invocado, junto con el riesgo de que la demora judicial pueda generar daños de difícil reparación.
“Es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria. No hemos tenido leyes que creen situaciones extraordinarias como estas”, aseguró Ojeda en declaraciones a Radio Rivadavia.
El magistrado explicó que “en la medida cautelar uno tiene que evaluar si es posible que haya vicios de inconstitucionalidad en este caso”, y, en este caso, aseguró Ojeda, “hay principios del derecho del trabajo, de protección, de regresividad, que denotan en una primera mirada que se están vulnerando”.
Leé también: Un juez suspendió la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral tras un reclamo de la CGT
“Ahora el Estado nacional debe contestar sobre la cautelar y defender los artículos que son objeto de la acción”, añadió el juez.
En el fallo emitido el 30 de marzo, el juez sostuvo que para dictar una cautelar no se requiere certeza absoluta sobre el derecho invocado, sino verificar que exista una apariencia razonable que justifique una tutela preventiva mientras se discute el fondo del asunto. Esa lógica es la que habilitó la suspensión provisoria de las disposiciones cuestionadas hasta que haya una sentencia definitiva.
Qué resolvió la Justicia y cómo sigue el caso
El fallo del fuero laboral dispuso la suspensión provisoria de 82 artículos de la ley 27.802 al hacer lugar a una medida cautelar innovativa presentada por la CGT, en el marco de una acción colectiva que cuestiona la constitucionalidad de la reforma.
En su análisis preliminar, el juez consideró que para dictar una cautelar no se requiere certeza absoluta sobre el derecho invocado, sino la verificación de una apariencia razonable que justifique una tutela preventiva mientras se discute el fondo del asunto.
Desde el gobierno, la cartera que conduce Sandra Pettovello informó que apelará el fallo para intentar revertir la cautelar y restituir la vigencia de los artículos suspendidos mientras se tramita el proceso principal.
En un comunicado, el ministerio sostuvo que existen sectores que “pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento”, y reafirmó su compromiso con la ley de Modernización Laboral.
reforma laboral, Justicia, CGT
POLITICA
Sigue en caída el envío de fondos a las provincias: perdieron $1.151.000 millones en el primer trimestre
CÓRDOBA.− Tal cual vienen planteando los gobernadores, el primer trimestre cerró muy mal para las provincias en términos de transferencias automáticas de Nación. La caída fue de 6,4% real interanual, lo que implica una pérdida de $1.151.364 millones en las cuentas de los 24 distritos del país.
Para las provincias, se trata del segundo peor primer trimestre desde 2018. El reparto de fondos nacionales quedó solo por encima de 2024. Los datos, sobre cifras oficiales, son de un análisis de la consultora Politikon Chaco.
Además, hasta el lunes los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) distribuidos se mantenían en $47.000 milllones. El monto supera en un 129% en términos reales a los distribuidos en febrero, cuando apenas se repartieron $20.000 millones. También la comparación interanual marca un alza de 98,5% (en marzo del 2025 los ATN entregados sumaron $18.000 millones).
En marzo, las transferencias automáticas a las provincias y CABA totalizaron $5,05 billones, el volumen nominal más bajo desde julio del 2025. Al medirlas en términos reales, mostraron un descenso del 4,3% respecto a igual mes del 2025 e incluso frente a febrero la baja fue fuerte, 9,9% real mensual. Estos giros llevan tres contracciones consecutivas y cuatro en los últimos seis meses.
Los envíos por coparticipación (90% del total que reciben las provincias) bajaron 7,4% real interanual, básicamente por una nueva merma del IVA (3,9%), Ganancias (12,7%) e impuestos internos (14,3%).
Por leyes especiales, las transferencias mostraron un incremento real del 28,6% interanual, apoyado en las subas de Combustibles Líquidos (35,5%) y Monotributo (58,2%), que compensaron holgadamente las bajas en Bienes Personales (8,3%) y en el IVA de la Seguridad Social (-3,9%). Los recursos por Compensación del Consenso Fiscal mejoraron 43,1% real interanual.
En lo que va del año, Salta presenta el descenso acumulado más bajo (2,8%) mientras que CABA exhibe el más fuerte (8,1%).
El mes pasado, la mayoría de los gobernadores −quienes vienen insistiendo en que el frente fiscal está complicado− “pisaron” la caja. Es decir, ajustaron al máximo los pagos. Están a la espera de cómo evoluciona la recaudación nacional y la propia con la mirada puesta en el pago del aguinaldo.
Como ya contó , desde la Casa Rosada les aseguran que a partir de mayo tendrán un repunte de la coparticipación vía Ganancias. Es que ese mes, como es habitual, ingresa la primera cuota anual de ese impuesto para empresas. En 2024, el salto de recaudación fue muy fuerte porque −por la devaluación de diciembre del 2023− el balance de las empresas creció. Pero el año pasado no sucedió lo mismo.
Hasta la mayor flexibilidad para endeudarse que les dio a las provincias el ministro de Economía, Luis Caputo, se complica en el actual contexto internacional. Después de varias salidas al mercado voluntario de crédito, ahora los gobernadores esperan a ver la evolución en el mediano plazo de las tasas.
Ayer, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firmó un acuerdo con Nación para que la Anses pague $48.000 millones a la Caja de Jubilaciones provincial. “Es un acto de justicia para nuestros jubilados, después de años sin que esta deuda fuera reclamada como correspondía por los gobiernos anteriores”, aseguró el mandatario.
Por el convenio firmado con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la Anses “reconoce y se compromete a pagar la deuda que mantiene con la caja previsional de la provincia, la cual asciende a más de $48.000 millones».
se mantenían en $47.000 milllones,Gabriela Origlia,Coparticipación,Conforme a,Coparticipación,,Quejas por los recursos. Crece el nerviosismo en el grupo de gobernadores aliados a Milei por las “promesas incumplidas”,,Superávit licuado. En 15 provincias los gobernadores enfrentan conflictos salariales y se les complica el frente fiscal,,Primer bimestre. El Gobierno volvió a recortar las transferencias a las provincias
POLITICA
Jorge Macri le exigió a Kicillof el pago de $27.000 millones por la asistencia de bonaerenses sin techo en CABA
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, exigió hoy al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el pago de una deuda superior a $27.000 millones de pesos por la atención de personas en situación de calle con domicilio bonaerense que reciben asistencia en CABA.
La normativa nacional y provincial establece que cada jurisdicción debe hacerse cargo de sus residentes, pero desde el gobierno porteño sostienen que la Provincia no cumple con esa obligación. En este sentido, el reclamo se apoya en el Decreto 373/2025 del Gobierno nacional, que modificó la Ley de Situación de Calle y Familias Sin Techo, y en la Ley 13.956 bonaerense, que creó el Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle. De acuerdo con datos oficiales, actualmente la Ciudad asiste a 2.327 personas con domicilio en la Provincia de Buenos Aires en sus Centros de Inclusión Social.
Macri utilizó sus redes para pronunciarse con un mensaje directo a Kicillof: “Es hora de que los porteños dejen de pagar tu desgobierno. Dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley: la Provincia tiene que dar alojamiento y asistencia a las personas en situación de calle de PBA. Es hora de que se hagan cargo”, manifestó.
El Gobierno porteño especificó que el costo mensual por persona asciende a $1.163.135, cifra calculada sobre insumos, recursos humanos y servicios provistos. Esto representa un gasto total de $27.066.151.450 de pesos desde la entrada en vigencia del decreto nacional en febrero de 2025. Este monto, según argumentan desde la sede de gobierno de la calle Uspallata, genera desbalance financiero para la Ciudad, ya que esos recursos podrían destinarse al fortalecimiento de otros servicios locales.
En una nota enviada al ministro de Economía bonaerense, Pablo López, los ministros porteños de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, y de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, solicitaron de manera formal “la inmediata transferencia de los recursos necesarios para saldar el monto actualizado de los costos, incluidos los que se generen en adelante, sin perjuicio de la deuda correspondiente a períodos anteriores”.
El pedido, se informó, recalca la vigencia tanto del Decreto 373/2025 como de la Ley 13.956, y reclama que la Provincia cumpla con su responsabilidad legal respecto a sus ciudadanos asistidos en la Ciudad.
“El cumplimiento de la ley y la adecuada distribución de responsabilidades entre jurisdicciones resultan fundamentales para garantizar una respuesta sostenible y equitativa frente a la problemática”, detallaron desde el gobierno porteño.
Según información oficial, CABA cuenta con 61 Centros de Inclusión Social en los que se asiste a 4.626 personas durante las 24 horas. Estos espacios ofrecen alojamiento, alimentación, acompañamiento psicológico, capacitación educativa y laboral, así como intermediación para la inserción laboral. Existen, además, centros destinados especialmente a familias, mujeres víctimas de violencia, personas con problemas de salud mental, personas en tratamiento por adicciones y hombres que conviven con mascotas.
“La ley no deja lugar a dudas: cada provincia es responsable de las personas en situación de calle dentro de su territorio. Además, la provincia también sancionó una ley para dar atención a personas en situación de calle. Kicillof no lo está cumpliendo”, sostuvo Mraida en sus redes. Y completó: “Nosotros no vamos a dejar de atender a ninguna persona en situación de emergencia. Pero tampoco vamos a naturalizar que otros no hagan su parte”.
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