POLITICA
Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, anunció que aumentará la jubilación mínima un 84% y la pagará con fondos de Nación
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció este domingo que aumentará 84,21% las jubilaciones mínimas de la Caja Previsional provincial y que usará dinero de fondos que le adeudaba el Gobierno nacional y que empezó a recibir tras un acuerdo alcanzado ante la Corte Suprema de Justicia.
Con un posteo en su cuenta de X, Llaryora explicó que la jubilación mínima mensual en Córdoba pasará entonces de $380 mil a $700 mil. “Además, implementaremos un bono bimestral de $100.000 para quienes perciban haberes de hasta $1.300.000 mensuales, como complemento adicional no contributivo», agregó.
El origen de los fondos que permitirán este incremento se remonta a una disputa judicial de larga data. En mayo, durante una audiencia ante la Corte, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aceptó entregar a Córdoba un adelanto de $60.000 millones, pagadero en 12 cuotas y a cuenta del ejercicio 2025.
Este acuerdo parcial se inscribe en el marco de una deuda previsional que la Nación mantiene con la provincia, estimada en un billón de pesos y que será objeto de una nueva audiencia en diciembre para consolidar los montos acumulados entre 2019 y 2024 y definir un mecanismo de pago.
En su mensaje, Llaryora subrayó que la provincia ya comenzó a recibir los fondos nacionales. “Cumpliendo con la palabra que les di, esos recursos van a ir en parte a mejorar los ingresos de los jubilados cordobeses que menos ganan y más necesitan”, expresó el gobernador.
El gobernador precisó que se otorgará una suma fija para garantizar que ningún beneficiario cobre menos de $700.000, lo que “prácticamente duplica el pago mínimo actual”. Además, anunció el pago de un bono bimestral de $100.000 para quienes perciban hasta $1.300.000 mensuales.
La medida, según aclaró el mandatario, se mantendrá “mientras sigamos recibiendo estos fondos”, en referencia al dinero transferido por la Nación tras el acuerdo judicial.
En su declaración, Llaryora reafirmó el compromiso de su gestión con los sectores más vulnerables, y aludió de manera indirecta a la postura del presidente de la Nación, Javier Milei: “Ratifica nuestro compromiso de estar al lado de los que más necesitan, especialmente en este contexto tan difícil que vive nuestro país”.
El trasfondo de la disputa no es exclusivo de Córdoba. Al menos 13 provincias mantienen reclamos similares ante la Corte Suprema, vinculados tanto a deudas previsionales como a fondos para el desarrollo y otros aportes nacionales.
El martes anterior al anuncio, Llaryora y Milei coincidieron brevemente en la provincia, cuando el Gobernador recibió al Presidente durante su arribo a la capital cordobesa para participar del evento “Derecha Fest” en un hotel.
El acuerdo alcanzado en mayo entre la provincia y el gobierno nacional, en el marco de la audiencia de conciliación en la Corte Suprema, permitió a Córdoba acceder a un adelanto de fondos mientras se negocia la consolidación de la deuda total. La próxima audiencia, prevista para diciembre, será clave para definir el futuro de los pagos y el impacto en las cuentas provinciales.
“Estas medidas benefician a los #jubilados provinciales con menores ingresos, y consolidan a Córdoba como una de las provincias con el haber mínimo más alto del país. Esto va en línea con nuestro compromiso de estar siempre al lado de quienes más lo necesitan, especialmente en un contexto tan difícil como el que atraviesa nuestro país», escribió Llaryora en su posteo en X, que fue acompañado de un video.
Según el último informe estadístico de la Caja de Jubilaciones, a junio de 2025, más de 2.600 beneficiarios percibían haberes por debajo del mínimo anterior de $380 mil. Además, otros 2.055 beneficiarios estaban en el tramo entre $210 mil y $370 mil.
Si se suman los tramos de ingreso de hasta $ 750 mil (16.534 prestaciones, 8.146 jubilaciones y 8.388 pensiones), los potenciales beneficiarios del aumento serían unos 18 mil jubilados, cerca del 15% del total de prestaciones vigentes (116 mil).
Los pasajeros de los trenes de larga distancia Buenos Aires-Tucumán y Buenos Aires-Córdoba se encontraron este martes con la suspensión de los servicios.
Tal como informó la operadora Nuevo Central Argentina (NCA), responsable del tendido de vías, la medida tiene carácter temporal y se realiza para emprender tareas de supervisión y mantenimiento, por lo cual -de acuerdo a la empresa- no se trata de una decisión de Trenes Argentinos ni de una medida gremial.
Leé también: Avanza en el Congreso el proyecto que busca limitar los DNU de Milei: Diputados lo trataría la próxima semana
La suspensión alcanza específicamente a los servicios de Retiro-Córdoba y Retiro-Tucumán. Según pudo saber TN, la interrupción es temporal, aunque se espera un comunicado oficial con detalles adicionales sobre los trabajos que motivan la decisión.
En cambio, desde el gremio La Fraternidad, que representa a los maquinistas, expresaron su preocupación. El secretario general del sindicato, Omar Maturano, señaló que sospechan que esta medida podría anticipar un cierre definitivo de los ramales, en una operación similar a la que se registró en los años 90.
“Estamos atentos a cualquier señal que indique que se podría tratar de un cierre definitivo”, dijo Maturano a este medio.
En un comunicado, La Fraternidad recordó que la semana pasada se habían llevado a cabo acciones de protesta en el área metropolitana, con trenes circulando a 30 km/h como medida de precaución ante el estado de las vías y la seguridad de los pasajeros.
El gremio advirtió que la continuidad de la política ferroviaria actual apunta al desmantelamiento del sistema, la venta de propiedades del Estado y la reducción progresiva de servicios, mientras que los trabajadores sostienen que los ferrocarriles podrían recuperarse con una explotación racional de la infraestructura y los bienes actualmente fuera de uso.
Según La Fraternidad, ya se discontinuaron servicios hacia Mendoza, San Luis y La Pampa, así como los trayectos Buenos Aires-Rosario, Buenos Aires-Pinamar, Bahía Blanca y otros recorridos turísticos.
El gremio alertó que próximamente podrían suspenderse los recorridos Retiro-Tucumán y Neuquén-Chipoletti, entre otros, y denunció que detrás de estas decisiones estaría la influencia de organismos financieros internacionales en detrimento del transporte nacional.
trenes, larga distancia, Córdoba, Tucumán
POLITICA
Caso Odebrecht | Revés para dos altos ejecutivos de la constructora brasileña por una resolución de la Corte argentina
La Corte Suprema de Justicia rechazó las presentaciones de dos acusados en la causa donde se investiga el supuesto de pago de coimas a funcionarios del kirchnerismo para asegurarse el contrato de las obras de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, ahora abandonadas.
Los acusados buscaban impugnar la llegada a la causa de información que obtuvo Brasil en el caso del Lava Jato, donde arrepentidos admitían que efectivamente se habían pagado sobornos para la adjudicación de las obras en la Argentina.
Una de las presentaciones fue hecha por Luiz Antonio Mameri, uno de los ejecutivos de más alto rango de la constructora Odebrecht que se acogió al régimen de la “delación premiada” en Brasil y que planteó la nulidad de la incorporación de copias de su confesión en la causa que se tramita en los tribunales de Comodoro Py 2002.
La otra presentación la formuló Mauricio Couri Ribeiro, ex director superintendente de Odebrecht Infraestructura en la Argentina participó de lleno en las negociaciones de los proyectos, quien reclamó en la causa la nulidad del acuerdo de colaboración alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal argentino y el de Brasil.
Estos planteos ya habían sido rechazados en instancias anteriores, pero sus defensas llegaron en queja a la Corte Suprema. Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó las presentaciones por incumplimiento de las formalidades previstas en la acordada 4/2007.
La causa investiga posibles maniobras de fraude a la administración pública y presuntos pagos de sobornos del Grupo Odebrecht y sus socios locales a funcionarios integrantes de la estructura del Ministerio de Planificación Federal durante el Gobierno kirchnerista.
La Justicia sospecha que esos pagos se realizaron para obtener la adjudicación y continuidad en las distintas etapas de la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, que benefició a un consorcio integrado –según su anterior denominación- por las firmas IECSA S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., GHELLA Societa Per Azioni y COMSA S.A.
Desde hace años, el juez federal Marcelo Martínez de Gorgi tiene pisado el caso Odebrecht a pesar de los pedidos de la fiscalía para avanzar contra los empresarios acusados de los pagos de dinero a los funcionarios del Ministerio de Planificación.
La Cámara Federal instó en 2023 por tercera vez al juez federal Martínez de Giorgi a que defina si procesa o no a los exfuncionarios del kirchnerismo y a los empresarios. La obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento implicaba unos de US$1500 millones de inversión y se encuentra paralizada.
En 2021 llegó al país la información de arrepentidos brasileños que admitieron los sobornos y el caso siguió inmóvil. Los acusados son el exministro kirchnerista Julio De Vido y el empresario Ángelo Calcaterra, que con su exempresa IECSA, que integró el consorcio a cargo de la obra junto con la brasileña Odebrecht.
El fiscal del caso Franco Picardi viene instando al juez a que de una respuesta sobre las situaciones procesales de los acusados, para quienes reclamó la indagatoria por el pago de coimas.
Odebrecht admitió que pagó coimas en todo el continente para asegurarse la continuidad de sus obras. En la Argentina se planteó un acuerdo con los fiscales brasileños para incorporar esa información brindadas por arrepentidos de Brasil en el Lava Jato a la causa local.
Las demoras registradas en este expediente resultan llamativas en comparación con los avances registrados en las otras dos causas vinculadas al capítulo argentino del Lava Jato. En el caso de las planta potabilizadora de Aysa está en pleno juicio oral.
Los imputados son el exministro De Vido, que figura entre los que habrían recibido sobornos, mientras que Calcaterra y su mano derecha, Javier Sánchez Caballero, aparecen entre los acusados de haber abonado esas coimas, junto con ejecutivos de Odebrecht: Luiz Antonio Mameri, Mauricio Couri Ribeiro, Flavio Bento da Faria y Rodney Rodríguez de Carvalho, entre otros.
Las defensas de esos acusados habían planteado la nulidad de algunas de las decisiones tomadas en primera instancia. En particular, por el uso que se le dio a las pruebas aportadas desde Brasil y que incluyen la “delación premiada” de Mameri, exvicepresidente para América Latina de Odebrecht, que confesó cómo y a quiénes pagaron coimas para obtener negocios multimillonarios en la Argentina. La Cámara antes y la Corte rechazaron ahora esas nulidades.
Según Mameri, durante la primera etapa del proyecto, Sánchez Caballero les comunicó a los ejecutivos de Odebrecht en Buenos Aires cuáles eran las pautas para participar del proyecto. Y les informó que habían acordado con funcionarios de Planificación Federal que ganarían la licitación y que por eso deberían afrontar “pagos indebidos” a medida que comenzaran a cobrar las obras.
Aceptadas esas “reglas de juego”, como las calificó ante las autoridades brasileñas y reveló en 2017, Mameri admitió que autorizó “pagos indebidos” por US$2,9 millones entre enero de 2011 y enero de 2014, es decir, tras el inicio formal de la ejecución de las obras en 2010 y a medida que el consorcio debía cobrar sus primeros certificados.
Consultado entonces por , Sánchez Caballero rechazó la confesión de Mameri. “No lo conozco a ese señor”, replicó, para luego negar de manera enfática cualquier rol delictual. “Yo fui completamente ajeno a cualquier tipo de acción vinculada a eso”, remarcó.
Tras la muerte de Néstor Kirchner, sin embargo, Mameri detalló que cambiaron los intermediarios. Jorge “Corcho” Rodríguez se presentó ante el director de Infraestructura de Odebrecht en la Argentina, Rodney Rodrigues de Carvalho, como “interlocutor” de Roberto Baratta, el funcionario de máxima confianza de De Vido.
Según Mameri, el “Corcho” Rodríguez le explicó a su equipo en Buenos Aires que debía pagar “una contrapartida” por cada factura pendiente de cobro. Era, según los conminó, la única forma de que el ministerio priorizara su deuda. Sin embargo, esas confesiones no se pueden usar en la Argentina y ya se plantearon nulidades. Es porque en Brasil, Rodríguez consiguió anular las evidencias en su contra.
El presidente del Supremo Tribunal brasileño concluyó que no se garantizó la “cadena de custodia” el contenido de dos sistemas operativos de la multinacional y que, por tanto, no se puede usar en juicio. Son las evidencias que lo complicaban en dos causas. La Justicia de ese país bloqueó el uso en la Argentina de esas pruebas. Esa segunda etapa de “pagos indebidos” también fueron a través de la División de Operaciones Estructuradas, cuyo jefe máximo, Hilberto Mascarenhas da Silva -otro delator premiado-, se encargó de los detalles.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Condenaron a Julio de Vido por la compra irregular de gas licuado durante el gobierno de Cristina Kirchner
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Condena,Corrupción,Cristina Kirchner,Julio de Vido
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