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POLITICA

Martín Lousteau se quedó con la banca que se disputaba con LLA en la ciudad

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Terminó el escrutinio definitivo en la ciudad de Buenos Aires y se confirmó que el presidente de la UCR, Martín Lousteau, se quedará con la banca de diputados que se disputaba con La Libertad Avanza.

El partido de Javier Milei pretendía que ese cargo fuera para la octava candidata de su lista, Valeria Rodrigues Trimarchi. Finalmente, la diferencia fue por 8688 votos en favor de Lousteau.

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La ciudad ponía 13 bancas en juego. Según los datos del escrutinio provisorio, al partido de Milei le correspondían siete escaños, a Fuerza Patria, cuatro y los dos restantes se distribuirían equitativamente entre el Frente de Izquierda -que había quedado tercero con el 9,11% de los votos- y Ciudadanos Unidos, la coalición que llevaba a Lousteau como primer candidato.

En LLA aseguraban que el senador nacional se había quedado con la banca por una acotada diferencia con su octava postulante, que podía revertirse una vez finalizado el recuento definitivo. Planteaban que la brecha era apenas de “1411 votos”. El problema es que, por el sistema D’Hondt que se utiliza para el reparto de los escaños a nivel nacional, el partido violeta debía sumar una cantidad de escaños muy superior a esa cifra para arrebatarle la banca al radicalismo: alrededor de 11.300 votos, si se mantenía constante el número de votos del radical.

El sistema D’Hondt consiste en una división sucesiva de la cantidad de sufragios obtenidos por cada una de las alianzas que superaron el piso mínimo de votos por la cantidad de cargos en juego. Así, por ejemplo, los 771.065 votos que obtuvo LLA, según los datos provisorios publicados, debían dividirse por uno, dos, tres y así sucesivamente hasta llegar a 13, el máximo de bancas en juego en este distrito para la Cámara baja. Ese mismo cálculo se aplica a los demás partidos en competencia y, luego se asignan los escaños a los 13 cocientes más altos.

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Martín Lousteau junto a Graciela Ocaña durante el cierre de campaña de Ciudadanos UnidosPrensa Martín Lousteau

Con las cifras del recuento provisorio, el cociente de Lousteau (es decir, el total de votos dividido uno por ser el primer candidato) era de 97.794 mientras que el de Trimarchi, era de 96.383. Era el resultado de dividir el total de votos de LLA por ocho, dado que se trataba de la octava candidata de la lista. De restar ambos cocientes, surgía la acotada diferencia de unos presuntos “1411 votos” que subrayaban los libertarios.

Sin embargo, de acuerdo al sistema D’Hondt, para calcular la verdadera cantidad de sufragios que debía sumar LLA para quitarle la banca al radicalismo, se debía multiplicar esa diferencia por ocho. De ahí que, en realidad, LLA debiera sumar al menos 11.288 nuevos votos. Se trataba de una cifra elevada, pero en la alianza violeta seguían confiados en poder revertir el resultado.

Ayer, pasadas las 18, ya se habían escrutado siete de 15 comunas porteñas, los votos de personas privadas de su libertad y los argentinos en el exterior. En ese contexto, en LLA confirmaban que habían logrado revertir el resultado y que estaban 228 votos arriba del radical, después de hacer la multiplicación correspondiente. El voto en el extranjero, como preveían, había arrojado un resultado favorable para el oficialismo nacional: 6538 votos para los libertarios contra 358 para Ciudadanos Unidos.

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El escrutinio continuó durante la noche, y con 12 comunas relevadas, Lousteau había vuelto a imponerse en esa contienda voto a voto. En este contexto, Emiliano Yacobitti, dirigente radical y vicerrector de la UBA, había adelantado ayer que la diferencia en el escrutinio definitivo sería de “miles de votos” a favor del presidente de la UCR nacional.


@GugaLusto,October 30, 2025,Abigail Contreiras Martínez,Elecciones 2025,Conforme a,Elecciones 2025,,En vivo. Lousteau consiguió la banca en Diputados tras el escrutinio definitivo de las elecciones en CABA,,Tras las elecciones. Qué dijo Cristina Kirchner sobre Axel Kicillof,,Elecciones 2025. La foto de una urna con dos cintas rotas no prueba que hubo fraude electoral

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POLITICA

La ley de Glaciares y penal juvenil: las reformas que impulsa el Gobierno a la par de la discusión laboral

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Con el inicio formal de la segunda etapa de las sesiones extraordinarias, el oficialismo empieza a mover fichas para avanzar con dos reformas sensibles: la modificación de la Ley de Glaciares y el régimen penal juvenil. Son proyectos que quedaron relegados por la discusión laboral -la principal batalla legislativa del Gobierno-, pero que integran el temario de extraordinarias y forman parte de la hoja de ruta oficial. Por ahora, los avances son puntuales y el margen de maniobra, acotado.

La reforma ambiental, que redefine las áreas periglaciares y reduce el alcance de las zonas protegidas, ingresó por el Senado y ya cuenta con dictamen de comisión. El texto está en condiciones de discutirse en el recinto, por lo que ahora el foco se traslada a Diputados. Este martes a las 18, el bloque libertario celebrará su primera reunión del año con un invitado clave: técnicos de la Secretaría de Minería, que conduce Luis Lucero, expondrán los detalles del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.

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Patricia Bullrich logró en diciembre dictaminar la reforma a la ley de Glaciares en el SenadoPilar Camacho

En paralelo, en el Senado, los libertarios se reunirán con la mira puesta en la reforma laboral, aunque no descartan incluir la cuestión ambiental en la agenda. Bajo la conducción de la presidenta del bloque, Patricia Bullrich, se buscará ordenar la discusión y fijar los lineamientos para avanzar con las iniciativas oficiales. “No hablamos del tema porque los votos están”, confió un referente libertario a al ser consultado por los cambios propuestos en materia ambiental.

El contexto, sin embargo, obliga a la cautela. Con los incendios en el sur como principal preocupación de las provincias cordilleranas, el oficialismo evitó exponer el debate. Tras la declaración de la emergencia ígnea, no obstante, la discusión podría reactivarse. En ese marco, juristas y organizaciones civiles enviaron una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel en la que cuestionan la constitucionalidad del proyecto y advierten que “pone en jaque el derecho constitucional ambiental”. Aun si prospera en el Congreso, anticipan, la reforma podría terminar judicializada.

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La baja de la edad de imputabilidad, en tanto, todavía no tiene fecha cierta de tratamiento. La referencia sigue siendo el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en 2024, que proponía fijar en 13 años la edad mínima para juzgar penalmente a un menor y habilitaba condenas de hasta 20 años de prisión.

Ese texto recorrió durante nueve meses un complejo entramado legislativo que involucró a tres comisiones -Legislación Penal; Familia, Niñez y Juventudes; y Presupuesto- y fue objeto de modificaciones sustanciales. En el dictamen que logró avanzar, el piso se elevó a 14 años y el tope de las penas privativas de la libertad se redujo a 15. Esa alternativa fue acompañada por aliados del oficialismo y por legisladores de Unión por la Patria vinculados al Frente Renovador.

La opción de bajar la edad a 13 no reunió respaldo suficiente, ni siquiera entre socios habituales del bloque libertario, como Pro y la UCR, que anticipan que no modificarán su postura en un eventual nuevo debate. El despacho también incorporó criterios más restrictivos para la prisión efectiva, que solo se habilitaría para delitos con escalas penales de diez años o más, y reforzó las sanciones alternativas para el resto de los casos, con excepciones para homicidios y hechos de violencia grave. Además, reafirmó garantías procesales y estableció estándares estrictos para la detención de menores, como el alojamiento separado de adultos y el acceso garantizado a educación y salud.

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Para que la discusión se reactive, sin embargo, las comisiones deben estar formalmente constituidas. Por ahora, solo Presupuesto -a cargo de Alberto Benegas Lynch– y Legislación Penal -presidida por Laura Rodríguez Machado– cuentan con autoridades. Falta definir Justicia, que el oficialismo evalúa retener bajo la conducción del bonaerense Sebastián Pareja, y Familia, Niñez y Juventudes, que podría quedar en manos de bloques del centro como Provincias Unidas, donde suena el nombre de la radical Mariela Coletta.

Sebastián Pareja podría quedar como presidente de la Comisión de Justicia en Diputados, donde se debatirá la reforma penal juvenilfabian-marelli-11419

Los tiempos apremian. El oficialismo tiene hasta el jueves para definir las autoridades de las comisiones pendientes y destrabar el inicio del debate. No se descarta que el presidente de la Cámara, Martín Menem, convoque a una reunión de jefes de bloque para ordenar la discusión.

Con el feriado de carnaval en el medio, el margen para emitir dictamen y llevar los proyectos al recinto es mínimo. Si Diputados no acelera en los próximos días, la reforma quedará fuera del calendario de extraordinarias.

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La Justicia realizó un nuevo operativo en el aeropuerto de San Fernando por los vuelos de los helicópteros a la mansión de Pilar

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Por orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó un nuevo operativo en el Aeropuerto de San Fernando en busca de información por los vuelos a la mansión de Pilar, atribuida a Pablo Toviggino.

Concretamente, los agentes se presentaron en el hangar de la empresa Flyzar para obtener documentación clave: órdenes de vuelo y listados de pasajeros, que podrían esclarecer quiénes viajaron a la lujosa propiedad ubicada en Villa Rosa.

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Leé también: Cómo es por dentro la mansión de Pilar vinculada a presuntos testaferros de “Chiqui” Tapia

En el lugar, los miembros de la PSA fueron recibidos por Felipe Carmona Natta, el titular de la empresa, quién entregó la documentación solicitada.

Este operativo es el segundo realizado en el mismo lugar. El pasado 30 de enero, el juez ordenó buscar en las oficinas de Flyzar los registros de vuelos, seguros de helicópteros, órdenes de vuelo y la lista de pilotos que operaron hacia la mansión de Pilar.

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El foco de la investigación está en esclarecer la titularidad real de la mansión y el origen de los fondos. La propiedad figura a nombre de Real Central S.R.L., cuyos titulares formales son Luciano Pantano y Ana Lucía Conte. Según los papeles, compraron la finca en mayo de 2024 por 1.800.000 dólares, pero la tasación oficial es de 17 millones de dólares.

La Justicia sospecha que Pantano y Conte podrían ser prestanombres de Toviggino o de terceros, ya que su perfil patrimonial no se condice con semejante inversión.

La Justicia también busca reconstruir quiénes fueron los pasajeros frecuentes de los helicópteros y qué tipo de carga se transportó a la mansión. El foco está puesto en determinar si hubo vuelos con dirigentes de la AFA y si se movieron bienes o dinero de manera irregular.

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La causa, que investiga el patrimonio y los movimientos de la cúpula del fútbol argentino, había iniciado -por impulso de la Coalición Cívica- en el juzgado de Daniel Rafecas, luego pasó al juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky. Y ahora, tras una movida polémica, el expediente recaló en Campana.

Leé también: La empresa que compró la supuesta mansión de Tapia también posee otra mansión en Pilar y 59 autos de lujo

Aguinsky ya les había tomado declaración a dos pilotos que hicieron viajes rumbo a la mansión de Pilar. Uno de ellos intentó justificar su presencia en la quinta diciendo que hacía “vuelos de entrenamiento”, pero ambos negaron haber transportado bultos o paquetes. Sin embargo, los investigadores detectaron que entre los dos sumaron más de 60 viajes a la propiedad de Pilar.

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El juez también les mostró fotos para ver si reconocían al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, o al tesorero Toviggino como pasajeros. Los pilotos aseguraron que no podían identificarlos, lo que generó escepticismo, sobre todo porque no existen listas de pasajeros ni registros formales de carga que respalden sus dichos.

AFA, San Fernando, Justicia

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Congreso: con la reforma laboral en el centro del debate, comienzan las sesiones extraordinarias

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Este lunes, el Congreso de la Nación da comienzo al período formal de sesiones extraordinarias, convocado por el Poder Ejecutivo y previsto hasta el 27 de febrero, previo al inicio de las reuniones ordinarias. El temario legislativo concentra iniciativas de alto impacto institucional, con la reforma laboral en el centro de la atención.

La agenda legislativa incluye, entre otros, proyectos vinculados a la ley penal juvenil, la protección ambiental de glaciares y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

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Principales proyectos de la agenda

  • El eje central del debate será la reforma laboral. Desde el Ejecutivo se proponen modificaciones en materia de despidos, indemnizaciones y contrataciones, por ejemplo. Los legisladores también deberán discutir cambios en el sistema de cargas y aportes.
  • Respecto de la reforma del régimen penal juvenil, se busca reemplazar el sistema vigente desde 1980. El proyecto propone, sobre todo, la reducción de la edad de imputabilidad, que actualmente es de 16 años, a 13 o 14, según las versiones en debate.
  • Otro de los proyectos que debatirán diputados y senadores es la modificación de la Ley de Glaciares y del régimen de protección del ambiente periglacial. La propuesta apunta a redefinir el alcance de las áreas protegidas, limitando la protección estricta a aquellas zonas que cumplan una función hídrica comprobada.
  • El temario se completa con el tratamiento del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, cuya ratificación legislativa resulta necesaria para su eventual entrada en vigor.
  • Las sesiones extraordinarias podrían incluir la consideración de designaciones diplomáticas y otras iniciativas puntuales, cuya incorporación dependerá de los consensos que se logren durante el desarrollo del período.

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