A menos de 24 horas de que el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmara públicamente que buscaba renovar los equipos técnicos de la cartera, el extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, presentó su renuncia formal.

En una carta dirigida al presidente Javier Milei, el funcionario saliente dejó en claro que su renuncia no fue una decisión personal, sino que acató la decisión del sucesor de Mariano Cúneo Libarona.

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“Decisión que adopto en razón de que se me ha solicitado el apartamiento de las funciones que actualmente ejerzo”, subrayó Vítolo en el inicio del texto.

Vítolo, que había sido designado mediante el decreto 53/2023, defendió su paso por el organismo encargado de fiscalizar a las sociedades comerciales y asociaciones civiles.

Y luego le envió un mensaje a la nueva gestión, cuyo titular aún no está definido: “Tengo la esperanza de que continúe ese camino con vocación, profesionalidad y responsabilidad, preservando el interés del Estado Nacional y del pueblo argentino por encima de cualquier presión corporativa, privilegio sectorial o ideología».

En un tono de despedida, afirmó haber cumplido con su deber “con el orgullo y la serenidad” de quien hizo valer la ley frente a estructuras de poder.

“Durante mi gestión procuré, sin concesiones ni privilegios, hacer valer el imperio de la ley frente a estructuras de poder que durante demasiado tiempo parecieron habituadas a actuar al margen de los controles”, disparó, en un mensaje que resuena en medio de la fuerte disputa que el Gobierno mantiene con la AFA y otras entidades de peso.

El ahora exfuncionario destacó entre sus logros la modernización normativa y la revalorización de la “libertad para emprendedores”, aunque lamentó no haber podido completar la digitalización total de la IGJ debido a la “falta de tiempo” y dificultades presupuestarias.

El recambio de Mahiques

La salida de Vítolo se suma a la de otros organismos estratégicos como la UIF (Unidad de Información Financiera), la Oficina Anticorrupción y la Oficina de Bienes Recuperados.

Tal como adelantó TN, Mahiques busca desembarcar con un equipo propio y acelerar definiciones que estaban trabadas, entre ellas, el envío de veedores a la Asociación del Fútbol Argentino. “Llego con un equipo; son funcionarios que pone la política y, cuando el ministro se va, se tienen que ir”, había declarado Mahiques ayer en una entrevista televisiva.

En el cierre de su carta, Vítolo envió un mensaje directo a quien sea su sucesor —el Gobierno ya analiza tres nombres para el cargo— y pidió preservar los intereses del Estado “por encima de cualquier presión corporativa, privilegio sectorial o ideología”.

Con un agradecimiento final a Milei por los 26 meses de confianza, Vítolo cerró su etapa en un organismo que, a partir de ahora, será central en la estrategia judicial y de control que pretende imprimir la nueva gestión de Mahiques en el Ministerio de Justicia.

Justicia, IGJ, Javier Milei

En sintonía con un alineamiento político con la administración de Donald Trump, el gobierno de Javier Milei ratificó su cooperación bilateral con Estados Unidos en el área de energía nuclear.

Delegaciones de ambos países se reunieron en Washington a finales de febrero, donde valoraron el rol central del Organismo Internacional de Energía Atómica en la cooperación técnica y la promoción de aplicaciones responsables de la tecnología nuclear.

También coincidieron en sostener y perfeccionar el régimen global de no proliferación nuclear. El interés conjunto por nuevas tecnologías civiles, particularmente los reactores modulares pequeños, tuvo un lugar central en la agenda, según se informó, al tiempo que se reafirmó la asociación en el marco del Programa de Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños.

En el texto, además, se informó que las delegaciones identificaron el potencial de los reactores avanzados para el desarrollo económico y energético de sus respectivos países. El diálogo abordó acciones concretas como el intercambio de información técnica sobre regulación, licencias, supervisión, ciberseguridad y protección física, junto con controles de exportación y verificación internacional de salvaguardias.

A su vez, uno de los temas prioritarios fue la negociación de un nuevo acuerdo de cooperación sobre usos pacíficos de la energía nuclear, que reemplazará al actual convenio vigente hasta 2027. Ambas administraciones hicieron hincapié en la voluntad de acelerar las negociaciones para asegurar el marco jurídico necesario y dar continuidad a los proyectos conjuntos.

En septimebre del año pasado, la Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en unirse como “socio contribuyente” al Programa de Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños (FIRST), liderado por Estados Unidos, que apunta a promover el despliegue de esos dispositivos a escala regional y global.

FIRST es el programa insignia del Departamento de Estado norteamericano, que encabeza Marco Rubio. Está dirigido por la Oficina de Control de Armas y No Proliferación (ACN) y “busca aprovechar la capacidad de la industria nuclear para acelerar el despliegue responsable de reactores nucleares en todo el mundo”.

“Los Estados Unidos celebran la decisión de Argentina de convertirse en el primer país de América Latina en unirse como socio contribuyente al FIRST”, se indicó de manera oficial en aquel momento.

Y se agregó: “La Argentina se une a un distinguido grupo de socios contribuyentes, incluidos Japón, la República de Corea y Canadá, que aportan financiamiento, experiencia técnica y apoyo”.

La 19º reunión del Comité Permanente Conjunto de Cooperación en Energía Nuclear entre la Argentina y los Estados Unidos se celebró en Washington, entre el 25 y el 27 de febrero. Estuvo presidida por Federico Ramos Nápoli, secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía de la Argentina; y Gonzalo Suárez, subsecretario Adjunto de Política de No Proliferación de la Oficina de Control de Armas y No Proliferación del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

La delegación argentina incluyó también a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales (DIGAN); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y Nucleoeléctrica Argentina S.A., así como de la Embajada de la Argentina en Washington.

La delegación estadounidense incluyó a representantes del Departamento de Estado, el Departamento de Energía (DOE), la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, la Comisión Reguladora Nuclear (NRC) y el Departamento de Comercio.

North America

La Confederación General del Trabajo (CGT) hizo una presentación formal ante la Justicia para intentar frenar la reforma laboral.

La cúpula de la CGT presentó un amparo judicial ante el Juzgado Contencioso N°7, a cargo de Enrique Lavie Pico.

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Se trata del mismo juez que había desarticulado en su momento el decreto de desregulación que había decretado Milei a principio de 2024.

El planteo está firmado por el triunvirato de la CGT y por los líderes de los distintos sindicatos que forman parte de la central obrera.

La presentación judicial llega luego de que el lunes pasado la CGT marchara a Tribunales y presentó ante la Justicia un recurso para que se declare la inconstitucionalidad de la ley de reforma laboral, que recibió sanción definitiva el viernes último en el Senado y aún no fue promulgada por el Poder Ejecutivo.

“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, había asegurado Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT, al hablar con el periodismo en la puerta de los tribunales de la calle Talcahuano.

En un comunicado difundido tras la presentación, la central sostuvo que su reclamo de inconstitucionalidad se fundamenta en la afectación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así como de principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Pacto de San José de Costa Rica, que tienen rango constitucional.

“La mal llamada ‘modernización’ significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales”, señaló el texto. Según la CGT, la nueva norma vulnera el principio de Progresividad o No Regresión, que impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en derechos laborales adquiridos.

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También considera que se viola el Principio Protectorio, basado en la “desigualdad estructural entre empleador y trabajador” y orientado a restituir la equivalencia y evitar abusos sobre la parte más débil.

En esa línea, el escrito advierte que se afectan derechos contemplados en el artículo 14 bis, como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a huelga, la negociación colectiva, la libre agremiación, la libertad sindical y la seguridad social, entre otros.

La central cuestionó además aspectos concretos de la reforma. Sostuvo que la normativa permite “jornadas de trabajo de hasta 12 horas, el fin de las horas extras y, consecuentemente, reducción del salario”.

Asimismo, objetó la eliminación de “sanciones a los empleadores que no pagaron aportes y transgredieron la ley” y la posibilidad de que las indemnizaciones por despido se abonen en cuotas y a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

CGT, reforma laboral