POLITICA
Más de 10 horas de sesión: la oposición en Diputados se prepara para interpelar a Francos y Cúneo Libarona por el caso $LIBRA
Por primera vez desde que asumió, el gobierno de Javier Milei se verá obligado a dar explicaciones formales ante el Congreso sobre un escándalo que salpica directamente a la cúpula del poder libertario: el caso $LIBRA. La sesión pautada para este martes, a las 14, en la Cámara de Diputados será, para la oposición, la oportunidad de poner contra las cuerdas al Presidente y a su hermana, Karina Milei. Pero también funcionará como una prueba interna: los bloques que impulsaron la interpelación trabajan contrarreloj para coordinarse y evitar que errores propios diluyan el efecto político que buscan imprimirle a la jornada.
Aunque fueron citados cuatro funcionarios, todo indica que solo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se presentarán para responder sobre el respaldo que Milei dio públicamente a la meme coin. Roberto Silva, titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), se excusará bajo el argumento de que la Constitución solo obliga a los ministros a concurrir, mientras que todo apunta a que el ministro de Economía, Luis Caputo -una de las piezas más buscadas por la oposición- faltaría sin dar explicaciones.
Con ese escenario, la Cámara baja se prepara para una sesión maratónica que podría extenderse por más de diez horas, bajo un esquema de participación que priorizará a los bloques que motorizan la interpelación: Unión por la Patria (UP), Democracia para Siempre, Encuentro Federal (EF), la Coalición Cívica (CC) y la izquierda.
La propuesta fue trabajada el fin de semana por referentes de esos espacios –Oscar Agost Carreño (EF), Paula Penacca (UP), Carla Carrizo (Democracia) y Maximiliano Ferraro (CC)- y constituye el borrador que este lunes presentarán ante el presidente del cuerpo, Martín Menem. Será en la reunión de Labor Parlamentaria, prevista para el martes a la mañana, donde se terminarán de definir los detalles y de aprobar la hoja de ruta para la sesión.
El esquema pensado por la oposición contempla cuatro etapas bien diferenciadas. En primer lugar, los funcionarios interpelados dispondrán de hasta 90 minutos para realizar una exposición inicial conjunta. A continuación, será el turno de los bloques que promovieron la sesión, que compartirán un tiempo equivalente para formular preguntas directas, con respuestas inmediatas de los ministros en un esquema de ida y vuelta. Esta instancia estará reservada exclusivamente para los espacios interpelantes.
La tercera etapa abrirá el juego a todas las bancadas, incluidas aquellas que votaron en contra de la resolución. El tiempo de intervención se distribuirá proporcionalmente según la cantidad de diputados de cada bloque: se prevé, por ejemplo, que Unión por la Patria, como primera minoría, disponga de un tope de alrededor de 40 minutos, mientras que los monobloques contarán con una base de cinco minutos. Cada espacio definirá su propio listado de oradores en función del tiempo asignado. La dinámica prevé cortes cada siete o diez preguntas para que los funcionarios respondan, un formato que replicará el de las tradicionales visitas del jefe de Gabinete.
La oposición planea reservar los cierres para dar la estocada final. Los jefes de bloque o los referentes en el tema tendrán un espacio de conclusiones, desde donde buscarán capitalizar las respuestas -o los silencios- de los funcionarios. Oficiará como puntapié para poner en marcha la comisión investigadora que deberá formalizar su funcionamiento al día siguiente.
Todo el operativo parlamentario anticipa una jornada extensa, cargada de tensión, con la mira puesta en las explicaciones del Gobierno frente a uno de los episodios más sensibles de la era Milei.
Caputo en la mira
La rebeldía de Caputo, además, amenaza con escalar el conflicto. En la oposición crece la presión para aplicar algún tipo de sanción contra el ministro de Economía, a quien no le perdonan su ausencia en momentos clave, como el debate de la Ley Bases o la defensa del Presupuesto 2025.
Aunque todavía no hay una estrategia unificada, en los pasillos del Congreso ya circulan dos caminos posibles: impulsar una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público o, en una jugada más audaz, avanzar en el pedido de juicio político. Para darle cuerpo jurídico a la embestida, citan un viejo manual de derecho parlamentario escrito por Eduardo Menem -padre del actual presidente de la Cámara-, que sostiene que el incumplimiento de una convocatoria legislativa constituye causal suficiente para abrir un proceso de destitución.
POLITICA
El Gobierno acelera la privatización del Belgrano Cargas y abre una pulseada con los gremios ferroviarios
La Casa Rosada entró en la recta final de uno de los movimientos más relevantes de su plan económico: la privatización del Belgrano Cargas y Logística. Según confirmaron fuentes oficiales, el pliego con las condiciones de participación será publicado en diciembre y definirá el destino de más de 7.600 kilómetros de vías férreas que atraviesan 17 provincias.
La estrategia, considerada clave por el Ejecutivo, pretende atraer inversiones privadas para modernizar el transporte ferroviario de cargas y mejorar la competitividad logística del país.
Altos funcionarios del Gobierno aseguran que el documento técnico “ya está prácticamente terminado” y que todas las áreas involucradas trabajan para que la licitación se active antes de fin de año. En paralelo, equipos especializados ultimaron en los últimos días la valuación de los activos, una tarea compleja por la diversidad del material disponible: desde locomotoras y vagones hasta talleres, inmuebles y corredores estratégicos.
A diferencia de las privatizaciones realizadas en los años 90, el esquema que proyecta el Ejecutivo se basa en una desintegración vertical de la empresa estatal. La estructura actual será dividida en bloques, con procesos de adjudicación independientes.
Por un lado, el material rodante será subastado mediante remates públicos; por otro, las vías y los terrenos serán concesionados por décadas bajo el régimen de obra pública. Los talleres ferroviarios también quedarán bajo concesión, con la obligación de permitir el acceso a distintos operadores.
La propuesta contempla un modelo de infraestructura de acceso abierto, donde el adjudicatario de cada tramo deberá garantizar la circulación de cualquier empresa habilitada para transportar cargas. El Estado, en tanto, mantendrá la propiedad de las tierras y de todas las trazas ferroviarias involucradas. Con el dinero obtenido por la venta del material rodante, se conformará un fideicomiso destinado a financiar obras de modernización.
El interés empresario ya comenzó a tomar forma. Tres grandes grupos se preparan para competir por los segmentos más estratégicos de la Línea Belgrano y del ramal San Martín. El primer conglomerado está encabezado por Aceitera General Deheza (AGD), acompañado por ACA, Bunge, Cargill, COFCO y Louis Dreyfus, que ven en el ferrocarril una vía decisiva para abaratar costos logísticos.
El segundo actor es la minera británica Río Tinto, que apunta a reforzar su presencia en las provincias del NOA y Cuyo, donde el sistema ferroviario es clave para el traslado de minerales críticos. El tercero en juego es el gigante Grupo México Transportes (GMXT), que desembarcará en el país con planes de invertir alrededor de USD 3.000 millones.
En este contexto, la mira también está puesta en Vaca Muerta. Los técnicos del Ejecutivo consideran que la privatización puede ser el puntapié inicial para avanzar, más adelante, en obras que conecten la formación neuquina con trazas ferroviarias aptas para trasladar insumos críticos, como la arena de fractura, que hoy depende casi por completo del transporte vial. Esa limitación es vista como un cuello de botella para el crecimiento energético.
La operatoria estará a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), liderada por Diego Chaher, en coordinación con el Ministerio de Economía. ATEP también será la responsable de responder consultas y elaborar la letra chica del proceso junto con la conducción del Belgrano Cargas, encabezada por Alejandro Núñez.
Actualmente, la empresa estatal emplea a 4.233 personas y recibe alrededor de 4.000 millones de pesos mensuales en inversión de capital. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, las transferencias del Estado crecieron 8,8% en términos reales respecto del año pasado, un indicador de la centralidad que mantiene el servicio incluso en plena transición.
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POLITICA
El PJ Nacional activa reuniones para unificar una postura frente al Presupuesto y las reformas de Milei
Entre tantas internas, el peronismo nacional comenzó a moverse para estructurar una postura de cara al tratamiento del Presupuesto 2026 y la discusión sobre las reformas de fondo que impulsa el gobierno de Javier Milei luego del rotundo triunfo electoral conseguido el 26 de octubre en todo el país.
Es por eso que desde el PJ Nacional se activó una serie de reuniones para empezar a acercar posiciones entre las diferentes terminales partidarias y de Fuerza Patria, con el objetivo de tener una postura común para el momento que llegue el tratamiento de los proyectos en las dos cámaras del Congreso.
Además del Presupuesto, el Gobierno pretende tratar la reforma laboral, impositiva y tributaria. Temas muy sensibles que van a generar un debate abierto y, al mismo tiempo, pantanoso, debido a los múltiples intereses que están en juego desde los sectores empresariales, los sindicatos, las pymes y la política.
El partido funciona en la cabeza de José Mayans y Germán Martínez, como los dos vicepresidentes con más influencia y capacidad de coordinación. Ambos, que también son presidentes de los bloques de legisladores de Fuerza Patria en el Congreso, se mantienen en línea con el arco dirigencial del peronismo, desde los intendentes y los legisladores, hasta los gobernadores y Cristina Kirchner.
La ex presidenta, que mantiene su lugar al frente de la presidencia del PJ pese a estar cumpliendo la condena de la causa Vialidad en el departamento de San José 1111, está encima de los temas, de las posturas que se plantean en las reuniones que se realizan en Matheu 130, y de los consensos que se buscan entre las tribus que le reportan directamente y las que no están alineadas al cristinismo, pero se mantienen bajo la órbita del partido a nivel nacional.
La semana pasada los cinco vicepresidentes del PJ (José Mayans, Germán Martínez, Mariel Fernández, Ricardo Pignanelli y Lucía Corpacci) se reunieron con las autoridades de los bloques legislativos y algunos referentes de Fuerza Patria en el Congreso, para empezar a discutir el posicionamiento respecto a la agenda de temas que el Gobierno ya avisó que tiene intenciones de tratar en los próximos meses.
Fue un primer paso para comenzar a delinear una estrategia partidaria. El martes que viene habrá una nueva reunión de los vicepresidentes, pero esta vez será con los secretarios del partido vinculados a los temas a tratar. El miércoles habrá una reunión de Mayans con los senadores de Fuerza Patria que se realizará en el partido. Martínez ya tuvo una reunión con los diputados el miércoles de la semana pasada.
En la agenda de las autoridades partidarias también está convocar a los gobernadores del PJ para que brinden su posición e influyan en la construcción de la postura partidaria y legislativa. El partido tiene seis gobernadores, pero solo cuatro tienen posibilidades de asistir: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa).
Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), están distanciados del partido nacional, pero siguen en sintonía con los PJ provinciales. La distancia tiene una explicación que lleva nombre y apellido: Cristina Kirchner. Ambos mandatarios decidieron tomar distancia del kirchnerismo y no participan de la vida partidaria.
A la convocatoria podría sumarse Gustavo Melella (Tierra del Fuego), que no es parte del PJ, pero es un aliado estratégico permanente que tiene el peronismo. No hay fecha ni hora, pero sí existe la idea de que esa convocatoria se concrete en las próximas semanas.
“Si hiciese falta, vamos a convocar al consejo nacional del partido y al congreso”, explicaron a Infobae desde Matheu 130. Se trata de los dos organismos deliberativos más importantes que tiene el partido. Esa sería una forma de movilizar la estructura partidaria vinculándola a un tema de gestión legislativa.
También está en carpeta tomar contacto con la nueva CGT. El triunvirato que integran Christian Jerónimo (Empleados del vidrio), Jorge Sola (Seguro) y Octavio Argüello (Camioneros) aún no tuvo un encuentro con las autoridades partidarias para evaluar una postura respecto a la reforma laboral, aunque ya saben que el proyecto que se conoció, tal como fue filtrado, no tiene posibilidades de recibir el apoyo sindical.
Lo cierto también es que nadie sabe con exactitud si el Gobierno va a poner en debate el proyecto presentado por la diputada libertaria por Santa Fe Romina Diez que tiene, entre algunos artículos polémicos, extender la jornada laboral, la reglamentación del derecho de huelga en numerosas actividades y la incorporación del concepto de salarios dinámicos o variables, vinculados al mérito individual, la productividad o la situación económica de la empresa, tal como adelantó este medio.
La nueva CGT no tiene acuerdos políticos con ninguno de los sectores más fuertes del peronismo. Ni con Cristina Kirchner ni con Axel Kicillof. El recambio de autoridades influyó en esa nueva identidad, ya que el triunvirato presidido por Héctor Daer tenía una mayor cercanía a la gobernación bonaerense. “Vamos a aportar desde nuestro lugar para construir una alternativa peronista en el 2027″, se limitaron a plantear en la cúpula de la central obrera.
El peronismo trata de buscar la forma de llegar a acuerdos para tener una postura cohesionada cuando llegue el momento del debate parlamentario. Un objetivo político de alta complejidad en los convulsionados tiempos que vive la histórica fuerza política.
POLITICA
Spagnuolo lo visitó. Un socio de Fred Machado es apuntado como quien lavaba el dinero de las maniobras de corrupción
La investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) expuso un entramado donde la gestión irregular de fondos públicos convivía con un sistema paralelo de direccionamiento de compras, adjudicaciones a medida y pagos revertidos.
En este esquema, aparece como un eslabón clave Sergio Daniel Mastropietro, un empresario de la aviación y socio de Fred Machado, el controvertido financista de la campaña de José Luis Espert que será juzgado en EE.UU. por narcotráfico.
Su papel, según el dictamen del fiscal Franco Picardi, se concentró en el movimiento, administración y posible legitimación de las sumas obtenidas por el grupo comandado por Miguel Ángel Calvete, señalado como operador paraestatal dentro del organismo, con vínculos con funcionarios y con el propio Spagnuolo.
El extitular de Andis era cercano a José Luis Espert y visitó a Mastropietro en varias ocasiones.
La evidencia más concreta sobre la participación financiera de Mastropietro surgió de su vínculo con Baires Fly S.A., una empresa de aviación privada.
El 10 de septiembre de 2025, Calvete le envió a Mastropietro cinco archivos con transferencias bancarias que totalizaban cientos de millones de pesos hacia la cuenta de esa firma.
Los fondos provenían de droguerías favorecidas por la mecánica de adjudicaciones del área de Discapacidad: Profarma S.A., Prolite Orthopedics S.R.L. y Probock S.R.L..
Tras recibir los movimientos, Mastropietro envió facturas emitidas por Baires Fly S.A. a las mismas droguerías por montos idénticos.
El concepto utilizado era uniforme: “compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa”. La descripción fue considerada funcional a operaciones destinadas a disimular origen y destino del dinero.
Para la fiscalía, esta estructura encajaba en un patrón compatible con posibles maniobras de lavado de activos.
Un detalle: el dueño de la empresa Baires Fly es Luis Grande, expiloto de la gobernación de la provincia de Río Negro. Sugestivo, ya que tanto Fred Machado, como la diputada Lorena Villaverde -sindicada con vínculos con el posible narcotraficante-, tienen fuerte arraigo o son de Río Negro.
Información de inteligencia enviada por el Ministerio de Seguridad a Homeland Security, revelada por , apuntó previamente a que Mastropietro y Fred Machado no solo compartieron actividades societarias y vínculos empresariales ligados a la aviación, sino también un mismo domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en Juez Tedín 2860. Ese punto en común aparece como un nexo central en la relación entre ambos, que se refleja en la sociedad SO VAIN S.A. y en varios vuelos privados que realizaron juntos, incluidos traslados a Estados Unidos en 2016 y a Perú en 2019 con pasajeros de distintas nacionalidades.
Los registros ubican a Mastropietro en el núcleo operativo de confianza de Calvete.
El vínculo entre ambos se refleja en transferencias reiteradas, menciones constantes en comunicaciones internas y en el hecho de que Mastropietro era uno de los interlocutores a quienes Calvete consultaba sobre disponibilidad de dinero en efectivo.
Su nombre también aparece asociado a Alan Pocoví, considerado un participante en la circulación de los fondos.
La conexión no se limitó a Calvete. Mastropietro mantuvo contacto directo con Spagnuolo. La pesquisa verificó dos visitas al domicilio privado de Spagnuolo, en el barrio Altos de Campo Grande, durante 2025. Ambas coincidieron con ingresos casi simultáneos de Calvete y de su pareja, Guadalupe Ariana Muñoz, administradora de los fondos en efectivo utilizados por la organización.
La coincidencia temporal y el perfil de los participantes situaron a Mastropietro en reuniones donde se tomaban decisiones vinculadas al manejo de las ganancias obtenidas mediante direccionamientos y sobreprecios.
La participación societaria de Mastropietro también llamó la atención de los investigadores. En 2018 creó la firma MEGASTATICA S.A.S. junto a Lorena Di Giorno, funcionaria de la ANDIS. La sede social de esa empresa coincidía con el domicilio de INDECOMM S.R.L., otra sociedad vinculada a Calvete, lo que reforzó la hipótesis de un entramado societario coordinado para canalizar fondos.
El funcionamiento del circuito del dinero se volvió más visible durante los allanamientos del 9 de octubre de 2025. Ese día, Calvete intentó reubicar recursos ilícitos a través de Mastropietro y Pocoví, según consta en los mensajes recuperados. También pidió a otro colaborador que se comunicara con él para realizar una transferencia, aunque luego se informó que Mastropietro no podía concretarla. La secuencia permitió reconstruir la reacción interna del grupo ante la irrupción judicial y el rol asignado a cada integrante.
El origen del dinero que llegó a manos de Mastropietro fue trazado por la fiscalía hasta las maniobras perpetradas en la ANDIS. El esquema se centraba en la compra de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (PACBI) mediante licitaciones direccionadas y con sobreprecios. El proceso se apoyaba en un mecanismo de selección acotada de proveedores, donde un conjunto reducido de droguerías —entre ellas Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A.— concentraban la mayoría de las adjudicaciones. En las compulsas acotadas, solo Profarma y Génesis obtuvieron más del 93% de las órdenes de compra relevadas, por montos superiores a los 30.000 millones de pesos.
Ese dinero, proveniente de recursos del programa federal “Incluir Salud”, regresaba luego a los funcionarios responsables de direccionar las contrataciones. Una parte se distribuía en retornos para autoridades del organismo, como Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Eduardo González y Lorena Di Giorno. Otra parte alimentaba un circuito de triangulación y facturación donde intervenían Mastropietro y Pocoví.
La fiscalía consideró que el rol de Mastropietro integraba un comportamiento compatible con maniobras de lavado de activos. La emisión de facturas con conceptos considerados insuficientes, la recepción de transferencias millonarias de empresas adjudicatarias y la cercanía con los responsables políticos y operativos del esquema sostuvieron esa evaluación. Además, su vínculo con una empresa de aviación privada aportó un elemento adicional: la posibilidad de contar con medios que facilitaran movimientos de dinero o eventuales fugas.
Con esos elementos, se solicitó el allanamiento del domicilio de Mastropietro en San Isidro, con el objetivo de secuestrar documentación relevante, dispositivos electrónicos y cualquier registro vinculado a las transacciones detectadas. Para la investigación, su papel consolidó el circuito económico que permitió convertir fondos públicos desviados en activos con apariencia legítima.
Camila Dolabjian,Conforme a
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