Con la campaña electoral ya instalada, el bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña presentó un paquete de proyectos que, según describieron, busca “agilizar” el Estado, recuperar el orden público y bajar los impuestos. El anuncio llegó en medio de la tensión con el PRO por la disputa por la sucesión en la Ciudad de cara a 2027 y, además, del escándalo que involucra a Manuel Adorni por un vuelo privado y la compra de viviendas que generan sospechas sobre su patrimonio.

Cuando el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció una nueva línea de créditos hipotecarios con tasa subsidiada para la clase media, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, fue la primera en mostrar las tensiones. “Son las ideas que venimos impulsando desde el primer día y es hora de que se implementen en la Ciudad”, dijo, aunque expresó cierta “alegría” irónica. En privado, los libertarios hablan directamente de una “copia” por parte del PRO.

“Somos una oposición constructiva”, dicen en la bancada libertaria al referirse a la relación con el Ejecutivo porteño. Una definición que también utilizó Mauricio Macri a nivel nacional en su vínculo con el gobierno de Javier Milei. Aunque evitan pronunciarse sobre la estrategia electoral, con la presentación del paquete de medidas buscaron retomar la agenda política y “representar a los porteños que nos votaron”, según indicaron.

El espacio viene de cosechar una victoria en los últimos comicios que le permitió pasar de 3 a 14 legisladores. La lista fue encabezada por Adorni, quien sonaba como candidato a jefe de Gobierno porteño al igual que Patricia Bullrich. Hoy ambos parecieran estar hoy lejos de ese objetivo: Adorni, por las sospechas sobre la compra de viviendas y un vuelo privado; y la ministra de Seguridad, por el malestar que le generó que la acusaran de gestar esa operación.

Ahora, el bloque que preside Ramírez busca dejar atrás cualquier tipo de relación con la situación de Adorni e imponer una agenda parlamentaria con propuestas que incluyen una reforma impositiva con baja de tributos, medidas de simplificación administrativa y digitalización, incentivos a la inversión y cambios estructurales en el funcionamiento del Estado. A su vez, se contemplan reformas en materia institucional y de seguridad, como Ficha Limpia, la reforma del Código Contravencional, la baja de imputabilidad y una regulación más estricta del uso del espacio público.

Desde el bloque señalaron que incluso aspiran a conseguir apoyos de otros espacios, como el peronismo, para avanzar con la aprobación de las iniciativas. “Hoy La Libertad Avanza es el espacio más reformista de la Ciudad, con una agenda clara para mejorar las condiciones en las que viven, trabajan y producen los porteños”, sostuvo Ramírez.

A continuación, uno por uno, los proyectos presentados:

• Reforma Impositiva: incluye la eliminación de impuestos distorsivos y la reducción de Ingresos Brutos para pequeños contribuyentes. También contempla el Impuesto a Sellos en operaciones inmobiliarias, la reducción del impuesto inmobiliario, beneficios de hasta el 100% en Ingresos Brutos y la eliminación de tributos sobre instrumentos financieros, créditos y consumos financiados.
• Libertad comercial y simplificación: incorpora el silencio administrativo positivo y el reconocimiento de habilitaciones entre jurisdicciones.
• Modernización del Estado: establece el principio de “una sola vez”, un catálogo único de trámites obligatorio y la centralización de la información administrativa para reducir tiempos y discrecionalidad.
• Incentivo a inversiones (RIMI + RIGI): el RIMI prevé incentivos fiscales como la exención de Ingresos Brutos, Sellos y ABL, además de financiamiento del Banco Ciudad para inversiones medianas, mientras que la adhesión al RIGI garantiza estabilidad jurídica y beneficios para proyectos.
• Reforma VTV y autopartes: propone la sustitución del modelo actual por un sistema abierto y competitivo que permita validar la verificación técnica vehicular cuando el service se realice en talleres homologados. Además, elimina el esquema cerrado actual, habilita más prestadores, flexibiliza el grabado de autopartes, amplía plazos de revisión y elimina la fijación estatal de precios.
• Ley Bases porteña: busca achicar el Estado, desburocratizar la gestión, ampliar el alcance del silencio administrativo positivo, establecer plazos claros de respuesta, digitalizar trámites y crear un sistema más transparente y accesible.
• Reforma del Estado: incluye la eliminación de organismos superpuestos, una nueva ley de procedimiento administrativo con foco en la digitalización y la promoción de privatizaciones en actividades no esenciales.
• Ley de Comunas: el proyecto propone que solo cobren un salario los presidentes de las comunas y no el resto de los comuneros. “La iniciativa apunta a que las comunas asuman de forma efectiva funciones hoy superpuestas con el Poder Ejecutivo, reduciendo estructuras duplicadas, mejorando la gestión de cercanía y disminuyendo el gasto público”, señalaron.
• Ficha Limpia: busca impedir que personas con condenas por delitos graves accedan a cargos públicos, incluyendo delitos contra la administración pública, integridad sexual, narcotráfico, homicidio y trata de personas con condena confirmada en segunda instancia.
• Baja de imputabilidad: adapta la normativa local a la ley nacional, incorpora penas alternativas, monitoreo electrónico, reparación a la víctima y acelera los procesos judiciales.
• Reforma del Código Contravencional: propone endurecer las sanciones para garantizar el orden y la convivencia en el espacio público, con mayores penalidades por conductas violentas, protección reforzada a menores y sanciones por obstrucción del tránsito.
• Regulación de trapitos: establece un régimen más estricto para ordenar el uso del espacio público, con nuevas escalas de sanciones, agravantes por organización o intimidación y un esquema especial para eventos masivos con fiscalización activa.

La Libertad Avanza presentará una batería de reformas en la Legislatura porteña con cambios en empleo público, estructura del Estado, vivienda, Banco Ciudad, seguridad, sistema impositivo e inversiones. El paquete fue impulsado por el bloque que encabeza Pilar Ramírez y busca trasladar a CABA una agenda alineada con la que el Gobierno viene promoviendo en el Congreso.

Uno de los ejes centrales está en la reforma del Estado porteño. La Ley Bases para la Ciudad habilita reestructuraciones, revisiones de competencias, supresión de organismos y cambios administrativos. También incorpora un régimen de disponibilidad para el personal con estabilidad afectado por cierres de dependencias, reducción de dotación o eliminación de funciones, con la posibilidad de desvinculación si no se concreta una reubicación dentro del plazo previsto por la norma.

El mismo proyecto plantea además revisar concesiones, permisos y licencias sobre bienes del dominio público y privado de la Ciudad, junto con la adecuación de “cánones a valores de mercado”. Habilita además la transformación de empresas y sociedades con participación estatal en sociedades anónimas, siempre que no se trate de entes excluidos expresamente por la norma.

El bloque promueve una iniciativa para eliminar el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. El proyecto propone derogar la ley que creó el organismo y transferir sus funciones, bienes, personal y partidas presupuestarias a la Jefatura de Gabinete. Todos los movimientos de LLA en CABA cuentan con el respaldo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Otro de los proyectos apunta al Banco Ciudad. La propuesta modifica la Carta Orgánica para que el remanente de utilidades, una vez asegurado el patrimonio de la entidad, se destine exclusivamente a bonificar tasas o reducir costos administrativos de créditos hipotecarios para residentes de la Ciudad.

En materia de seguridad y espacio público, LLA presentó una reforma sobre trapitos que agrava sanciones y suma penalidades más altas en eventos masivos. El texto prevé además sanciones para jefes, coordinadores u organizadores y contempla multas y clausuras para estadios cuando se acredite participación directa o indirecta de personas vinculadas a clubes, instituciones u organizadores. Ese capítulo se complementa con cambios en el Código Contravencional y en el régimen de faltas.

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La batería también incluye cambios fiscales. Entre otras medidas, propone eliminar artículos del Código Fiscal vinculados al Impuesto a Sellos sobre operaciones inmobiliarias, derogar la Unidad de Sustentabilidad Contributiva y modificar el cálculo del impuesto inmobiliario y de la tasa de ABL.

Se suman la adhesión local al RIGI y la creación del RIMICABA, un régimen para inversiones medianas con exenciones de Ingresos Brutos, Sellos, Impuesto Inmobiliario y ABL para proyectos alcanzados por la normativa nacional. Con ese paquete, La Libertad Avanza busca delinear la hoja de ruta con la que impulsará la campaña por la Ciudad en las elecciones de 2027.

La Libertad Avanza, reforma, trapitos

El Gobierno todavía no terminó de elaborar el decreto reglamentario de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, por lo que hay artículos clave que aún no pueden aplicarse, como la instrumentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) o el procedimiento que facilitará la creación de sindicatos de empresa.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que el decretp reglamentario se está preparando en la Secretaría de Trabajo, la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia y el Ministerio de Desregulación, e incluso en el Ministerio de Economía, que tiene que reglamentar el FAL y lo relacionado con impuestos o rebajas impositivas.

Aun así, según las fuentes consultadas, la intención oficial es “reglamentar lo mínimo posible porque las leyes laborales normalmente no se reglamentan mucho”.

En la Casa Rosada interpretan que algunos artículos de la flamante Ley 27.802, que se promulgó el 6 de marzo pasado, no requieren reglamentación, como la finalización de la ultraactividad de los convenios, la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales y el tope del 2% para la cuotas solidarias, que limita el financiamiento de los sindicatos, pero hay otros que sí exigen un desarrollo reglamentario para aplicarse.

La CGT tenía expectativas de incidir en la redacción del decreto reglamentario para tratar de atenuar algunos artículos que afectan a los trabajadores o al poder sindical, pero en la central obrera admitieron que “por ahora” no fueron convocados para hacer su aporte.

La demora en reglamentar la ley ocasionó algunos inconvenientes: cuando se negociaban las paritarias del Sindicato de Camioneros, por ejemplo, algunas cámaras empresariales del interior pidieron al Gobierno que se abrieran las negociaciones a nivel de región o de empresa -tal como está contemplado en la reforma laboral- para no tener que aplicar aumentos que rigen en toda la actividad y que no podrían pagar, pero la respuesta oficial fue negativa. “La ley no está reglamentada, con lo cual no es plenamente operativa”, fue la contestación de los funcionarios libertarios.

Otro de los artículos que aún no se pudo instrumentar es el que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que representa una transformación estructural en el sistema de indemnizaciones al imponer un mecanismo de ahorro obligatorio y acumulativo para cubrir despidos en el sector privado, con el objetivo de limitar la litigiosidad y fortalecer el mercado de capitales local.

Como anticipó Infobae, la normativa vigente establece que el FAL debe estar operativo en junio próximo y la Comisión Nacional de Valores (CNV) trabaja contrarreloj para definir sus parámetros, pero el Ministerio de Economía sigue elaborando la reglamentación de ese punto, uno de los ejes de la flamante reforma laboral.

¿Qué artículos de la Ley de Modernización Laboral son de aplicación inmediata, sin necesitad de reglamentarlos? Marcelo Aquino, abogado laboralista que asesora a empresas, dijo a Infobae que “uno de esos puntos vigentes es el que modifica el principio de irrenunciabilidad y que ahora permite la negociación individual de aquellas cláusulas acordadas en forma voluntaria entre empleador y trabajador o en forma unilateral dadas por el empleador, la posibilidad de que el trabajador se considere despedido y no que pida la reinstalación en el puesto de trabajo en caso de ejercicio abusivo del cambio de condiciones laborales o el otorgamiento de vacaciones en todo el año».

Para Aquino, “entre las normas de la Ley de Contrato de Trabajo que requieren de una reglamentación figura, por ejemplo, la eliminación del artículo 52, que es el libro de registro de sueldos y jornales porque ahí dice que se va a establecer un sistema de registración exclusivamente por ARCA, sujeto a las disposiciones que dicte la reglamentación”. “Hoy existe un libro digital de ARCA, pero no sé hasta dónde eso es considerado suficiente para la entidad recaudatoria”, agregó.

Aquino afirmó que “el otro aspecto que también está vigente pero igual sería bueno que se reglamente para que sea más operativo es la posibilidad de que el trabajador tenga su certificado de trabajo en forma virtual por medio del sitio web de la ANSES o de ARCA y así eximir al empleador de tener que entregarlo”.

Para este abogado, los artículos vinculados con la regulación de los fomentos de empleo, modalidades de contratación donde se permite una reducción de contribuciones, están sujetos a una reglamentación que todavía no salió, pero van a estar vigentes desde abril».

De la misma forma, sostuvo Aquino, “hay otras normas sobre asociaciones sindicales de la reforma laboral que ya están vigentes desde el 6 de marzo y de los convenios colectivos también, como algunas cláusulas que por estar ultraactivas no resultan exigibles y por ende, algunas empresas tienen que dejar de retener alguna cuota de aporte solidario o alguna contribución que hacían las empresas hacia los sindicatos”.

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