POLITICA
Mauricio Macri encabeza un encuentro del PRO para analizar los cierres de alianzas en todo el país: la incógnita por CABA

Mauricio Macri convocó para este jueves una reunión clave del Consejo Nacional del PRO, que se realizará por Zoom, con la participación de representantes de todo el país. El encuentro tendrá como eje revisar la estrategia nacional frente al vencimiento del plazo judicial del 7 de agosto para la presentación de alianzas. Pero también buscará ordenar un mapa interno cruzado por tensiones, como el reciente fallo de la Justicia Electoral que anuló la intervención partidaria en Córdoba, o las dudas en CABA entre la posibilidad de reeditar JxC o acordar con LLA, tras la magra elección local que tuvo el partido amarillo en mayo.
“La convocatoria tiene que ver con resolver algunas cuestiones formales, como qué hacer con la intervención en Córdoba. Respecto al mapa de alianzas, no se va a resolver nada porque no es una instancia formal, lo que sí se va a revisar es cómo se avanzó en el marco de la libertad de acción según cada provincia”, explicó a Infobae un dirigente nacional del PRO.
Esa libertad, que el propio Macri propició a mediados de junio para hacer la “mejor peor elección posible” y para lograr acuerdos “con dignidad”, ya se traduce en alianzas de geometría variable: en provincias como Jujuy, Santa Fe, Corrientes, Chubut o La Rioja se trabaja para rearmar una versión renovada y más amplia de Juntos por el Cambio; mientras que en Tucumán y Entre Ríos, el PRO analiza alianzas con La Libertad Avanza, en sintonía con la experiencia que tiene su curso en la provincia de Buenos Aires.
En Mendoza se da un caso singular: los máximos referentes de La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical (UCR) hicieron oficial la semana pasada el acuerdo que venían trabajando ambos espacios y competirán juntos en las elecciones legislativas de octubre. El PRO quedó afuera del acuerdo, a pesar de la relación que existe con los libertarios en otros distritos y el pasado común con el gobernador radical Alfredo Cornejo.
“Ahí seguramente vayamos a enfrentar al radicalismo. El PRO no integra el frente Cambia Mendoza, que ya fue anunciado. Vamos camino a enfrentar a esa alianza”, sostuvo uno de los armadores partidarios en el interior del país.
En paralelo, la Ciudad de Buenos Aires aparece como otro eje de discusión. Un sector del partido, más cercano a Mauricio Macri y al diputado nacional Cristian Ritondo, presiona para que Jorge Macri insista en buscar un acuerdo con LLA, a pesar de la pirotécnica campaña y las acusaciones cruzadas para los comicios desdoblados de mayo. Hasta el momento, LLA se opone. Sin embargo, en las últimas horas, la Casa Rosada abrió una instancia de negociación.
“Jorge ya había dicho que hubiese querido acordar, y parece que ellos ahora abrieron la puerta; hay conversaciones preliminares”, señalaron a Infobae fuentes cercanas al jefe de Gobierno porteño, que ya dan por descontada la candidatura de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como senadora.
La otra opción es, de nuevo y como en otros distritos, la posibilidad de rearmar un Juntos por el Cambio, pero con nuevo nombre y actores. ¿Qué hará Horacio Rodríguez Larreta? Cerca del excandidato presidencial desmienten un acercamiento.
Dentro de esta opción, las oficinas de Uspallata analizan varios nombres como candidatos: María Eugenia Vidal, como diputada, y un lugar para Diego Guelar. El exembajador en Estados Unidos ya se mueve para disputar un lugar en la lista de senadores.
El caso cordobés
Córdoba es un territorio clave. Una de las provincias que más electores aporta en la discusión nacional y, además de CABA, uno de los centros de adhesión más importantes que supo tener Mauricio Macri, en particular, y el PRO, en general. La última semana sumó un fuerte componente judicial: la Cámara Nacional Electoral revocó el fallo de primera instancia y declaró inválida la intervención partidaria dispuesta por el PRO Nacional en diciembre pasado, al considerar que la convocatoria a la reunión en la que se resolvió no cumplía con los requisitos formales, como la inclusión del tema en el orden del día.
Es un reclamo que lleva adelante el diputado nacional Oscar Agost Carreño, desplazado de la presidencia del partido a nivel provincial. Cerca de Macri le recriminan no plegarse a las necesidades del partido en el Congreso y votar en sintonía con el bloque Encuentro Federal, junto a Nicolás Massot, que supo ser jefe de la bancada PRO durante la presidencia de Cambiemos.

Pese a este revés judicial, el interventor actual, Henry Leis, ratificó su compromiso con la conducción del PRO Córdoba. Lo hizo a través de un comunicado difundido esta semana tras una reunión de la Mesa de Conducción Política provincial, que incluyó intendentes, dirigentes y legisladores. “Manifestamos nuestro respaldo al proceso de intervención oportunamente dispuesto y solicitado por afiliados del PRO Córdoba para ordenar, democratizar y reconstruir una estructura vaciada de contenido”, afirmaron.
En este contexto, la reunión de mañana podría definir una nueva intervención: “El objetivo es mantener el control partidario, entendiendo que Agost Carreño tomó otro camino, que de hecho se expresa en la Cámara de Diputados, donde ni siquiera integra el bloque del PRO. Entonces, el objetivo del PRO Nacional es mantener el control del PRO provincial, y llamar a una nueva intervención”, graficaron desde el partido amarillo a Infobae.
En este panorama, la idea de Macri es avanzar con un acuerdo con el radical Rodrigo De Loredo. La semana pasada, a su vez, la UCR de Córdoba quedó habilitada para cerrar un acuerdo con La Libertad Avanza.
“Es posible que el PRO nacional intente apelar el fallo mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o impulse otras maniobras para retener la lapicera en beneficio de unos pocos, no de los cordobeses. Yo voy a seguir dando la batalla y defendiendo a los afiliados y a las autoridades legítimas hasta donde sea necesario“, cuestionó Carreño este miércoles.
La situación cordobesa se enmarca en una estrategia nacional de intervención partidaria en distritos clave. En junio pasado, Macri prorrogó por seis meses las intervenciones del PRO en Córdoba, Santa Cruz, Santiago del Estero, Corrientes y San Luis, con el objetivo de garantizar una conducción alineada con la estrategia nacional de alianzas.
En Corrientes, la decisión de intervenir respondió al riesgo real de judicialización en el marco del cierre de listas para el pasado 30 de junio. La conducción nacional del PRO tomó el control del distrito para evitar que las disputas internas dejaran al partido sin representación o envuelto en un proceso legal. Es más, el propio Macri viajó para sacarse una foto con el gobernador Gustavo Valdés, ratificar su apoyo al frente oficialista de cara a las elecciones del 31 de agosto.
En Salta y Tierra del Fuego, las intervenciones se mantienen por falta de condiciones básicas. No hay conducción política activa ni órganos partidarios en funcionamiento. La estrategia nacional es reconstruir con referentes de segunda línea y militancia residual, apostando a futuras elecciones internas. “Hemos dado la directiva de que nos informen qué propuestas tiene la dirigencia local, en estos casos aún no hay un panorama claro”, indicaron. Este jueves podría haber más definiciones.
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POLITICA
Javier Milei recibió al ministro de Justicia en Olivos para revisar el nuevo Código Penal

El presidente Javier Milei mantuvo una reunión en la Quinta de Olivos con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El objetivo del encuentro, del que participó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue el revisar el proyecto de ley del nuevo Código Penal antes de someterlo a discusión en el Congreso de la Nación.
El proyecto en cuestión lo había redactado el antecesor de Mahiques en Justicia, Mariano Cuneo Libarona, quien lo dejó listo antes de dar un paso al costado. Este martes, el escrito se sometió a revisión por parte de los hermanos Milei y Mahiques.
Juan Bautista Mahiques afirmó que iniciará el proceso para cubrir más de 200 cargos de jueces y fiscales
Javier Milei busca que el nuevo Código Penal respete, ante todo, los principios liberales de busca imprimir su Gobierno a la Justicia y al Estado.
Mahiques por su parte, desde que asumió el cargo se propuso como nueva tarea, achicar el proyecto original de Cúneo Libarona, ya que, en su opinión, le parecía extenso y podían simplificarse algunos ítems.
El Gobierno demora las reformas al Código Penal y propiedad privada y redefine su estrategia en el Congreso
El nuevo ministro de Justicia también se contactó, en medio de su revisión del proyecto de ley, con el cuerpo especializado que se encargó de redactar, con el anterior funcionario, el proyecto de ley. La comisión se integra por varios jueces y lo encabeza el Doctor en Ciencias Jurídicas, Jorge Buomparte.
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POLITICA
Quién es Miriam Fernández, la nieta recuperada que aparece en el video del Gobierno por el Día de la Memoria

Con motivo de los 50 años del golpe militar de 1976 y en el marco de la conmemoración del Día de la Memoria, el Gobierno publicó un video de poco más de una hora en el que cuestiona al kirchnerismo bajo el lema de “Las víctimas que quisieron esconder” y refuerza su postura de “memoria completa”. El material incluye el testimonio de Miriam Fernández, la nieta recuperada número 127.
Fernández, oriunda de Mendoza, fue restituida el 27 de diciembre de 2017, cuando se confirmó que es hija de María del Carmen Moyano y Carlos Simón Poblete. Según relata en el documental, decidió —mediante un proceso judicial— mantener el apellido de sus padres de crianza, Armando Osvaldo Fernández e Iris Yolanda Luffi —fallecida en 2023—. “Elegí la familia esa, que iba a seguir siendo Fernández siempre”, sostuvo.
De acuerdo con el sitio web de Abuelas de Plaza de Mayo, Fernández nació en cautiverio en la entonces Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Sus padres —que compartieron militancia en la organización Montoneros— habían sido secuestrados entre abril y mayo de 1977 en Córdoba, cuando la mujer estaba casi a término de su embarazo, y habían sido llevados al centro clandestino La Perla. Ambos continúan desaparecidos.
Testimonios de sobrevivientes indicaron que el parto fue asistido por el médico Jorge Luis Magnacco, posteriormente condenado por delitos de lesa humanidad.
En octubre de 2017, Fernández fue citada a realizarse un análisis de ADN que, dos meses más tarde, confirmó su identidad biológica. “Un día llegó a mi casa una notificación para que yo me presentara. Como yo ya sabía de qué se trataba, me tuve que fugar prácticamente; me tuve que ir el día de la citación. Fue una comitiva de la CONADEP, del banco genético, para hacerme la prueba genética y yo decidí irme”, recordó.
“Estuve una semana fuera hasta que esta gente se fuera y el día de la citación, como no me presenté, me mandaron Gendarmería a mi casa a custodiar y a ver por qué no me había presentado», añadió y lamentó: “Había hasta vecinos míos que estaban camuflados, que eran gente de inteligencia, por así decir, donde en el expediente había fotos, horarios de donde yo entraba, salía, con quién entraba. Una invasión a la privacidad terrible”.
Casi cuatro años después, en 2021, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza condenó a Osvaldo Fernández —quien trabajaba en el Departamento de Informaciones (D-2) durante la dictadura— y a Luffi a 15 y 10 años de prisión, respectivamente, por los delitos de “retención y ocultamiento de una menor, alteración del estado civil y falsedad ideológica de documentos públicos”. Abelardo Santiago Garay, otro integrante del (D-2), recibió una pena de ocho años por falsificar su rol como testigo del nacimiento.
Fernández recibió, además, —en el marco de una decena de juicios— dos condenas a prisión perpetua y otras penas por delitos cometidos durante la dictadura. En 2023 recibió una nueva condena a perpetua por la desaparición de Daniel Moyano.
“¿Dónde está el negocio de hacerse cargo de una niña ajena, darle educación, darle amor, darle valores? Eso no es un negocio; eso es amor. Mi infancia fue hermosa. Fui criada en el seno de una familia de un padre, una madre y cinco hermanos», subrayó y apuntó: “Me defino como una ciudadana más que trata de no victimizarme y que nadie me victimice por la situación que viví”.
Crítica de las políticas de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Fernández eligió que el anuncio de su restitución se hiciera en el anonimato, sin dar a conocer su identidad en ese entonces.
Bajo la consigna “Nunca más” que marcó a generaciones, organismos de Derechos Humanos, sindicatos y organizaciones sociales llamaron a marchar en todo el país portando fotos de los desaparecidos, que organismos de derechos humanos cifran en 30.000.
A media jornada de este día feriado, la Plaza de Mayo comenzaba a llenarse de gente portando carteles. “No nos han vencido”, se leía en algunos. Globos blancos se elevaban en el aire con las fotos de desaparecidos y la leyenda “Aún te estamos buscando”.
El camión que traslada a las Madres de Plaza de Mayo y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con su gabinete avanzaba a paso de hombre por la Avenida de Mayo. El mandatario, Verónica Magario y otros funcionarios saludaban a la caravana de gente que acompaña el recorrido.
En algunos tramos, el cántico “Axel presidente” se hace escuchar. En el acoplado del camión (marca Iveco) viajan los ministros bonaerenses Andrés Larroque, Walter Correa, Javier Alonso y Carlos Bianco, entre otros. También, intendentes como Lucas Ghi (Morón), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), o Andrés Watson (Florencio Varela).
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POLITICA
Extendieron el plazo para que las provincias adhieran al régimen de pago de deudas que la Nación tiene con ellas

El decreto que dio orígen al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas se publicó en octubre de 2024 y tenía como objetivo saldar las deudas de la Nación con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y viceversa. A partir de una nueva normativa publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, el Gobierno extendió el plazo para las jurisdicciones que quieran inscribirse.
Así, mediante el artículo primero del decreto 171/2026 establecieron que los interesados “podrán manifestar ante la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, a través de la máxima autoridad de la jurisdicción, su voluntad de participar del Régimen, en el plazo de 60 días hábiles administrativos, contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, el que podrá ser ampliado -por única vez- por la Autoridad de Aplicación”.
Con la reciente publicación, el Poder Ejecutivo realizó una serie de cambios sobre los primeros artículos, además del mencionado período. Los nuevos procedimientos para facilitar la compensación y cancelación de deudas entre jurisdicciones, incluyen además el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para que las jurisdicciones presenten la documentación respaldatoria de las obligaciones que deseen incluir, en línea con lo dispuesto en el artículo 4° reformulado.
Al respecto, indicaron que los organismos y dependencias competentes de la administración central deberán elaborar informes técnicos sobre la verosimilitud, cuantificación y conveniencia de incorporar las obligaciones al régimen, y que toda presentación requerirá intervención previa del servicio jurídico del Ministerio de Economía. Se incorpora la figura del artículo 5° bis, que asigna a cada parte -es decir las provincias, CABA y el Estado Nacional- la responsabilidad de validar y proponer las deudas y acreencias que serán negociadas y consensuadas en los acuerdos respectivos.

En caso de discrepancias que puedan surgir de los informes, se procederá con una “instancia de negociación, que deberá ser llevada a cabo en el marco de los principios de buena fe y lealtad federal, a efectos de arribar a un consenso entre las partes” en un plazo máximo determinado previamente, el cual podrá prorrogarse “si la Autoridad de Aplicación lo estime pertinente”.
El decreto también adapta el procedimiento para los casos en los que las obligaciones estén sometidas a litigios judiciales o arbitrales, requiriendo la intervención previa de la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, conforme a la Ley 24.156 de Administración Financiera.
Cuando el Gobierno avanzó por primera vez en este punto, el entonces vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, explicaba en conferencia de prensa que para los distritos será opcional adherir y el Ejecutivo podrá entregar tierras, empresas, rutas y otros bienes para cancelar los pasivos.
“En las últimas décadas, el centralismo creciente por parte de la Nación ha llevado a que las relaciones financieras y económicas entre el Ejecutivo y las provincias no sean tan ordenadas. El objetivo nuestro, y como lo viene planteando el presidente desde hace mucho tiempo, es caminar junto con los gobernadores hacia un verdadero federalismo”, dijo el entonces minsitro y actual presidente de La Libertad Avanza en Tucumán.

Este proceso planteó como principal objetivo “extinguir, total o parcialmente, las obligaciones recíprocas entre las jurisdicciones parte para facilitar el proceso de saneamiento de las cuentas públicas”.
En ese momento, se le otorgaban a los interesados 30 días hábiles para ejecutar las presentaciones en donde explicaban que buscaban “ser creativos en las herramientas que podemos utilizar. A modo de ejemplo se me ocurre, hoy hay empresas del Estado Nacional que están radicadas en provinciasy que su principal actividad económica repercute también en el movimiento económico provincial”.
Tras la publicación de la medida ocho gobernadores decidieron adherirse al régimen, entre ellos, Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Nacho Torres (Chubut), Hugo Passalacqua (Misiones), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Valdés (Corrientes).
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