La estrategia del Gobierno para aprobar en el Congreso el convenio firmado anoche que traspasa las competencias de la justicia del trabajo a la Ciudad de Buenos Aires es tratarlo junto con la reforma laboral en el Senado. Luego deberá pasar el filtro de la Legislatura porteña.

Como contrapartida, los jueces nacionales rechazaron esta iniciativa, se declararon en alerta y convocaron para mañana a una asamblea en la Asociación de Magistrados. En tanto, el gremio de los judiciales de Julio Piumato llamó a un paro nacional para mañana con movilización ante la Cámara laboral.

Es que el cambio supone un avance sobre la justicia laboral nacional y salda una deuda de 30 años con la autonomía porteña.

La movida fue silenciosa y se gestó durante todo el verano, cuando los gobiernos porteño y nacional conversaron sobre los términos del acuerdo. Se firmó anoche. Por un lado el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, y por otro el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Esta mañana apareció en el Boletín Oficial una resolución del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que le daba a Adorni esa potestad

Ahora, para que ese convenio de traspaso de competencias sea operativo, debe ser aprobado por el Congreso y la Legislatura. El Gobierno −dijeron fuentes oficiales a − lo llevará al recinto con la ley laboral.

Es que uno de los artículos de la ley, el 91, alude a ese convenio. Dice que la Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente ese acuerdo de transferencia de competencias. Es el punto de partida para la disolución progresiva del fuero laboral nacional.

En lo inmediato, aún cuando se firme el convenio, no desaparecerán ni los jueces laborales ni los empleados, ya que seguirán tramitando las causas existentes, como una suerte de fuero residual.

Las nuevas causas, en cambio, serán tramitadas en la justicia laboral de la Ciudad. Los concursos para jueces laborales nacionales que están en marcha quedan congelados, ya que no se cubrirán esas vacantes.

El convenio contempla la competencia material y la función judicial de la Justicia del Trabajo en la Ciudad.

Pero se excluyen y se dejan a cargo del fuero federal (contencioso administrativo, por ejemplo) los conflictos colectivos, la negociación colectiva y medidas de acción sindical, la asociación sindical, los asuntos derivados del pacto federal de trabajo o causas en que sea parte el Estado nacional.

Los jueces laborales nacionales quedarían entonces como parte de una justicia residual y transitoria tramitando causas que ya están en trámite.

La Justicia de la Ciudad asumirá las nuevas causas desde la puesta en funcionamiento del nuevo fuero del trabajo porteño, en un plazo máximo de 180 días desde la aprobación del convenio por el Congreso.

Se dispone, asimismo, el cierre de los juzgados nacionales vacantes y la Sala VII de la Cámara Nacional del Trabajo, que no tiene integrantes.

Y se ratifica en el convenio que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad es la autoridad a atender en los recursos de inconstitucionalidad, luego de que la Corte estableció en el fallo Levinas que la Corte es el tribunal superior de la causa, es decir, el que interviene en las apelaciones de todos los juicios ordinarios laborales, penales, civiles o comerciales.

Asimismo, el Estado se compromete a no promover nuevas designaciones en la justicia laboral, aunque hoy mismo el Consejo de la Magistratura de la Nación llamó a concurso para una vacante de camarista laboral.

La novedad tomó desprevenidos a los jueces laborales. Esta mañana estallaron los mensajes en el grupo de WhatsApp de los jueces de primera instancia y de los camaristas de la justicia laboral.

Mientras pensaban en pedir audiencias y explicaciones, el asunto ya estaba resuelto y el convenio firmado, además de ingresado a la mesa de entrada del Senado a la espera de ser votado.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional convocó para mañana a las 17 a sus socios del fuero laboral para conversar con la mesa directiva del organismo.

En paralelo, la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, que es el gremio que conduce Piumato, llamó para mañana a las 12 a un paro nacional de actividades, con movilización a la Cámara del Trabajo.

El sindicato luego acompañará la movilización contra la reforma laboral que realizará la CGT en el Congreso.

La ola de objeciones contra el desarrollo del juicio por los Cuadernos de las Coimas -la megacausa de corrupción que nació con las anotaciones de un chofer del Ministerio de Planificación- continuó este martes con los planteos de cuatro empresarios arrepentidos y un exfuncionario del kirchnerismo.

El primero en exponer fue Manuel Ubeira, abogado defensor de Oscar Thomas, exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), desde la cual se contrataba a empresas vinculadas al presunto esquema de coimas. Thomas fue señalado como un engranaje clave en el mecanismo: desde su función de director, habría oficiado de nexo entre empresarios y funcionarios en uno de los tramos de la maniobra. Por eso, fue acusado por la fiscalía como parte de la asociación ilícita.

En su descargo, Ubeira -que en otras causas es abogado de la expresidenta Cristina Kirchner- apuntó contra la ley de arrepentido, uno de los pilares de este expediente. Con un amplio abanico de alusiones históricas y sociológicas, cuestionó la constitucionalidad de la norma y el presunto uso “extorsivo” que habrían hecho de ella el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio.

“Siempre que hubo una persona en objeto de investigación, siempre tuvo la posibilidad de sumarse al poder de turno para incriminar a otros y ver si obtenía alguna ganancia”, arremetió.

Sostuvo que la ley es un subproducto de la Constitución de 1994, -algunos de cuyos aspectos criticó-; que está impulsada por la “economicidad procesal” y que no busca “averiguar la verdad” sino “liquidar causas”.

Dijo también que la Corte Suprema todavía no se había “expedido de forma clara” respecto a la norma (27.304), pese a que en 2023, el máximo tribunal la respaldó al desestimar una presentación de la defensa del exministro Julio De Vido que cuestionaba la ley.

Ubeira optó por realizar su planteo frente a los jueces, de manera presencial, en el Tribunal Oral Federal N°7, ubicado en el Palacio de Tribunales. El abogado hizo un paralelismo del arrepentido con la figura del “buchón”, recitó fragmentos de Borges, pasajes de la Biblia, aludió “a la última cena” de Leonardo da Vinci y se remitió a conceptos sociológicos, entre otras estrategias, para sostener que “la delación hiere los sentimientos más profundos y básicos de lo que nosotros en lo cotidiano manejamos”.

“¿Para qué necesitamos la ley del arrepentido?”, interpeló. “Los compañeros míos del arrabal detestaban al buchón, al vigilante, al botón”, graficó en otro tramo de su presentación.

El planteo tuvo lugar en una instancia previa a las indagatorias del juicio, que está diseñada para formular planteos sobre cuestiones novedosas que hayan podido surgir entre el cierre de la instrucción y el comienzo del juicio, pero cada magistrado tiene un criterio propio respecto a qué se puede escuchar en esta etapa.

Casi una treintena de los 86 imputados, incluida la expresidenta Cristina Kirchner, solicitaron al tribunal exponer sus reparos contra el proceso, muchos de los cuales ya fueron atendidos en instancias anteriores y rechazados.

El resto de los imputados

Después que el exfuncionario Thomas, distintos empresarios que declararon como imputados colaboradores presentaron diversos planteos, nulidades o requerimientos adicionales.

Fueron Rodolfo Poblete, gerente de Hidrovía S.A, quien admitió haber pagado 600 mil dólares en 2010 a Roberto Baratta, la mano derecha del exministro Julio de Vido; Alberto Taselli, presidente de Faraday S.A. y hermano de Sergio Taselli, que también forma parte del juicio; Miguel Marcelino Aznar, de la firma Decavial S.A, señalado por organizar la recaudación en torno a los corredores viales y acusado como miembro de la asociación ilícita.

Por su parte, el empresario Armando Loson, de Albanesi S.A., dirigió sus críticas contra los dos cuadernos que lo incriminan en la maniobra.

Apoyado en un peritaje de Gendarmería y en otro procedimiento privado, su abogado, Ricardo Gil Lavedra, dijo que dos de los ocho cuadernos de Centeno habían sido adulterados y que su cliente Loson no debía ser juzgado en el proceso. “Las menciones a Armando Loson en los cuadernos 7 y 8 son producto de enmiendas tachaduras y agregados de terceras personas diferentes a Centeno”, afirmó.

También sostuvo que Loson “fue forzado a arrepentirse” y dijo que cuando estuvo preso “se le hizo saber que obtendría la libertad si se arrepentía”.

Hasta ahora, muchos de los planteos realizados contra el caso en esta etapa apuntaron a intentar deslegitimar el origen de la causa y a cuestionar el uso que el fiscal Stornelli y el juez Bonadio hicieron de la ley del arrepentido, uno de los ejes centrales del caso junto a los cuadernos del chofer Oscar Centeno, dados a conocer por , con anotaciones repletas de detalles sobre el sistema de cobros que hoy está siendo examinado en el juicio.

En la hoja de ruta trazada por el Tribunal está previsto que las indagatorias comiencen en marzo.