La investigación judicial por el viaje del jefe de Gabinete Manuel Adorni a Punta del Este en vuelos privados sumó un nuevo capítulo judicial. El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen en el que solicitó al juez federal Ariel Lijo que autorice una serie de medidas para profundizar la pesquisa, entre ellas el acceso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) al expediente, pedidos de información a la Dirección Nacional de Migraciones y requerimientos a la empresa propietaria de la aeronave involucrada.

El planteo del fiscal se inscribe en la causa caratulada “Adorni, Manuel s/malversación de caudales públicos y otro”, en la que se investiga el viaje del funcionario y el financiamiento de los vuelos privados. En su presentación, Pollicita sostuvo que las diligencias solicitadas buscan continuar colaborando con la profundización de la investigación y complementar medidas que ya fueron ordenadas por el juzgado.

Entre los pedidos centrales, el fiscal requirió que se libre un oficio a Migraciones para que remita la totalidad de los registros de egreso y reingreso al país de Manuel Adorni y del periodista Marcelo Grandio desde el 1° de enero de 2023 hasta la actualidad.

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También solicitó información sobre los movimientos migratorios de la esposa del vocero presidencial, Bettina Julieta Angeletti, y de otras personas que hayan integrado los vuelos investigados, con especial foco en los desplazamientos registrados entre el 12 y el 17 de febrero de 2026.

El requerimiento incluye datos detallados: fechas, horarios, pasos fronterizos utilizados, medios de transporte y cualquier otra constancia disponible. Además, el fiscal pidió que el organismo realice un cruce de la información para determinar si las personas mencionadas realizaron otros viajes en conjunto o hacia los mismos destinos en fechas cercanas.

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Otro punto del dictamen apunta al registro interno de esos movimientos en el sistema migratorio. Pollicita solicitó que se identifique a los usuarios del organismo que intervinieron en la carga, validación o modificación de los registros vinculados a los vuelos investigados, con detalle de nombres, áreas de pertenencia, fechas, horarios e incluso las terminales e IP utilizadas en el proceso.

En paralelo, el fiscal pidió que el juez autorice a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a intervenir en el expediente y en actuaciones complementarias. Según surge del dictamen, el objetivo es que ese organismo pueda analizar aspectos vinculados con la actuación administrativa de los funcionarios y de terceros involucrados en el caso.

La intervención de la PIA, de concretarse, permitiría que ese organismo examine la documentación del expediente y utilice las herramientas con las que cuenta para evaluar eventuales irregularidades administrativas relacionadas con el uso de recursos del Estado y con la actuación de quienes aparecen mencionados en la causa.

El dictamen también incluye un requerimiento dirigido a la empresa JAG Executive Aviation S.A., propietaria del avión involucrado en los vuelos investigados. Pollicita solicitó que la firma informe si recibió alguna carta documento u otra intimación vinculada con los hechos del expediente, en particular la que, según declaró una testigo, habría sido enviada en el marco del conflicto por la factura correspondiente al tramo de regreso del viaje.

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El pedido apunta a que la empresa detalle la fecha de recepción de esa comunicación, quién la remitió, quién la recibió dentro de la firma, qué tratamiento interno se le dio y si fue respondida. También solicitó que se acompañe copia de la documentación vinculada con ese intercambio.

Las nuevas medidas se suman a una serie de movimientos recientes dentro del expediente. En los últimos días, el juez Lijo dictó medidas de protección para una testigo clave de la causa, Vanesa Elizabeth Tossi, secretaria de la empresa aérea JAG Executive Aviation. La decisión se tomó luego de un pedido del fiscal Pollicita, tras la denuncia de la mujer sobre presuntos hostigamientos y presiones.

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Según se informó, el magistrado ordenó que el periodista Marcelo Grandio —amigo de Adorni y uno de los implicados en la investigación— se abstenga de contactarla por cualquier vía y estableció una restricción de acercamiento a su domicilio, su lugar de trabajo y otros ámbitos de concurrencia habitual. La medida se adoptó después de que la testigo relatara que, mientras declaraba ante la Justicia, recibió llamados y mensajes de Grandio.

En su testimonio, Tossi sostuvo que el periodista fue quien pagó el traslado y que habría pedido que no se emitiera factura por ese servicio. A partir de ese episodio, el fiscal impulsó además una investigación paralela para determinar si existieron amenazas o coacciones relacionadas con su declaración.

Manuel Adorni, Gerardo Pollicita, Ariel Lijo

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El bloque peronista en la Cámara de Diputados de la Nación impulsó un proyecto de ley que propone una “Reparación Histórica Malvinas” para quienes participaron en el conflicto del Atlántico Sur en 1982, estableciendo un beneficio económico para ex soldados y civiles afectados. La iniciativa, acompañada por 19 legisladores, busca saldar una deuda pendiente con quienes fueron protagonistas durante la guerra y sus familias, de acuerdo con la documentación parlamentaria.

La iniciativa de “Reparación Histórica Malvinas” lleva la firma de Victoria Tolosa Paz, Aldo Leiva, Guillermo Michel, Kelly Olmos, Nancy Sand, Jorge Araujo Hernández, Pablo Yedlin, Claudia Palladino, Marianela Marclay, Guillermo Snopek, Jorge Mukdise, Juan Pablo Luque, Ana María Ianni, Hilda Aguirre, Ernesto Alí, Graciela de la Rosa, Cristian Andino, Ariel Rauschenberger y Gabriela Pedrali.

El texto presentado en el Congreso de la Nación establece que el beneficio alcanzará a las personas que, cumpliendo con el Servicio Militar Obligatorio, participaron como soldados en acciones de combate en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM), en las Islas Georgias y Sándwich del Sur, así como a civiles con funciones de apoyo en esos escenarios. Según consta en el proyecto, también se incluyen a quienes intervinieron en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), siempre que la participación haya sido debidamente certificada por las autoridades competentes, en concordancia con la Ley 23848 y el decreto reglamentario 2634/90.

El proyecto estipula que el beneficio económico será equivalente a 104 haberes mínimos jubilatorios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pagaderos en 24 cuotas consecutivas y actualizadas conforme a la Ley de Movilidad Jubilatoria 24241. La base del cálculo incorpora tanto el haber mínimo garantizado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) como el bono previsional vigente. De acuerdo con la iniciativa, la suma se encuentra exenta del Impuesto a las Ganancias, lo que implica un impacto directo en el poder adquisitivo de los beneficiarios.

El articulado prevé que, en caso de fallecimiento del titular, el derecho a la reparación histórica se traslada a los derechohabientes, incluyendo padres, madres, viudas, viudos, convivientes e hijos menores de edad. El texto detalla la forma de distribución del beneficio y especifica la compatibilidad con otros ingresos previsionales, remunerativos u honoríficos de carácter nacional, provincial o municipal. Los legisladores aclararon que, si el titular falleció antes de la eventual sanción de la ley, los derechohabientes igualmente podrán solicitar el beneficio.

La adhesión a la “Reparación Histórica Malvinas” implica la renuncia a reclamos administrativos o judiciales por retroactivos vinculados a la pensión de guerra de la Ley 23848. El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a reglamentar la norma en un plazo máximo de 60 días, tras lo cual la ley se considerará operativa y la certificación de los beneficiarios estará a cargo del Ministerio de Defensa. La ejecución y el pago quedarán bajo la órbita de la ANSES, organismo encargado de la seguridad social en Argentina.

El texto parlamentario surge tras un proceso de diálogo con agrupaciones de ex combatientes, como la Mesa de Coincidencias Malvinas, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata y el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas (CEVECIM) Berisso. Los fundamentos del proyecto recuerdan que, tras el regreso de los soldados, el Estado demoró en implementar políticas de contención y reconocimiento para quienes participaron en el conflicto, situación que provocó graves consecuencias sociales y personales.

Los autores del proyecto remarcaron que en 1990 se sancionó la primera ley que otorgó una pensión graciable a los ex combatientes, aunque durante años el acceso al trabajo y la inserción social resultaron problemáticos. “Las secuelas que dejó el conflicto fue desbastadora, se estima que existieron la misma cantidad de bajas producidas en la guerra que en la posguerra”, detalla el texto, que también subraya la discriminación laboral y la falta de respuesta estatal en los primeros años de la democracia.

En los fundamentos, los diputados señalaron que recién a partir de 2004, con la gestión del presidente Néstor Kirchner, se inició un proceso de reconocimiento más activo hacia los ex combatientes, a través de decisiones políticas orientadas a reparar la deuda histórica con ese colectivo. Según la argumentación presentada, la propuesta busca ampliar ese camino y otorgar un reconocimiento económico adicional a quienes debieron afrontar el conflicto y la desprotección posterior, así como a las familias de quienes fallecieron.

El articulado contempla que si no existen derechohabientes directos, el beneficio podrá ser percibido por hijos mayores de edad, distribuyéndose de manera equitativa. El monto del beneficio se revisará periódicamente y la ANSES tendrá la responsabilidad de instrumentar los pagos. El Poder Ejecutivo, en tanto, podrá realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la implementación de la ley.

“El Estado tiene la obligación de reparar, reconocer y agradecer. Porque la soberanía se construye con memoria y el futuro exige justicia. Honrar a nuestros ex combatientes y a sus familias es defender la Argentina que queremos: con dignidad, con derechos y con un profundo sentido nacional y patriótico”, afirmó la diputada Victoria Tolosa Paz, una de las impulsoras.