Sin ocultar su molestia por la difusión de una noticia que consideran “insólita” y “sin sentido”, desde el gobierno de Javier Milei salieron a defender el otorgamiento de préstamos desde el Banco Nación a distintos funcionarios del oficialismo, difusión que derivó en pedidos de informes, reclamos de investigación en el Congreso y al menos una denuncia judicial.

Mientras desde el gabinete nacional el encargado de responder las acusaciones fue el canciller Pablo Quirno, y según pudo saber , el equipo de auditoría del banco que encabeza Darío Wasserman trabajó durante el fin de semana en la revisión de cada uno de los casos, revelados por el sitio web Cuánto Debe, y que incluye entre otros a Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, con una deuda inicial de $373.000.000 (unos US$315.000) desde febrero de 2025.

El propio Caputo salió a defender esta noche a los funcionarios de su área que tomaron créditos en el BNA. “No tienen ventaja respecto del resto”, dijo el ministro de Economía al periodista Luis Majul, en el programa La Cornisa, que se emite por el canal LN+.

Otro caso es el de Federico Furiase, exdirector del BCRA y actual secretario de Finanzas, con un pasivo de $367.059.000 (US$280.787) desde agosto de 2025. “Federico fue a una sucursal”, sostuvo esta noche Caputo, al darle su aval a la conducta del funcionario.

En la lista de los tomadores de créditos del BNA se incluye a Pedro Inchauspe, también director del Banco Central, con $510.654.000 (US$345.492) desde diciembre de ese año. Además fueron beneficiarios Juan Pablo Carreira, a cargo de la reciente Oficina de Respuesta Oficial ( $113 millones); el diputado nacional Santiago Santurio; el director general de la secretaría privada en la Cámara de Diputados, Sharif Menem, y el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero.

La información, comentaron fuentes oficiales, será entregada a la Justicia una vez que quede confirmado el juez que se hará cargo de las causas presentadas por diputados opositores Esteban Paulón (PS) y Mónica Frade (CC-ARI). “Resulta evidente que, desde el punto de vista de los funcionarios públicos, los beneficiarios se hicieron de una acreencia financiera que no se condecía con su perfil patrimonial o ingresos reales”, dice Frade en la denuncia.

“Las tasas y condiciones ofrecidas son para todos los que cumplen las condiciones del banco, entre ellas, por ejemplo, cobrar sus sueldos en el banco. Otra aclaración importante, no presta guita de los contribuyentes, pensar eso es un error común e incorrecto”, escribió Quirno en la tarde del domingo. “Los que recibían préstamos del Centenario subsidiados del BNA o préstamos para comprar aviones privados subfacturados al tipo de cambio oficial se quejan de préstamos hipotecarios (no existentes en su época) a mercado y en perfecto estado de cobrabilidad. María Elena Walsh y Discépolo se regocijan”, ironizó el canciller, en crítica al otorgamiento de créditos durante el kirchnerismo.

Madero, acreedor de uno de los créditos difundidos, se mostró “sorprendido” por la magnitud de las críticas. En diálogo con , el funcionario de Defensa afirmó que se enteró “por el encargado del edificio” donde vive de la existencia de los créditos. Que se inscribió “sin privilegios” vía la página web y que al gerente lo vio “cuando fui a firmar a la sucursal”, en septiembre de 2025. Su crédito, de unos $207 millones, fue destinado a comprar su primera propiedad, “después de muchos años en la función pública, siempre en el área de seguridad”, aclaró Madero a este diario.

En el mismo sentido, fuentes oficiales afirman que “no hay un solo crédito mal otorgado”, y que “es una locura comerse un garrón por algo que es absolutamente lícito”. Cuando la consulta gira en torno a los elevados montos otorgados, desde el Gobierno aseguran que “todos están cubiertos”, a través de garantías hipotecarios y co-deudores, según el caso. También destacan que “el directorio del banco ni se entera del otorgamiento de los créditos más chicos, el que crea eso es un ignorante”, afirmó, en respuesta a las denuncias de los legisladores opositores.

El caso ya se cobró una baja: la del jefe de gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi, echado de su cargo el jueves por la ministra Sandra Pettovello luego de que se conociera que había sido uno de los beneficiarios. Luego el Gobierno buscó aclarar que la salida se debía a otros motivos, pero el propio desplazado hizo un descargo en las redes sociales.

Aseguran que buena parte de las críticas tienen como objetivo frenar el “proyecto original” del gobierno libertario, esto es capitalizar con aportes privados el 20 por ciento de las acciones del banco estatal y pasar a cotizar en la Bolsa de New York. “Sigue en pie”, dicen conocedores de la operatoria del banco.

La decisión de Pettovello de echar a Massacesi fue mirada de reojo por otros sectores del Gobierno, aunque el propio Presidente desmintió que la decisión tuviese que ver con la el crédito recibido. “Fue un error, se apuró o lo habrá echado por otra cosa”, disparan. Quienes conocen el pensamiento de la ministra aseguran que el tema “le hacía ruido” y que prefirió separarlo ante la duda. La propia ministra apeló, hacia la tarde del domingo, a una enigmática frase de Fiódor Dostoievski, aquella que expresa: “Yo nunca eliminé a nadie en mi vida. Todos murieron en el accidente de la confianza”.

¿Y por qué no fue tratada del mismo modo Gabriela Real, coordinadora de Políticas Sociales y virtual número tres de Capital Humano, que también tiene un crédito vigente? “No es la misma situación, ella sacó un crédito en la época de (Mauricio) Macri”, la defendieron desde un despacho oficial. En las próximas horas, según reiteran fuentes oficiales, el Gobierno dirá lo suyo en la Justicia.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al pedido de la oposición de investigar millonarios créditos hipotecarios que se otorgaron a través del Banco de la Nación Argentina (BNA) a funcionarios y legisladores del gobierno de Milei y aseguró: “No hay nada ilegal y mucho meno inmoral”.

Entrevistado por Luis Majul en La Cornisa (LN+), el funcionario nacional señaló que las condiciones brindadas por la entidad bancaria son las mismas que puede conseguir cualquier persona que requiere de esa herramienta financiera.

“Las tasas de financiación y los plazos son todos los mismos”, manifestó. “Los montos están sujetos a los ingresos. Y es normal que los pidan en el Banco Nación, porque como funcionarios cobramos en el Banco Nación. No tienen ninguna ventaja con respecto al resto”, insistió Caputo.

En ese sentido, comentó: “Federico [Furiase] fue a una sucursal y lo sacó como un ciudadano normal. El Nación dio más de 27.000 créditos hipotecarios. Los que sacaron los funcionarios no representan el 0,2%. Es lógico que, si cobra el sueldo ahí, tenga acceso a los servicios del banco. Si lo pudieran sacar más funcionarios, les diría que saquen más, a la gente, a todos. Se los recomendaría a todos”.

Además, habló sobre el estado actual de la economía y algunas de las proyecciones que hace respecto a su evolución. “Puede ser que la inflación venga más alta por la guerra”, señaló. Consideró que “no hay crisis” y subrayó que el 2027 va a ser “un paseo por el parque”.

Noticia en desarrollo.

En medio de la turbulencia política y judicial que atraviesa al Gobierno, la Casa Rosada busca avanzar en el plano legislativo. El oficialismo planea abrir el recinto de Diputados el miércoles para sancionar definitivamente la reforma a la ley de glaciares, una iniciativa que busca reducir las áreas protegidas y habilitar nuevas inversiones mineras.

La jugada se dará mientras persisten los interrogantes sobre el incremento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y sobre la participación del presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, en el auge y caída de la criptomoneda $LIBRA, cuyo desarrollo investiga la Justicia como una presunta estafa.

El recinto amplificará las tensiones políticas que atraviesan al Gobierno. La oposición se prepara para la sesión y trabaja en una estrategia para incomodar al oficialismo por los episodios que aún no logró esclarecer. Según confirmó a un referente crítico, intentarán impulsar una interpelación al ministro coordinador. Para eso se requiere una mayoría simple: las ausencias pueden ayudar a construir el número, una salida elegante para los aliados del Gobierno que prefieren quedar al margen tanto de la defensa de Adorni como de embestidas directas.

En paralelo, la Justicia se muestra activa. Si persisten las revelaciones sobre viajes, departamentos y gastos, los pedidos de explicaciones públicas podrían cobrar mayor fuerza. Será, en definitiva, la carta que la oposición podrá jugar en una sesión en la que corre de atrás. La correlación de fuerzas no le sería favorable: el Gobierno se encamina, por ahora sin sobresaltos, a convertir la reforma ambiental en ley.

Según un sondeo informal realizado por , el oficialismo reuniría más de 130 voluntades junto a sus aliados de Pro, la UCR, el MID y diputados cercanos a gobernadores de provincias con potencial minero, como San Juan, Catamarca, Mendoza y Jujuy. En este debate, además, es probable que se quiebren las lógicas partidarias tradicionales: prevalecerán los intereses regionales vinculados al desarrollo minero.

Algo similar podría ocurrir dentro de Unión por la Patria. En el oficialismo descuentan que algunos diputados de distritos cordilleranos acompañarán la iniciativa del Poder Ejecutivo. Entre ellos figuran Jorge Chica y Cristian Andino, de San Juan, y Claudia Palladino, de Catamarca. En el Senado, sus comprovincianos Sergio Uñac y Lucía Corpacci ya votaron a favor de la reforma.

Mientras tanto, el oficialismo intenta sumar respaldo político de los gobernadores mineros. La Casa Rosada impulsa la convocatoria a un plenario de comisiones el martes para dictaminar el proyecto con la presencia de los mandatarios provinciales. Inicialmente estaba previsto hacer una reunión informativa aparte, el lunes, pero eso luego se descartó. “Algunos gobernadores no quieren aparecer porque saben que sus diputados se dividirán y no quieren exponerse”, deslizó un referente libertario.

Ante ese escenario, el Gobierno al menos buscará que las provincias envíen a sus funcionarios. Durante las audiencias públicas previas, solo el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó indirectamente del debate a través de representantes, entre ellos su ministro de Producción, Gustavo Fernández. El resto de las provincias mineras evitó exponer públicamente su posición, pese a que participaron en la elaboración del proyecto.

Los cambios en la legislación ambiental dominarán la agenda de esta semana en la Cámara baja. Pese a que se barajó la posibilidad de avanzar también con el proyecto “hojarasca” -que busca eliminar normas obsoletas, que afectan libertades individuales o implican costos inútiles-, esa opción se descartó. En el oficialismo prefirieron no mezclar temas para evitar contratiempos. El primer abordaje de la iniciativa que impulsa el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger se postergó, así, para mitad de abril.

La iniciativa del Poder Ejecutivo ya cuenta con media sanción del Senado y, si supera el trámite en Diputados, será ley. La disputa, sin embargo, no terminará allí. Diversas organizaciones socioambientales anticiparon que acudirán a la Justicia para impugnar la reforma por inconstitucional.

Sostienen que la modificación vulnera el principio de “presupuestos mínimos” establecido por la Constitución Nacional para la protección ambiental, que fija estándares uniformes para todo el territorio argentino.

El proyecto propone diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos. En la práctica, esto implicaría que no todo el territorio periglaciar quedará bajo protección, sino únicamente aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.

La legislación vigente protege tanto los glaciares visibles como los cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que forman parte del ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance al limitar la protección a las geoformas consideradas relevantes desde el punto de vista hídrico.

Otro punto central del debate es el mayor poder que la reforma otorgaría a las provincias. El proyecto establece que será la autoridad jurisdiccional la encargada de actualizar el inventario glaciar “sobre la base de estudios técnicos-científicos”.

Actualmente esa tarea está en manos del Ianigla, un organismo científico nacional con sede en Mendoza. Para la oposición, transferir esa atribución a las provincias podría debilitar el sistema de protección ambiental y vulnerar el principio de presupuestos mínimos fijado por la Constitución.

La agenda del Senado está aún en construcción. El oficialismo evalúa sesionar el jueves con un temario acotado: el pliego de Lucía Crexell como embajadora en Canadá y una serie de ascensos militares entre los que se destacan los jefes del Ejército y la Armada –Oscar Santiago Zarich y Juan Carlos Romay, respectivamente-, y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Marcelo Dalle Nogare. También se le darían ingreso formal a los 62 pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo.

La decisión final se confirmará el martes tras una reunión de jefes de bloque dialoguistas con la senadora Patricia Bullrich. Es probable también que el miércoles se inicie en Comisión el debate sobre los cambios en materia de propiedad privada. Un día antes, la senadora radical, Carolina Losada, hará un acto para impulsar el proyecto que volvió a presentar sobre “falsas denuncias”.