La adjudicación de la provisión de tubos para el gasoducto que conectará Vaca Muerta con Río Negro puso sobre la agenda el debate por las políticas productivas, debido a que es la primera vez en décadas que una compañía extranjera ganó una contratación en ese rubro a una compañía argentina.

La empresa india Welspun ofertó un precio 40% inferior al presentado por el Grupo Techint. Esta diferencia de costos podría desembocar en una acusación formal de dumping por parte de la firma argentina, que denuncia competencia desleal y alerta sobre el impacto a largo plazo en el tejido industrial del país.

Dada la forma en la que trascendió este episodio, Infobae consultó a altísimas fuentes de la Casa Rosada por si evalúan futuras medidas vinculadas al caso. “No vamos a pagar más caros los caños”, marcó una fuente inobjetable, dando a entender que la posición oficial es por la negativa.

Horas antes, el presidente Javier Milei asentó postura en su cuenta oficial de X en la que defendió el resultado de la contratación. “Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién le llena el sobre”, publicó.

Al preguntar sobre este caso en particular, un alto funcionario del Gobierno profundizó: “No podés entre dos productos iguales comprar el más caro. Si en tal caso, si el costo de los caños está subsidiado por China, por el Congo o por Kamchatka, el tema es que el costo lo pagan ellos. ¿Por qué lo tenemos que pagar nosotros? El precio nos conviene, porque el costo del subsidio no lo pagamos nosotros”.

En el pasado, diferentes funcionarios del Gobierno han marcado objeciones a la política antidumping.

Uno de los principales impulsores de esta postura es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que durante una eliminación de aranceles antidumping a la importación de termos realizada el año pasado, marcó: “¿Tiene lógica esta política? Ninguna. Por un lado, porque la protección incentiva al empresario a sostener esa ineficiencia, porque es la ineficiencia la que motiva la protección».

“Eficientizar tiene un costo en pérdida de protección que un empresario racional internalizará. Pero tampoco tiene lógica, porque decir ‘protejámonos de los chinos porque si desaparece Lumilagro después nos van a cobrar cualquier cosa’ es un sinsentido que solo podría tener asidero, si la producción de termos a nivel mundial fuera monopólica, lo que es imposible de sostener”, agregó oportunamente.

NOTICIA EN DESARROLLO

El oficialismo en el Senado intensifica sus gestiones para llevar al recinto la reforma laboral el próximo 11 de febrero. Los encuentros técnicos continuarán esta semana.

“Las reuniones son muy productivas. Cada institución nos transmite sus preocupaciones y analizamos qué podemos incluir en la ley”, señaló un integrante del equipo técnico de la senadora Patricia Bullrich.

El proyecto ya cuenta con dictamen de mayoría; cualquier ajuste se incorporará directamente en el recinto. Unión por la Patria, en cambio, presentó un dictamen de minoría en rechazo.

Representantes de la Cámara Argentina de Comercio, CAME y ADIMRA participaron de las conversaciones. Ricardo Diab, presidente de CAME, destacó: “Fue la primera vez que fuimos escuchados. Sentimos que estamos en una mesa de diálogo donde podemos intercambiar ideas y hacer propuestas. Quedamos en generar alternativas que no pierdan el espíritu de fondo que tiene esta pretendida reforma laboral”.

El oficialismo reimpulsó en el Senado la baja de la edad de imputabilidad a 14 años

Mario Natalio Grinman, presidente de la CAC, agregó que la iniciativa busca “adaptar la legislación a los cambios que las transformaciones sociales y tecnológicas imponen sobre el mercado de trabajo”.

La CGT, sin embargo, advirtió que mantiene distancia del proyecto y aseguró: “Hasta el momento no hubo diálogo con el Gobierno por la reforma laboral” y afirmó que se defenderá “el derecho y la dignidad del trabajador” incluso “en la Justicia o en la calle”.

En paralelo, el ministro Diego Santilli recorre provincias para consolidar apoyos políticos. Las gestiones buscan garantizar los votos necesarios para alcanzar el quórum y asegurar la aprobación del proyecto, que según el oficialismo permitirá “incorporar a más trabajadores a la economía formal y facilitar la creación de puestos de trabajo”.

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El Gobierno intensificó los controles migratorios en las fronteras y registró un fuerte aumento ciudadanos extranjeros inadmitidos o expulsados del país durante los últimos dos meses.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Seguridad Nacional, entre diciembre y enero cerca de 5000 personas fueron rechazadas en los pasos fronterizos o removidas del territorio argentino.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, atribuyó el incremento al endurecimiento de los controles en aeropuertos, puertos y corredores terrestres. Según detalló, solo en diciembre se contabilizaron 2400 casos y en lo que va de enero otros 2300, lo que calificó como un récord histórico.

“Los extranjeros con antecedentes penales, que hayan cometido delitos o que intenten ingresar de manera ilegal no pueden entrar al país”, sostuvo.

RÉCORD DE EXTRANJEROS INADMITIDOS Y EXPULSADOS

En diciembre y enero, casi 5.000 extranjeros no pudieron ingresar o fueron expulsados del país.

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Más controles en fronteras, en puertos y aeropuertos. Las reglas son claras: el extranjero que viola la ley, se va; el que intenta… pic.twitter.com/BoKSS2x7OW

— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) January 26, 2026

A su vez, la Policía Federal Argentina realizó un operativo en la localidad bonaerense de Villa Celina, partido de La Matanza, donde detectó a 16 ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular.

El procedimiento fue solicitado por la Dirección Nacional de Migraciones y permitió identificar a 458 personas, de las cuales 369 eran extranjeras, mediante controles biométricos y consultas a bases de datos oficiales. Como resultado, se labraron actas migratorias y se iniciaron actuaciones contra responsables de comercios que empleaban trabajadores sin residencia regular.

Además, cuatro ciudadanos bolivianos fueron detenidos por su presunta vinculación con una feria clandestina, donde se secuestraron teléfonos celulares denunciados como robados y mercadería con marcas falsificadas. La causa quedó en manos del Juzgado Federal N°3 de Morón.

Javier Milei recorrió Mar del Plata: “Se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros”

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