POLITICA
Mientras Cristina Kirchner refuerza su defensa pública, en el peronismo se discute su sucesión
“El liderazgo de Cristina Kirchner se va apagando”. Escueto y contundente, un ex gobernador del PJ puso en palabras lo que una parte importante del peronismo dice, cada vez con más frecuencia, en las tertulias privadas donde se cruzan dirigentes de distintos espectros. Hay un convencimiento en crecimiento respecto a que el ciclo de su liderazgo está llegando a su fin.
En público hay más cautela. Por respeto a su figura histórica, por la necesidad de cerrar el año en paz después de un encadenamiento de derrotas en todo el país, porque sigue existiendo un bloque importante de dirigentes que la revindican y que levantan la voz frente a su condena y detención, y porque en la política, y en especial en el peronismo, todos aceptan como lema que nunca hay que dar por muerto a nadie.
La última factura que le cargan a la cuenta de CFK es la construcción de la lista de diputados nacionales, a la que dirigentes de distintos sectores la definieron como “desastrosa”, debido a la falta de participación de nombres propios vinculados al territorio, como es el caso de los intendentes. “Entregamos la elección. Parece que queríamos perder. Y encima no hubo campaña“, se quejó un intendente del Conurbano.
Además, su detención en San José 1111, sumado a la causa de los cuadernos, que está en pleno trámite, y los coletazos de la condena en la Causa Vialidad, donde la justicia federal empezó a avanzar sobre el decomiso de varias de sus propiedades, las causas judiciales que la rodean y su inhabilitación, de por vida, para ser candidata a ocupar un cargo público, limitaron su poder de fuego y su fortaleza como estratega principal del peronismo.
Al proceso de autonomía de Axel Kicillof, que reconoce en CFK a una líder pero no a su conductora, se le sumaron en las últimas semanas algunas señales de distanciamiento por parte de los pocos gobernadores que están dentro de Fuerza Patria. Los mismos mandatarios que un año atrás se ausentaron en masa a su asunción como presidenta del PJ Nacional. Los mismos que trabajan en bloque sin lineamientos directos de la ex presidenta.
“Los gobernadores buscan una apertura en el bloque. Reconocen en Germán Martínez su muñeca y su capacidad para mantener el equilibrio interno, pero saben que tiene terminal política en el kirchnerismo, no en ellos”, sostuvo uno de los legisladores que en las negociaciones habla en nombre de los mandatarios.
En el Congreso se está llevando adelante una temporada de rosca delicada, en donde algunos de los gobernadores empezaron a filtrar su voluntad de cambiar la conducción del bloque para modificar su identidad, para empujar la asunción de alguna figura que esté más cercana a ellos – algunos allegados señalan al tucumano Pablo Yeldlin – y para, en ese movimiento, intentar cerrar todas las puertas para evitar salidas intempestivas.
El problema no es con Martínez, a quien valoran y destacan. El problema es que creen que se necesita mostrar cambios en las estructuras políticas luego de las derrotas electorales y en el medio de la profunda crisis de representación que sufre el peronismo. Asocian gran parte de la crisis a CFK y a la interna bonaerense, y el diputado santafesino queda pegado a esa interpretación por su cercanía a la ex presidenta.
Mientras tanto, es Martínez uno de los principales interlocutores con los gobernadores para intentar contener el bloque y evitar posibles fugas. Una muestra de que su rol no está cuestionado. Incluso, algún gobernador cree que no es momento de hacer más ruido interno y evitaría cambiar al presidente del bloque. Nada está resuelto. De hecho, el diputado rosarino puede seguir al frente del bloque en el tiempo que viene. No hay sentencias ni definiciones. La rosca está llena de supuestos, exageraciones, intereses y necesidades. Pero, al final de toda la vuelta, son los acuerdos los que le dan solidez a la unidad granítica o a la unidad por conveniencia.
“El ciclo de CFK está agotado. Es un ciclo terminado que se está estirando. El problema es que ella no lo asume y Kicillof no está dispuesto a romper. Esa interna la tienen que solucionar ellos porque el peronismo tiene que empezar a trabajar en unidad el año que viene”, reflexionó una voz influyente del Frente Renovador de Sergio Massa. La mirada sobre el futuro de la ex presidenta atraviesa a distintos espacios políticos. El 2026 será un año de cambios. Inevitablemente.
En la última campaña electoral, cuando después de una reunión en el PJ Nacional se definió que entre las actividades estuviese presente el pedido de libertad a Cristina Kirchner, muchos intendentes y dirigentes del peronismo bonaerense se quejaron de la falta de tacto del kirchnerismo duro respecto a los reclamos del electorado. En los hechos, la bandera de “Cristina libre” solo la levantaron los cristinistas de pura cepa. El resto miró para otro lado o hizo alguna alusión al pasar.
Al día de hoy sucede exactamente lo mismo. Los reclamos por la libertad de CFK están concentrados en su círculo político, que mantiene una campaña activa en el país y también a nivel internacional. Pero no hay gobernadores ni dirigentes del interior que sostengan el tema en la agenda política y mediática. La reconocen como una dirigente importante del peronismo, pero ya no le dan el lugar de conductora.
Es, muchas veces, la propia ex presidenta la que se pone al frente de su defensa. Como sucedió el último fin de semana cuando envió un mensaje grabado al 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, que se realizó en Corrientes. “Que yo esté privada de mi libertad y proscripta es la metáfora perfecta y disciplinadora de una Argentina a la que le están liquidando sus posibilidades de desarrollo y crecimiento económico”, sostuvo.
“Todos sabemos que no estamos viviendo en una Argentina libre. Hoy hay millones de argentinos que también están privados de su libertad en un país endeudado e hipotecado, que tampoco puede decidir nada», expresó la ex presidenta. En ese sentido, agregó: “Hay miles de jóvenes a los que los han privado de la libertad de tener un trabajo digno porque no encuentran por ninguna parte. Miles de jóvenes que no tienen la libertad que tuvimos nosotros, que pudimos elegir estudiar».
El peronismo discute la necesidad de un cambio de era. Discute con más insistencia quién va a conducir el justicialismo. Quién tiene proyección presidencial y quién es capaz de iniciar una renovación. Cristina sigue teniendo potencia en su voz y en muchas negociaciones cruzadas de la política. Pero ya no tiene tantos votos como antes. Y los que están dentro de su esquema, reducido tras la separación de Kicillof, tampoco.
“Enfrentar a Cristina no es fácil. Pero hay que hacerlo. Sino siempre estaremos estancados en este lugar destructivo. Hay que salir de ahí”. La definición la firmó un ex ministro nacional. De esos que conoce bien cómo son las discusiones de poder.
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POLITICA
Caso Adorni: la Justicia pide la intervención de un organismo clave para analizar los contratos de Grandio con la TV Pública
La investigación judicial por el viaje del jefe de Gabinete Manuel Adorni a Punta del Este en vuelos privados sumó un nuevo capítulo judicial. El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen en el que solicitó al juez federal Ariel Lijo que autorice una serie de medidas para profundizar la pesquisa, entre ellas el acceso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) al expediente, pedidos de información a la Dirección Nacional de Migraciones y requerimientos a la empresa propietaria de la aeronave involucrada.
El planteo del fiscal se inscribe en la causa caratulada “Adorni, Manuel s/malversación de caudales públicos y otro”, en la que se investiga el viaje del funcionario y el financiamiento de los vuelos privados. En su presentación, Pollicita sostuvo que las diligencias solicitadas buscan continuar colaborando con la profundización de la investigación y complementar medidas que ya fueron ordenadas por el juzgado.
Entre los pedidos centrales, el fiscal requirió que se libre un oficio a Migraciones para que remita la totalidad de los registros de egreso y reingreso al país de Manuel Adorni y del periodista Marcelo Grandio desde el 1° de enero de 2023 hasta la actualidad.
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También solicitó información sobre los movimientos migratorios de la esposa del vocero presidencial, Bettina Julieta Angeletti, y de otras personas que hayan integrado los vuelos investigados, con especial foco en los desplazamientos registrados entre el 12 y el 17 de febrero de 2026.
El requerimiento incluye datos detallados: fechas, horarios, pasos fronterizos utilizados, medios de transporte y cualquier otra constancia disponible. Además, el fiscal pidió que el organismo realice un cruce de la información para determinar si las personas mencionadas realizaron otros viajes en conjunto o hacia los mismos destinos en fechas cercanas.
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Otro punto del dictamen apunta al registro interno de esos movimientos en el sistema migratorio. Pollicita solicitó que se identifique a los usuarios del organismo que intervinieron en la carga, validación o modificación de los registros vinculados a los vuelos investigados, con detalle de nombres, áreas de pertenencia, fechas, horarios e incluso las terminales e IP utilizadas en el proceso.
En paralelo, el fiscal pidió que el juez autorice a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a intervenir en el expediente y en actuaciones complementarias. Según surge del dictamen, el objetivo es que ese organismo pueda analizar aspectos vinculados con la actuación administrativa de los funcionarios y de terceros involucrados en el caso.
La intervención de la PIA, de concretarse, permitiría que ese organismo examine la documentación del expediente y utilice las herramientas con las que cuenta para evaluar eventuales irregularidades administrativas relacionadas con el uso de recursos del Estado y con la actuación de quienes aparecen mencionados en la causa.
El dictamen también incluye un requerimiento dirigido a la empresa JAG Executive Aviation S.A., propietaria del avión involucrado en los vuelos investigados. Pollicita solicitó que la firma informe si recibió alguna carta documento u otra intimación vinculada con los hechos del expediente, en particular la que, según declaró una testigo, habría sido enviada en el marco del conflicto por la factura correspondiente al tramo de regreso del viaje.
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El pedido apunta a que la empresa detalle la fecha de recepción de esa comunicación, quién la remitió, quién la recibió dentro de la firma, qué tratamiento interno se le dio y si fue respondida. También solicitó que se acompañe copia de la documentación vinculada con ese intercambio.
Las nuevas medidas se suman a una serie de movimientos recientes dentro del expediente. En los últimos días, el juez Lijo dictó medidas de protección para una testigo clave de la causa, Vanesa Elizabeth Tossi, secretaria de la empresa aérea JAG Executive Aviation. La decisión se tomó luego de un pedido del fiscal Pollicita, tras la denuncia de la mujer sobre presuntos hostigamientos y presiones.
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Según se informó, el magistrado ordenó que el periodista Marcelo Grandio —amigo de Adorni y uno de los implicados en la investigación— se abstenga de contactarla por cualquier vía y estableció una restricción de acercamiento a su domicilio, su lugar de trabajo y otros ámbitos de concurrencia habitual. La medida se adoptó después de que la testigo relatara que, mientras declaraba ante la Justicia, recibió llamados y mensajes de Grandio.
En su testimonio, Tossi sostuvo que el periodista fue quien pagó el traslado y que habría pedido que no se emitiera factura por ese servicio. A partir de ese episodio, el fiscal impulsó además una investigación paralela para determinar si existieron amenazas o coacciones relacionadas con su declaración.
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POLITICA
Entidades empresarias respaldaron el proyecto de la Corte Suprema para reformar el mecanismo de selección de jueces
Agrupaciones empresarias celebraron los cambios en el proceso de selección de jueces impulsados por la Corte Suprema de Justicia. Destacan que la reforma favorece un sistema más transparente y agiliza las designaciones en el Poder Judicial, lo que genera un entorno institucional más sólido y confiable para las inversiones.
“Como Cámara alentamos las medidas que promueven mayor transparencia, previsibilidad y menor discrecionalidad, elementos indispensables para el desarrollo sostenible del país y la construcción de un entorno confiable para la inversión, la generación de empleo y el desarrollo económico”, aseguraron en la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) en Argentina.
En un comunicado difundido esta tarde, la entidad consideró que la propuesta del máximo tribunal “representa un avance significativo frente a las debilidades que presenta el sistema actual, caracterizado por la opacidad de los Concursos Públicos en el Consejo de la Magistratura y la gran cantidad de vacantes existentes en los Juzgados”.
“Esta iniciativa no solo contribuye a reducir márgenes de arbitrariedad, sino también apunta a agilizar los procesos y mejorar la calidad de las designaciones. Un sistema judicial más eficiente, profesional e independiente es una condición necesaria para fortalecer el Estado de Derecho”, continuaron.
No es la primera vez que la AmCham destaca la necesidad de fortalecer la transparencia del Poder Judicial. En febrero del año pasado, la cámara empresaria había rechazado el intento de Javier Milei de designar como jueces de la Corte Suprema a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla por decreto. Señaló que, si bien los nombramientos por esa vía eran constitucionales, suponían un “riesgo potencial” para el equilibrio institucional que “debe regir en una democracia” y socavaba las posibilidades de atraer inversiones.
“La seguridad jurídica es un pilar fundamental para la competitividad y crecimiento sostenido, y su debilitamiento solo contribuye a demorar la recuperación económica y social que requiere la República Argentina”, advirtieron.
El proyecto de reforma que ahora celebra la AmCham Argentina fue presentado el lunes último por los tres jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Plantearon un nuevo mecanismo de selección de jueces que constará de dos instancias: por un lado, una evaluación general de derecho mediante un multiple choice de corrección informática y, por otro, la redacción de una sentencia. También se tendrá en cuenta el desempeño universitario y académico de los magistrados y sus publicaciones en revistas indexadas.
“La evaluación escrita tendrá garantías reales de objetividad: un múltiple choice de corrección informática y redacción de sentencias”, había explicado Rosenkrantz: “Nos sentimos obligados a promover la iniciativa por una necesidad imperiosa de mejorar el procedimiento de selección de magistrados”.
La reforma cuenta también con el respaldo de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). “Queremos animar a los miembros de los tres poderes de nuestra República a que prontamente restauren la situación del Poder Judicial, que ha sufrido la descomposición institucional durante muchas décadas. En este sentido, destacamos y apoyamos la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como cabeza del Poder Judicial, que ha presentado una propuesta de reglamento de concursos para la selección de magistrados, con el espíritu de generar un proceso transparente”, expresaron.
La agrupación empresaria destacó también la decisión del gobierno nacional de enviar los pliegos de candidatos para cubrir las más de 300 vacantes judiciales que se acumularon desde el último año de gestión de Alberto Fernández. Entre los candidatos, se encuentra Emilio Rosatti, hijo del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti, para un tribunal federal de juicio de la ciudad de Santa Fe.
El proyecto de la Corte Suprema ya había recibido también el apoyo del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). “Desde hace varios años, IDEA insiste en la necesidad de contar con mayor transparencia en el proceso de selección de jueces para evitar arbitrariedades. Esta medida constituye una sana y oportuna reacción de la Corte para mejorar el marco institucional de la Argentina, condición necesaria para promover la inversión y el desarrollo sostenible del país”, afirmó la entidad.
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POLITICA
El peronismo en Diputados presentó un proyecto para reparar económicamente a ex combatientes de Malvinas
El bloque peronista en la Cámara de Diputados de la Nación impulsó un proyecto de ley que propone una “Reparación Histórica Malvinas” para quienes participaron en el conflicto del Atlántico Sur en 1982, estableciendo un beneficio económico para ex soldados y civiles afectados. La iniciativa, acompañada por 19 legisladores, busca saldar una deuda pendiente con quienes fueron protagonistas durante la guerra y sus familias, de acuerdo con la documentación parlamentaria.
La iniciativa de “Reparación Histórica Malvinas” lleva la firma de Victoria Tolosa Paz, Aldo Leiva, Guillermo Michel, Kelly Olmos, Nancy Sand, Jorge Araujo Hernández, Pablo Yedlin, Claudia Palladino, Marianela Marclay, Guillermo Snopek, Jorge Mukdise, Juan Pablo Luque, Ana María Ianni, Hilda Aguirre, Ernesto Alí, Graciela de la Rosa, Cristian Andino, Ariel Rauschenberger y Gabriela Pedrali.
El texto presentado en el Congreso de la Nación establece que el beneficio alcanzará a las personas que, cumpliendo con el Servicio Militar Obligatorio, participaron como soldados en acciones de combate en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM), en las Islas Georgias y Sándwich del Sur, así como a civiles con funciones de apoyo en esos escenarios. Según consta en el proyecto, también se incluyen a quienes intervinieron en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), siempre que la participación haya sido debidamente certificada por las autoridades competentes, en concordancia con la Ley 23848 y el decreto reglamentario 2634/90.
El proyecto estipula que el beneficio económico será equivalente a 104 haberes mínimos jubilatorios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pagaderos en 24 cuotas consecutivas y actualizadas conforme a la Ley de Movilidad Jubilatoria 24241. La base del cálculo incorpora tanto el haber mínimo garantizado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) como el bono previsional vigente. De acuerdo con la iniciativa, la suma se encuentra exenta del Impuesto a las Ganancias, lo que implica un impacto directo en el poder adquisitivo de los beneficiarios.
El articulado prevé que, en caso de fallecimiento del titular, el derecho a la reparación histórica se traslada a los derechohabientes, incluyendo padres, madres, viudas, viudos, convivientes e hijos menores de edad. El texto detalla la forma de distribución del beneficio y especifica la compatibilidad con otros ingresos previsionales, remunerativos u honoríficos de carácter nacional, provincial o municipal. Los legisladores aclararon que, si el titular falleció antes de la eventual sanción de la ley, los derechohabientes igualmente podrán solicitar el beneficio.
La adhesión a la “Reparación Histórica Malvinas” implica la renuncia a reclamos administrativos o judiciales por retroactivos vinculados a la pensión de guerra de la Ley 23848. El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a reglamentar la norma en un plazo máximo de 60 días, tras lo cual la ley se considerará operativa y la certificación de los beneficiarios estará a cargo del Ministerio de Defensa. La ejecución y el pago quedarán bajo la órbita de la ANSES, organismo encargado de la seguridad social en Argentina.
El texto parlamentario surge tras un proceso de diálogo con agrupaciones de ex combatientes, como la Mesa de Coincidencias Malvinas, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata y el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas (CEVECIM) Berisso. Los fundamentos del proyecto recuerdan que, tras el regreso de los soldados, el Estado demoró en implementar políticas de contención y reconocimiento para quienes participaron en el conflicto, situación que provocó graves consecuencias sociales y personales.
Los autores del proyecto remarcaron que en 1990 se sancionó la primera ley que otorgó una pensión graciable a los ex combatientes, aunque durante años el acceso al trabajo y la inserción social resultaron problemáticos. “Las secuelas que dejó el conflicto fue desbastadora, se estima que existieron la misma cantidad de bajas producidas en la guerra que en la posguerra”, detalla el texto, que también subraya la discriminación laboral y la falta de respuesta estatal en los primeros años de la democracia.
En los fundamentos, los diputados señalaron que recién a partir de 2004, con la gestión del presidente Néstor Kirchner, se inició un proceso de reconocimiento más activo hacia los ex combatientes, a través de decisiones políticas orientadas a reparar la deuda histórica con ese colectivo. Según la argumentación presentada, la propuesta busca ampliar ese camino y otorgar un reconocimiento económico adicional a quienes debieron afrontar el conflicto y la desprotección posterior, así como a las familias de quienes fallecieron.
El articulado contempla que si no existen derechohabientes directos, el beneficio podrá ser percibido por hijos mayores de edad, distribuyéndose de manera equitativa. El monto del beneficio se revisará periódicamente y la ANSES tendrá la responsabilidad de instrumentar los pagos. El Poder Ejecutivo, en tanto, podrá realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la implementación de la ley.
“El Estado tiene la obligación de reparar, reconocer y agradecer. Porque la soberanía se construye con memoria y el futuro exige justicia. Honrar a nuestros ex combatientes y a sus familias es defender la Argentina que queremos: con dignidad, con derechos y con un profundo sentido nacional y patriótico”, afirmó la diputada Victoria Tolosa Paz, una de las impulsoras.
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