POLITICA
Miguel Ángel Pichetto: “Argentina es un país de oportunidades extraordinarias”

El diputado nacional por Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, trazó un diagnóstico amplio y sin rodeos sobre el panorama económico, laboral y geopolítico de Argentina, al tiempo que abordó las transformaciones que enfrenta el Congreso y la estrategia internacional del Gobierno. En una entrevista con Infobae en vivo, el legislador advirtió sobre la falta de una política industrial clara y se refirió al impacto que la apertura comercial podría tener sobre la industria local.
Durante el diálogo, el legislador puso en el centro del debate la necesidad de definir un plan productivo para el país: “Empieza a aparecer el tema de la actividad industrial en Argentina, hay que ver si vamos a tener un plan o si sólo vamos a enfocarnos en la producción agropecuaria, minera, petrolera y gasífera”. Para Pichetto, la discusión va más allá del sector primario: involucra la protección de la industria nacional frente a la competencia externa. “Está entrando todo de China y arman todo más barato, eso genera un problema. Las plataformas liquidan a todos”, señaló.
Mencionó también el caso del sector siderúrgico y el impacto que ha tenido en empresas representadas por figuras como Paolo Rocca, al afirmar que “han sido impactados de manera demoledora y empiezan a hablar, dejan de hablar en hoteles a decir cosas en público y está bien que lo hagan, porque el silencio es avalar la música del verdugo”.
Pichetto remarcó la urgencia de generar empleo y de aplicar incentivos que permitan dinamizar la economía. Se refirió puntualmente al fondo de desempleo contemplado en la Ley Bases, aunque aclaró que su adhesión es voluntaria. También hizo una diferenciación entre las grandes corporaciones y las pequeñas empresas: “Una empresa metalúrgica que trabaja en el conurbano con 50 empleados no puede tener las mismas condiciones que Techint y que los empleados exijan lo mismo”.
Con respecto a la situación del empleo, el diputado sostuvo que una modificación aislada del marco normativo no alcanza para resolver el problema estructural. “Una modernización de las normas laborales no resuelve el problema del empleo. Si tenés una economía recesiva que desplaza empleo por distintas cuestiones, indudablemente no es el momento oportuno”, dijo, aunque enfatizó que el debate debe realizarse “responsablemente”.
Consultado sobre el vínculo con el Fondo Monetario Internacional y los diagnósticos sobre el mercado de trabajo argentino, Pichetto afirmó: “El fondo y los organismos internacionales sostienen que el problema de Argentina con el empleo es de las leyes laborales. Es cierto que las reglas y los convenios están estancados en los 70 y que deben modernizarse”.
En relación con la dirigencia sindical, evitó confrontaciones directas y reconoció que durante el proceso de ajuste fiscal impulsado por el oficialismo, los gremios “han sido colaborativos o condescendientes, han acompañado el ajuste fiscal”. También planteó una pregunta central: “¿Cómo generamos empleo con salarios malos y cómo hacemos para que el consumo se mueva?”.
Pichetto se mostró escéptico respecto a la existencia de una estrategia de desarrollo industrial dentro del plan del Gobierno. “No tuvo mirada de política industrial hasta ahora. Milei no ha mencionado la reforma laboral y habla de modernización, un solo cambio no modifica el panorama económico”, planteó.
Respecto al reciente acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, advirtió que su impacto debe analizarse en profundidad, especialmente en lo que refiere a la producción agropecuaria y la cuestión de patentes. “Tengo algunas dudas con el acuerdo, me parece importante, pero es un acuerdo de libre comercio con EE.UU. y hay que ver cómo impacta de acuerdo a las normas del Mercosur”, dijo. Añadió que “nosotros competimos con EE.UU. en lo agropecuario, lo que es carne para el mundo, esos aspectos hay que ver cómo quedan registrados”.
El diputado enfatizó que el acuerdo no debería contradecir la legislación nacional vigente: “Este acuerdo no debería estar en contra de lo que marca nuestra constitución y las leyes vigentes votadas en el Congreso”. En ese sentido, se mostró preocupado por el ingreso de acero chino y por la presión que ejercen las plataformas digitales sobre los sistemas tradicionales de distribución. “Quiero defender a las pymes locales, al trabajo argentino, al no sustituirnos a nosotros por trabajo chino”, dijo, al tiempo que reconoció haber tenido un cruce con Marcos Galperín sobre esta cuestión.
Pichetto se refirió además a la política exterior del Gobierno. Definió su visión como “pro occidente”, aunque subrayó la importancia de sostener el vínculo con China, principal comprador de productos agropecuarios argentinos. “Tenemos que tener equilibrio e inteligencia para que este alineamiento, que en una época la tuvo Carlos Menem, no afecte a la relación comercial con China”, sostuvo.
En clave electoral, el diputado señaló que el resultado de las elecciones presidenciales no fue sorpresivo y que el apoyo del expresidente Donald Trump tuvo incidencia. A su vez, analizó la estrategia de Karina Milei y del grupo Menem, al decir que “dio un resultado medianamente positivo porque no tienen mayoría parlamentaria”.

En paralelo a sus declaraciones sobre la economía y la política industrial, Miguel Ángel Pichetto se expresó en redes sociales sobre una causa judicial de alto perfil. A través de su cuenta de X, consideró que “en el caso de Julio De Vido, un hombre de 75 años con una enfermedad crónica e insulinodependiente, están dadas las condiciones para proceder a la prisión domiciliaria”. Y concluyó: “Esperamos una respuesta criteriosa del sistema judicial”.
En cuanto al funcionamiento del Congreso, destacó que, después de tres años, Argentina vuelve a tener presupuesto y apuntó contra el contenido original de la Ley Bases: “Lo que presentaron tenía que ver con la biblia y el calefón todo metido adentro”.
Sugirió que con participación y diálogo, algunas reformas podrían prosperar, siempre que se eviten decisiones unilaterales que afecten áreas sensibles. “Otra cosa que no tienen que hacer es meterse con temas humanos, como pasó en este año, con el Garrahan, las universidades, los discapacitados”.
En un tramo final, Pichetto también se refirió a la reorganización de su bloque y a las posibilidades de construcción de un espacio parlamentario que represente al centro político. “Hay que ver si sus ideas se pueden incorporar a las nuestras y ver si podemos armar un bloque del espacio del centro y que tenga una mirada más de política institucional nacional”, concluyó.
North America
POLITICA
Javier Milei reúne a su gabinete en la Casa Rosada por primera vez en el año

Dos meses después del último encuentro, y en un clima festivo a juzgar por los rostros de sus participantes, el presidente Javier Milei reúne desde las 9.30 al gabinete nacional, por primera vez en lo que va de 2026.
Minutos antes de las 9, el Presidente llegó a Balcarce 50. Uno a uno, los ministros fueron arribando a la cita, aunque ninguno hizo declaraciones a la prensa, que estaba apostada en el Patio de las Palmeras. Algo más serio llegó el asesor presidencial Santiago Caputo, dos minutos antes de la reunión, a la que también se agregaron algunos participantes habituales, como el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
La agenda parlamentaria de esta semana fue tratada ayer por la mesa política, reunión de la que no participó el Presidente y sí la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Se incluyeron en ese debate, según trascendió, la reforma laboral que será nuevamente tratada por el Senado luego de su aprobación con modificaciones en la Cámara de Diputados, el Régimen Penal Juvenil (tiene la aprobación de la Cámara de Diputados y será tratada el jueves en el Senado) y el acuerdo Mercosur-Unión Europea, a tratarse el viernes junto a la reforma laboral y con altas chances de ser aprobado. La ley de Glaciares, que comenzará a debatirse esta semana también en el Senado, es otra de las prioridades de la gestión libertaria, en acuerdo con las provincias mineras.
El Gobierno tiene en carpeta otras iniciativas legislativas, como una nueva ley de financiamiento universitario, a tratarse el próximo mes, o una nueva ley de Inteligencia que incluya parte del decreto 941, emitido en enero pasado, aunque este último está en preparación, según contaron ayer a fuentes de la SIDE.
La última vez que Milei había juntado a todo su gabinete fue el 22 de diciembre pasado, en la quinta de Olivos, una reunión en la que el presidente regaló a sus ministros el libro “defender lo indefendible” del pensador liberal Walter Block. Para encontrar la última reunión de gabinete en Casa Rosada encabezada por el Presidente hay que remontarse hasta el 26 de noviembre pasado.
Noticia en desarrollo
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POLITICA
Las declaraciones golpistas de Ricardo Quintela contra Javier Milei: “Este gobierno no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, lanzó una fuerte embestida contra la administración de Javier Milei y encendió la polémica con declaraciones sobre la continuidad del mandato presidencial.
“Este Gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027”, afirmó, al sostener que, de mantenerse el actual rumbo, la Argentina terminaría “totalmente destruida, entregada”.
Durante una entrevista radial, Quintela aseguró que la situación social atraviesa un deterioro acelerado y habló de un posible “genocidio social enorme” si no hay un cambio de dirección.
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Mencionó el avance de la desnutrición, la pérdida del poder adquisitivo y dificultades en el acceso a la salud como señales de alarma. “Hay una desnutrición que avanza, familias que no tienen o no les alcanza para comer”, advirtió.
El mandatario también comparó el presente con la crisis de 2001 y remarcó que, ante escenarios extremos, la dirigencia debe “asumir esa responsabilidad histórica rápidamente”. En esa línea, planteó la necesidad de una “intervención fuerte” por parte de quienes ocupan cargos institucionales.
Las declaraciones generaron fuertes repercusiones en el arco político, donde sectores oficialistas interpretaron sus palabras como un planteo desestabilizador.
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POLITICA
El Gobierno apura una nueva ley de financiamiento universitario con el guiño de los rectores

Confiado en su buena estrella tras la aprobación de la reforma laboral, el oficialismo buscará un nuevo triunfo político con la sanción de una ley de financiamiento universitario que ponga fin al conflicto judicial con las casas de altos estudios. La iniciativa se presentó la semana pasada en la Cámara de Diputados y ya cuenta con el guiño de los rectores de las principales universidades.
Tras fracasar en su intento por derogar la ley de financiamiento que la oposición aprobó en el Congreso el año pasado, el Gobierno volvió sobre sus pasos y optó por negociar. Así surgió esta nueva iniciativa que no deroga la que está vigente, aunque sí la modifica; el Gobierno busca, así, desactivar el frente judicial que tiene abierto por no cumplir con una ley que fue insistida por ambas cámaras parlamentarias tras el veto presidencial.
La propuesta se negoció en el último mes con rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y, a priori, recibió el aval de las principales casas de altos estudios, entre ellas las universidades de Buenos Aires (UBA) y La Plata.
“Aunque prefieran no decirlo en público, la mayoría de los rectores está de acuerdo; si bien hoy contamos con un fallo a nuestro favor en primera instancia en la Justicia, el Gobierno apeló y nada nos garantiza que la Justicia resuelva la cuestión en tiempo perentorio. Si se aprueba esta ley, el financiamiento de todas las universidades está garantizado. Ahora no lo está”, justificó una importante autoridad universitaria que ya dio su aval.
El proyecto en cuestión recoge, aunque parcialmente, algunos de los puntos de la ley hoy vigente. Uno de los más sensibles es el referido a los salarios de los docentes y no docentes universitarios. La norma actual obliga al Poder Ejecutivo a reconocer la pérdida que éstos tuvieron por efecto de la inflación desde el 1° de diciembre de 2023; el proyecto del Gobierno, sin embargo, solo propone reconocer la pérdida salarial de 2025. Nada dice de 2024.
Esta recomposición salarial del año pasado se efectuaría en tres tramos con subas del 4,1% a pagarse en marzo, julio y setiembre de este año sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. Asimismo, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá convocar a negociaciones paritarias cada tres meses aunque, a diferencia de lo que marca la ley vigente, no lo obliga a actualizar los salarios por el índice de inflación.
La propuesta del Gobierno también difiere de la norma actual en lo que respecta a los gastos de funcionamiento de las universidades. En efecto, la ley vigente obliga al Poder Ejecutivo a recomponer lo perdido por inflación en los últimos dos años en distintos programas presupuestarios, entre ellos el de los hospitales universitarios y el de ciencia y técnica. En cambio, la iniciativa del Gobierno nada dice de 2024 y 2025 y, respecto de este año, establece que si la inflación anual supera el 14,5% (que es la reconocida en el presupuesto), el Gobierno actualizará el presupuesto con el aumento correspondiente.
Además, el oficialismo propone una recomposición presupuestaria de poco más de $80 mil millones para el funcionamiento del sistema de salud universitario, un punto que no está contemplado en la ley actual.
En vísperas del inicio del ciclo lectivo universitario, el Gobierno quiere desactivar los conflictos en un sector social que ha dado muestras de movilización y resistencia a los sucesivos intentos de la Casa Rosada de ajustar el presupuesto de las casas de altos estudios. Si bien los rectores parecen dispuestos a firmar la paz, los gremios universitarios ya anunciaron medidas de fuerza en contra del proyecto.
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