POLITICA
Milei, ante el desafío de no enfrentar la inflación, ni a Cristina
¿Sin Cristina Kirchner y sin inflación? El mapa político 2025 entra por estas horas a una zona de turbulencia extrema a partir de ese cambio de escenario cada vez más posible y de esa pregunta doble, que por ahora queda abierta. Sintetizando los dilemas y desafíos de Milei y los suyos: con la baja de la inflación a niveles que desde hace mucho los argentinos no experimentan, ¿no alcanza y sin esa tendencia a cero no se puede? Y con Cristina tampoco alcanza, pero sin Cristina, ¿no se puede? Ese oleaje extremo de dudas políticas desafía la escalada del proyecto de poder del mileísmo, el único polo partidario con chances reales de fortalecerse. ¿Hasta cuánto puede consolidarse ese poder? Es el gran interrogante de las elecciones de este año.
Por el lado de Cristina, ayer a la noche, desde la sede del Partido Justicialista, el kirchnerismo inauguró la vía de acción política para enfrentar las horas más críticas de su conductora. En el año legal y político más riesgoso para Cristina, el PJ decidió homenajear a “los compañeros fusilados de José León Suárez” en 1956 en el Día de la Resistencia Peronista. Fue la primera vez que ese acto tuvo lugar en la sede partidaria. Contrasta con la épica cero de la última reunión en el PJ, que hace menos de un mes, el 20 de mayo, apenas se reunió por Zoom y sin la presencia de su presidenta. Esta vez, Cristina se hizo presente. Pero, por el momento, eligió un discurso lejos de la contundencia encendida de su alegato de cierre en la causa Vialidad: las alusiones a la Corte fueron en general, como cabeza del “Partido Judicial”, y no hubo referencia explícita y directa al fallo que está por llegar.
La expresidenta hizo dos cosas. Reorganizó una saga histórica: cuestionó la fecha origen de “la grieta” argentina, el 25 de mayo de 2003, con la asunción presidencial de Néstor Kirchner, y la interpretó, en cambio, como una polarización entre pueblo y antipueblo transversal a la historia argentina. Construyó una saga de heridas populares que se remonta a: el derrocamiento de Perón y el alzamiento de Valle, el golpe a Yrigoyen, el degollamiento del Chacho Peñaloza, el fusilamiento de Dorrego, el envenenamiento de Moreno. Cristina se inscribió en esa saga: “Soy una fusilada que vive”, dijo. También hubo un anticipo de su posicionamiento ante una eventual condena definitiva con prisión efectiva: “Hay momentos en la historia en que estar presa es un certificado de dignidad”. Y se comparó implícitamente con Macri, Luis Caputo, Pepín Rodríguez Simón, aunque sin nombrarlos, a quienes vinculó con hechos de corrupción mencionados sin precisiones.
En el trasfondo de la reacción a la decisión de la Corte operan otras parte del manual de la historia peronista que le da las chances de reinventar el Día de la Lealtad con un llamado a la movilización, resistencia y lucha, en lengua perokirchnerista, contra el fallo de la Corte, leído como “proscripción” política. La coreografía pública de Juan Grabois de los últimos días empezó a construir ese camino. La semana pasada anunció: “Si tocan a Cristina, vamos a estar en la calle”.
La inminencia de la decisión de la Corte Suprema con relación a su condena en la causa Vialidad altera la naturalización de un triunfo mileísta casi seguro en las elecciones nacionales. O, al menos, un buen desempeño en elecciones claves como las de la provincia de Buenos Aires.
La reposición de la grieta kirchnerismo vs. antikirchnerismo está en el centro de la narrativa libertaria tanto en las elecciones provinciales como en al de este año. Con esa polarización, el mileísmo busca encarrilar el caudal del afluente Pro y sus votantes hacia el gran río libertario. Excluido ese riesgo de sobrevivencia kirchnerista, se quedaría sin una variable central para domar y disciplinar, castigar y ordenar los territorios políticos.
Las versiones de estas últimas horas giran en torno a una ratificación de la condena y a la exclusión de Cristina Kirchner de la vida política y electoral. La Corte tiene en sus manos la llave del mapa político: cualquiera sea su decisión, confirmatoria de la condena de la expresidenta o habilitando algún tipo de revisión, su fallo impactará políticamente. La Corte está condenada al cuestionamiento de una parte de la ciudadanía: para los jueces del máximo tribunal, es un callejón sin salida. Si abren la revisión del proceso pedido por Cristina o por el fiscal, que quiere elevar la pena, la sentencia seguirá sin sanción definitiva: la expresidenta quedaría habilitada para competir en las elecciones de este año. Si finalmente se confirma la sentencia, quedará en prisión e inhabilitada para ocupar cargos públicos.
Por su naturaleza institucional, el Poder Judicial, y la Corte como su máxima autoridad, representa el poder contrahegemónico de la república: su lógica encuentra sentido en la medida en que se queda al margen de los vaivenes de la política y de las mayorías o de las primeras minorías circunstanciales. Exactamente lo opuesto a la reforma del Poder Judicial que avanzó en México bajo el gobierno de AMLO y que se acaba de concretar en la presidencia de Claudia Sheinbaum, muy elogiada por el kirchnerismo, donde los jueces de todas las instancias son votados. Pero aun si la Corte argentina lograra encerrarse bajo siete llaves y se esforzara por decidir según esa naturaleza institucional, va a toparse con un dilema que, como tal, no tiene resolución final, sino puros costos: de un lado y del otro de la grieta, su fallo será leído políticamente.
El aparato peronista y sus alianzas internacionales, con el Grupo de Puebla a la cabeza, también están siendo activados. La denuncia de lawfare es unos de los puntos en común de la dirigencia del grupo donde el chileno Marco Enríquez-Ominami es uno de los nombres claves. No es la primera vez que el kirchnerismo profundiza su contacto con Ominami: a partir de una relación de amistad con Alberto Fernández, cuando todavía era presidente, en mayo de 2021, el mismo Fernández se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como amicus curiae y presentó un documento con un “análisis jurídico” de la situación legal de Ominami. El dirigente chileno estaba siendo investigado por delitos tributarios, en el marco de su campaña presidencial. Fue sobreseído por un tecnicismo, que también benefició a actores políticos de diversos partidos. El kirchnerismo también imagina ahora presentaciones ante la CIDH.
Por el lado de la inflación a la baja, la presidencia de Milei enfrenta una paradoja: cuanto más cercana a cero la inflación mensual, más naturalizada como conquista alcanzada. La inflación del IPC CABA, del 1,6% en mayo, recupera un nivel abandonado hace cinco años: un éxito claro de la visión de Milei y su concepción de la “naturaleza monetaria de la inflación”, según explicó el domingo en el Madrid Economic Forum, en España. Ante jugadores del mundo cripto madrileño, Milei insistió con una frase que en la Argentina es ya uno de sus lugares comunes: “Argentina es uno de los cinco países del mundo que no tienen déficit fiscal en la línea financiera”. Si la checklist del votante da la baja segura de la inflación como objetivo alcanzado, el Gobierno corre el riesgo de recibir presión electoral de otras demandas sociales que todavía no cumplió y son más difíciles de cumplir. Si el próximo jueves la inflación del IPC nacional confirma la perforación del 2% hacia abajo, será una gran noticia y, al mismo tiempo, la puerta de entrada de otros reclamos.
En mayo, la inflación quedó octava entre las preocupaciones de los argentinos. Apenas un 14% la menciona como preocupación. Ahora, el primer lugar lo ocupa la inseguridad, con el 36%; el segundo, los bajos salarios, con el 32%; el tercero, la corrupción, con el 29%; en quinto lugar, la falta de trabajo, con el 28%. Así surge de la Encuesta de Insatisfacción Política y Opinión Pública, de la Universidad de San Andrés, correspondiente a mayo de 2025.
Hace meses que las encuestas de temas que preocupan a los argentinos encuentran a la inflación en el tercero o cuarto puesto del ranking o, incluso, bien lejos, en el octavo puesto. Consumo minorista y poder adquisitivo de los salarios reales, incluidas las jubilaciones, empiezan a instalarse en la opinión pública: la economía micro de bolsillo versus los grandes números de la macro organizada. Milei empieza a verse obligado a ser algo más que el presidente antiinflación y antidéficit.
Desaparecida la angustia de la suba de precio veloz y en escalada continua que caracterizó a las crisis argentinas, la pregunta que llega ahora es: ¿cómo hacer para llegar a fin de mes, a pesar de todo? Excluida Cristina Kirchner de la competencia electoral, si el fallo de la Corte confirma la sentencia, el cambio de percepción del votante puede entrar en un proceso novedoso cuyas consecuencias por ahora son difíciles de anticipar.
POLITICA
Helmut Ditsch exigió explicaciones por el retiro de su obra sobre el glaciar Perito Moreno de la Casa Rosada
El artista plástico argentino Helmut Ditsch confirmó hoy que se enteró por Infobae acerca del retiro de la reproducción de El triunfo de la naturaleza, (2006) cuyo original se expuso desde 2012 en la antesala de la Sala Eva Perón de la Casa Rosada y, cinco años después, tomó su lugar una reproducción en alta calidad de la misma obra hecha en carbon print con una resolución de 4 mil mega pixel.
El reconocido artista, nacido en Villa Ballester y radicado desde 1988 en Viena, expresó su desconcierto por la falta de comunicación oficial: “No, yo les quiero preguntar a ustedes si saben algo, porque el Gobierno no me responde. Yo le envié un e-mail a la persona encargada del patrimonio después de haber visto la noticia que salió en tu medio”, dijo Ditsch, vía teleconferencia, al periodista Nacho Girón, en Infobae al Amanecer, co-conducido junto a Luciana Rubinska y Belén Escobar.
Y enfatizó su sorpresa. “Nadie se contactó conmigo, ni siquiera de manera informal”. Su reacción inmediata fue escribirle al departamento de Patrimonio en la sede de Gobierno. “Esto me está empezando a preocupar porque, ya hace días que les escribí amablemente que me informen cuál es el daño y en dónde está la obra y recordarles que es mía, porque si la van a poner en un depósito ya mismo voy a buscarla y la dono a alguna universidad”, aclaró con vehemencia.
“Problemas estructurales” fue la versión oficial que llegó desde Casa Rosada por lo cual la reproducción de su obra fue removida de su lugar de exposición. A lo que Ditsch se preguntó: “¿Qué significa problemas estructurales? Puede ser de restauración, pero esa no puede ser la excusa porque esa obra no se puede restaurar, porque es una copia. El único daño que se le puede hacer es con un cúter, cortar, que tenga algún corte”, reiteró.
El artista solicitó que como esa obra es de su patrimonio y la cedió a la Casa Rosada, sea cual fuere el Gobierno o color político en cuestión, “para cuando ellos decidan podrían devolvérmela, siempre”, agregó.
La cesión de la obra y el retiro de la misma
Ditsch explicó el contexto del acuerdo artístico durante la entrevista de esta mañana. “Llegó en la gestión de Cristina Kirchner, cuando se terminó de restaurar la sala Eva Perón. Y quedó claro que eso era cedido. Yo, luego, les pregunté si ellos quieren comprar una obra y me dijeron que ´no´, que si tenía algo para darles».
Como el artista sabía que era para una sala de acceso público -ya que hay visitas guiadas a Casa Rosada para colegios e instituciones durante tres días de la semana-, él señaló que los sucesivos gobiernos aceptaron la presencia de la obra, hasta este retiro. “Después del gobierno de Cristina, les pregunté si querían la obra todavía o si preferían que me la lleve. Y Mauricio Macri me dijo que no, que estaba fascinado y es un fan de la obra. Y así siguió con el próximo gobierno y esta es la primera vez que se saca de ese lugar”.
La decisión de retirar la obra coincide con el tratamiento en el Congreso de la Ley de Glaciares, una legislación que protege estos ecosistemas y limita la minería cercana.
La Ley 26.639, sancionada en 2010 y reglamentada en 2011, establece presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y el ambiente periglacial, y ha generado fuertes fricciones entre ambientalistas y empresas del sector minero.
Ditsch relacionó el episodio con el clima de debate sobre el tema: “No puedo decirlo que es una coincidencia, pero me hace mucho ruido. Justo ahora. Una obra que la vieron millones de personas desde el 2012″, se lamentó el artista.
Y aprovechó para remarcar los riesgos de las actividades extractivas sobre los glaciares: “El sentido común se está perdiendo”, advirtió. “Por eso, cuando ahora se debate la ley de glaciares, no es menor el aspecto de la fragilidad de ese fenómeno que puede desaparecer de un día para el otro. Entiendo perfectamente que el Estado necesite ingresos, que necesite ver dónde se puede hacer, dónde se pueden producir divisas, pero la meseta patagónica está llena de tierras raras, necesitas agua para la minería, conozco a las empresas austríacas que son especialistas en los túneles para las mineras», sorprendió acerca del conocimiento acerca del tema.
Y agregó: “Las mineras tienen un muy mal nombre mundialmente, si se meten en hacer trabajos de perforación cerca de glaciares, es la peor propaganda que ellos pueden hacer y van a tener más pérdida que lo que pueda dar de ganancia“, cerró.
Antecedentes y el lugar del arte argentino en el patrimonio oficial
La exhibición de obras de artistas consagrados en la Casa Rosada y otros edificios públicos es tradición en el patrimonio estatal argentino. Ditsch detalló la colocación de su trabajo: “Cuando hicimos el cambio del original por la copia (en 2017), la hicimos en una acción comando para que el público no se dé cuenta. Es una impresión de altísima calidad que costó, en su momento, unos quince mil euros“. Y fue pagada por el artista, sin ninguna ayuda del Gobierno argentino, que él solicitó.
La cesión de obras al Estado ha incluido piezas de Benito Quinquela Martín, Antonio Berni y Xul Solar evidencia la interacción entre arte y función institucional. “Toda la gente de patrimonio deberían ser, en general, muy respetuosos y, aparte, deben ser personas dedicadas al rubro de la restauración y académicos. Lo primero que hacen es llamar al artista, porque lo más fácil para restaurar una obra, si el artista está vivo, es llamarlo a él”, enfatizó.
Y dejó un mensaje acerca de su obra récord, El hielo y la eternidad transitoria, también inspirada en el Glaciar Perito Moreno -que nunca estuvo en Argentina- y fue adquirida por 1.615.900 euros por la fundación HPH Privatstiftung -récord de venta en el arte argentino- en manos de Hans Peter Haselsteiner, uno de los empresarios más influyentes del sector de la construcción en Europa.
La transacción, que consolida la posición de Helmut Ditsch como el artista argentino más cotizado, forma parte de un acuerdo aún mayor: la fundación, con sede en Viena, adquirió además el 49% del resto de la obra del pintor, elevando la inversión total a 5.560.000 euros.
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El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, designado en el cargo hace menos de un mes por el Gobierno, participa desde octubre del año pasado en dos concursos del Ministerio Público Fiscal destinados a cubrir dos vacantes distintas en fiscalías de los tribunales de Comodoro Py, donde se investiga a funcionarios públicos por corrupción.
Uno de esos concursos pone al ministro en la carrera para convertirse en fiscal ante los juzgados federales; el otro, para serlo ante la Cámara Federal, el órgano que revisa todas las resoluciones tomadas en etapa de instrucción.
Lo notable es que Mahiques ya es fiscal y con muy alto rango: es fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires; es decir, jefe de todos los fiscales porteños. Asumió en el gabinete de Milei sin renunciar a ese cargo. Lo que hizo fue concederse a sí mismo una licencia extraordinaria sin goce de sueldo.
La participación en ambos procesos -que dio a conocer Clarín este jueves- coloca al ministro en una situación particular: al menos por estas horas, Mahiques se encuentra en pleno desarrollo de funciones al tiempo que es un aspirante por partida doble para seguir desplegando su carrera como fiscal en un lugar de alta exposición.
Cerca del ministro relativizan que su nombre figure en los concursos, un hecho que consideran natural y que, dicen, no hace más que reflejar la carrera de alguien que “hizo una trayectoria en la Justicia desde los 20 años como meritorio”.
“Se inscribió en octubre, cuando no estaba en sus planes lo del ministerio”, sostienen. “Cuando tenga tiempo renunciará, no es un tema para nada prioritario, pero eventualmente se ocupará”, añaden.
La carrera de Mahiques siempre tuvo como objetivo último la Procuración General, un cargo vacante desde 2018, que ejerce de manera interina Eduardo Casal.
Los concursos
Mahiques se anotó en dos concursos, el 133 y el 134. Los llamados a inscribirse cerraron en diciembre de 2025 y las listas de los postulantes se dieron a conocer el 26 de febrero.
En el primero, que es el más importante, el nombre de Mahiques figura junto al de otros 289 concursantes. La fiscalía de Cámara es una pieza clave en el engranaje judicial de Comodoro Py: tiene la facultad de sostener o desistir los recursos presentados por los fiscales de primera instancia contra las decisiones de los jueces. También puede apelar las resoluciones de la Cámara Federal ante la Casación, el máximo tribunal penal del país por debajo de la Corte, en donde una de las vocalías es ocupada por el padre del ministro, Carlos Mahiques, para quien Milei pidió una extensión de su mandato para que continúe en el cargo a pesar de su edad.
En el otro concurso, el ministro Mahiques figura junto a otros 200 aspirantes. Las sillas a cubrir son las de las fiscalías 6 y 7. La primera está vacante desde el fallecimiento de Federico Delgado y la segunda, desde que el fiscal Ramiro González fue trasladado por el procurador Casal a la fiscalía 1, que es más importante por ser también electoral. González es el único fiscal electoral de primera instancia de la Capital y la única jueza electoral es María Servini, su madrina judicial.
Ambos concursos se encuentran en una etapa preliminar. El proceso incluye un examen escrito, una evaluación oral, el análisis de antecedentes y una entrevista personal.
Luego se elabora un orden de mérito con los postulantes mejor calificados.
Sobre ese ranking, se conforma una terna que es elevada al Poder Ejecutivo. El Presidente elige a uno de los candidatos y su designación debe ser aprobada por el Senado. Finalmente, tras obtener ese acuerdo, el postulante es nombrado formalmente y asume el cargo de fiscal.
concederse a sí mismo,Conforme a
POLITICA
Viudas negras, motochorros y salideras: el Gobierno prepara un proyecto para tipificar nuevos delitos y subir las penas
A los fines de recuperar la iniciativa, el Gobierno iniciará esta semana el tratamiento de diversas reformas y proyectos en ambas cámaras del Congreso. Se trata de un primer paquete de medidas que están planificadas para aprobarse durante este trimestre.
A diferencia de lo que había sido estipulado a comienzos de año, la administración libertaria no presentará en el cortísimo plazo la reforma del Código Penal de la Nación que había sido anunciada por el Gobierno tiempo atrás. Este proyecto normativo tenía 920 artículos y había sido presentado por los entonces ministros Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich luego de más de un año de trabajo junto a una comisión de trabajo liderada por el juez Mariano Borinsky.
Pero la gestión judicial cambió. Ahora la cabeza de esa cartera ministerial es Juan Bautista Mahiques. En su entorno marcan que tiene consideraciones puntuales sobre algunos aspectos de la reforma y que quiere darle su impronta. Ese trabajo puede llevar algunos meses, afirman quienes lo conocen. Aunque en los últimos días surgió la información de que esta iniciativa no tendría subas de penas para delitos de corrupción en la función pública, tres altas fuentes del oficialismo negaron esta versión. “Es absolutamente falso”, afirman.
A los fines de no demorar la implementación de cambios que son considerados como urgentes, Mahiques tiene previsto presentar un proyecto más pequeño que contemple nuevas tipificaciones de delitos y la suba en las penas de otros que ya existen. “Es una primera etapa de la reforma del código penal”, describen.
Infobae pudo acceder a varios de los puntos clave que serán incluidos en el inminente proyecto de ley. Introduce cambios sustanciales en la protección de víctimas, la penalización de delitos migratorios, fraudes financieros y delitos violentos.
El texto oficial prevé la incorporación de un criterio de interpretación “pro-víctima”. Según lo definen los mismos impulsores de la iniciativa, “obliga a los jueces a fallar en favor de quienes sufren delitos y establece la participación obligatoria de la víctima en decisiones clave, como la suspensión del juicio a prueba”. “La participación de la víctima pasa de ser opcional a obligatoria, con rol en decisiones como la suspensión del juicio a prueba, que requiere de su consentimiento”, ejemplifican.
La iniciativa también introduce modificaciones de fondo en materia de delitos migratorios. El proyecto incorporará al Código Penal las figuras ya contempladas en la Ley de Migraciones, como el tráfico ilegal y el fraude migratorio, y suma nuevos tipos penales para castigar el ingreso y la permanencia ilegal de extranjeros. Las penas propuestas van de uno a veinte años de prisión, con agravantes para casos que involucren violencia, engaño o abuso de necesidad.
El Ministerio de Justicia especifica que se sancionará de manera más severa la reincidencia de extranjeros deportados que regresen al país, la asociación ilícita para facilitar el tráfico de personas y el soborno a autoridades migratorias, así como el tráfico con fines de trata de personas.
El capítulo económico de la reforma apunta a combatir las estafas piramidales. El proyecto agrega un artículo específico y eleva las penas a un rango de tres a doce años de prisión, con agravantes si la víctima pierde total o parcialmente el dinero invertido.
Respecto a los delitos contra la propiedad, la propuesta tipifica por primera vez la modalidad conocida como “viuda negra” como robo agravado, con condenas de hasta doce años de prisión. El texto introduce un inciso particular para quienes suministren sustancias a la víctima con el fin de consumar el robo, tanto por engaño como por la fuerza.
También se incluyen figuras específicas para las denominadas “salideras” y “entraderas”, con penas de tres a doce años y agravantes cuando los ataques ocurren en el ingreso o salida de viviendas, bancos o escribanías. El proyecto tipifica la modalidad delictiva “motochorro”, con penas de dos a ocho años y la inhabilitación para conducir por hasta dieciséis años.
En el ámbito penitenciario, la reforma crea un delito específico para la tenencia de armas dentro de establecimientos carcelarios, con sanciones de dos a seis años y agravantes cuando funcionarios facilitan el ingreso de armas. El Ministerio amplía el catálogo de objetos prohibidos y las conductas punibles en estos contextos.
El Gobierno propone aumentar las penas por las picadas callejeras: el mínimo sube a un año, el máximo a seis años, y se duplica el tiempo de inhabilitación para conducir. En casos de homicidio durante estas carreras, las penas pueden alcanzar los ocho años.
En materia de protección animal, el proyecto deroga la Ley de Maltrato Animal e incorpora un título específico en el Código Penal sobre maltrato y crueldad, con penas de seis meses a tres años y agravantes en casos de lesiones o muerte del animal.
La protección de menores ocupa un lugar destacado en la propuesta. Las penas por grooming y abuso sexual infantil se endurecen, con castigos de hasta quince años en casos agravados, y se establece protección especial para menores de trece años y personas con discapacidad. Producir o distribuir representaciones sexuales de menores de dieciocho años será penado con hasta doce años de prisión, y si la víctima es menor de trece, la escala se eleva a un máximo de quince años. La simple tenencia de este tipo de material recibirá penas de tres a seis años, y la distribución, de cuatro a doce años. Además, se prevén sanciones de hasta quince años para quienes organicen espectáculos sexuales con menores.
Otro capítulo relevante introduce sanciones para el incumplimiento de deberes familiares, con penas de seis meses a seis años y agravantes para casos de reiteración o evasión de obligaciones judiciales como el pago de alimentos, incluyendo conductas de insolvencia fraudulenta.
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