POLITICA
Milei busca hacer equilibrio con China tras las críticas del futuro embajador de EE.UU. en la Argentina
“Es un embajador que todavía no fue ratificado ni llegó al país y ya está generando cortocircuitos que podrían ser evitados”, resumieron distintos diplomáticos nacionales y extranjeros cuando se les consultó sobre las declaraciones de Peter Lamelas en el comité de Asuntos Exteriores del Senado de los Estados Unidos el pasado martes.
Sucede que las palabras del médico convertido con el paso de las décadas en empresario republicano sobre la situación judicial de Cristina Kirchner, las elecciones legislativas de octubre y la relación de China tanto con las provincias como con la Casa Rosada hicieron mucho ruido en el arco político y diplomático en la Argentina.
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Para el Gobierno nacional fue, además, un anticipo de la férrea posición anti-China con la que Lamelas llegará al país. Pese a que es una postura previsible viniendo de un embajador político que responde directamente a la línea política de Trump, la Casa Rosada entiende que tendrá que hacer un juego de equilibrio para mantener el vínculo pragmático que reconstruyó con el gigante asiático durante el último año.
Del Javier Milei de los insultos y las amenazas de cortar cualquier tipo de relación bilateral con China antes de asumir la presidencia en diciembre de 2023 al que permitió el ingreso de ciudadanos chinos sin visa, autorizó la llegada de un vuelo directo desde Beijing o impulsó la reactivación de la represa Jorge Cepernic en Santa Cruz -todo en los últimos meses-, corrió mucha agua debajo del puente.
En este plazo el presidente argentino entendió que no podía prescindir del segundo socio comercial del país. Las inversiones y la presencia de China en sectores estratégicos ya están consolidadas y la Argentina necesita del mercado del gigante asiático para exportar sus carnes, alimentos y productos del agro. Pese a que el déficit comercial se agranda, sobre esto se sostiene la base del pragmatismo entre Buenos Aires y Beijing.
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En este contexto, y con la afinidad política entre Trump y Milei, el futuro embajador Lamelas intentará aumentar la presencia estadounidense en el sector privado, en la explotación de minerales críticos y consolidar la influencia en el ámbito militar, al que la Argentina le viene dando espacio con la adquisición de los aviones caza F-16 y el memorándum de entendimiento para la compra de los blindados Stryker.
Es bien cierto que la Argentina busca y necesita contar con el poderoso apoyo de Trump por las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la lucha judicial que los abogados argentinos están llevando adelante en Nueva York por la expropiación de YPF.
El silencio oficial sobre los dichos en el Senado norteamericano es un claro síntoma del equilibrio que la Casa Rosada intentará hacer ante la presión de Washington: manifestar en público su acercamiento leal, y darle lugar en privado a las exigencias y conversaciones con el gigante asiático. El swap de monedas es otra pieza clave en este tablero de ajedrez.
Desde el ámbito diplomático también se vieron con incredulidad los comentarios respecto a la situación judicial de Cristina Kirchner y las próximas elecciones legislativas nacionales. “Nadie le explicó el principio de no injerencia”, reflexionó -casi en tono jocoso- un diplomático extranjero acreditado en la Argentina. Este mismo sector entiende que no es necesario expresar en público este tipo de posiciones.
Cada representante diplomático intentará impulsar la agenda política, económica y de seguridad de sus capitales, pero en muchas ocasiones el trabajo es subterráneo, sin tantos flashes de las cámaras o exposición en público.
Pese a las dudas que sectores de la oposición buscaron difundir sobre el derrotero que tendrá Lamelas en la cámara alta de Estados Unidos, su ratificación parece no correr riesgos y se espera que llegue a la Argentina entre septiembre y octubre, una vez que pase el verano norteamericano y el Senado vuelva a sesionar en pleno para validar su designación.
En este nuevo mundo donde la diplomacia presidencialista parece estar cada vez más presente, será cuestión de esperar algunos meses para entender si la posición que tomó Lamelas fue simplemente una distracción o será parte del ADN que adopte cuando se mude al imponente Palacio Bosch sobre avenida del Libertador.
Javier Milei, Donald Trump, Xi Jinping
En el cuarto aniversario del inicio de la guerra en Ucrania, un grupo de embajadores en Argentina expresaron de manera conjunta su respaldo a la nación ucraniana. El mensaje resaltó un compromiso unificado con la libertad, la soberanía y “una paz digna para el pueblo ucraniano”, reafirmando la cohesión diplomática de las potencias occidentales frente a la persistencia del conflicto.
La invasión de Ucrania por parte de Rusia hace cuatro años desencadenó el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, causando un inmenso sufrimiento a la población civil y terribles penurias a los soldados, al tiempo que reescribía el orden de seguridad posterior a la Guerra Fría.
Estados Unidos medió en las conversaciones con las delegaciones de Moscú y Kiev como parte de una campaña de paz que lleva un año impulsando la administración de Donald Trump. Sin embargo, la conciliación de diferencias clave, como el futuro de los territorios ucranianos ocupados por Rusia y la seguridad de Ucrania tras la guerra, viene frustrando los avances.
Mientras tanto, miles de soldados de ambos países han muerto en el campo de batalla y la población civil ucraniana ha sufrido los ataques aéreos rusos, que han provocado años de cortes de electricidad y agua.
De acuerdo consignó AP, y según un informe publicado el mes pasado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, se calcula que Rusia sufrió 1.2 millones de bajas, incluyendo hasta 325.000 soldados muertos, entre febrero de 2022 y diciembre de 2025, lo que, según el documento, supone el mayor número de bajas militares de cualquier potencia importante en cualquier conflicto desde la Segunda Guerra Mundial.
Rusia no ha publicado cifras sobre las muertes en el campo de batalla desde enero de 2023, cuando afirmó que más de 80 soldados habían muerto en un ataque ucraniano, lo que eleva el total de muertes militares confirmadas por Moscú a algo más de 6.000.
El CSIS estimó que Ucrania ha sufrido entre 500.000 y 600.000 bajas militares, incluidas hasta 140.000 muertes.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo a principios de este mes que 55.000 soldados ucranianos han muerto en la guerra. Muchos están desaparecidos, afirmó.
Ni Moscú ni Kiev proporcionan datos actualizados sobre las bajas militares. No es posible realizar una verificación independiente.
Según la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU, las muertes de civiles en Ucrania desde la invasión total de Rusia son 14.999, aunque se afirma que probablemente se trate de una estima ción a la baja. Más de 40.600 civiles resultaron heridos durante el mismo periodo, según un informe publicado en diciembre.
La guerra ha causado la muerte de al menos 763 niños, según la ONU. El año pasado fue el más mortífero para los civiles en Ucrania desde 2022. El conflicto causó la muerte de 2.514 civiles y dejó 12.142 heridos en el país en 2025, lo que supone un aumento del 31 % en las bajas civiles con respecto a 2024, según la organización.
A su vez, 19,4% es el porcentaje del territorio ucraniano ocupado por Rusia, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. Durante el último año, Rusia solo ha ganado el 0,79% del territorio de Ucrania en la agotadora guerra de desgaste, según los cálculos proporcionados a principios de este mes a The Associated Press por el grupo de expertos con sede en Washington, lo que pone de relieve los escasos avances de las fuerzas de Moscú a pesar de los enormes costes en tropas y blindados.
Antes de la invasión total de Rusia, esta controlaba casi el 7% de Ucrania, incluida Crimea y partes de las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este, mientras los separatistas respaldados por Moscú luchaban contra el ejército ucraniano, según funcionarios ucranianos y analistas occidentales.
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POLITICA
Los gremios docentes bonaerenses ratifican el paro del 2 de marzo y los estatales reclaman reabrir paritarias
Los gremios docentes bonaerenses ratificaron un paro contra la gestión de Axel Kicillof ante la falta de un acuerdo salarial con el sector. Así, se tensa el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires.
Los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FEB, Suteba, Amet, Sadop y Udocba) confirmaron una huelga para este lunes 2 de marzo, fecha prevista para el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires.
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De este modo, se trata del primer paro conjunto contra la administración de Kicillof. En la mesa paritaria, las autoridades ofrecieron una mejora de 3% para febrero, pero los sindicatos rechazaron la propuesta, que calificaron como “insuficiente” frente a la inflación.
“El congreso nacional de la CTERA ha definido un paro nacional docente para el 2 de marzo, en el marco del no inicio del ciclo lectivo y un plan de acción que continuará con caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país”, indicaron en un comunicado.
Entre los reclamos del sindicato que conduce Sonia Alesso volvieron a pedir por “una nueva Ley de Financiamiento Educativo”.
Los estatales nucleados en ATE, en cambio, solicitaron una nueva convocatoria a paritarias “urgente” a días del inicio del ciclo lectivo. Si el gobierno de Kicillof no presenta una propuesta superadora en los próximos días, el inicio del ciclo lectivo 2026 se verá interrumpido por un paro.
El nuevo pedido de los estatales a Axel Kicillof por paritarias
Este lunes, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires le pidió al gobernador Axel Kicillof que llame a paritarias de “manera urgente”.
“El pedido se fundamenta en la necesidad que tienen las y los estatales bonaerenses de iniciar el año sin una pérdida efectiva del poder adquisitivo y arribar a un acuerdo que resuelva lo perdido en los últimos meses del año 2025“, justificaron en un comunicado.
El gremio que nuclea a los empleados estatales asegura que perdieron 13,5% del poder adquisitivo en los últimos dos años.
Desde ATE sostienen que la prioridad de la gestión provincial debe “garantizar el salario de las y los estatales bonaerenses que con su trabajo sostienen todas las políticas públicas de los más de 17 millones bonaerenses”.
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Además, el sindicato solicitó un aumento salarial de emergencia para los trabajadores auxiliares de la educación.
La semana pasada, el gobierno bonaerense mejoró su oferta salarial del 2% al 3%, pero los gremios la rechazaron por considerarla insuficiente. Según explicaron, el incremento no toma como base el salario de bolsillo cobrado en enero y el impacto real abarcaría 1,5%.
Docentes, paro docente, Axel Kicillof
POLITICA
La Iglesia y otras voces de la sociedad civil advierten sobre la paralización de las políticas de integración de barrios populares
Representantes de la Iglesia, de organizaciones de la sociedad civil y de movimientos sociales, reunidos en la Mesa Nacional de Barrios Populares, denunciaron la reducción de presupuesto y virtual paralización de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, y la eliminación de las políticas de hábitat en todo el país. “Sin integración socio urbana no hay futuro para cinco millones de personas”, plantearon al expresar su preocupación por la situación que afecta a los barrios vulnerables.
“Estamos en una cultura de la voracidad y el descarte”, advirtió el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, monseñor Gustavo Carrara, acompañado por dirigentes de organizaciones de la sociedad civil. Expresó así la necesidad de avanzar en procesos de urbanización e integración social, y destacó especialmente el rol de las comunidades.
La voz de Carrara transmitió la preocupación de la Iglesia por el avance de los problemas sociales y las políticas que en esa materia lleva adelante el gobierno de Javier Milei. La Subsecretaría de Integración Socio Urbana viene funcionando en el Ministerio de Economía y su titular es el diputado libertario Sebastián Pareja.
En el encuentro se advirtió que “la paralización de esta política no es una discusión administrativa, sino el incumplimiento de una ley nacional sancionada por unanimidad en 2018”. Y denunciaron que hay más de 700 obras frenadas y más de 11.000 mujeres afectadas por la interrupción del programa Mi Pieza, creado para financiar planes de mejoras de viviendas.
“Urbanizar es garantizar cosas tan elementales como el agua potable y la electricidad segura. Pero la integración habla de protagonismo”, señaló Carrara, al mencionar la activa participación de los vecinos en el relevamiento que permitió registrar más de 4400 barrios populares en todo el país y conocer las realidades que enfrentan más de cinco millones de personas en viviendas precarias, que carecen de servicios básicos.
“Los propios vecinos trabajan por la integración de sus barrios y ya aportan muchísimo: son obreros de la construcción, trabajadores de la industria textil, de los cordones frutihortícolas que producen los alimentos que consumimos”, explicó el arzobispo, en referencia al esfuerzo que ellos mismos realizan para llevar adelante la tarea. “¿Qué adulto que tenga un poco de corazón puede decir ‘que mis hijos coman, pero si otros no comen no hay problema?’”, alertó.
Además del titular de Cáritas, expusieron el director ejecutivo de Techo Argentina, Juan Maquieyra; la exsubsecretaria de Gestión de Tierras de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), Fernanda García Monticelli, y Lila Calderón, referente del Barrio Obrero de Cipolletti, quienes alertaron sobre las consecuencias del cierre del organismo para los cinco millones de personas que habitan en villas y asentamientos en todo el país.
Todos resaltaron que esta política pública, puesta en marcha en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, logró “trascender dos gestiones de gobierno de distinto signo político, consolidándose como un consenso nacional y su posterior aprobación por unanimidad en el Congreso, en 2018”.
Coincidieron, de ese modo, en que “la integración sociourbana no es una bandera partidaria, sino una herramienta de transformación “, auditada por organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y entidades nacionales, como la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Universidad Católica Argentina. (UCA), que “certifican su transparencia y eficiencia en el territorio”.
García Monticelli explicó que durante la implementación de la política “el 80% de los barrios populares tuvo inversión pública, hubo más de 1200 proyectos de integración con 24.000 lotes con servicio, 250.000 mejoras de vivienda con el programa Mi Pieza, lo que representó un desafío grande para hacerlo a escala”. Sobre el desmantelamiento del organismo ejecutor, agregó: “No se está desmantelando una oficina pública, sino que se trata de la pieza ejecutora de la política, son los relevadores, los que está en territorio y quienes son una defensa ante desalojos”.
A su turno, Maquieyra dijo que tanto el Registro Nacional de Barrios Populares como la ley 27.453, que declara de interés público el régimen de integración socio-urbana y regularización dominial de los barrios inscriptos en dicho registro, son “políticas que se desarrollaron de abajo hacia arriba y se convirtieron en una política de Estado”. Y llamó a los presentes a preguntarse “¿en qué Argentina queremos vivir?”.
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