POLITICA
Milei busca un Ministerio del Interior “poderoso” para acercarse a los gobernadores, pero vetará la ley de ATN
“No nos moveremos ni un milímetro del programa económico”. Esa fue la promesa que el presidente Javier Milei hizo públicamente luego de la derrota en la provincia de Buenos Aires. Ante eso, el Gobierno se enfrenta al vencimiento del plazo para vetar las recientes leyes sancionadas por el Congreso: la de financiamiento universitario, la de emergencia pediátrica (movilizada por la situación del Hospital Garrahan) y el nuevo sistema de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En la Casa Rosada lo ratifican: las vetarán todas.
Las primeras dos legislaciones tienen un impacto considerable en términos de opinión pública. La tercera, en cambio, es más técnica, pero no por ello menos vital para el oficialismo: de manera inédita en los años recientes, esa ley fue consensuada por los 24 gobernadores ante el freno de fondos decidido por Nación, permitiéndole a las provincias recibir esos fondos sin depender de la discrecionalidad de la Casa Rosada.
El fondo de los ATN se compone del 1% de la masa coparticipable y de otros aportes, como el 2% del Impuesto a las Ganancias. Su distribución, históricamente discrecional y orientada a atender emergencias provinciales (o a favores políticos, aunque no se lo admita en público), se vio restringida en la actual administración, que en 2024 no distribuyó la totalidad de los recursos disponibles.
La ratificación oficial de que se vetará esa normativa hizo enfurecer a los gobernadores, quienes permanecen incrédulos ante los recientes intentos del oficialismo por volver construir lazos.
El lunes, el Gobierno anunció que constituiría una mesa federal para aceitar el diálogo con las provincias. Esta jornada, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, posteó una foto junto a Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo; y Lisandro Catalán, anunciado ahí como el flamante ministro del Interior, una cartera que hasta ahora permanecía como una Vicejefatura de Gabinete del Interior. La noticia del reordenamiento de esa cartera fue acompañada con la novedad de que Caputo y Catalán formarán la representación de esa mesa con gobernadores.
Algunos funcionarios libertarios interpretaban de que esa gestualidad quería decir que Milei quería un Ministerio del Interior con fondos y capacidad de fogueo para cumplir con algunas de las demandas de las provincias. Esto es visto con incredulidad de parte de la mayoría de los gobernadores. Principalmente, por el hecho de que se esté vetando la ley de ATN, la cual, según ellos, tenía ciertas vías de financiamiento que no le hacían mella a las arcas del Estado Nacional. Uno de los asuntos que ronda a esta temática es que quitarle la discrecionalidad del manejo de esos fondos a la Casa Rosada perjudica a que no se puedan subejecutar para mejorar las posibilidades de conseguir la meta de déficit cero.
En junio, el Gobierno había otorgado 18 ayudas financieras por un total de $84.000.000.000, mientras que aún quedaban $194.232.889.623 sin asignar en el fondo. La prórroga del Presupuesto 2023 refuerza esta tendencia restrictiva, y todo indica que la situación para el resto del año podría seguir.
¿Pero puede ser la base sobre la cual se construya una distribución para algunos gobernadores? El posteo que Francos emitió esta mañana habla de que Milei lo instruyó a constituir esta mesa para retomar el diálogo con los gobernadores afines. Estos podrían ser los que puedan asegurarle una relativa calma parlamentaria hasta las elecciones generales de octubre.
La búsqueda de la mayor tranquilidad posible en el ámbito político parece ser canon en varias oficinas gubernamentales. La Casa Rosada tiene decidido judicializar la ley de Emergencia en Discapacidad para extenderla hasta el próximo recambio legislativo. En el plano bonaerense, incorporó a los responsables territoriales del PRO, ostensiblemente enojados por el destrato que ellos mismos dicen haber sufrido de parte de los armadores libertarios. Todas estas medidas están sujetas a un éxito que no está cerca de ser asegurado. A priori, Francos y Catalán ya comenzaron con los primeros diálogos con varios gobernadores que han colaborado con La Libertad Avanza en el pasado.
“En este reordenamiento político y en la necesidad de avanzar con mejorar los puentes con los gobernadores; está claro que la medida va en ese sentido”, ratifican fuentes de la Casa Rosada. Otros hablan en palabras mayores. “Milei tiene decidido que le va a poner la billetera a Catalán. Por eso la presencia de Toto. Quiere un ministerio poderoso”, comentó un asesor.
Aun así, se baraja que una de las ofertas más sustanciosas sea la de cargos en el Poder Ejecutivo, al igual que se hizo al inicio de la gestión de Javier Milei con funcionarios de la entonces gobernación cordobesa de Juan Schiaretti.
Milei comenzó su gestión logrando llevar a los 24 mandatarios a una reunión preliminar en Casa Rosada; después de la Ley Bases convocó al llamado Pacto de Mayo, que lo firmaron 19 de ellos; y en la actualidad el escenario está completamente fragmentado.
Esto lo explican dos factores centrales. El primero es el destrato de la Nación hacia los gobernadores en varias tratativas a lo largo del último año: las provincias solicitaron restitución de fondos y la reactivación en obra pública y las medidas no estuvieron cerca de avanzar. El segundo lo constituyen las elecciones provinciales que se dieron este año. Un ejemplo acabado es el del salteño Gustavo Sáenz, que ganó en la compulsa general, pero perdió en varios distritos de su provincia. El desarrollo de la campaña y las acusaciones que le hicieron -sumado a los festejos posteriores- hicieron que el mandatario barajar la persiana.
La Libertad Avanza materializó acuerdos electorales solo con cuatro gobernadores: Leandro Zdero (Chaco); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Alfredo Cornejo (Mendoza); y Claudio Poggi (San Luis). Con los tres primeros se materializaron alianzas para los comicios de octubre y con el último se decidió que el partido libertario compita sin la fuerza del gobernador; una devolución de gentilezas de Poggi a LLA luego de que estos no se presentaran en las elecciones locales de mayo.
Distintos gobernadores analizan la conveniencia que tiene sentarse con el oficialismo luego de tantos antecedentes y ante la inminencia de las semanas más álgidas en términos electorales.
“En la medida que más recursos nos den, más vamos a poder negociar”, resumen en el Gobierno. En tanto, cerca de los jefes provinciales son más crudos con las expectativas: “Tienen rota la relación, la confianza y encima van a vetar ATN. Ellos quieren una foto para frenar la incertidumbre y su propuesta es vetar la ley, que además van a volver a ratificar en ambas cámaras. Se nota que tomaron nota de los errores políticos”. “Se están organizando adentro, la asunción del nuevo ministro del interior se quiere mostrar como una señal de que el diálogo con las provincias va a tener cambios. Veremos si es así, si realmente empiezan a mirar el interior del país y a cumplir”, resumen cerca de un gobernador patagónico.
“Ningún gobernador te va a hablar mal de Catalán”, afirma un operador que los conoce bien. El flamante ministro es la mano derecha de Guillermo Francos y tiene un vínculo estrecho con Karina Milei y los Menem al ser el presidente de La Libertad Avanza en Tucumán. El hastío de los mandatarios sería con el propio Milei y su política económica corporizada en Luis Caputo.
Una primera pista de qué puede surgir en torno a esta cuestión se podría materializar el viernes, cuando seis gobernadores del espacio Provincias Unidas exhiban su unidad política en la exposición rural de Río Cuarto, en el sur de Córdoba. El grupo busca consolidar su perfil como alternativa nacional tras detectar, en sus provincias, profundos signos de descontento social, pérdida de empleo y cierre de industrias, así como la falta de una gestión coordinada con el Gobierno nacional.
La convocatoria de diálogo propuesta por la Casa Rosada llegó después de la derrota de Milei en la provincia de Buenos Aires, pero los mandatarios consideran que la respuesta oficial es tardía y que ya están en condiciones de disputar el poder en las próximas elecciones. Entre los confirmados figuran el anfitrión Martín Llaryora y su primer candidato a diputado, Juan Schiaretti, el santafesino Maximiliano Pullaro, el jujeño Carlos Sadir, el santacruceño Claudio Vidal, el chubutense Ignacio Torres y Gustavo Valdés de Corrientes.
POLITICA
Avanza el traspaso de la Justicia Laboral a CABA: la Nación y el gobierno porteño firmaron un acuerdo y falta el aval del Congreso
El gobierno nacional y las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron este martes un acuerdo para trasferir las competencias sobre la Justicia Laboral a la jurisdicción porteña. “Es un nuevo hito en la autonomía”, destacó el ministro de Justicia de CABA, Gabino Tapia. El convenio —que deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación y la Legislatura porteña— establece un régimen progresivo para que los nuevos tribunales laborales de la Ciudad comiencen a funcionar y asuman competencias sobre las causas iniciadas después de la entrada en vigencia del acuerdo. Las causas previas, en cambio, seguirán bajo la órbita de la Justicia Nacional hasta agotar la doble instancia.
Según el funcionario porteño, este paso permitirá implementar “un servicio de justicia propio, ágil y moderno que le va a permitir a los ciudadanos resolver sus conflictos individuales más rápido y con más previsibilidad para las partes”. El texto del acuerdo ya ingresó al Senado, en medio de una semana clave para la discusión del proyecto que impulsa el presidente Javier Milei de reforma laboral.
En las últimas horas, el gobierno nacional ya había dado señales para avanzar en un entendimiento con la Ciudad de Buenos Aires y, a través del Decreto 95/2026, dispuso que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tenga la potestad de firmar acuerdos para transferir la Justicia del Trabajo. Desde el gobierno porteño, y ante la consulta de Infobae, remarcaron que el convenio es parte de una “mesa de trabajo conjunta” y son optimistas en que el traspaso se pueda dar en el corto plazo.
El decreto publicado en el boletín oficial, además, establece la posibilidad de que, una vez firmado el acuerdo principal, puedan sumarse adendas o convenios complementarios sin necesidad de un nuevo acto presidencial.
De manera puntual, lo que está en juego es quién ejerce el poder real sobre los tribunales laborales con sede en CABA. El debate se arrastra desde la reforma constitucional de 1994, cuando la Ciudad de Buenos Aires adquirió el estatus de autonomía y la facultad de organizar su propio Poder Judicial.
Hasta el momento, el funcionamiento de la Justicia del Trabajo estuvo bajo control nacional, con jueces y cámaras de apelaciones designados por el Estado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallos como “Corrales” y luego en “Bazán”, remarcó que esta situación debería ser solo temporaria y recordó que “el carácter nacional de los tribunales ordinarios con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es meramente transitorio”.
Al respecto, la Corte alegó en su momento que mantener el actual esquema significa, en palabras del Tribunal, “un inmovilismo” que va contra la autonomía porteña y debilita la fuerza de la Constitución Nacional. El texto remarca que existen “graves consecuencias de distinta índole” si esa transferencia no se concreta.
En paralelo, la Legislatura porteña sancionó la Ley 6.789 en diciembre de 2024, que reestructura la justicia laboral local, y la ley 6790, que establece un nuevo Código Procesal para el fuero del trabajo. A partir de estas normas, se creó una nueva Cámara de Apelaciones del Trabajo con seis jueces y diez juzgados de primera instancia, y los correspondientes concursos.
En respuesta a estos proyectos, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional promovió una acción judicial contra la puesta en marcha de las leyes locales. Consideraban que la Ciudad no podía avanzar unilateralmente sin cerrar primero un acuerdo institucional con la Nación. La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal les dio la razón y dictó una medida preventiva: mientras no haya acuerdo entre ambas jurisdicciones, las leyes porteñas no pueden aplicarse.
La sentencia de la Cámara sostuvo que debe existir un traspaso “racional” y acordado, cumpliendo con la ley nacional 24.588 y respetando el artículo 129 de la Constitución Nacional. “La aplicación de las leyes locales queda suspendida hasta que se firmen los acuerdos institucionales exigidos”, indica el fallo, cuya vigencia podría extenderse hasta una sentencia definitiva o el cierre formal del convenio.
Para poder rubricar el mencionado convenio, el gobierno nacional debía habilitar al jefe de Gabinete para representarlos en la negociación. El convenio no implica un traspaso en forma automática, sino que fija las reglas para que el proceso de discusión y transferencia pueda iniciarse de manera institucional y con respaldo político.
El debate arrastra además consecuencias prácticas para trabajadores, empresas y abogados. Un traspaso de competencias modificaría el fuero donde se tramitan los conflictos laborales en la ciudad y obligaría a definir qué expedientes siguen en Nación y cuáles pasan a Capital Federal. El Gobierno porteño avanzó en la designación de jueces y la estructura organizativa. Incluso, a través del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abrieron concursos para cubrir cargos en el fuero del trabajo.
Según el acuerdo, la Ciudad deberá, en un plazo máximo de 180 días, seleccionar a los jueces del nuevo fuero laboral (creado por las leyes 6.789 y 6.790) y garantizar la infraestructura y los recursos necesarios. Una vez operativo, será el único fuero competente para causas laborales iniciadas desde ese momento.
Qué competencias se transfieren y cuáles no
Según el texto, CABA recibirá todas las competencias relativas a conflictos individuales de trabaj, pero quedarán excluidos del traspaso y seguirán bajo jurisdicción federal:
- Los conflictos colectivos y la negociación colectiva.
- Los temas de asociaciones sindicales y personería gremial.
- Las competencias del Pacto Federal del Trabajo que no hayan sido delegadas.
- Las causas laborales donde sea parte el Estado Nacional.
- Los recursos contra decisiones administrativas dictadas por autoridades nacionales.
De esta manera, el fuero federal mantendrá atribuciones clave en materia sindical y de relaciones laborales colectivas.
Régimen de transición y cierre de juzgados
El acuerdo prevé una transición ordenada:
- Las causas iniciadas antes del día de entrada en vigencia seguirán en la Justicia Nacional del Trabajo.
- La ejecución de las sentencias, sin embargo, se trasladará al nuevo fuero porteño.
- Las causas nuevas irán al Fuero del Trabajo porteño, y las comprendidas en materias excluidas, al fuero contencioso administrativo federal.
Además, una vez aprobado el acuerdo, se dispondrá el cierre inmediato de los juzgados laborales nacionales vacantes y de la Sala VII de la Cámara Nacional del Trabajo, según el listado del Anexo I. El cierre total del fuero laboral nacional se realizará de manera progresiva.
El rol del Tribunal Superior de Justicia porteño
Uno de los puntos más relevantes es la Cláusula Complementaria, que aclara el alcance del fallo “Levinas”: el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad será el órgano revisor máximo de las decisiones de los tribunales nacionales cuando se trate de cuestiones de derecho local o común, y también cuando exista cuestión federal, en los términos del artículo 14 de la Ley 48. Solo quedarán fuera de ese esquema las causas propiamente federales por materia o persona.
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La CGT convocó una movilización frente al Congreso este miércoles 11 de febrero en rechazo a la reforma laboral. En ese sentido, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) confirmó su adhesión e indicó que, en el marco de la jornada de protesta, habrá un cese de actividades desde las 13. Es por eso que muchas personas se preguntan si habrá colectivos mañana, más que nada para buscar alternativas de viaje de ser necesario.
Según confirmó con fuentes de la Unión de Transporte Argentina (UTA) ―el gremio que nuclea los choferes de colectivos―, esta se adhiere a la marcha de la CGT y se movilizará este miércoles hacia la Plaza de los Dos Congresos. De todos modos, a diferencia de otros sindicatos de transporte, no llevará adelante un paro durante la jornada. Esto quiere decir que este miércoles se podrá viajar en colectivo en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).
En paralelo, y ante la amenaza de un paro llevado adelante por la UTA en el interior del país, el Ministerio de Capital Humano informó que se dictó la conciliación obligatoria. De esta forma, la posible medida de fuerza para los colectivos, impulsada por el gremio, no se llevará adelante.
“El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que se ha dictado la conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a empresas de transporte de pasajeros del interior del país”, apuntaron desde el ministerio.
Según detalló Juan Carlos Schmid, Secretario General de la CATT, en una conferencia de prensa tras la reunión del Consejo Directivo de este lunes, los sectores que harán el cese de actividades este miércoles 11 de febrero a partir de las 13 son el portuario, el marítimo, el aéreo y el subte.
El dirigente consideró que la reforma laboral “ataca los derechos constitucionales”, “violenta muchos de los acuerdos internacionales dispuestos por la Organización Internacional del Trabajo” y “favorece decididamente al sector empresarial”.
En cuanto al paro de transporte, detalló que las actividades que nuclea la Confederación “se van a organizar de manera conveniente”. Según un comunicado de APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas), “se llevará a cabo este miércoles la medida de cese de actividades de 15 a 18 horas en Aeroparque y Ezeiza, lo que generará demoras operativas”.
Por su parte, los Metrodelegados publicaron un comunicado en el que detalla el cese de actividades del subte este miércoles: inicia a las 21 y se extiende hasta el cierre de la jornada, que suele ser hasta las 23.30, según cada línea.
En el caso puntual de los trenes, no estarían afectados por el paro de transporte. Desde La Fraternidad aún no se pronuncian al respecto ni confirmaron su adhesión a la movilización de la CGT.
La CGT convocó una movilización frente al Congreso este miércoles 11 de febrero en rechazo a la reforma laboral,Según confirmó LA NACION con fuentes de la Unión de Transporte Argentina (UTA),Agenda,CGT,Paro de transporte,,Paro de la CGT. Qué sindicatos se adhieren a la movilización del miércoles 11 de febrero,,Movilización. Horario, cortes y lo que hay que saber de la marcha de la CGT,,Ciclo lectivo. Cuándo empiezan las clases en 2026 en cada provincia,Agenda,,Qué se sabe. Dictaron la conciliación obligatoria y no habrá paro de colectivos en el interior este miércoles 11 de febrero,,Confirmado. Todo lo que se sabe del paro de subtes de este miércoles 11 de febrero,,Paro de transporte. ¿Hay trenes mañana, miércoles 11 de febrero?
POLITICA
El oficialismo incluyó el acuerdo entre el Mercosur y la UE en la sesión del jueves en Diputados
La Cámara de Diputados de la Nación convocó para el 12 de febrero de 2026 a las 11:00 horas una sesión especial destinada a debatir una serie de proyectos sobre el Régimen Penal Juvenil. El pedido fue realizado por el diputado Gabriel Bornoroni junto a otros legisladores, quienes impulsan la discusión de una agenda centrada en la responsabilidad penal de adolescentes y menores de edad en Argentina.
Esto estaba previsto en el cronograma que había adelantado el oficialismo la semana pasada en la reunión que realizó el presidente de la Cámara, Martín Menem, con los titulares de cada uno de los bloques. Sin embargo, la novedad fue que en el pedido de sesión que hizo el presidente del bloque de LLA, en el temario apareció el tratamiento del acuerdo Unión Europea-Mercosur.
El acuerdo comercial con los países que conforman la Comunidad Económica Europea ingresó al Congreso de la Nación la semana pasada pero hasta ahora no hubo una sola reunión de comisión para debatirlo. Recién se espera que mañana -hoy a la tarde se va a conformar la comisión del Mercosur– los diputados tengan un primer debate al respecto, por eso es que llamó la atención el apuro del oficialismo en los legisladores de la oposición.
Este “apuro” se podría justificar en la intención del Gobierno de ser el primer país de la región en ratificarlo. Y, aunque parezca un detalle menor, el oficialismo aceleró una vez que se enteró que el Congreso de Brasil ya tiene dictamen y planea tratarlo post carnaval.
Sin embargo, choca de frente con la realidad de la Unión Europea donde están a la espera de lo que resuelva mediante un dictamen el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el acuerdo de asociación. Esta decisión que pidió el Parlamento Europeo no cuestiona el acuerdo económico pero sí su validez jurídica.
Sin embargo, y aunque hay una buena recepción de parte de la oposición respecto del entendimiento con la UE, muchos legisladores señalaron que es apresurado. “Estábamos trabajando sobre otros temas, es muy complicado que en 24 horas se pueda analizar y tomar una posición respecto de la cantidad de intereses que tiene el acuerdo”.
Régimen Penal Juvenil
El otro punto en el temario es la modificación del régimen Penal Juvenil. El gobierno había mandado ayer un proyecto de ley para que sea el que se busque dictamen. En el mismo establecía la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años y una pena máxima de 20 años. A diferencia de lo que había enviado en 2024, en este caso tenía fondos asignados. Sin embargo, anoche y sin mediar muchas explicaciones, decidió retirarlo.
Es por eso que en el temario del llamado a una sesión para el jueves figuran al menos trece expedientes que abordan distintas propuestas para modificar, derogar o crear un nuevo marco legal para el tratamiento penal de personas menores bajando la edad de imputabilidad de 16 años a 13 y 14 años. Entre los documentos destacados se encuentra el Mensaje Nro. 46 enviado por el Poder Ejecutivo el 15 de julio de 2024, que propone un proyecto de ley específico para el Régimen Penal Juvenil.
Sin embargo, como es el mismo proyecto de hace dos años, cuando la Argentina no contaba con un Presupuesto, el documento que se establece en el temario no cuenta con fondos asignados.
Varias de las iniciativas presentadas contemplan la derogación de la actual Ley 22.278, vigente desde 1980, y su reemplazo por un sistema que regule la responsabilidad penal de adolescentes a partir de los 14 años. También se analizarán modificaciones al Código Penal Argentino y la introducción de nuevos criterios para la imputabilidad de menores.
La convocatoria incorpora expedientes impulsados por diferentes bloques parlamentarios, entre ellos los proyectos 0244-D-2024, 1099-D-2024, 1218-D-2024 y 2467-D-2024, que proponen cambios profundos en materia de justicia juvenil. De acuerdo con el temario oficial, las iniciativas buscan establecer un marco normativo actualizado para los delitos cometidos por adolescentes, así como regular las condiciones de detención y resocialización.
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