El Poder Ejecutivo tomó la decisión este miércoles de no solicitar al Senado la extensión del mandato de la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y se reserva la posibilidad de cubrir este cargo con algún candidato propio para ir ganando terreno en sectores claves de la Justicia.

Martínez dejará su cargo el 1° de febrero, cuando cumpla 75 años, edad en la que —al igual que ocurre con los jueces— su continuidad depende de un nuevo nombramiento aprobado por el Congreso. El Gobierno resolvió no enviar el pliego al Senado, con lo que la funcionaria que lideró el Ministerio Público de la Defensa desde 2006 dejará el cargo sin opción a renovación.

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La salida de Martínez se suma a un panorama complejo en las autoridades judiciales. Su reemplazo interino será Julián Langevín, defensor ante la Corte Suprema, de 64 años. Con esta medida, las dos máximas autoridades del Ministerio Público —Langevín y el Procurador General Eduardo Casal— quedarán en sus cargos en carácter de interinos.

Martínez había expresado su voluntad de continuar al frente de la Defensoría por cinco años más mediante una carta enviada al Poder Ejecutivo a fines de 2025.

Incluso, el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina expresó su “firme respaldo” a la continuidad y pidió en noviembre al gobierno, en una nota a Sebastián Amerio, que solicite al Senado el acuerdo para su designación por un nuevo período de cinco años. “Su trayectoria refleja una carrera caracterizada por la excelencia profesional y el compromiso con el servicio público”, sostuvieron los firmantes.

La salida de Martínez también se da en un contexto de crecientes reclamos de reformas judiciales y críticas por parte de distintos sectores sobre la falta de avance en nombramientos cruciales dentro del sistema de justicia, en especial en tribunales superiores e instancias federales.

Si el gobierno se lo propone y consigue aval del Senado, podrá nombrar a dos jueces de la Corte, a un nuevo Defensor General y un nuevo Procurador General. Un escenario ambicioso pero no imposible que ya intentaron antes sin éxitos otros gobiernos. Como fue el caso de Alberto Fernández que promovió al juez Daniel Rafecas para reemplazar a Casal pero a último momento, incluso con negociaciones avanzadas, la idea quedó trunca.

Lo cierto es que aún está fresco el recuerdo del fracaso del Ejecutivo con los nombramientos por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema y, antes de intentar ocupar esas sillas, deberá enfrentar problemas más urgentes como la falta de envío de pliegos para cubrir vacantes en los tribunales.

Según pudo saber TN, para evitar un escenario similar, el Ejecutivo enviará al Senado pliegos que respeten de manera rigurosa el orden de mérito de los concursos, con la intención de dejar a la oposición ante el costo político de rechazar a los candidatos mejor calificados.

Datos oficiales del Consejo de la Magistratura de la Nación indican que 2025 fue el año menos productivo desde 2022: durante todo el período se elevaron apenas 19 ternas al Poder Ejecutivo. El contraste con 2024 es marcado, ya que ese año se habían aprobado y remitido 96 expedientes.

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Según el último informe de gestión, al cierre de diciembre había 203 vacantes con concursos ya finalizados que continúan a la espera de una decisión del Presidente. A ese número se suman otras 157 vacantes que todavía están en trámite dentro del Consejo, en su mayoría correspondientes a tribunales ya habilitados que hoy funcionan con jueces subrogantes.

El panorama expone la magnitud del problema que enfrenta el Gobierno y anticipa un año de negociaciones complejas con el Senado, en un contexto en el que la cobertura de vacantes judiciales aparece como uno de los principales desafíos institucionales de la gestión.

Defensoría General de la Nación, Gobierno, Congreso, TNS

El secretario general de la CGT, Jorge Sola, salió al cruce de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei durante una entrevista en A Dos Voces, por TN, emitida este miércoles por la noche.

El dirigente sindical anticipó que la central obrera intentará frenar el avance del proyecto si se mantiene el texto actual, al considerar que vulnera derechos laborales básicos y contradice la Constitución Nacional. “Vamos a tratar que no se trate en estas condiciones”, advirtió.

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Críticas al contenido del proyecto y advertencia constitucional

Sola definió a la CGT como “un gran muro de contención” frente a la iniciativa oficial y sostuvo que se trata de una ley que “tiene poco de modernización” y “va en desmedro de los derechos individuales y colectivos, con un fuerte sesgo ideológico”.

Según explicó, el proyecto apunta primero a “destruir la representación de los trabajadores y los gremios”, al imponer limitaciones al derecho sindical y al derecho a la huelga, algo que, remarcó, “se da de narices contra la Constitución Nacional”.

En ese marco, anticipó un conflicto judicial si la reforma se aprueba sin cambios: “Van a tener un choque con una mirada judicial que les va a decir que hay cosas acá que no pasan el 14 bis”, afirmó, y agregó que la CGT “va a tratar de que no se trate en estas condiciones”.

Impacto sobre los convenios y aviso de acciones gremiales

Uno de los puntos que el dirigente sindical señaló como más sensibles es el efecto directo sobre los trabajadores alcanzados por acuerdos sectoriales. “A todos aquellos que tenemos un convenio colectivo, si se aprueba la ley, se caen y van a la Ley de Contrato de Trabajo”, advirtió. Y alertó por una pérdida concreta de derechos.

Sola también cuestionó el enfoque económico del proyecto: “Se discute cómo se puede despedir mejor y no cómo se puede contratar mejor”. Y afirmó que para generar empleo genuino “se necesita un proyecto de inversión productiva que no lo hay”.

En la misma línea, apuntó contra la presión impositiva sobre las pymes y reclamó que el ajuste no recaiga sobre los trabajadores: “Empiecen por acotar ahí, no sacarle y traspasar riqueza de los trabajadores al sector empresario”.

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Finalmente, el secretario general de la CGT ratificó que habrá respuesta sindical si el proyecto avanza: “Vamos a hacer todas las acciones gremiales que tengamos que hacer”, advirtió, y pidió no deslegitimar el rol del movimiento obrero.

“No nos pongan como que solo estamos acá para patear el hormiguero; estamos para patear el hormiguero si la comida no va a alcanzar para todas las hormigas. Queremos más formalidad, mejores derechos”, afirmó. “La modernización la podemos hacer los gremios, no se apresuren”, reclamó a la administración libertaria.

Jorge Sola, CGT, reforma laboral, Javier Milei

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