El presidente Javier Milei firmó el decreto que convoca a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. En ese período, el oficialismo de La Libertad Avanza buscará sancionar el proyecto de Presupuesto 2026, al mismo tiempo que busca iniciar las gestiones administrativas para comenzar los debates en comisión de las diferentes reformas que son impulsadas desde el Poder Ejecutivo.

El anuncio fue hecho esta tarde por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que comunicó que el Presidente se aprestaba a firmar el decreto de la convocatoria, el cual incluirá el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma laboral (o Ley de Modernización Laboral), la reforma tributaria, la modificación de la Ley de Glaciares (que incluye cambios en otras normativas), la reforma del Código Penal y el proyecto de Ley de Libertad Educativa.

La medida se publicará en el Boletín Oficial el martes 9 de diciembre, día en el que se prevé que el Consejo de Mayo -el organismo creado por el Gobierno que convocó a múltiples sectores para el debate de varias reformas mencionadas en el Pacto de Mayo- realice una conferencia en Casa Rosada para presentar los proyectos oficiales. Hasta entonces, el oficialismo afirma que todos los borradores y anteproyectos no son oficiales.

La letra chica del Presupuesto 2026 dependerá exclusivamente de lo que determinen Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Es decir, cuánto están dispuestos a sacrificar del superávit fiscal como para redistribuir entre los aliados pueden aportar los votos, entre ellos los gobernadores.

El Gobierno ya se reunió con 18 de los 20 mandatarios provinciales que habían sido invitados días después de las elecciones a la Casa Rosada. Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, anotaron los pedidos de cada uno de ellos, pero no se los convalidarán a todos por igual.

Priorizarán a quienes fueron aliados electorales o aportaron masa legislativa para La Libertad Avanza, a quienes “hayan cumplido los deberes en materia fiscal en sus distritos” y los que tengan una masa de legisladores propios que se haga imprescindible darles gestos por arriba de la media. En este último copón están gobernadores como Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Raúl Jalil, de Catamarca; y Hugo Passalacqua, de Misiones.

La Casa Rosada cree que este año debe darse una aprobación presupuestaria. No como los dos años anteriores, que utilizaron las prórrogas del proyecto de 2023 para pisar gastos a los fines de cumplimentar el objetivo de déficit cero. La ratificación de la Ley de Leyes es algo que pide la oposición (dialoguista e intransigente) como los agentes económicos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Es por esto que dada la importancia que revisten estas iniciativas para el Presidente, el oficialismo tiene previsto convocar a los jefes de bloque en Diputados y Senado. Esa invitación se podría extender a los gobernadores.

El Presupuesto vendrá con dos iniciativas complementarias: una es la Ley de Inocencia Fiscal que el Gobierno busca aprobar para incentivar a que los ahorristas ingresen a la formalidad los “dólares del colchón”. Además buscarán implementar una iniciativa “de regla fiscal” para que no se pueda aprobar un incremento presupuestario si no se informa cómo se puede financiar.

Pese a que el Gobierno quería mantenerlo lo más guardado posible, resultó inevitable que salieran versiones muy aproximadas a la reforma laboral que se revelará el martes que viene. Se prevé dos grandes grupos de reformas en materia laboral. El primero incluye modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, con énfasis en la eliminación de las denominadas “zonas grises” que inciden en los montos pagados por indemnizaciones.

Se introducirán cambios en los requisitos para demostrar la existencia de un “daño” al empleado, con el objetivo de limitar la posibilidad de que los jueces eleven los montos que deben afrontar las empresas en caso de despido. Los equipos encargados del proyecto sostienen que será el trabajador quien deba acreditar la existencia de un daño.

También se propone modificar el principio de “ultraactividad”, que extiende la vigencia de los convenios vencidos, y se plantea incorporar la “prelación”, para que un acuerdo laboral de alcance menor (por empresa, municipio o provincia) tenga prioridad sobre uno general que abarque toda la actividad.

La propuesta libertaria para las modificaciones penales estará compuesta por más de 900 artículos que centrarán sus modificaciones en intensificar la política criminal, para dotar a los magistrados de herramientas y, a su vez, evitar “arbitrariedades” a la hora de evaluar cada causa. Bajo esa premisa, habrá una “actualización” de penas para delitos que revisten gravedad como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas.

La letra chica contempla -hasta entonces- el cumplimiento efectivo de la pena en el 82% de los delitos y, por consecuencia, la elevación de los mínimos de las penas que tendrá estrecha “relación” con el delito cometido y el daño causado. A su vez, si bien estuvo la posibilidad de incorporar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, finalmente no estará incluido en esta versión de la reforma. En función de eso, la Casa Rosada estudia la posibilidad de impulsar una comisión bicameral en el Congreso que acelere los tiempos y unifique el diseño del dictamen con el objetivo primordial de evitar modificaciones y dilaciones en su tratamiento.

La modificación penal no tendrá un tratamiento prioritario si se la compara con la reforma tributaria. Esta podría incluir la creación de un “Súper IVA” para que sean las provincias quienes comiencen a recaudar una parte de estas, pero debiendo competir con otros distritos para atraer inversiones.

Esto mismo se pretende con la modificación de la Ley de Glaciares para que sea cada provincia la que defina a partir de cuántos kilómetros de una zona periglaciar puede desarrollarse una actividad minera. A esa reforma se le prevé incluir cambios en la Ley de Promoción Minera y en la Ley de Tierras para limitar la compra de inversores extranjeros.

Por último, el proyecto de Ley de Libertad Educativa se enfoca en la educación obligatoria –nivel inicial, primario y secundario– que, en rigor, depende de las provincias. El texto busca cada distrito pueda decidir si implementar “formas alternativas de enseñanza” como la educación en el hogar. También busca habilitar la educación híbrida (que combina instancias presenciales y virtuales) y a distancia, sin establecer una edad mínima. Para la educación en casa, los estudiantes podrán acreditar sus aprendizajes “mediante exámenes periódicos”. Asimismo, autoriza a las provincias a ofrecer “enseñanza religiosa confesional” en las escuelas públicas de manera optativa y fuera del horario escolar.

El próximo llamado a sesiones extraordinarias se producirá en la segunda quincena de enero y pretende llegar hasta finales de febrero, unos días antes de que se produzca la Apertura de Sesiones.

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