La difusión de los principales lineamientos de la reforma del sistema de Inteligencia que el Gobierno de Javier Milei evalúa implementar por decreto generó una rápida reacción de dirigentes opositores. A través de posteos en X, referentes del peronismo, el socialismo y el radicalismo expresaron objeciones al contenido que se conoce hasta ahora y al mecanismo elegido para modificar la Ley de Inteligencia Nacional.

Los cuestionamientos apuntaron al uso del decreto para introducir cambios de fondo, al desplazamiento del Congreso del debate y al impacto que las reformas podrían tener sobre derechos y controles institucionales.

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En los mensajes se remarcó que las modificaciones se conocieron en pleno receso parlamentario y sin participación de la comisión bicameral encargada del control y se repitió la advertencia sobre un posible retroceso en materia de controles institucionales y conducción civil.

Los dirigentes plantearon además que el nuevo esquema altera equilibrios internos del sistema y redefine vínculos entre inteligencia, fuerzas armadas y seguridad interior. En ese marco, reclamaron que el decreto sea rechazado y que cualquier reforma se tramite por ley.

El uso del decreto y el rol del Congreso

Uno de los ejes centrales de los cuestionamientos fue el recurso al decreto. El diputado socialista Esteban Paulón sostuvo que el DNU 941/25, según la información, modificaría aspectos sustanciales de la ley vigente sin pasar por el Congreso ni por la Comisión Bicameral.

“Mientras sonaban las cañitas voladoras, modifica la Ley de Inteligencia Nacional (25520), generaliza un estado de sospecha y transfiere competencias sensibles a las áreas bajo el control de Karina Milei”, escribió Paulón en su cuenta de la red social X. En el mismo mensaje agregó que “la interna entre Karina y Santiago Caputo es un riesgo para la seguridad nacional y pone en riesgo la autonomía e independencia de la Inteligencia nacional”.

Luego, el diputado planteó cinco ideas sobre el decreto, al que calificó como “duro golpe a la democracia”. Según su detalle, vuelve el “espionaje político”, se le da “carta blanca a la SIDE”, genera “opacidad y secretismo”, deja afuera el Congreso y habilita la vigilancia digital.

Ricardo Alfonsín también expresó su preocupación por la vía elegida. Señaló que se trata de un tema que debería ser debatido y consensuado y afirmó que no existirían razones que justifiquen el uso de un DNU. “Entre gallos y medianoche, Milei modifica la ley de inteligencia”, escribió.

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En la misma línea, el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau planteó que el alcance del decreto implicaría, en los hechos, el dictado de una nueva ley de inteligencia, con un corrimiento de las facultades del Congreso y denunció que viola “expresamente” la Constitución Nacional. “Pasa descaradamente por encima de las facultades del Congreso. Obliga a toda la administración nacional y provincial a transformarse en delatores de la oposición política. Es un claro retroceso democrático”.

El exministro de Defensa, Agustín Rossi coincidió en que cualquier modificación de la ley debería realizarse mediante una norma sancionada por el Parlamento. “Este DNU fortalece la idea de un Estado represor, oscuro, con ausencia de derechos y garantías para la ciudadanía argentina”.

Facultades, control y vigilancia

En sus posteos, Paulón enumeró distintos puntos que consideró críticos del esquema que se anticipa. Mencionó la definición de activistas, opositores y periodistas como riesgos, la declaración de carácter encubierto de todas las actividades de inteligencia y la eliminación de controles sobre fondos reservados. También cuestionó la creación de un nuevo esquema de vigilancia digital bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Rossi advirtió que el contenido conocido habilitaría a los agentes de inteligencia a actuar como una policía secreta, con facultades para aprehender personas sin orden judicial. Además, alertó sobre la falta de precisiones respecto del uso de personal militar y de fuerzas de seguridad en tareas de inteligencia y sobre la concentración del control presupuestario en la SIDE.

Cambios en defensa e inteligencia militar

La reorganización del área de defensa también concentró críticas. Rossi cuestionó la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y su reemplazo por una estructura dependiente del Estado Mayor Conjunto, lo que, según afirmó, dejaría al ministro de Defensa sin inteligencia propia.

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el diputado Jorge Taiana coincidió en ese diagnóstico y sostuvo que se autonomiza la inteligencia militar del control civil, concentrando poder en la estructura militar. Agregó que, al mismo tiempo, se subordina la inteligencia militar al área de seguridad y se avanza en convertir a las Fuerzas Armadas en un auxiliar de las fuerzas de seguridad. “La consecuencia será un Estado policial que recortará varios derechos y perseguirá y controlará a opositores”, aseguró.

En ese contexto, la coincidencia de los dirigentes opositores fue el pedido para que el Congreso rechace los cambios que determina el DNU y que habilite la discusión parlamentaria de cualquier modificación en la ley de Inteligencia. “El Congreso debe rechazar este DNU. Exigimos que las modificaciones de la ley de inteligencia se hagan mediante una ley”, escribió Rossi, pero en similar sentido se expresó el resto.

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El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a marcar distancia del Gobierno nacional y profundizó sus diferencias con el presidente Javier Milei y con el ministro de Economía, Luis Caputo. El mandatario provincial advirtió que no ingresará por ahora los US$800 millones que la provincia colocó en el mercado financiero internacional y denunció presiones de la Casa Rosada para que las divisas fueran liquidadas de inmediato.

En una entrevista radial, Pullaro explicó que el crédito —autorizado por el Ejecutivo nacional— fue tomado a nueve años, con una tasa del 8,10%, y que la provincia cuenta con un plazo de hasta 180 días para ingresar los fondos. “Nación pretendía que los trajésemos ya, pero con la volatilidad del dólar eso implicaba una pérdida para Santa Fe”, sostuvo.

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Según detalló, cuando se tomó la deuda el dólar cotizaba cerca de $1400 y en los últimos días superó los $1480. “Esa diferencia la hubiéramos perdido. Si existiera un instrumento que nos cubra ante una suba del dólar, los traemos desde luego”, afirmó.

El gobernador aclaró que los dólares se ingresarán en función del avance de las obras públicas que se financiarán con ese crédito. “Es un préstamo para infraestructura, no para gastos corrientes. No queremos que Santa Fe pierda un solo peso”, remarcó. En el entorno del mandatario admiten que hubo reclamos desde la Casa Rosada por la demora, lo que dejó la relación marcada por la desconfianza.

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Pullaro también renovó sus críticas al Gobierno nacional por la falta de pago de las deudas con las cajas previsionales no transferidas. Según afirmó, la Nación le debe a Santa Fe cerca de dos billones de pesos. “Entiendo que el Gobierno no tiene esa plata, pero debería presentar un plan de compensación”, señaló, y sugirió como alternativa la transferencia de terrenos o inmuebles federales.

En ese marco, el mandatario santafesino cuestionó la parálisis de la obra pública y apuntó especialmente contra el deterioro de las rutas nacionales. “La Circunvalación de Rosario está abandonada, con pastos de un metro. Eso es responsabilidad del Gobierno nacional”, denunció, y advirtió sobre el riesgo de siniestros viales.

“Si no pueden arreglar las rutas porque no tienen recursos, que nos las transfieran. Santa Fe tiene un plan para hacerlo”, planteó.

Pullaro integra, junto a otros gobernadores como Martín Llaryora (Córdoba), el espacio Provincias Unidas, que tomó distancia del oficialismo. En la votación del Presupuesto 2026, el bloque no acompañó al Gobierno y optó mayoritariamente por la abstención, aunque fue clave para garantizar el quórum.

Pese a definirse como un dirigente dialoguista, Pullaro dejó en claro sus límites. “Apoyo lo que está bien y quiero que al país le vaya bien, pero mi responsabilidad es defender los recursos de Santa Fe. No hay presión que pueda cambiar eso”, concluyó.

Maximiliano Pullaro, Santa Fe, Gobierno